Sotero Martínez García
Expediente 994/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2021
Partes del expediente
- Sotero Martínez García
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Centro Preventivo y de Reinserción Social Varonil de la Ciudad de México (quien conoce de la carpeta judicial ***************). Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 994/2021-V. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Ahora bien, el quejoso señala como acto reclamado el auto de apertura a juicio oral de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez de Control responsable. Precisado lo anterior, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio constitucional es improcedente en los demás casos (aparte de los previstos en las XXII fracciones anteriores) en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la misma ley de la materia. En el caso interesa la fracción V de su artículo 107 de la Ley de Amparo, la cual señala que el amparo indirecto procede: "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; lo cual, aplicado en sentido contrario, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 antes señalado, configura la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio, cuya ejecución no sea de imposible reparación. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: La investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. La etapa intermedia o de preparación a juicio, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el numeral 133 del citado código prevé que el Juez de Control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio; y que el Tribunal de Enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. De igual forma, el artículo 334 del Código Nacional en consulta, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de -dos fases-: una escrita, que inicia con el ocurso de acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y la segunda fase, oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al numeral 335 del citado código, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el Juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el numeral 341, cuyo desarrollo está normado por el subsecuente precepto 344, el cual señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el Juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el Juez de Control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio. Es importante destacar que el artículo 345, en su último párrafo, señala que el Juez de Control, en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Ahora, los actos dentro de juicio, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Además, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, de donde derivan dos condiciones para promover el juicio amparo indirecto contra actos de imposible reparación: Que afecten materialmente derechos, lo que significa que el acto de autoridad impida el ejercicio de algún derecho en forma actual o inmediata; Que esos derechos afectados sean de naturaleza sustantiva. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que actualmente no pueden seguir aplicándose los criterios que admitían la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, ya que todos ellos se generaron bajo la Ley de Amparo abrogada que, a diferencia de la vigente, no definía qué debía entenderse por actos de imposible reparación; de modo que en los juicios tramitados con la Ley de Amparo vigente debe prescindirse la aplicación de los criterios emitidos conforme la norma abrogada, a ser incompatible con el texto legal actual, para así evitar incurrir en desacato. Ello, porque la Ley de Amparo vigente fue construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos que permite al gobernado controvertir, en la vía indirecta, violaciones a derechos sustantivos, dejando para la vía directa los actos que impliquen violaciones procesales, con el fin de evitar el abuso de su promoción, con el consecuente retraso en el dictado de la resolución de fondo. Entonces, tomando en cuenta las premisas previamente establecidas, se concluye que los actos reclamados no son de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues "el auto de apertura a juicio oral" (del que emanan los actos reclamados), definen cuestiones meramente procesales, que involucran derechos de naturaleza adjetiva, los que, en todo caso, podrán ser objeto de impugnación mediante el juicio de amparo directo que eventualmente promueva contra la sentencia definitiva. Por lo tanto, al no afectar materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Federal, el juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso en contra los actos que culminaron con el dictado del auto de apertura a juicio oral es improcedente, en términos de lo que dispone la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, aplicada en sentido contrario. Lo anterior encuentra sustento en la teleología de dicha disposición legal, que busca a través de la aplicación de la fórmula general de procedencia para reclamar actos dictados dentro del procedimiento penal, evitar el excesivo ejercicio de la acción constitucional por la vía indirecta, con el fin de no retardar las cuestiones esenciales del proceso que exige continuidad en sus etapas, para que las mismas no se prolonguen indeterminadamente en perjuicio de los derechos de las víctimas y de los propios procesados. Tal criterio tiene fiel apego a lo sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, del que derivó la siguiente tesis aislada: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.". Así como la jurisprudencia de rubro siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS.". En similares consideraciones se pronunció este juzgado en el juicio de amparo indirecto 1046/2018-IV, así como el diverso 608/2019-III, lo cual fue confirmado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 2/2019, en sesión de treinta y uno de enero último, y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, en la queja 125/2019 mediante resolución de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, respectivamente. Finalmente, no pasa desapercibido para este juzgado que el quejoso al promover la demanda de amparo que nos ocupa, manifestó que el juez de control señalado como responsable tuvo conocimiento que el aquí quejoso contaba con diversas pruebas a efecto de probar su inocencia -según refiere-; sin embargo, durante las audiencias de corte oral, los jueces de control se encuentran facultados únicamente a tomar en consideración lo expuestos por las diversas partes técnicas que participan dentro de las mismas, sin que tengan acceso a la carpeta de investigación, en estricto respecto a los principios rectores del proceso penal acusatorio. Tiene aplicación en lo que interesa, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN.". En tales circunstancias y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones las listas de este juzgado, como lo menciona en la demanda de amparo. Por autorizadas a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda, con las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando acredite estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Dato de contacto Se tiene únicamente como dato de contacto, correo electrónico que proporciona el promovente, a efecto de ser utilizado para tal efecto por el personal de este juzgado, en caso de ser necesario. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
(Razón de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de 10 de diciembre de 2021 a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:"Ciudad de México, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Centro Preventivo y de Reinserción Social Varonil de la Ciudad de México (quien conoce de la carpeta judicial ***************). Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 994/2021-V. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Ahora bien, el quejoso señala como acto reclamado el auto de apertura a juicio oral de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez de Control responsable. Precisado lo anterior, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio constitucional es improcedente en los demás casos (aparte de los previstos en las XXII fracciones anteriores) en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la misma ley de la materia. En el caso interesa la fracción V de su artículo 107 de la Ley de Amparo, la cual señala que el amparo indirecto procede: "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; lo cual, aplicado en sentido contrario, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 antes señalado, configura la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio, cuya ejecución no sea de imposible reparación. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: La investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. La etapa intermedia o de preparación a juicio, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el numeral 133 del citado código prevé que el Juez de Control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio; y que el Tribunal de Enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. De igual forma, el artículo 334 del Código Nacional en consulta, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de -dos fases-: una escrita, que inicia con el ocurso de acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y la segunda fase, oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al numeral 335 del citado código, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el Juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el numeral 341, cuyo desarrollo está normado por el subsecuente precepto 344, el cual señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el Juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el Juez de Control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio. Es importante destacar que el artículo 345, en su último párrafo, señala que el Juez de Control, en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Ahora, los actos dentro de juicio, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Además, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, de donde derivan dos condiciones para promover el juicio amparo indirecto contra actos de imposible reparación: Que afecten materialmente derechos, lo que significa que el acto de autoridad impida el ejercicio de algún derecho en forma actual o inmediata; Que esos derechos afectados sean de naturaleza sustantiva. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que actualmente no pueden seguir aplicándose los criterios que admitían la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, ya que todos ellos se generaron bajo la Ley de Amparo abrogada que, a diferencia de la vigente, no definía qué debía entenderse por actos de imposible reparación; de modo que en los juicios tramitados con la Ley de Amparo vigente debe prescindirse la aplicación de los criterios emitidos conforme la norma abrogada, a ser incompatible con el texto legal actual, para así evitar incurrir en desacato. Ello, porque la Ley de Amparo vigente fue construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos que permite al gobernado controvertir, en la vía indirecta, violaciones a derechos sustantivos, dejando para la vía directa los actos que impliquen violaciones procesales, con el fin de evitar el abuso de su promoción, con el consecuente retraso en el dictado de la resolución de fondo. Entonces, tomando en cuenta las premisas previamente establecidas, se concluye que los actos reclamados no son de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues "el auto de apertura a juicio oral" (del que emanan los actos reclamados), definen cuestiones meramente procesales, que involucran derechos de naturaleza adjetiva, los que, en todo caso, podrán ser objeto de impugnación mediante el juicio de amparo directo que eventualmente promueva contra la sentencia definitiva. Por lo tanto, al no afectar materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Federal, el juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso en contra los actos que culminaron con el dictado del auto de apertura a juicio oral es improcedente, en términos de lo que dispone la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, aplicada en sentido contrario. Lo anterior encuentra sustento en la teleología de dicha disposición legal, que busca a través de la aplicación de la fórmula general de procedencia para reclamar actos dictados dentro del procedimiento penal, evitar el excesivo ejercicio de la acción constitucional por la vía indirecta, con el fin de no retardar las cuestiones esenciales del proceso que exige continuidad en sus etapas, para que las mismas no se prolonguen indeterminadamente en perjuicio de los derechos de las víctimas y de los propios procesados. Tal criterio tiene fiel apego a lo sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, del que derivó la siguiente tesis aislada: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.". Así como la jurisprudencia de rubro siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS.". En similares consideraciones se pronunció este juzgado en el juicio de amparo indirecto 1046/2018-IV, así como el diverso 608/2019-III, lo cual fue confirmado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 2/2019, en sesión de treinta y uno de enero último, y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, en la queja 125/2019 mediante resolución de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, respectivamente. Finalmente, no pasa desapercibido para este juzgado que el quejoso al promover la demanda de amparo que nos ocupa, manifestó que el juez de control señalado como responsable tuvo conocimiento que el aquí quejoso contaba con diversas pruebas a efecto de probar su inocencia -según refiere-; sin embargo, durante las audiencias de corte oral, los jueces de control se encuentran facultados únicamente a tomar en consideración lo expuestos por las diversas partes técnicas que participan dentro de las mismas, sin que tengan acceso a la carpeta de investigación, en estricto respecto a los principios rectores del proceso penal acusatorio. Tiene aplicación en lo que interesa, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN.". En tales circunstancias y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones las listas de este juzgado, como lo menciona en la demanda de amparo. Por autorizadas a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda, con las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando acredite estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Dato de contacto Se tiene únicamente como dato de contacto, correo electrónico que proporciona el promovente, a efecto de ser utilizado para tal efecto por el personal de este juzgado, en caso de ser necesario. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese y personalmente al quejoso.".
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