Sonia Tovías Hernández
Expediente 953/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 24 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Sonia Tovías Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este juicio el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a la autoridad responsable esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Tomos de pruebas. Devuélvase a la autoridad responsable, el tomo de pruebas que remitió como pruebas en el este asunto. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración documental. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 20, del citado Acuerdo General, debido a que el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional, misma que causó estado en esta data, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Por lo que, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General; sin que en el caso obre documento original que deba devolverse. Transferencia. Se deberá solicitar la transferencia de este expediente, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, esto es, a partir del día en que se actúa. Valoración del incidente. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se negó y concedió la suspensión definitiva; archívese por separado el cuaderno original del referido incidente; con la indicación de que es DEPURABLE. Sin que en el caso obre en dicho incidente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Digitalización. Conforme a lo dispuesto en el numeral 9, segundo párrafo, del Acuerdo General en cita, todas las constancias y documentos del expediente físico deberán encontrarse digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico, por lo que el trámite de éste deberá realizarse con las constancias y documentos impresos existentes, en términos de la normativa aplicable. Notifíquese por medio de lista; y mediante oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba su escrito de demanda, respecto a la autoridad responsable ********************, Actuario adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna. Efectivo apercibimiento. En tal virtud, continúese con la tramitación del presente juicio de amparo en la forma en que hasta el momento está planteado. Actualización de causal de improcedencia. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del informe justificado rendido por la Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, y anexo que acompañó al mismo, se advierte que respecto de los actos reclamados en esta instancia se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinarlos con exactitud, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda e informe justificado de la responsable ordenadora, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar: La falta de emplazamiento al juicio extraordinario civil ******************** del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Estado de San Luis Potosí, promovido por ********************, en contra de ********************. Establecido lo anterior, es pertinente narrar brevemente los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se desprenden de las constancias que allegó la responsable ordenadora, como justificación a su informe de ley, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funcione, siendo, en lo que interesa, los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintidós, ********************, demandó en la vía extraordinaria civil a ********************, por la recisión de contrato de arrendamiento celebrado entre ellos (fojas 2 a 5 del anexo de pruebas que obra por separado). 2. El diecinueve de septiembre siguiente, la Juez Segundo del Ramo Civil con residencia en esta ciudad, admitió la demanda; la registró con el número ********************, y ordenó emplazar a ********************, apercibiéndola en los términos ahí contenidos (Ibídem, fojas 7 a 8). 3. En cumplimiento a lo anterior, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, ********************, Actuario adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado, se constituyó en el domicilio de la demandada, emplazándola a juicio de manera directa (Ibídem, foja 20). 4. Seguido el procedimiento, el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, la Jueza Segundo Civil dictó la sentencia respectiva (Ibídem, fojas 38 a 45). 5. El veinticinco de abril siguiente causó ejecutoria la sentencia de referencia, por lo que se requirió a la demandada por la entrega del inmueble materia del juicio (Ibídem, foja 53). Una vez hecho lo anterior, como se dijo, se actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXII, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa omitió señalar a la autoridad a quien recae el carácter de responsable para efectos del presente juicio de amparo, es decir a quien en realidad realizó el emplazamiento reclamado. En primer término, los preceptos antes referidos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" Las disposiciones transcritas establecen que es parte del juicio de amparo, la autoridad responsable teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, por lo que en sentido contrario el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva contra la potestad que realiza las conductas descritas, pues para la correcta integración del juicio de amparo tiene que estar emplazada, ya que de conformidad con el artículo 5º, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de parte procesal. Por otro lado, el arábigo 108 en su fracción III de la invocada legislación, establece que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán, entre otras cuestiones, la autoridad responsable. El señalamiento en la demanda de amparo de la autoridad o autoridades responsables, permite la identificación de uno de los sujetos que integrarán la relación jurídica procesal, así como la correcta configuración de ésta; además, obedece al imperativo de la Carta Magna de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, ya que así el juez de Distrito que conozca del asunto estará en aptitud de poder emplazarlas a juicio, esto es, hacerles de su conocimiento la iniciación del procedimiento, para que estén en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado al rendir su informe justificado, alegando lo conducente y participando en la actividad probatoria que en su caso se desarrolle dentro del sumario constitucional. Por ello, interpretando los numerales 5º y 108 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se obtiene que de faltar el señalamiento de las autoridades responsables en el escrito de demanda, o bien se omita hacer tal designación durante la substanciación del juicio, el mismo resulta improcedente. Ahora bien, de lo ya expuesto, se pone de manifiesto que la quejosa se duele del emplazamiento al juicio extraordinario civil ******************** del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Estado de San Luis Potosí, realizado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, por ********************, Actuario adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado, autoridad que no fue señalada con ese carácter en el escrito inicial de demanda. Aspecto sobre el cual cabe precisar que -en el trámite del presente asunto- al advertirse de las constancias que remitió la responsable ordenadora, la participación por parte de ********************, Actuario adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado, esta juzgadora mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, previno a la quejosa a fin de que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo señalarla como autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se procedería al dictado de la resolución correspondiente respecto de las autoridades señaladas como responsables. Sin embargo, como se desprende de la certificación de cuenta, ******************** omitió desahogar tal prevención. Por tal razón, el presente juicio deviene improcedente, pues si lo que básicamente se reclama es el emplazamiento llevado a cabo en el juicio de origen, es menester que se escuche a la autoridad que materialmente llevó a cabo tal llamamiento, en observancia a lo que dispone el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, ya que ésta es quien conoce los pormenores de la diligencia, toda vez que tuvo que percatarse de diversas circunstancias objetivas como lo son la autenticidad del domicilio, la persona con la que se entendió la diligencia, los pormenores ocurridos dentro de la actuación, entre otras, todo ello para que esté en aptitud de defender su acto. Apoyan lo anterior, las jurisprudencias 107 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 22 de la entonces Tercera Sala, de rubro y texto, siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES DEL ACTO OBJETO DE AMPARO. Lo son, no solamente la autoridad superior que ordena el acto, sino también las subalternas que lo ejecuten o traten de ejecutarlo, y contra cualquiera de ellas procede el amparo". "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto, en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos." Por ello, como se precisó, en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de la autoridad de mérito; empero, la impetrante omitió desahogar dicho requerimiento a pesar de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, según se ve de la constancia relativa visible a fojas treinta y cuatro y treinta y cinco de autos. Prevención que se realizó con la finalidad de no vulnerar las reglas procedimentales del juicio de amparo, así como para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa; sin embargo, como ya se dijo, ésta no acató el requerimiento formulado, por ende, ante su conducta omisa, continuó la secuela procesal en los términos inicialmente planteados, lo que da como consecuencia lo aquí determinado. En esas condiciones, independientemente de que se tuvieron ciertos los actos reclamados a la Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, en estricto sentido, ello únicamente debe estimarse de ese modo por cuanto hace a las actuaciones posteriores al emplazamiento correspondiente al juicio extraordinario civil ********************, promovido por ********************, en contra de ********************, pues -se insiste- la autoridad que llevó a cabo la diligencia cuestionada y tuvo intervención en la misma, fue ********************, Actuario adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado. De ahí que, para estar en aptitud legal de analizar tal actuación en el presente asunto, debió integrarse a la litis constitucional para que tuviera oportunidad de defender la legalidad de tal actuación. Así, al no llamar al sumario constitucional a la autoridad que practicó el emplazamiento reclamado, este juzgado de distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad de dicho acto, ni de sus consecuencias. Las consideraciones precedentes encuentran apoyo en la tesis aislada 2a. CLXIV/98, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." De la misma manera, sustenta la presente resolución la jurisprudencia VI.2o. J/205, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Asimismo, también tiene aplicación el criterio jurisprudencial número V.2o. J/96, que dispone: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Máxime que, ni siendo el caso, la suplencia de la deficiencia de la queja, no llega al grado de que la juzgadora de Distrito tenga que llamar a juicio a una autoridad que no fue señalada como responsable, por ser una obligación del promovente del amparo, de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Es de sustento a lo anterior, la tesis XX.46 K, que textualmente dice "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA DE AMPARO. NO LLEGA AL GRADO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO TENGA QUE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE NO LE FUE SEÑALADA COMO RESPONSABLE, LA. Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es una cuestión de orden público y que como consecuencia los jueces tienen la obligación de analizarlo oficiosamente, porque de efectuarse en forma contraria a las disposiciones legales constituiría la violación procesal de mayor trascendencia; también lo es, que la suplencia de la queja en materia de amparo, no llega al grado de que el juez de Distrito, tenga que llamar a juicio a una autoridad que no le fue señalada como responsable en la demanda de garantías, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos, ya que es a la parte quejosa a quien corresponde hacer ese señalamiento, porque así lo dispone expresamente el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo.". En tales condiciones, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo pues la impetrante omitió señalar a la autoridad a quien le recae el carácter de responsable de emitir la diligencia que se combate. Por otra parte, el resto de las autoridades responsables existentes, al rendir sus respectivos informes de ley negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que esas negativas se encuentren desvirtuadas con prueba alguna en contrario. Por tanto al no acreditarse en autos la existencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia antes invocadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada; por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba su escrito de demanda, respecto a la autoridad responsable ********************, Actuario adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna. Efectivo apercibimiento. En tal virtud, continúese con la tramitación del presente juicio de amparo en la forma en que hasta el momento está planteado. Actualización de causal de improcedencia. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del informe justificado rendido por la Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, y anexo que acompañó al mismo, se advierte que respecto de los actos reclamados en esta instancia se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinarlos con exactitud, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda e informe justificado de la responsable ordenadora, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar: La falta de emplazamiento al juicio extraordinario civil ******************** del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Estado de San Luis Potosí, promovido por ********************, en contra de ********************. Establecido lo anterior, es pertinente narrar brevemente los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se desprenden de las constancias que allegó la responsable ordenadora, como justificación a su informe de ley, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funcione, siendo, en lo que interesa, los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintidós, ********************, demandó en la vía extraordinaria civil a ********************, por la recisión de contrato de arrendamiento celebrado entre ellos (fojas 2 a 5 del anexo de pruebas que obra por separado). 2. El diecinueve de septiembre siguiente, la Juez Segundo del Ramo Civil con residencia en esta ciudad, admitió la demanda; la registró con el número ********************, y ordenó emplazar a ********************, apercibiéndola en los términos ahí contenidos (Ibídem, fojas 7 a 8). 3. En cumplimiento a lo anterior, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, ********************, Actuario adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado, se constituyó en el domicilio de la demandada, emplazándola a juicio de manera directa (Ibídem, foja 20). 4. Seguido el procedimiento, el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, la Jueza Segundo Civil dictó la sentencia respectiva (Ibídem, fojas 38 a 45). 5. El veinticinco de abril siguiente causó ejecutoria la sentencia de referencia, por lo que se requirió a la demandada por la entrega del inmueble materia del juicio (Ibídem, foja 53). Una vez hecho lo anterior, como se dijo, se actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXII, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa omitió señalar a la autoridad a quien recae el carácter de responsable para efectos del presente juicio de amparo, es decir a quien en realidad realizó el emplazamiento reclamado. En primer término, los preceptos antes referidos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" Las disposiciones transcritas establecen que es parte del juicio de amparo, la autoridad responsable teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, por lo que en sentido contrario el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva contra la potestad que realiza las conductas descritas, pues para la correcta integración del juicio de amparo tiene que estar emplazada, ya que de conformidad con el artículo 5º, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de parte procesal. Por otro lado, el arábigo 108 en su fracción III de la invocada legislación, establece que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán, entre otras cuestiones, la autoridad responsable. El señalamiento en la demanda de amparo de la autoridad o autoridades responsables, permite la identificación de uno de los sujetos que integrarán la relación jurídica procesal, así como la correcta configuración de ésta; además, obedece al imperativo de la Carta Magna de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, ya que así el juez de Distrito que conozca del asunto estará en aptitud de poder emplazarlas a juicio, esto es, hacerles de su conocimiento la iniciación del procedimiento, para que estén en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado al rendir su informe justificado, alegando lo conducente y participando en la actividad probatoria que en su caso se desarrolle dentro del sumario constitucional. Por ello, interpretando los numerales 5º y 108 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se obtiene que de faltar el señalamiento de las autoridades responsables en el escrito de demanda, o bien se omita hacer tal designación durante la substanciación del juicio, el mismo resulta improcedente. Ahora bien, de lo ya expuesto, se pone de manifiesto que la quejosa se duele del emplazamiento al juicio extraordinario civil ******************** del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Estado de San Luis Potosí, realizado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, por ********************, Actuario adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado, autoridad que no fue señalada con ese carácter en el escrito inicial de demanda. Aspecto sobre el cual cabe precisar que -en el trámite del presente asunto- al advertirse de las constancias que remitió la responsable ordenadora, la participación por parte de ********************, Actuario adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado, esta juzgadora mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, previno a la quejosa a fin de que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo señalarla como autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se procedería al dictado de la resolución correspondiente respecto de las autoridades señaladas como responsables. Sin embargo, como se desprende de la certificación de cuenta, ******************** omitió desahogar tal prevención. Por tal razón, el presente juicio deviene improcedente, pues si lo que básicamente se reclama es el emplazamiento llevado a cabo en el juicio de origen, es menester que se escuche a la autoridad que materialmente llevó a cabo tal llamamiento, en observancia a lo que dispone el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, ya que ésta es quien conoce los pormenores de la diligencia, toda vez que tuvo que percatarse de diversas circunstancias objetivas como lo son la autenticidad del domicilio, la persona con la que se entendió la diligencia, los pormenores ocurridos dentro de la actuación, entre otras, todo ello para que esté en aptitud de defender su acto. Apoyan lo anterior, las jurisprudencias 107 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 22 de la entonces Tercera Sala, de rubro y texto, siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES DEL ACTO OBJETO DE AMPARO. Lo son, no solamente la autoridad superior que ordena el acto, sino también las subalternas que lo ejecuten o traten de ejecutarlo, y contra cualquiera de ellas procede el amparo". "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto, en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos." Por ello, como se precisó, en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de la autoridad de mérito; empero, la impetrante omitió desahogar dicho requerimiento a pesar de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, según se ve de la constancia relativa visible a fojas treinta y cuatro y treinta y cinco de autos. Prevención que se realizó con la finalidad de no vulnerar las reglas procedimentales del juicio de amparo, así como para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa; sin embargo, como ya se dijo, ésta no acató el requerimiento formulado, por ende, ante su conducta omisa, continuó la secuela procesal en los términos inicialmente planteados, lo que da como consecuencia lo aquí determinado. En esas condiciones, independientemente de que se tuvieron ciertos los actos reclamados a la Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, en estricto sentido, ello únicamente debe estimarse de ese modo por cuanto hace a las actuaciones posteriores al emplazamiento correspondiente al juicio extraordinario civil ********************, promovido por ********************, en contra de ********************, pues -se insiste- la autoridad que llevó a cabo la diligencia cuestionada y tuvo intervención en la misma, fue ********************, Actuario adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado. De ahí que, para estar en aptitud legal de analizar tal actuación en el presente asunto, debió integrarse a la litis constitucional para que tuviera oportunidad de defender la legalidad de tal actuación. Así, al no llamar al sumario constitucional a la autoridad que practicó el emplazamiento reclamado, este juzgado de distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad de dicho acto, ni de sus consecuencias. Las consideraciones precedentes encuentran apoyo en la tesis aislada 2a. CLXIV/98, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." De la misma manera, sustenta la presente resolución la jurisprudencia VI.2o. J/205, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Asimismo, también tiene aplicación el criterio jurisprudencial número V.2o. J/96, que dispone: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Máxime que, ni siendo el caso, la suplencia de la deficiencia de la queja, no llega al grado de que la juzgadora de Distrito tenga que llamar a juicio a una autoridad que no fue señalada como responsable, por ser una obligación del promovente del amparo, de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Es de sustento a lo anterior, la tesis XX.46 K, que textualmente dice "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA DE AMPARO. NO LLEGA AL GRADO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO TENGA QUE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE NO LE FUE SEÑALADA COMO RESPONSABLE, LA. Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es una cuestión de orden público y que como consecuencia los jueces tienen la obligación de analizarlo oficiosamente, porque de efectuarse en forma contraria a las disposiciones legales constituiría la violación procesal de mayor trascendencia; también lo es, que la suplencia de la queja en materia de amparo, no llega al grado de que el juez de Distrito, tenga que llamar a juicio a una autoridad que no le fue señalada como responsable en la demanda de garantías, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos, ya que es a la parte quejosa a quien corresponde hacer ese señalamiento, porque así lo dispone expresamente el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo.". En tales condiciones, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo pues la impetrante omitió señalar a la autoridad a quien le recae el carácter de responsable de emitir la diligencia que se combate. Por otra parte, el resto de las autoridades responsables existentes, al rendir sus respectivos informes de ley negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que esas negativas se encuentren desvirtuadas con prueba alguna en contrario. Por tanto al no acreditarse en autos la existencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia antes invocadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada; por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Diferimiento. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días que se otorgó en proveído de diecisiete de agosto del presente año, a fin de que la parte quejosa manifieste si es su intención ampliar su escrito de demanda; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
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