Sonia Paulina Estrada González
Expediente 76/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 76/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Sonia Paulina Estrada González
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por ----------, por propio derecho y como apoderada legal de -----------, en el juicio de amparo 76/2021-V, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado Acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a la parte quejosa por lista en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por la Secretaria del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio de la cual, remite copia certificada de la totalidad de las constancias relativas al juicio de amparo 282/2020-II-B, de su índice, ello en cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado Federal, en auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, por lo que, se tienen por recibidas dichas documentales, para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior y visto el estado procesal de autos de los cuales se advierte que mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgador se reservó de acordar lo conducente respecto de la demanda de amparo, hasta en tanto obraran en autos la totalidad de las constancias relativas al juicio de amparo 282/2020-II-B, del índice del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, situación que se encuentra superada. Asimismo, de una revisión a las mismas se aprecia el Instrumento Notarial dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y tres, volumen trescientos cincuenta y tres de veintiuno de julio de dos mil tres, pasado ante el Notario Público noventa y uno del Estado de México, del que se aprecia la personalidad con la que se ostenta la quejosa -----------; es decir como apoderada legal de ---------. De igual forma, se aprecia el contrato de compra-venta de veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y siete, respecto del predio conocido como "Paño Cabeza", ubicado a la altura del kilómetro 1+300, del Boulevard Espíritu Santo, Municipio de Santa Ana Jilotzingo, Estado de México, celebrado entre el vendedor Francisco Rojas Pinedo, y la compradora Sonia Paulina Estrada González (aquí quejosa) En virtud de lo anterior, y vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ---------, por propio derecho y como apoderada legal de --------, contra actos del Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo sumario es: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consiste en: Del Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla: La omisión de dar seguimiento puntual a la ordenanza judicial de guardia y custodia de cuatro de junio de dos mil nueve, que decretó el extinto Juzgado Cuarto Penal dentro de la causa penal 144/2009, hoy causa penal 286/2015, para que el Director de Seguridad Pública Municipal dé cabal cumplimiento a la guarda y custodia de seis casas remolque. La omisión de devolver las cosas al estado en que se encontraban antes de la detención y procesamiento del Señor Ángel Arturo Saucedo. Omisión de ejecutar los efectos del auto de veinticuatro de junio de dos mil once, por medio del cual, decretó el levantamiento de las medidas de aseguramiento que prescribió el cuatro de junio de dos mil nueve en la causa penal 144/2009. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 6, y 10, del citado ordenamiento legal, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior." De lo anterior, se desprende que la Ley de Amparo, reconoce que el afectado por el acto o ley reclamados puede promover su demanda, por sí, esto es, por su propio derecho, o bien, por conducto de un tercero en diferentes supuestos. Así, los anteriores preceptos aluden a un tema de legitimación en el proceso y en la causa, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de amparo, subsistiendo la existencia de un derecho tutelado o de un interés legítimo (individual o colectivo) del justiciable como objeto directo de protección constitucional. Se precisa, que aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación y representación), gozan de individualidad y, por ello, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: El primero, surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de derechos fundamentales, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho. El segundo se materializa en los restantes casos descritos en el precepto legal en comento, esto es, uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, entre otros). Así, la legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se conoce con el nombre de legitimación en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos en el contradictorio y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 75/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos cincuenta y uno, del Tomo VII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. De igual forma, es ilustrativa la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, volumen 199-204, página noventa y nueve, de rubro: LEGITIMACIÓN "AD-CAUSAM" Y LEGITIMACIÓN "AD-PROCESUM. En este sentido, la legitimación es un presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo, que es de orden público, por lo que su estudio es oficioso y preferente, pues es indispensable determinar si la acción se ejerce por quien legalmente tiene aptitud para hacerlo, de manera que si quien promovió el juicio de amparo no está acreditado para hacerlo, sería ocioso continuar el proceso, o incluso, llegar a conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a quien no puede apersonarse en el mismo. En ese orden, la quejosa ----------, promovió por propio derecho la presente demanda de amparo y como apoderada legal de --------, en la que en lo conducente reclama diversas omisiones del Juzgado Cuarto Penal dentro de los autos de la causa penal 144/2009, hoy causa penal 286/2015, relacionados con el aseguramiento de inmuebles: "Paño Cabeza", ubicado en el kilómetro 1+300, del Boulevard Espíritu Santo, en la localidad de Espíritu Santo, del Municipio de Jilotzingo, Estado de México, y la fracción restante de la fracción tres resultante de la subdivisión del predio ubicado en la ex hacienda de San Nicolás Apazco, en el Municipio de Santa Ana Jilotzingo, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México; así como seis remolques tipo casa rodante, mismo que fue decretado en auto de cuatro de junio de dos mil nueve en la citada causa. Ahora bien, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte como hecho notorio que la existencia del juicio de amparo 736/2009, del índice de este Juzgado de Distrito en la que la aquí quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "La determinación de cuatro de junio del dos mil nueve, dictada por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, dentro de la causa penal 144/2009, en la cual decretó el aseguramiento de los inmuebles: "Paño Cabeza", ubicado en el kilómetro 1+300, del Boulevard Espíritu Santo, en la localidad de Espíritu Santo, del Municipio de Jilotzingo, Estado de México, y la fracción restante de la fracción tres resultante de la subdivisión del predio ubicado en la ex hacienda de San Nicolás Apazco, en el Municipio de Santa Ana Jilotzingo, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México; así como seis remolques tipo casa rodante." Ahora bien, dicho asunto fue resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en el amparo en revisión 33/2011, cuya versión pública se aprecia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal y se invoca como hecho notorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXI.3o. J/7 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, octubre de dos mil tres, página ochocientos cuatro, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." De dicha ejecutoria se aprecia que el Tribunal de Alzada realizó las siguientes consideraciones: "En efecto, la causa de improcedencia que este Tribunal Colegiado considera se configura en el caso particular, se trata de la prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa carece de interés jurídico para impugnar en el juicio constitucional el acto reclamado, por las siguientes razones: En principio, cabe hacer hincapié que en caso particular, se señaló como acto reclamado la determinación de cuatro de junio del dos mil nueve, dictada por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, dentro de la causa penal 144/2009, en la cual decretó el aseguramiento de los inmuebles: "Paño Cabeza", ubicado en el kilómetro 1+300, del Boulevard Espíritu Santo, en la localidad de Espíritu Santo, del Municipio de Jilotzingo, Estado de México, y la fracción restante de la fracción tres resultante de la subdivisión del predio ubicado en la ex hacienda de San Nicolás Apazco, en el Municipio de Santa Ana Jilotzingo, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México; así como seis remolques tipo casa rodante. De igual forma es importante relatar los antecedentes del referido acto reclamado, que plasmó el Juez Federal en la sentencia recurrida, que dicen: La autoridad agente del Ministerio Público adscrito a la mesa uno de la Fiscalía Especial para combatir Delitos cometidos por Fraccionadores, con fecha cuatro de junio- de dos mil nueve, consignó la averiguación previa AV/FEDF/PRE/I/18/09 de su índice a la autoridad judicial competente por hechos posiblemente constitutivos del delito de despojo, contra Ángel Arturo Saucedo en agravio de Genaro Mayen de la O, y dejó a disposición de la autoridad judicial correspondiente los bienes asegurados consistentes: en el inmueble denominado "El Escobal", ubicado en la comunidad de Espíritu Santo, Municipio de Santana Jilotzingo, Estado de México, dividido en tres polígonos el polígono A con una superficie de veintiséis, guion, setenta y cinco. Guion setenta y nueve hectáreas, el polígono B con una superficie de mil setecientos ochenta (3780), metros cuadrados y finalmente el polígono C con una superficie de tres mil ciento veinte (3120) metros cuadrados y seis remolques tipo casa rodante ubicados en el interior del inmueble (fojas 121 a 142 del anexo I). Por razón de turno, correspondió conocer al juez Cuarto Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla de Baz, México, de la averiguación previa citada, quien por auto de cuatro de junio de dos mil nueve, la radicó bajo el número de causa penal 144/2009, en el mismo auto de radicación, el juez responsable decretó el aseguramiento del inmueble denominado "El Escobal", ubicado en la comunidad del Espiritu Santo, Municipio de Santana Jiltzingo, Estado de México y seis remolques tipo casa rodante, proveído que, en lo que interesa, es del tenor siguiente: "(...) AUTO DE RADICACIÓN CON DETENIDO.¬ Tlalnepantla de Baz, México, a cuatro de junio del año dos mil nueve. (...) Por otra parte, con apoyo en el artículo 129 del Código Adjetivo de la materia, se decreta el aseguramiento de los objetos puestos a disposición de esta Autoridad y que fueron objeto de Inspección por el Ministerio Público; Así mismo se decreta el aseguramiento del inmueble denominado "El Escobal ubicado en la comunidad de Espíritu Santo, Municipio de Santana Jilotzingo, Estado de México y seis remolques tipo casa rodante, por lo que gírese los oficios respectivos para la guarda y custodia de dicho inmueble." (fojas 145 a 146 del anexo 1). Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil diez, en la oficialía de partes del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, el tercero perjudicado Genaro Mayen de la O, presentó copia certificada de la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil diez, dentro de la causa penal 144/2009, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en cuyos puntos resolutivos dice: "(...) PRIMERO. Por esta resolución se DICTA SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DE ARTURO SAUCEDO POR LA INCOMPROBACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO DE DESPOJO CON MODIFICATIVA (AGRAVANTE DE TENER EL ACTIVO LA CALIDAD DE DIRIGENTE) EN AGRAVIO DE GENARO MAYEN DE LA O, por lo que se ordena su inmediata libertad siempre y cuando no se encuentre detenido por delito diverso o a disposición de otra Autoridad. - - - SEGUNDO. Hágase del conocimiento a las partes del derecho y término que la ley les confiere para interponer el recurso de apelación en contra de esta resolución, para el caso de inconformarse con la misma. - - - TERCERO.¬Comuníquese lo anterior al Director del Centro Preventivo y de Readaptación de esta Localidad, así como al Director del Instituto de Servicios Periciales del Estado de México para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado."( fojas 1312 a 1342 del tomo II de autos). En primer término, es conveniente citar lo que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: (.) Por su parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece en su numeral 114, fracción V, lo siguiente: (.) De los anteriores preceptos transcritos deriva que las personas extrañas a juicio podrán promover amparo contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que los afecten. Es importante resaltar en este sentido, que tanto la Constitución en su artículo 107, fracciones III, inciso c) y VII, como el artículo 114, fracción V, de su ley reglamentaria, aluden a una afectación a las personas extrañas a juicio. Esto significa que en el amparo promovido por personas extrañas a juicio debe cumplirse con el requisito general de procedencia del juicio de amparo consistente en la afectación al interés jurídico del quejoso por parte del acto reclamado, principio que es consagrado tanto por el artículo 107, fracción I, constitucional, como por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, al disponer: (.) De lo expuesto se infiere que para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, es que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, es el interés jurídico a que se refiere la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que no puede ser otra cosa, sino la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados. Lo anterior es así, porque la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquier otra clase, pues sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías. Cobra aplicación sobre el particular, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIII, página 3770, Quinta Época, que dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. (.)" Con base en lo anterior, se concluye que el criterio general al que debe atenderse para determinar que el tercero extraño a juicio puede promover juicio de garantías es la afectación a su interés jurídico, es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera jurídica de derechos. En el caso particular, los quejosos se ostentan terceros extraños a un procedimiento penal donde se decretó el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, respecto del cual el peticionario de garantías alegó tener derechos de propiedad de los que se le pretendía privar sin haber sido oído ni vencido. Luego, si de conformidad con los preceptos constitucionales y de la Ley de Amparo citados en líneas precedentes para la procedencia de la acción de garantías, es requisito que el acto reclamado cause un perjuicio al quejoso o agraviado y, en la especie, el acto reclamado es el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles dentro un procedimiento de naturaleza penal, es evidente que dicho fallo no le ocasiona perjuicio a quienes se ostentan como tercero extraño a ese procedimiento penal. Ello es así, porque como el Juez penal se pronunció sobre el aseguramiento de tales bienes, su efecto es declarativo y no constitutivo de derechos de propiedad sobre los mismos, puesto que en dicho procedimiento no se dilucidó sobre los presuntos derechos de propiedad respecto de esos bienes, en virtud de que éstos no fueron materia de la litis en la integración del ilícito por el cual el encausado fue procesado y absuelto. En efecto, el proceso jurisdiccional de naturaleza penal tiene por objeto hacer efectivos los derechos que hayan sido desconocidos o violados a la parte ofendida por el delito cometido, lo cual también incluye el de reparar los daños y perjuicios producidos, y esta función se considera parte de la pena pública y puede ser exigida por el Ministerio Público. Es decir, transgredida la ley penal nace una relación de orden público entre el Estado y el individuo a quien se imputa la comisión del ilícito, la cual determinará que de demostrarse plenamente su culpabilidad, se impongan al sujeto las penas o sanciones de seguridad que correspondan conforme a las normas aplicables. Dentro de dicho procedimiento penal, por disposición legal se deben asegurar los bienes que se encuentren afectos a la causa. En efecto, el artículo 129 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, establece: "Los instrumentos del delito y las cosas objeto o efecto de él, así como aquéllas en que pudieran existir huellas del mismo o tener relación con éste, serán asegurados, recogiéndolos y poniéndolos en secuestro judicial o bajo la responsabilidad de alguna persona, para evitar que se alteren, destruyan o desaparezcan; para garantizarla reparación del daño, en su caso; o bien, en su oportunidad, para resolver sobre su decomiso. - - -De todas las cosas aseguradas, se hará un inventario, en el que se las (SIC) describirá de tal manera que en cualquier tiempo puedan ser identificadas." De la lectura del citado precepto, se desprende que la naturaleza del aseguramiento decretado durante la tramitación del proceso penal, es el de evitar que los objetos del delito o los que tienen relación directa con éste, se alteren, destruyan o desaparezcan; ya que éstos servirán para garantizar la reparación del daño, en su caso para resolver sobre su decomiso. Por consiguiente, la naturaleza del aseguramiento decretado durante la tramitación del proceso penal, es el de evitar que los objetos del delito o los que tienen relación directa con éste, se alteren, destruyan o desaparezcan; ya que éstos servirán para garantizar la reparación del daño, en su caso para resolver sobre su decomiso. Por ello, el aseguramiento decretado por la responsable que se reclama en esta vía debe tomarse como elemento precautorio y eventual mientras se lleva acabo el estudio de la comprobación del delito y de la plena responsabilidad. En tal virtud, la determinación que decreta el aseguramiento de bienes afectos a una causa penal, como en el presente caso, es un acto que a quien perjudica es a las partes que intervinieron en ese procedimiento penal como son el procesado, el Ministerio Público y en este caso al ofendido, no así a quienes alegan tener derechos de propiedad sobre esos bienes, por lo que si éstos estiman que se le afectó en tales derechos, deben hacerlos valer ante los tribunales de instancia a través de la acción civil que corresponda, razón por la cual no se les deja en estado de indefensión, pues no es competencia de un Juez penal el pronunciarse sobre quién tiene derecho de propiedad sobre los muebles e inmuebles asegurados en la causa penal, por ser una cuestión de naturaleza civil. Con base en lo expuesto, se concluye que NO ESTÁ LEGITIMADO para acudir al juicio de amparo quien se ostenta tercero extraño a un procedimiento de naturaleza penal, en el cual se decretó el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles afectos a la causa, ya que dicha determinación no le ocasiona el perjuicio personal y directo que exigen los artículos 73, fracción V, y 4o., ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación de manera ilustrativa, la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 128/2004-PS, publicada en la página 564, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, que dice: "TERCEROS EXTRAÑOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME UNA SENTENCIA DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL EN EL QUE SE CONDENÓ AL INCULPADO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. (.)." En ese orden de ideas, aunque por razones diferentes, lo procedente es, confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio del cual deriva el presente toca." Así las cosas, de la citada resolución es dable advertir que la quejosa con anterioridad reclamó actos relacionados con el aseguramiento decretado por el extinto Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, y de los que se puede advertir que: El Ministerio Público adscrito a la mesa uno de la Fiscalía Especial para combatir Delitos cometidos por Fraccionadores, con fecha cuatro de junio- de dos mil nueve, consignó la averiguación previa AV/FEDF/PRE/I/18/09 de su índice a la autoridad judicial competente por hechos posiblemente constitutivos del delito de despojo, contra Ángel Arturo Saucedo en agravio de Genaro Mayen de la O, y dejó a disposición de la autoridad judicial correspondiente los bienes asegurados consistentes: en el inmueble denominado "El Escobal", ubicado en la comunidad de Espíritu Santo, Municipio de Santana Jilotzingo, Estado de México, y seis remolques tipo casa rodante ubicados en el interior del inmueble. El Juez Cuarto Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla de Baz, México, por auto de cuatro de junio de dos mil nueve, en la causa penal 144/2009, decretó el aseguramiento del inmueble denominado "El Escobal", ubicado en la comunidad del Espiritu Santo, Municipio de Santana Jiltzingo, Estado de México y seis remolques tipo casa rodante. El veintinueve de septiembre de dos mil diez, en la causa penal 144/2009, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se dictó sentencia absolutoria a favor de Ángel Arturo Saucedo. En ese orden de ideas, se aprecia que la quejosa carece de legitimación para reclamar los actos que señala, ya que no se aprecia que los mismos le produzcan una afectación, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles dentro un procedimiento de naturaleza penal, no ocasiona perjuicio a quienes se ostentan como terceros extraños a ese procedimiento penal, ya que dicho acto es declarativo y no constitutivo de derechos de propiedad sobre los mismos, puesto que un procedimiento penal no es el idóneo para dilucidar sobre derechos de propiedad, ya que ello no es materia de la litis en la integración del ilícito por el cual se procesa y condena al inculpado. Luego, la naturaleza del aseguramiento decretado durante la tramitación del proceso penal, es el de evitar que los objetos del delito o los que tienen relación directa con éste, se alteren, destruyan o desaparezcan; ya que éstos servirán para garantizar la reparación del daño, en su caso para resolver sobre su decomiso, por ello, el aseguramiento debe tomarse como elemento precautorio y eventual mientras se lleva acabo el estudio de la comprobación del delito y de la plena responsabilidad, tratándose del sistema penal mixto, como en el presente caso. Así, la determinación que decreta el aseguramiento de bienes afectos a una causa penal es un acto que a quien perjudica es a las partes que intervinieron en ese procedimiento penal como son el procesado, el Ministerio Público y el ofendido, no así a quienes alegan tener derechos de propiedad sobre esos bienes, por lo que si éstos estiman que se le afectó en tales derechos, deben hacerlos valer ante los tribunales de instancia a través de la acción civil que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 126/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos sesenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, octubre de dos mil cinco, que dice: "TERCEROS EXTRAÑOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME UNA SENTENCIA DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL EN EL QUE SE CONDENÓ AL INCULPADO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Conforme a los artículos 73, fracción V y 4o., ambos de la Ley de Amparo, así como a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la procedencia de la acción de garantías requiere que el acto reclamado cause un perjuicio personal y directo al agraviado; de ahí que si el acto impugnado consiste en el fallo emitido en un procedimiento penal en el cual el Juez se pronunció sobre la responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de despojo y como consecuencia lo condenó a la reparación del daño, consistente en la restitución del inmueble a la parte ofendida, es evidente que tal acto no le ocasiona al tercero extraño que alega tener derechos sobre ese bien el perjuicio exigido por los artículos mencionados, pues el efecto de esa condena es declarativa y no constitutiva de derechos de propiedad o de posesión. Ello es así, porque en un procedimiento como el referido no se dilucidan derechos de propiedad ni de posesión, en virtud de que el asunto no es materia de la litis en la integración del ilícito por el cual se procesa y condena al inculpado. Además, el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal elevó a rango de garantía individual el derecho que tiene la víctima a que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía, logrando así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a la reparación pecuniaria por daños y perjuicios. En tal virtud, la sentencia que condena a la reparación del daño consistente en la restitución del inmueble tiene el carácter de pena pública, razón por la cual dicho fallo es un acto que sólo perjudica a las partes que intervinieron en el procedimiento penal, esto es, el inculpado, el Ministerio Público o el ofendido." Por ende, la aquí quejosa Sonia Paulina Estrada González, por propio derecho y como apoderada legal de Sergio Pérez Gaona, NO TIENE LEGITIMACIÓN para promover el presente juicio de amparo como tercera extraña a un procedimiento, al no ser parte en el juicio de donde emanan los actos reclamados, pues en su caso, éstos causan agravio a Ángel Arturo Saucedo y a Genaro Mayen de la O, y al Ministerio Público, quienes sí son parte en el juicio natural, sin que la parte quejosa acreditara en este Juzgado de Distrito comparecer en representación de las personas físicas señaladas. En ese sentido, no se actualizan los supuestos previstos en los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, pues la presente demanda no se promovió por la persona física a la que le afectan los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el numeral 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6 y 10, del mismo ordenamiento legal, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Sonia Paulina Estrada González, por propio derecho y como apoderada legal de Sergio Pérez Gaona. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 2004/2021-QUÁTER, firmado por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, por el cual remite copia certificada de la demanda de amparo que obra dentro del juicio de amparo indirecto 282/2020-II-B de su índice, promovida por Sonia Paulina Estrada González, por su propio derecho y ostentándose como apoderada legal de Sergio Pérez Gaona; lo anterior, en virtud de que por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, ordenó la separación de juicios. En ese sentido, acúsese de recibo correspondiente, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 76/2021-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, previo a determinar si se asume el conocimiento del asunto o no, resulta oportuno en primer orden determinar en qué casos es dable realizar la separación de juicios y los requisitos a seguir para realizarlo, para ello se estima necesario acudir al contenido de la jurisprudencia 76/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, página ciento dieciocho, de rubro y texto siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Así como la jurisprudencia 77/97, visible en la página ciento dieciocho, septiembre de mil novecientos noventa y siete, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor literal: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá." Atento a las jurisprudencias en comento, la separación de juicios en el amparo fue una figura creada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/96, tomando como parámetro la acumulación prevista en el numeral 57 de la ley de la materia abrogada, deduciéndolo en sentido contrario. Ahora, la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente el incidente de acumulación de juicios; sin embargo, de conformidad con su artículo 2°, de la propia ley es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuyo artículo 72 se establece esa acumulación. Así, debe puntualizarse que las jurisprudencias transcritas, como se indicó, derivaron de la contradicción de tesis 6/96, de siete de agosto de mil novecientos noventa y siete, en la que el Pleno del Alto Tribunal consideró: "Ahora bien, en el evento antes señalado (que se hubiere admitido una demanda de amparo en la que se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, o que ello surja durante su trámite con motivo de la rendición de informes justificados), debe decirse que así como la Ley de Amparo regula la acumulación de juicios en las disposiciones legales transcritas, se hace necesario el que se haga una separación de juicios, ya que si bien esta figura no se encuentra regulada de manera específica en dicha ley, el caso es que debe ser incorporada a través de la jurisprudencia. La anterior conclusión induce a los siguientes cuestionamientos: Cómo, cuándo y en qué casos procede la separación de juicios. Esto, sin duda, será posible en todos aquellos casos que no estén contenidos en las dos fracciones que, para la procedencia de la acumulación de juicios, establece el artículo 57 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito se percate, ya durante el trámite del juicio y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, de la existencia de los supuestos para esa separación, lo que implicaría que en tal situación deberá iniciar su trámite, deduciéndolo a contrario sensu de lo que establece el precepto legal citado. Dicha separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional; el trámite deberá ser incidental aplicando, en lo pertinente, los artículos referentes a la acumulación a contrario sensu, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes y a las responsables, aplicándose, por analogía, lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, para conocimiento pleno de lo que resolverá el Juez. Al decretarse la separación, el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que a cada uno corresponda jurídicamente: Si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, del Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente. Esta Suprema Corte de Justicia estima que con lo anterior, en gran medida, se logrará una tramitación más diáfana en los juicios de garantías, que en lo futuro evite el pronunciamiento de fallos complicados y tal vez confusos en su comprensión, no sólo para los efectos de las sentencias que, en su caso, se pronuncien, concediendo el amparo y su cumplimiento, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Todo lo antes mencionado responde, también, a que los tribunales de amparo, por los objetivos que se persiguen, traten de acatar las medidas propuestas, en aras de una adecuada administración de justicia, sirviendo de apoyo al respecto, en lo conducente, el artículo 57 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, pues si bien alude a la acumulación de juicios de amparo, la separación de éstos se impone, en la hipótesis que se analiza, precisamente porque si los actos reclamados en un solo asunto derivan de juicios o procesos diversos, desvinculados entre sí, nunca podrán darse los supuestos de acumulación que establece el último numeral citado, que requieren, como base fundamental, que se trate del mismo acto reclamado, lo que no acontece en la especie." En ese orden, de las jurisprudencias y ejecutoria transcritas se obtiene que para llevar a cabo la separación de juicios se debe realizar lo siguiente: I. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, o desvinculados entre sí, o que ello surja con motivo de la rendición de los informes justificados es necesario que se haga una separación de juicios, a pesar de que no está específicamente regulada en la Ley de Amparo, porque ella debe ser incorporada a través de la jurisprudencia. II. Que la separación de juicios podrá hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. III. Que el trámite de separación de juicios deberá ser vía incidental, aplicando en lo pertinente lo preceptos que regulan la acumulación. IV. Que al resolver sobre la separación de juicios, el Juez de Distrito proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración, ordenando el trato que a cada uno corresponda jurídicamente. En este aspecto, si el juzgador determina que todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, pero si uno de ellos resulta ser competencia de otro órgano jurisdiccional, sea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, le dará el trámite correspondiente. Así, la separación de juicios, el Máximo Tribunal precisó que persigue una tramitación más diáfana en los juicios de amparo, que eviten en lo futuro el pronunciamiento de fallos complicados y tal vez confusos en su comprensión, no sólo para los efectos de las sentencias que, en su caso, se pronuncien, concediendo el amparo y su cumplimiento, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Como se advierte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencialmente determinó la procedencia de la separación de los juicios, así como las reglas para su tramitación y resolución en los juicios de amparo, según lo cual, si en un juicio de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, o bien, si dicha demanda ha sido admitida y durante la tramitación del juicio se advierte esta situación con motivo de los informes justificados, podrá válidamente iniciarse de oficio su separación, desde la etapa de la admisión de demanda y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. En ese contexto, el juez Federal al emitir la resolución incidental correspondiente, necesariamente tendrá que proveer de forma automática la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración, ordenando el trato que a cada uno corresponda jurídicamente y, si uno de ellos resulta ser competencia de otro órgano jurisdiccional, sea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, tendrá que darle el trámite correspondiente; como podría ser, en el último de los casos mencionados, declinar su competencia al que considere competente. Sin embargo, de las constancias que remite el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de México, relativas al juicio de amparo 282/2020-II-B, no se advierte que haya tramitado incidentalmente la separación de juicios que decretó, y que posteriormente, hubiere proveído lo relativo a su competencia para pronunciarse en cada uno de los expedientes que, conforme a la separación de juicios, se hubieran creado, de acuerdo al procedimiento determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.78/97, emitida por el Pleno del Alto Tribunal, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, página ciento diecisiete, del siguiente tenor: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Así las cosas, no obstante que no se tramitó incidentalmente la separación de juicios por parte del homólogo federal, en el juicio de amparo 282/2020-II-B de su índice, este órgano jurisdiccional asume el conocimiento del asunto. Lo anterior, tomando en consideración que el presente juicio de amparo fue turnado a este Juzgado de Distrito en razón de que existe un antecedente previo relacionado con los actos reclamados por la quejosa, de conformidad con el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, es evidente que corresponde a este órgano jurisdiccional conocer sobre los actos que se reclaman, y devolver el presente asunto a efecto de que se tramite el incidente respectivo, dilataría la substanciación de este juicio de control constitucional en agravio de la quejosa. Una vez precisado lo anterior, de un análisis de la demanda de amparo remitida por el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, se advierte que la promovente de amparo manifestó: (.) 5.- ANTECEDENTES. 1. COMO LO JUSTIFICO CON EL PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO INSTRUMENTO NÚMERO, DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES, VOLUMEN NÚMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES DE FECHA 21 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2003, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO NÚMERO NOVENTA Y UNO DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. MARÍA GUADALUPE PÉREZ PALOMINO, LA SUSCRITA SONIA PAULINA ESTRADA GONZÁLEZ ES APODERADA PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO DEL SEÑOR SERGIO PÉREZ GAONA, RESPECTO DEL INMUEBLE DENOMINADO FRACCIÓN RESTANTE DE LA FRACCIÓN TRES RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO UBICADO EN LA EX HACIENDA DE SAN NICOLÁS APAXCO, MUNICIPIO DE JILOTZINGO, MÉXICO, DOCUMENTO QUE SE EXHIBE EN COPIA CERTIFICADA EN EL LEGAJO DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO NUMERO DOS VISIBLE A FOJAS 000016 A 000017 Y VUELTA, EL QUE PIDO SE TENGA A LA VISTA OFRECIDO COMO PRUEBA AL MOMENTO DE RESOLVER LO QUE EN DERECHO PROCEDA. (.) 3. COMO LO JUSTIFICO CON EL CONTRATO DE COMRA-VENTA DE FECHA 24 DE JULIO DE 1997 (RATIFICADO ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CON FECHA 11 DE MARZO DE 1998), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SEÑOR INGENIERO FRANCISCO ROJAS PINEDO QUE VENDE Y POR LA OTRA PARTE LA SUSCRITA SONIA PAULINA ESTRADA GONZÁLEZ QUE COMPRA EL PREDIO DENOMINADO "PAÑO CABEZA" DOCUMENTO QUE EN COPIA CERTIFICADA SE AGREGA EN EL LEGAJO DE DOCUMENTOS QUE COMO ANEXO UNO SE ADJUNTA. Sin embargo, de las actuaciones remitidas por el juzgado oficiante, no se advierten los anexos a que hace referencia la parte quejosa en su escrito de demanda. En esa virtud, previo a acordar lo conducente, mediante atento oficio que al efecto se gire, se solicita de manera respetuosa al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, informe sí las actuaciones que remitió constituyen la totalidad de las constancias que obran en el juicio de amparo 282/2020-II-B, o bien, en caso de no ser así, se sirva ordenar su envío en copia certificada, incluyendo los proveídos en los cuales se realizaron prevenciones a la parte quejosa, pues ellos resultan importantes, para que el suscrito tenga elementos suficientes para emitir el pronunciamiento correspondiente. En tales circunstancias, este juzgado federal se reserva acordar lo relativo a la demanda de amparo promovida por Sonia Paulina Estrada González, por su propio derecho y en su carácter de apoderada legal de Sergio Pérez Gaona, contra actos del Juez Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en el Penal de Barrientos, México, actualmente Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; hasta en tanto, obren en los presentes autos las constancias solicitadas al Juez Federal en cita. En otro orden, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, por así haberlo designado. También, en términos de lo dispuesto por el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere, únicamente para oír y recibir notificaciones, así como imponerse de autos, lo anterior, por así haberlo solicitado la promovente. Se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Germán Jaén León, siendo el número 5553870500, extensión 1384, para la atención del presente asunto, se precisa que el horario de atención vía telefónica es a de las nueve a quince horas, de lunes a viernes. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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