Sotero Gutiérrez Muñoz
Expediente 1064/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/10/2018
Partes del expediente
- Sotero Gutiérrez Muñoz
Actuaciones
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de once de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia.Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno.Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.En razón de lo anterior, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de amparo.Se ponen a disposición de la parte quejosa por el plazo de tres días, las copias de traslado de la demanda que exhibió anexas al presente juicio, en el entendido que de ser omisa en presentarse a recibirlas en el lapso indicado, se le tendrá por desinteresada en su conservación y se destruirán.
- Principal
CITATORIO: Por este medio de lista se notifica a la parte quejosa, el auto de once de octubre de dos mil dieciocho, por el cual téngase por recibida la demanda promovida por Sotero Gutiérrez Muñoz, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y otra autoridad. La parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: i. La omisión de acordar las peticiones que realizó respecto a girar oficio al Director de la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco, a fin de hacer uso de la fuerza pública en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, así como habilitar días y horas inhábiles. Ahora, no obstante que lo promueve como falta de proveído, no puede tenerse como una omisión autónoma, sino que se constituyó al acordar las promociones conducentes, ya que de la lectura integral de la demanda de garantías se desprende que los actos destacados en este amparo son los proveídos de diecisiete de agosto y trece de septiembre de dos mil dieciocho, emitidos en el expediente 639/2018 del índice del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por los que, al acordar las peticiones que realizó en el escrito inicial de demanda y dentro del cuerpo del recurso de revocación que promovió contra el auto admisorio, se limitó a admitir la demanda, negarle su petición de requerir al demandado para que acreditara la legal ocupación del bien inmueble materia del contrato de arrendamiento y, desestimó dicho recurso, respectivamente, sin acordarle lo referente a girar oficio al Director de la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer uso de la fuerza pública, así como habilitar días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. 1. Desechamiento cesación por substitución. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que por lo que respecta al auto emitido el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dentro del expediente 639/2018 del índice del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En el presente asunto y respecto al citado acto consistente en el auto emitido el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos de los actos reclamados hayan cesado. En este orden, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que se entiende por cesación de efectos cuando éstos se destruyan de manera total, incondicional e inmediata, esto es, aunque en algún momento entraron a la esfera jurídica del gobernado, desaparecen de tal manera como si nunca lo hubieran hecho y con ello se vuelve al estado que tenían antes de dicha violación, originándose un resultado similar al de la sentencia protectora conforme al artículo 77 de la ley de la materia. Ahora, de lo narrado por la impetrante de garantías en su escrito inicial de demanda, se desprende lo siguiente: 1.- Por escrito presentado el trece de agosto de dos mil dieciocho, Sotero Gutiérrez Muñoz presentó demanda civil sumaria de desocupación, ejercitando la acción de terminación de contrato de arrendamiento, misma que fue radicada con el número 639/2018 del índice del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, la cual por auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se limitó a admitir la demanda y negarle su petición de requerir al demandado para que acreditara la legal ocupación del bien inmueble materia del contrato de arrendamiento, sin acordarle lo referente a girar oficio al Director de la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer uso de la fuerza pública, así como habilitar días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Siendo este proveído uno de los actos reclamados en el presente juicio. 2.- Inconforme el aquí quejoso con el auto anterior, interpuso recurso de revocación por habérsele negado su petición de requerir al demandado para que acreditara la legal ocupación del inmueble materia de dicho contrato, además, en dicho ocurso insistió en su solicitud de girar oficio al Director de la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco, a fin de hacer uso de la fuerza pública, así como habilitar días y horas inhábiles para la práctica de la mencionada diligencia, lo que se traduce en un agravio hecho valer dentro del mencionado recurso, mismo que fue desestimado por acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Siendo este acuerdo otro acto reclamado en este amparo. En el caso en estudio, la parte quejosa se duele de la emisión del proveído de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dentro del expediente 639/2018 del índice del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por el que se admitió la demanda que promovió, sin acordarle lo referente a girar oficio al Director de la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer uso de la fuerza pública, así como habilitar días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Por lo que debe decirse que el citado acto reclamado cesó sus efectos y, por ende, desapareció totalmente, lo cual implica que no se puede estudiar su constitucionalidad por haber dejado de surtir efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que fue sustituido procesalmente al momento de dictar el diverso acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho, que desestimó el recurso de revocación que interpuso contra el aludido auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, haciendo valer como agravio e insistiendo que no se le acordó nada referente a girar oficio al Director de la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco, a fin de hacer uso de la fuerza pública, así como habilitar días y horas inhábiles para la práctica de la mencionada diligencia. Por tanto, el amparo es improcedente contra el acto impugnado de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dado que ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el diverso que vino a sustituirlo procesalmente (auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho). Sirve para justificar lo anterior, los criterios siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos" "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente" Por tanto, con apoyo en el ordinal 113, en relación con el artículo 61, fracción XXI de la referida ley de la materia, se desecha la demanda en estudio. Sustenta lo expuesto, el criterio de jurisprudencia, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" 2. Desechamiento por litispendencia. Ahora, respecto al acto reclamado consistente el en proveído emitido el trece de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 639/2018 del índice del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, también deviene improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Del análisis acucioso de la demanda, este juzgador federal determina que en la especie se actualiza el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción X , de la ley de la materia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113, de la ley de la materia, se deba desechar de plano la demanda de garantías, atento a las siguientes consideraciones. De los referidos preceptos legales se conoce que el juicio de amparo es improcedente cuando existan los siguientes elementos: 1.- Que exista otro juicio de amparo, pendiente de resolución. 2.- Que haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Cabe precisar que el acto destacado en estudio, consiste en el auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 639/2018 del índice del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por el que, al acordar las peticiones que realizó el quejoso dentro del recurso de revocación que promovió contra el auto admisorio, se limitó a desestimar dicho recurso, sin acordarle ni responderle nada referente a girar oficio al Director de la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer uso de la fuerza pública, así como habilitar días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Aquí, debe tenerse en cuenta que alguien que es parte en sentido formal en un juicio, no puede reclamar una violación al derecho de petición que prevé el artículo 8 constitucional (Art. 8°.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. --- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario), sin involucrar de manera indisoluble, por un lado, los derechos fundamentales de seguridad jurídica, legalidad y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales y, por otro, los propios mecanismos de naturaleza adjetiva que se contemplen en la ley para cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Es decir, aunque resulta factible que una autoridad jurisdiccional cometa dentro del juicio sobre el que ejerce su rectoría, una infracción al referido derecho de petición, como pudiera ocurrir si no brinda respuesta a la solicitud o petición que le dirija alguna de las partes, o que esa respuesta no sea completa o exhaustiva; esa infracción no se cometería de manera autónoma o independiente a la función jurisdiccional que realiza esa autoridad en el juicio, ni la pueden resentir esas partes al margen de su papel en este último, puesto que esa infracción, de ocurrir, necesariamente se encontrará vinculada con las formalidades que contemple la legislación aplicable al juicio de que se trate. Sobre el particular es ilustrativo el criterio que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J.7/2015 (10a.) que es del tenor siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento" Ahora, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, el aquí quejoso Sotero Gutiérrez Muñoz solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión, respecto del acto atribuido al Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, consistente en el proveído de trece de septiembre de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente 639/2018, por el que se desestimó el recurso de revocación que interpuso contra el auto por el cual se admitió su demanda y se negó su petición de requerir al demandado para que acreditara la legal ocupación del bien inmueble materia del contrato de arrendamiento. Actuaciones las anteriores que se tienen como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles, el cual fue radicado bajo el número 1019/2018, de las que se ordena agregar copia certificada en autos para los efectos legales conducentes. Sirve para justificar lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión" Así como la diversa de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." Asimismo, el citado expediente a la fecha se encuentra en trámite y tiene señaladas las nueve horas con siete minutos del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. En las anteriores condiciones, al existir identidad en los escritos de demanda entre la parte quejosa, la actuación reclamada en estudio y la autoridad responsable, se concluye que las violaciones constitucionales que ahora reclama debieron ser materia del diverso juicio de amparo no concluido, por lo que se actualiza la hipótesis que ahora nos ocupa, por ende, la improcedencia del juicio de amparo, a que se refiere la fracción X, del articulo 73 de la Ley de Amparo. Al presente caso resultan aplicables los siguientes criterios: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Así las cosas, se pone de relieve lo indudable de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta notoria y manifiesta, habida cuenta que a criterio de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el dispositivo 113, en relación con el artículo 61, fracción X, de la citada norma procede desechar de plano la demanda. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley.
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