Soraya Miroslava Guadalupe Herrera Pérez
Expediente 131/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Soraya Miroslava Guadalupe Herrera Pérez
Actuaciones
- Principal
."Vista las certificaciones de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veintidós de marzo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; sin que se hiciera valer, en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. Orden de archivo. Por tanto, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)" Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" En efecto, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos jurisdiccionales de imposible reparación, entendiéndose por aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la constitución, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en el juicio de amparo indirecto contra la resolución emitida en el incidente de nulidad de actuaciones. Sobre esa base, debe puntualizarse que la resolución de uno de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 1071/2005/13, mediante la cual, confirmó el proveído de uno de septiembre del año mencionado, emitido por el Juez Décimo Segundo Civil de esta Ciudad, en el expediente 651/2005, en el que desechó las preguntas formuladas por la quejosa para interrogar a la perito tercero en discordia, en el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el actor Carlos Enrique Ménendez Terrazas y/o Enrique Menéndez Terrazas, respecto del escrito de apelación interpuesto por Soraya Miroslava Guadalupe Herrera Pérez, no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contraen los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no se afectan directa e inmediatamente las prerrogativas fundamentales del gobernado (propiedades, posesiones o derechos) toda vez que en la sentencia combatida se confirmó un auto por el que se desechó un interrogatorio de la quejosa a fin de desahogar un medio de prueba, lo que ningún perjuicio irreparable le irroga, en virtud de que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, pues existe la posibilidad de que obtenga resolución favorable, o bien, que el juez del conocimiento tome en consideración o se allegue de otras probanzas para satisfacer las pretensiones de la promovente, evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. En última instancia, esa determinación puede ser combatida como violación procesal mediante el juicio amparo indirecto que en su caso y oportunidad promueva contra la resolución emitida en el incidente de nulidad de actuaciones, pues en esa hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación. Además, como ya se dijo, no se afecta alguno de los derechos sustantivos de la quejosa, por el que deba ser analizado el acto reclamado mediante el juicio constitucional sin necesidad de esperar al dictado de la sentencia, ni con tal acontecimiento se le deja en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa. Luego, al ser el juicio de amparo improcedente respecto del primer acto reclamado, resulta inconcuso que el acto consistente en la constitucionalidad del artículo 1257 del Código de Comercio, sigue la misma regla de improcedencia, dada la íntima vinculación que guarda aquél con el precepto que se tilda de inconstitucional. En efecto, la improcedencia del juicio de amparo en cuanto al acto concreto de aplicación que se reclama, se hace extensiva a la constitucionalidad del artículo 1257 del Código de Comercio, teniendo en consideración que tratándose de un juicio de amparo contra leyes con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, no puede desvincularse el estudio de las leyes del que concierne a los actos de su aplicación, actos estos que son precisamente los que causan perjuicio a la quejosa y no por sí solas, consideradas en abstracto, las leyes, ya que la esencial vinculación entre los ordenamientos legales y los actos concretos de su aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro, circunstancia que no acontecería en el caso de que la sola existencia de la norma causara perjuicio a la parte quejosa, como sucede en el amparo contra una ley autoaplicativa. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede desechar la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos el ubicado en: avenida Félix Cuevas, número ciento treinta y ocho, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, código postal cero tres mil cien, Ciudad de México. Por otra parte, se autoriza en términos de la parte final del artículo 12 de la ley de la materia, para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos a las personas que refiere en el escrito que se provee. Autorización para obtener imágenes. Hágase de su conocimiento que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Exhortación. Por otro lado, en términos del artículo 22 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la comunicación con las partes, se les exhorta a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para que el actuario notifique a las partes todos los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
*AVISO* SE NOTIFICA POR LISTA A SORAYA MIROSLAVA GUADALUPE HERRERA PEREZ EL AUTO DE 22/03/2021.
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