Soraida Cisneros Alonso

Expediente 966/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
966/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
10/09/2019

Partes del expediente

  • Soraida Cisneros Alonso
  • Presta Max

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Por tanto, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede.

  2. Principal

    Vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, en la que hace constar el motivo por el cual no le fue posible notificar a la parte tercera interesada ******, el auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve (foja 43 a 47), emitido en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecisiete julio de dos mil diecinueve (fojas 9 a 10) y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, la notificación de mérito y las subsecuentes hágansele por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. En el entendido de que las que tengan el carácter de personal, se harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto señale domicilio para los efectos referidos. Notifíquese a la parte tercera interesada el presente proveído y el auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, como esta ordenado en líneas que anteceden (lista). 21-08-2019 Visto el oficio y anexos de cuenta signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido informe justificado. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexa a su informe justificado, se advierte se actualiza la causal de improcedencia que enseguida se analiza. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Soraida Cisneros Alonso, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de la siguiente autoridad: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES:- - - H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje,." "IV.-ACTO RECLAMADO: - - - LA OMISIÓN DE CERRAR INSTRUCCIÓN Y DICTAR EL LAUDO CORRESPONDIENTE, en el procedimiento Laboral en los términos y plazos señalados en la Ley Federal del Trabajo, violando en consecuencia el derecho del quejoso recibir la impartición de Justicia Pronta y Expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional AL NO Y TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO LABORAL EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA, incurriendo con ello en RETRASO e INACTIVIDAD PROCESAL en mi agravio." Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de dictar el laudo correspondiente, que hace derivar de la falta de acuerdo del escrito presentado el uno de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 407/2016. La omisión de cerrar instrucción y emitir el laudo en el juicio laboral 407/2016. . No se desatiende que la parte quejosa señala como acto destacado la omisión de cerrar instrucción y dictar laudo; sin embargo, al respecto debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), ha sostenido que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben de limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, por lo que, el acto reclamado se hace consistir en la falta de acuerdo de la promoción presentada el uno de abril de dos mil diecinueve. En consecuencia, por lo que hace, al acto reclamado [2] se tiene por inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclama la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 407/2016. De las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, se conoce que en auto de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se llevó acabo el desahogo de la audiencia incidental, en donde se hizo la acumulación del expediente 407/2016 al expediente 190/2016, por ser el expediente más antiguo (fojas 33 a 35). Por otra parte, el nueve de junio de dos mil diecisiete, se hizo la acumulación del expediente 169/2017 con los diversos 190/2016 y su acumulado 407/2016 (fojas 37 a 41); en ese sentido, cabe destacar que los juicios de origen 407/2016 y 169/2017, ya se realizó el cierre de la instrucción, quedando pendiente pruebas por desahogar en el diverso juicio 190/2016. Ahora bien, en auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de dos días hábiles, formularan sus respectivos alegatos, correspondiente al juicio de origen 190/2016, y poder dictar el auto en que se declare cerrada la instrucción (foja 27). Por otro lado, de autos se advierte que la promovente presentó su demanda de amparo el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, como se lee de la boleta y sello de recibo que obran a fojas 1 y 2. Entonces, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la presente fecha, la autoridad responsable no está en condiciones de cerrar la instrucción y emitir el laudo en el juicio laboral 190/2016 y sus acumulados 407/2016 y 169/2017, dado que todavía no ha concluido el cierre de instrucción; por lo que no puede emitir el laudo, sino hasta que decrete el cierre de la instrucción y posteriormente, ordene turnar los autos para realizar el proyecto de laudo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo al quedar demostrado que la omisión reclamada es inexistente. De igual forma, por lo que hace al acto reclamado [1], este Juzgador advierte que el mismo es inexistente. En efecto, de las constancias que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, remitió a su informe justificado, relativas al expediente laboral 407/2016, se advierte que el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, la autoridad responsable acordó el escrito presentado por la parte quejosa el uno de abril de dos mil diecinueve, a través del cual la parte actora solicitó dictara el laudo correspondiente, en el cual le refirió que toda vez que en auto de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se declaró procedente la acumulación del expediente 407/2016 al 190/2016. En ese sentido, manifestó que por auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción respecto del juicio laboral 407/2016, sin embrago el diverso juicio 190/2016, aún quedaban pruebas pendientes por desahogar, y toda vez que al existir una acumulación, los mismos deberán resolverse en un solo laudo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 766 de la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto no ha lugar a acordar de conformidad. Por tanto, la omisión que reclama la quejosa de la autoridad responsable, es inexistente, debido a que desde el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, acordó el escrito de fecha uno de abril del año en curso, dentro del expediente laboral 407/2016; de ahí que si la demanda de amparo se presentó el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, resulta inconcuso que la omisión reclamada no exista. Sin que en el caso sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en razón de que las causales de improcedencia de mérito no pueden ser desvirtuadas por medio de prueba alguno, por virtud de las constancias a que se hizo alusión en líneas anteriores. En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las trece horas con veinte minutos del once de septiembre de dos mil diecinueve (foja 23 reverso). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  3. Principal

    notifico los proveídos de veintiuno y veintitrés de agosto ambos de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo 966/2019 por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal a la parte tercera interesada Presta Max y/o American Loan Employee Services S.A de C.V En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las trece horas con veinte minutos del once de septiembre de dos mil diecinueve (foja 23 reverso). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a las partes. vista la razón del actuario judicial; notifíquese por lista a la parte tercera interesada, el presente proveído así como el de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Visto el oficio y anexos de cuenta signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido informe justificado. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexa a su informe justificado, se advierte se actualiza la causal de improcedencia que enseguida se analiza. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Soraida Cisneros Alonso, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de la siguiente autoridad: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES:- - - H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje,." "IV.-ACTO RECLAMADO: - - - LA OMISIÓN DE CERRAR INSTRUCCIÓN Y DICTAR EL LAUDO CORRESPONDIENTE, en el procedimiento Laboral en los términos y plazos señalados en la Ley Federal del Trabajo, violando en consecuencia el derecho del quejoso recibir la impartición de Justicia Pronta y Expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional AL NO Y TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO LABORAL EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA, incurriendo con ello en RETRASO e INACTIVIDAD PROCESAL en mi agravio." Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de dictar el laudo correspondiente, que hace derivar de la falta de acuerdo del escrito presentado el uno de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 407/2016. La omisión de cerrar instrucción y emitir el laudo en el juicio laboral 407/2016. . No se desatiende que la parte quejosa señala como acto destacado la omisión de cerrar instrucción y dictar laudo; sin embargo, al respecto debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), ha sostenido que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben de limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, por lo que, el acto reclamado se hace consistir en la falta de acuerdo de la promoción presentada el uno de abril de dos mil diecinueve. En consecuencia, por lo que hace, al acto reclamado [2] se tiene por inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclama la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 407/2016. De las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, se conoce que en auto de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se llevó acabo el desahogo de la audiencia incidental, en donde se hizo la acumulación del expediente 407/2016 al expediente 190/2016, por ser el expediente más antiguo (fojas 33 a 35). Por otra parte, el nueve de junio de dos mil diecisiete, se hizo la acumulación del expediente 169/2017 con los diversos 190/2016 y su acumulado 407/2016 (fojas 37 a 41); en ese sentido, cabe destacar que los juicios de origen 407/2016 y 169/2017, ya se realizó el cierre de la instrucción, quedando pendiente pruebas por desahogar en el diverso juicio 190/2016. Ahora bien, en auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de dos días hábiles, formularan sus respectivos alegatos, correspondiente al juicio de origen 190/2016, y poder dictar el auto en que se declare cerrada la instrucción (foja 27). Por otro lado, de autos se advierte que la promovente presentó su demanda de amparo el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, como se lee de la boleta y sello de recibo que obran a fojas 1 y 2. Entonces, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la presente fecha, la autoridad responsable no está en condiciones de cerrar la instrucción y emitir el laudo en el juicio laboral 190/2016 y sus acumulados 407/2016 y 169/2017, dado que todavía no ha concluido el cierre de instrucción; por lo que no puede emitir el laudo, sino hasta que decrete el cierre de la instrucción y posteriormente, ordene turnar los autos para realizar el proyecto de laudo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo al quedar demostrado que la omisión reclamada es inexistente. De igual forma, por lo que hace al acto reclamado [1], este Juzgador advierte que el mismo es inexistente. En efecto, de las constancias que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, remitió a su informe justificado, relativas al expediente laboral 407/2016, se advierte que el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, la autoridad responsable acordó el escrito presentado por la parte quejosa el uno de abril de dos mil diecinueve, a través del cual la parte actora solicitó dictara el laudo correspondiente, en el cual le refirió que toda vez que en auto de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se declaró procedente la acumulación del expediente 407/2016 al 190/2016. En ese sentido, manifestó que por auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción respecto del juicio laboral 407/2016, sin embrago el diverso juicio 190/2016, aún quedaban pruebas pendientes por desahogar, y toda vez que al existir una acumulación, los mismos deberán resolverse en un solo laudo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 766 de la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto no ha lugar a acordar de conformidad. Por tanto, la omisión que reclama la quejosa de la autoridad responsable, es inexistente, debido a que desde el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, acordó el escrito de fecha uno de abril del año en curso, dentro del expediente laboral 407/2016; de ahí que si la demanda de amparo se presentó el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, resulta inconcuso que la omisión reclamada no exista. Sin que en el caso sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en razón de que las causales de improcedencia de mérito no pueden ser desvirtuadas por medio de prueba alguno, por virtud de las constancias a que se hizo alusión en líneas anteriores. En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las trece horas con veinte minutos del once de septiembre de dos mil diecinueve (foja 23 reverso). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a las partes.

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