Sotera Yolanda Rosales Gómez

Expediente 559/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
559/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • Sotera Yolanda Rosales Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinte de junio del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 14, fracción II y, 17 del referido acuerdo el cuaderno principal es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción III, inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en el supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 17, del Acuerdo en comento, el presente expediente será transferido una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Finalmente, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, veinte de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito (con anexo) de cuenta; a través del cual, la ********************, realiza diversas manifestaciones, con relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo que dio la autoridad responsable; asimismo, solicita le sean devueltos los documentos originales que exhibió con su demanda de amparo. Por tanto, se toma conocimiento de lo anterior; asimismo, se autoriza la devolución de las constancias que solicita. Por otra parte, visto el estado de autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento El ocho de junio de dos mil veintitrés. Quince de junio de dos mil veintitrés. Dieciséis de junio de dos mil veintitrés. No hay notificación correspondiente, sin embargo la quejosa en el escrito que se atiende el día de la fecha, está manifestando estar conforme con el cumplimiento hecho por la autoridad responsable En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de expedir la actualización del dictamen de pensión por jubilación solicitado el catorce de febrero de dos mil veintitrés. Previa substanciación del juicio de amparo, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente, en la que, por una parte, se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección a la quejosa ********************para el efecto de que la autoridad responsable el Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios: "(.) se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a la solicitud de pensión presentada por la ********************, en fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés ante la Unidad de Atención al Derechohabiente, y le notifique la misma; debiendo remitir copia certificada de dicha respuesta y notificación a este Juzgado de Distrito." El ocho de junio del presente año, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la responsable y remitiera las constancias que demostrara su cumplimiento. Posteriormente, el diecinueve de junio del presente año, se tuvo por recibido el oficio sin número (con anexos) remitido por el representante legal del Comité de Pensiones y su Presidente, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a través del cual, remitió copia del dictamen ******************** emitido el dos de junio de dos mil veintitrés, así como la notificación realizada a la parte quejosa, constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la quejosa esta determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), a través del cual, el representante legal del Comité de Pensiones y su Presidente, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en atención al auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, remite copia del dictamen CP/89791/2023 emitido el dos de junio de dos mil veintitrés, así como la notificación realizada a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA IV. Asimismo, se da cuenta al Juez con el oficio sin número y el escrito signados por el representante legal del Comité de Pensiones y su presidente, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y por la quejosa Sotera Yolanda Rosales Gómez, registrados en el libro de correspondencia interna bajo los números7068 y 7157; respectivamente; a través de los cuales, con el oficio, la autoridad responsable rinde su informe justificado, hace valer causas de improcedencia y sobreseimiento, señala domicilio físico y electrónico para oír y recibir notificaciones, designa delegados y señala usuario electrónico, y con el escrito, la quejosa formula diversas manifestaciones a manera de alegatos. Asimismo, el secretario certifica: que se encontró registro del usuario "Mario_RS_88", dentro del Sistema Integral de Seguimiento Expedientes (SISE). Acto seguido el Juez acuerda: Con fundamento en lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de la constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos el oficio y escrito de cuenta; a través de los cuales, con la misiva, el representante legal del Comité de Pensiones y su Presidente, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, rinde su informe justificado. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse por designados como delegados de la autoridad oficiante a las personas que menciona en su oficio, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que señala para tales efectos; y, tocante al domicilio físico ofertado, se toma conocimiento. Respecto a las causales de improcedencia y sobreseimiento, en su caso, se proveerá lo conducente al emitir la presente sentencia. Ahora bien, toda vez que se encontró registro del usuario "Mario_RS_88", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico. Respecto al escrito con el que se da cuenta, la quejosa Sotera Yolanda Rosales Gómez, formula diversas manifestaciones a manera de alegatos, por tanto, deberán ser tomados en consideración en el apartado correspondiente de la presente audiencia. Etapa de pruebas Enseguida, se abre el período probatorio, y el secretario hace constar que la parte quejosa ofreció los siguientes medios de convicción: Documental pública, consistente en la solicitud de pensión original, expedida por la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca de catorce de febrero del presente año con folio 471,462,736-43100. La presuncional, en su doble aspecto, legal y humana. La instrumental de actuaciones. Acto continuo el Juez acuerda: respecto a la prueba marcada con el numeral 3, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, debiendo tomarse en consideración al momento de resolver el presente asunto. Ahora bien, tocante a las probanzas marcadas con los numerales 1 y 2, no se emite mayor pronunciamiento, en virtud de que, en proveído de diecisiete de abril del presente año, se proveyó lo conducente. Sin más medios de convicción por desahogar, se cierra esta etapa, y se tiene por precluido el derecho de las partes restantes para ofrecer pruebas. Etapa de alegatos A continuación, se abre el periodo de alegatos, y el secretario da cuenta al Juez con las diversas manifestaciones realizadas por la quejosa Sotera Yolanda Rosales Gómez, mediante el escrito recibido el día de la fecha. Acto continuo el Juez acuerda: de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos presentados por la quejosa Sotera Yolanda Rosales Gómez, mismos que serán tomados en consideración al momento de resolver en definitiva el presente asunto; y al no existir manifestaciones de alegatos del resto de las partes, se cierra dicho periodo. Al no haber escrito pendiente por acordar, con lo expuesto, se tienen por realizadas las etapas precedentes de la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se procede al estudio, para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 559/2023-IV, promovido por Sotera Yolanda Rosales Gómez, contra actos del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Sotera Yolanda Rosales Gómez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se mencionan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A): señalo al PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO y MUNICIPIOS, como ORDENADORA, toda vez que es la responsable de rubricar y legalizar el dictamen de Pensión por Jubilación solicitado en fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés, con domicilio en Av. Miguel Hidalgo poniente No. 600, colonia La Merced, en esta ciudad de Toluca, y B).- Al COMITÉ DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS como EJECUTORA, toda vez que es quien resuelve las solicitudes para el otorgamiento de las solicitudes de Pensión, autoridades responsables con domicilio en calle Bernardo G. de Lara número 144, colonia Morelos Primera Sección, casi esquina con Valentín Gómez Ferias, en la ciudad de Toluca México. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN DE CADA AUTORIDAD QUE RECLAMO: De AMBAS autoridades responsables, reclamo la OMISIÓN en que han incurrido de entregarme LA ACTUALIZACIÓN DEL DICTAMEN DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN solicitado el catorce de febrero de dos mil veintitrés 14-02-2023, en términos del Artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que a la letra dice: ARTICULO 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha que reciba la documentación correspondiente.". Actos reclamados que la quejosa señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 1, 8, 14, 17 y 123 apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite. Por acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, misma que forma parte de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, ya que el acto destacado se reclama de autoridades del orden administrativo distintas de las judiciales, con sede en el territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de expedir el dictamen de pensión por jubilación solicitado el catorce de febrero de dos mil veintitrés. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el representante legal del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, manifestó que el Comité de Pensiones de dicho Instituto, carece de facultades o atribuciones para tramitar o emitir una respuesta a la solicitud de pensión que fuera presentada por la ahora quejosa; y en consecuencia, se le tiene negando la existencia del acto que se reclama por lo que ve a dicha autoridad responsable. Lo anterior, sin que la parte quejosa ofreciera medio de convicción alguno con el que se controvierta dicha negativa; por lo cual, se está en el supuesto que al efecto establece la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y seis, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, materia común, con registro 917818, cuyo contenido es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan dicha negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. El representante legal del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al momento de rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al estudio del fondo del asunto, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen o no cualquiera de las partes. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Y en ese sentido, la autoridad responsable a través de la autoridad que rindió el informe justificado en su representación, sostiene que sobre el acto que se le reclama, consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión de la parte quejosa, opera la causal de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que se encontraba obligada la parte impetrante a agotar el principio de definitividad, pues debió de haber promovido el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. En lo cual, no le asiste la razón, porque es importante señalar que el derecho de petición se encuentra previsto y regulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8°, sin que requiere de una norma secundaria para su efectividad. Así, el derecho de petición se protege de manera directa por el artículo 8o. constitucional, que obliga a las autoridades a dar contestación de manera invariable y por escrito, en breve término, a toda solicitud que se le formule en forma pacífica, respetuosa y también por escrito. De lo anterior, tenemos que la autoridad se encuentra obligada constitucionalmente a dar respuesta y en los términos señalados por el artículo constitucional en comento. De tal forma, que la protección constitucional al precitado derecho se da de manera directa e inmediata con independencia de que, en normas secundarias, se regule la temporalidad para que las autoridades administrativas atiendan una petición o regulen el procedimiento que deberá seguir dicha petición, pues lo cierto es que si la Constitución obliga a la autoridad a dar una respuesta en breve término a cualquier petición que reciba, entonces, la transgresión al derecho de petición constituye una violación directa a la Constitución, lo que exime a la parte quejosa de agotar recursos ordinarios de manera previa a acudir al juicio de amparo, de ahí que resulte infundada la causal de improcedencia que se contesta. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito Tesis: X.1o.18 K, correspondiente a la Novena Época, de título, subtítulo y texto, siguiente: "PETICION. DERECHO DE. SU PROTECCION DIRECTA POR LA CONSTITUCION EXCLUYE LA NECESIDAD DE AGOTAR RECURSO ORDINARIO ALGUNO, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. No es procedente sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en la fracción XV, del artículo 73 de la Ley de Amparo, si la litis a que se contrae el amparo lo es la especial tutela constitucional del derecho de petición, que no se norma por ningún procedimiento o ley ordinaria que obligue al peticionario de amparo a agotar algún recurso o medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de garantías, para suponer que no se cumplió con el principio de definitividad que debe observarse en el amparo; puesto que el derecho de petición se protege de manera directa por el artículo 8o. constitucional, que obliga a las autoridades a dar contestación de manera invariable y por escrito, en breve término, a toda solicitud que se le formule en forma pacífica, respetuosa y también por escrito, de lo que se sigue que tal contestación debe producirse sin mayores presupuestos o exigencias legales que los de que exista, por una parte, una petición producida de manera respetuosa y pacífica, y que ésta se formule por escrito (requisito de mera forma) para que la autoridad quede obligada, desde luego, a la citada contestación y en los términos señalados por el artículo constitucional en comento; de tal forma que la Protección Constitucional al precitado derecho se da de manera directa e inmediata; cuanto más si en el caso la quejosa en su demanda de garantías no invocó, junto a la violación anotada, también violaciones a leyes o procedimientos secundarios, para suponer válidamente que la primera (violación constitucional) sólo se dio de manera indirecta o refleja, y por tanto, que no se colmó el principio de definitividad de que se trata." Razones por las cuales deviene infundada la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, a través de su representante. Al respecto, se advierte que el representante legal del Comité de Pensiones y su Presidente, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, refirió que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo. En esa tesitura, no se realiza mayor pronunciamiento, en virtud de que en el Considerando Tercero de esta resolución se resolvió lo relativo a esa autoridad responsable. Consecuentemente, al no advertirse diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni de oficio por este juzgador, se procede realizar el estudio de fondo de la cuestión planteada. SEXTO. Conceptos de violación. No se hace transcripción de los conceptos de violación alegados, por no existir precepto legal alguno que así obligue a este juzgador. Por lo que, se procede al estudio de los conceptos de violación que hace valer el impetrante del amparo, mismos que se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones; lo que se efectúa con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/129, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 599, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SÉPTIMO. Estudio. La quejosa alega que la responsable viola lo dispuesto por los derechos fundamentales protegidos en los artículos 1, 8, 14, 17 y 123 apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la omisión de emitir una respuesta a la solicitud de expedir el dictamen de pensión; lo cual resulta fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En principio es necesario reproducir el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente señala: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del precepto constitucional trascrito, se advierte que los requisitos que deben de reunir las peticiones que los gobernados dirijan a las autoridades, deben de ser: 1. Por escrito. 2. En forma pacífica; y, 3. De manera respetuosa, lo que sólo implica que el particular se dirija a la autoridad con toda atención y miramiento. También, el dispositivo constitucional establece obligaciones a cargo de las autoridades, al momento de dar contestación a las citadas peticiones, mismas que son: a) Contestar por escrito; y, b) Darse a conocer al interesado en breve término. Ahora bien, debe tomarse en consideración que la ahora quejosa, el catorce de febrero de dos mil veintitrés, presentó ante la Unidad de Atención al Derechohabiente que le corresponde, una solicitud de pensión por jubilación. La autoridad señalada como responsable el Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, es quien tiene la obligación de contestar la petición formulada por el interesado, así como notificar tal circunstancia y acreditarlo con constancias fehacientes; pues al ser un acto negativo, es en ella en quien, al estar dentro de sus atribuciones, le corresponde dictaminar las solicitudes de pensión. Así pues, la autoridad responsable ha sido omisa en dar contestación a la solicitud de emitir el dictamen de pensión formulada por la parte quejosa; no obstante que ésta formuló su petición legalmente, es decir, por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y a pesar de que el artículo 8 Constitucional invocado le impone la obligación de dar respuesta en breve término, así como hacerla del conocimiento al gobernado. Además, el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, establece un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud, para emitir la respuesta correspondiente. Por ello, si la responsable no demostró haber dado respuesta a la solicitud de pensión por jubilación por la ahora quejosa, y menos haberle hecho de su conocimiento dicha respuesta, entonces no se dio cumplimiento al derecho fundamental previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ende se estima que se vulneró en su perjuicio el precepto en comento. No se inadvierte que la autoridad responsable, por conducto de su representante legal, hace referencia a que la solicitud de la parte quejosa se ubica en el supuesto de excepción contemplado en el segundo párrafo del artículo 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que establece lo siguiente: "Artículo 75. Cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud. El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." Por la que la responsable pudiera presumir que se requiere de mayor tiempo para su análisis y revisión, cuestiones que resalta se realizan en pro de la esfera jurídica de la parte quejosa, pues con ello se garantiza que las respuestas que se emita respecto de su solicitud de pensión se encontrará debidamente fundada, motivada y será congruente con la misma; por lo que se actualiza dicha excepción, porque previo a la emisión de una respuesta es necesario que se realicen una serie de trámites, recopilación de información, documentos y análisis minuciosos de los mismos, dentro de ese instituto, para así poder otorgar una respuesta fundada, motivada, congruente y exhaustiva a la solicitud de pensión en el caso concreto. Sin embargo, del mismo no se advierte que la autoridad responsable remitiera información alguna con la cual acredite que se encuentra realizando alguno de los trámites que indica, sino que únicamente se limita a señalar que la parte quejosa se encuentra en el supuesto de excepción, que contempla el referido artículo, y que se encuentra realizando los estudios pertinentes a su historia documental, sin indicar qué trámites realiza o está realizando para poder emitir una respuesta a la solicitud de pensión; situación por la cual, lo referido por la autoridad responsable no es de tomarse en consideración para cambiar el sentido de la presente resolución, pues como se indicó, no remitió documento alguno para comprobar que se encuentra realizando alguna gestión para emitir la respuesta solicitada; máxime que, como se refirió en párrafos precedentes, se establece un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud, para emitir la respuesta correspondiente, plazo que ya ha transcurrido en exceso. En consecuencia, por las relatadas condiciones, a fin de restituir al agraviado en el goce de su derecho fundamental violado, conforme a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable el Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a la solicitud de pensión presentada por la quejosa Sotera Yolanda Rosales Gómez, en fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés ante la Unidad de Atención al Derechohabiente, y le notifique la misma; debiendo remitir copia certificada de dicha respuesta y notificación a este Juzgado de Distrito. En el entendido de que el sentido de la respuesta o su fundamentación y motivación, no son materia del amparo, y tampoco de su cumplimiento; por lo que bastará con que la responsable de respuesta de manera congruente al ocurso antes señalado y notifique la misma a la solicitante; debiendo remitir dicha respuesta y notificación a este juzgado para que la sentencia se tenga por cumplida. OCTAVO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y XI , de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Sotera Yolanda Rosales Gómez, respecto del acto y autoridad responsable precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de este fallo, en los términos del referido Tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Sotera Yolanda Rosales Gómez, respecto del acto y autoridad responsable precisados en los Considerandos Segundo y Cuarto de esta sentencia, para los efectos precisados en el diverso Séptimo de la misma. Notifíquese.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 5,602 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano