Sonia Ovalle Segura

Expediente 166/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
166/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2021

Partes del expediente

  • Sonia Ovalle Segura

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, por medio del cual informa que aceptó la competencia que se planteó por este órgano federal y, por tanto, se avocó al conocimiento del asunto; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y en su oportunidad archívese el cuadernillo de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente cuaderno carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ..., por derecho propio, contra actos del Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, y otra autoridad; regístrese bajo el número 166/2021-III. Incompetencia legal Por ser un presupuesto procesal, es necesario dilucidar acerca de la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, como lo dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo. La interpretación de dicho precepto normativo permite establecer tres reglas para fijar la competencia de los Juzgados de Distrito cuyo conocimiento les corresponda, que son: La primera determina que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. La segunda indica que cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en otro, será competente cualquiera de dichos jueces, a prevención, esto es, ante el que primero se haya presentado la demanda. Y la tercera regla establece que cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, el suscrito estima que la hipótesis que se actualiza es la precisada en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Del ocurso constitucional, se aprecia que la quejosa Sonia Ovalle Segura se duele, medularmente, del emplazamiento efectuado al juicio de desahucio radicado ante el Juzgado Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, en el que se le ordenó desalojar el inmueble que habita, el cual está ubicado en calle Campeche, número 5, localidad Huitzila, código postal 43820, municipio de Tizayuca, Estado de Hidalgo. Así, de acuerdo con lo narrado en la demanda constitucional, se advierte que la ocursante promovió la demanda de amparo respecto del ilegal emplazamiento y desposeimiento del inmueble que aduce ser poseedora, de modo que, lo que pretende lograr al instar la acción constitucional es que no se ejecute ese mandamiento y no se le prive de los derechos de posesión del referido inmueble que dice habitar. Conforme a lo anterior, debe atenderse al principio de ejecución, que en este caso es el sitio en el que se verificará el acto que realmente puede causar afectación material a la quejosa, esto es, en el municipio de Tizayuca, Estado de Hidalgo. Sustenta esta determinación la tesis III.2o.P.194 P del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que indica: "ORDEN DE DESPOSEIMIENTO DE INMUEBLE. RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA EN SU CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN QUE SE ENCUENTRA EL BIEN, AUNQUE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RESIDAN EN SITIO DISTINTO. La ejecución de una orden de desposeimiento de inmueble es instantánea, toda vez que se consuma en el momento en que la autoridad materialmente limita su posesión a favor del tenedor; luego, si ésta se verifica en el lugar en que se encuentra el inmueble, se surte la competencia legal en favor del Juez de Distrito que tiene jurisdicción en la entidad federativa en que se ubica dicho bien, de conformidad con el primer supuesto a que alude el artículo 36 de la Ley de Amparo, en virtud de que al encontrarse la finca fija en un sitio, ineludiblemente es en éste en donde se ejecuta, sin importar que las autoridades ejecutoras tengan su residencia en distinto Estado de la República, toda vez que su traslado hacia el bien, aunque representa un papel destacado para llevar a cabo el desposeimiento, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse, pues sólo constituye un hecho que sucede en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, la que se materializa de manera instantánea precisamente cuando se realiza el desposeimiento que se impugna, aparte de que el numeral invocado, para fijar la competencia del juicio constitucional, atiende al lugar de ejecución del acto y no al que pertenezcan las responsables encargadas de llevarlo a cabo." De igual forma es ilustrativa la tesis de la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Entonces, si el acto que aquí se reclama tiene como propósito la desposesión del inmueble que refiere habitar la amparista, el cual sí requerirá una ejecución material, será competente el Juez de Distrito del lugar en donde se ejecutará ese acto, esto es, el Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, por ejercer jurisdicción en el municipio de Tizayuca, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Al respecto se invoca la tesis 3a. XVIII/92 de la entonces Tercera Sala del Máximo Tribual del País, que establece: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCION. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCION EN DONDE SE DA TAL EJECUCION. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto." En consecuencia, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Sonia ..., por derecho propio, contra actos del Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, y otra autoridad, por las razones vertidas en párrafos precedentes. Por lo que, previo cuaderno de antecedentes que se forme, envíese el presente sumario y las copias de traslado al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, en turno, a quien se considera legalmente competente para conocer de este asunto, para lo que a bien tenga determinar, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Transparencia Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. Expediente electrónico Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.

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