Sonia Pablo Vásquez
Expediente 466/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sonia Pablo Vásquez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio de cuenta firmado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, del que se advierte se declina competencia a este órgano judicial para conocer del juicio de amparo 475/2021, de su índice. En tal circunstancia, toda vez que el suscrito comparte el criterio expuesto, debido a que se actualiza el supuesto de relación previsto en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince, reformado y adicionado por diverso acuerdo general publicado en el mismo medio oficial el catorce de marzo de dos mil dieciséis, se acepta el conocimiento del asunto, acúsese recibo. En consecuencia, vista la demanda de amparo promovida por Sonia Pablo Vásquez, contra actos del juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, y otras autoridades; anótese su ingreso con número registro de este Juzgado 466/2021. Examinada en su integridad la demanda de garantías, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIII, del ordenamiento legal invocado, que estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (.). Para demostrar la citada causa de improcedencia, se trae a colación la información obtenida en las página electrónica http://sise.cjf.gob.mx/Sise/AdministracionDocumentos/AdminDocumentosFE.aspx, relativa al juicio de amparo 787/2020, del índice de este juzgado federal, que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, concatenada con los hechos narrados bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo: En el Juzgado de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, se tramita la causa penal 811/2020, en contra de Jaime Delfino Carreño Santiago, por su probable participación en el hecho que la ley denomina delito de violencia familiar en agravio de Sonia Pablo Vásquez, y sus menores hijas de identidad reservada. En audiencia de ampliación de término constitucional de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se vinculó a proceso a dicho imputado, imponiéndole como medida cautelar la prevista en la fracción IX del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la separación inmediata del domicilio, esto es, la separación de Jaime Delfino Carreño Santiago, de la casa ubicada en Privada Veinticuatro de Febrero, sin número, en la población de Santa Lucia Ocotlán, Oaxaca, y se ordenó la reincorporación a dicho domicilio de Sonia Pablo Vásquez, y sus menores hijas de identidad reservada. Mediante auto de uno de diciembre de dos mil veinte, Delfino Carreño Hernández, padre del imputado, se apersonó en la causa penal, manifestando que no permitiría el ingreso de Sonia Pablo Vásquez, y sus menores hijas al inmueble ubicado en Privada Veinticuatro de Febrero, sin número de la población de Santa Lucia Ocotlán, Oaxaca, ya que era de su propiedad, exhibiendo un instrumento notarial para ese efecto. En proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, la juez responsable tuvo al imputado Jaime Delfino Carreño Santiago, informando la disponibilidad de una diversa vivienda ubicada en calle Progreso sin número, Santa Lucía Ocotlán, Oaxaca, para que habitaran la señora Sonia Pablo Vásquez, y sus menores hijas, con lo que le dio vista a ésta para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. En acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, se tuvo al defensor público manifestando que estaba conforme con el planteamiento del inculpado, en el sentido de permitir que la víctima y sus menores hijas habitaran en el domicilio ubicado en calle Progreso sin número, Santa Lucía Ocotlán, Oaxaca; así también, se tuvo al Agente del Ministerio Público contestando la vista que se le dio, indicando que al entablar comunicación con la víctima (Sonia Pablo Vásquez) ésta no se opuso a que se le proporcionara una vivienda para ella y sus hijas, requiriendo únicamente que estuviera en condiciones óptimas para habitarla. En auto de seis de abril del presente año, la juez responsable proveyó un ocurso presentado por la impetrante del amparo, en la siguiente forma: "811/2020. EN EL PARAJE, COLONIA VISTA HERMOSA, EJUTLA DE CRESPO, OAXACA, SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. Se da cuenta con el escrito signado por la víctima SONIA PABLO VÁSQUEZ, recibido el día de hoy, en atención a su contenido (.) Ahora por lo que hace a la solicitud respecto a que se cumpla con la medida cautelar impuesta al imputado JAIME DELFINO CARREÑO SANTIAGO, consistente en la reincorporación al domicilio ubicado en Privada Veinticuatro de Febrero sin número de la población de Santa Lucia Ocotlán, Oaxaca, dígasele que la misma no es procedente, en virtud de que si bien es cierto mediante audiencia de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veinte, se determinó dicha reincorporación al referido domicilio, lo cierto es también que mediante proveído de fecha uno de diciembre del año dos mil veinte, se recibió un escrito de DELFINO CARREÑO HERNÁNDEZ, persona ajena al procedimiento, quien manifestó oponerse a la ejecución de las medidas cautelares, al ser el propietario de dicho inmueble. Mediante proveído de fecha siete de diciembre del dos mil veinte, se tuvo al imputado JAIME DELFINO CARREÑO SANTIAGO, haciendo del conocimiento la disponibilidad de una vivienda para que habitaran las víctimas, y con el cual se le corrió traslado por el plazo de veinticuatro horas. Es así que mediante proveído de fecha nueve de diciembre del año dos mil veinte, se tuvo al Agente del Ministerio Público adscrito, manifestando haber entablado comunicación con la señora SONIA PABLO VÁSQUEZ, quien le refirió que no se oponía a que se le proporcionara una vivienda para ella y sus hijas, requiriendo únicamente que esté en condiciones óptimas para habitarla; por lo que en ese mismo proveído se determinó dejar insubsistente la medida cautelar prevista en el numeral 155 fracción IX del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el imputado había garantizado un lugar diverso en el cual podrían habitar las víctimas ubicado en la ubicado en la calle Progreso sin número, Santa Lucía Ocotlán, Oaxaca, quedando a cargo del imputado erogar los pagos correspondientes a las rentas mensuales". Conforme lo antes precisado, resulta incuestionable que el auto de seis de abril del año en curso (acto reclamado de acuerdo al análisis integral de la demanda de amparo), a través del cual se negó a la impetrante la ejecución de la medida cautelar impuesta al imputado Jaime Delfino Carreño Santiago, consistente en su reincorporación al domicilio sito en Privada Veinticuatro de Febrero sin número de la población de Santa Lucia Ocotlán, Oaxaca, es una consecuencia directa del acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte (que no impugnó), en el que se tuvo al agente del Ministerio Público contestando la vista que se le dio a la víctima (aquí quejosa), indicando que al entablar comunicación con ésta, no se opuso a que se le proporcionara una vivienda para ella y sus hijas (la diversa ubicada en calle Progreso sin número, Santa Lucía Ocotlán, Oaxaca), requiriendo únicamente que estuviera en condiciones óptimas para habitarla. Por tanto, se cumplen las condiciones que deben satisfacerse para reputar consentido un acto de autoridad, conforme a los criterios que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque éste estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. Se afirma lo anterior, porque desde el momento en que la propia quejosa dijo que aceptaba habitar con sus hijas en la casa propuesta por el imputado (diversa a la que originalmente había determinado la juez responsable en la medida cautelar), dicha expresión constituyó una manifestación de voluntad que entrañó el consentimiento del acto reclamado; de ahí que ahora no pueda alegar que tal decisión le depara perjuicio, pues de haber sido así, tuvo la oportunidad para combatirla en el momento correspondiente, lo que no hizo. Inclusive, en el acuerdo de seis del actual, que ahora pretende impugnar la impetrante del amparo, la juez responsable le volvió a reiterar que en proveído de treinta de diciembre del año pasado, se le hizo de su conocimiento que quedaba expedito su derecho para habitar el inmueble propuesto por el imputado y respecto de lo cual ella ya había expresado su conformidad. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 148/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 174120, de epígrafe y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado". En mérito de las anteriores consideraciones, con apoyo en el numeral 113, de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que proporciona y autorizando en términos del artículo 12 de la ley en cita a Leticia Vianey García Ruiz, y sin esas facultades a las restantes personas. Se ordena dar de alta el usuario SNEIJDER7 para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones. Finalmente, gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, para efectos del registro y compensación correspondiente. NOTIFÍQUESE EN FORMA ELECTRÒNICA.
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