Sophia Nicole Blake Orozco
Expediente 801/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Sophia Nicole Blake Orozco
- Lua Alexa Blake Orozco
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DETERMINÓ DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, HA QUEDADO FIRME. EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL ASUNTO, MISMO QUE ES SUCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE CITA: Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo presentada por *****, por sí y en representación de sus menores hijos de nombres ****. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. Lo anterior, tomando en consideración las manifestaciones vertidas por la quejosa en su escrito inicial de demanda, de las que se advierte reclama del Colegio responsable la negativa de proporcionar educación a sus menores hijos de nombres *****, todos de apellidos ***, así como la orden dada por el Director de dicha institución privada para suspender y dar de baja de los servicios educativos a los menores de referencia. Sin embargo, la autoridad educativa que se señala en la demanda de amparo, no tiene el carácter de responsable para el efecto de este juicio de amparo y, por ende, lo reclamado tampoco puede ser susceptible de analizarse en esta instancia constitucional. En efecto, si bien la nueva legislación de amparo, particularmente el artículo 5°, fracción II, prevé la posibilidad de que los particulares tengan el carácter de responsables, tal calidad únicamente puede atribuírseles cuando realizan actos equiparables a los de autoridad, con las características descritas en la fracción II, del citado artículo 5, de la nueva legislación, cuyo texto dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: --- [.] --- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. --- Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De lo anterior, se aprecia que los requisitos para que a los particulares les asista la calidad de autoridad responsable, son los siguientes: Que ejecute actos equivalentes a una autoridad; es decir, estableciendo una relación de supra a subordinación, en la cual no es necesario el consenso de la voluntad del afectado ni acudir a una diversa autoridad. Que afecten derechos o situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, Que sus funciones estén determinadas en una norma general. En ese tenor, el hecho de que en una escuela privada, como lo es en el caso el *****, se niegue a proporcionar educación a los menores quejosos ****, al haber dictado una orden para suspenderlos y darlos de baja de los servicios educativos que presta dicha institución privada, no conlleva a que aquélla se constituya en un "particular" que realiza actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, lo cual hace necesario acudir a los tribunales ordinarios en caso de inconformidad. Lo anterior, pues si tal institución educativa tiene como objeto prestar servicios educativos en la etapa básica, y actúa con base en sus estatutos y disposiciones normativas internas, las cuales son obligatorias únicamente para aquellos individuos que por voluntad propia decidieron adherirse a tales ordenamientos internos y adquirir el carácter de alumnos, lo cual conlleva a determinar por mayoría de razón que a la misma no le surge la calidad de responsable en esta instancia y que lo reclamado no es susceptible de combatirse en el juicio de amparo, máxime que el vínculo que existe entre la misma y los quejosos por quienes se promueve, es de índole contractual, cuyas diferencias deben dirimirse ante las autoridades del orden común. Por tanto, los actos que reclama la promovente consistentes en la negativa de proporcionar educación a los menores quejosos de nombres *****, así como la orden dada por dicha institución privada para suspenderlos y darlos de baja de los servicios educativos que presta por las razones que expone, no derivan de una relación de supra a subordinación, que se trata de un elemento característico para considerar a aquélla como autoridad responsable en el juicio de amparo, pues la propia promovente manifiesta en la demanda que decidió inscribir a los quejosos a dicho colegio particular pagando como contraprestación del servicio brindado diversas cantidades por concepto de colegiatura; por tanto, existe una relación contractual entre el prestador de servicios educativos y los inconformes. En ese tenor, se desecha la demanda de amparo de que se trata por notoria e indudablemente improcedente, en virtud que la autoridad responsable que se precisa en la misma, no tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, de acuerdo con el supuesto normativo contemplado en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los dispositivos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la propia ley, adminiculado con lo previsto en el numeral 103, fracción I, de la Constitución General de la República. Sin que sea óbice a lo anterior, la tesis que cita la parte quejosa en su demanda de amparo de rubro siguiente: "PARTICULAR CON CALIDAD DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO ES EL DIRECTOR DE UNA ESCUELA PRIVADA DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE NIEGA LA INSCRIPCIÓN DE UN NIÑO EN ESA INSTITUCIÓN.", pues si bien nos encontramos frente a dos posturas antagónicas, ya que por un lado, como en el caso, un Tribunal Colegiado del Estado de Puebla considera que dichos actos sí pueden ser impugnados a través del juicio de amparo, entre otras cosas porque puede afectar un derecho fundamental reconocido en el artículo 3 de la Constitución Federal; sin embargo, se tiene que dicho criterio es aislado. Por otro lado, como se expuso de manera precedente, el Pleno de Circuito del Estado de Baja California ya determinó la improcedencia aduciendo que lo establecido en las escuelas privadas se sustenta en disposiciones internas cuya aplicación se da entre individuos que voluntariamente decidieron adherirse a los mismos, y que si bien la jurisprudencia emitida por el pleno de circuito correspondiente solamente obliga a los tribunales de dicho circuito, lo cierto es que este juzgado federal comparte dicho criterio por las razones y consideraciones que le dieron origen.
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