Sonia Morales Martinez y Otros.

Expediente 189/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
189/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
21/04/2017

Partes del expediente

  • Sonia Morales Martinez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, de lo que se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, en el que se tuvo POR DESECHADA LA DEMANDA DE AMPARO. Por tanto, se declara que QUEDA FIRME el referido auto, causando estado... ...archívese este expediente como asunto totalmente concluido...

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo y anexos que presenta SONIA MORALES MARTÍNEZ, contra actos de la CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE MEXICALI, COMISIÓN ELECTORAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE MEXICALI y JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CHÁVEZ en su calidad de PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ELECTORA DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE MEXICALI, todas con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno con el número 189/2017 y, en atención a su contenido, se provee: En principio debe puntualizarse que el estudio de las causas de improcedencia son de análisis preferente, de tal modo que, previo a la admisión de una demanda de amparo, es obligación del juzgador analizar si la demanda de amparo es procedente o, en su caso, si se actualiza alguna causal que la haga improcedente, pues así lo señala el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." A mayor abundamiento, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, esto es, se tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, pues su existencia es real y probada. En el caso sujeto a estudio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mexicali, Comisión Electoral de la propia Cámara y Presidente de esta última, a quienes se les atribuye los actos reclamados, en el caso concreto, no tienen el carácter de responsables para los efectos del presente juicio de amparo. Es pertinente señalar el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación sistemática de los preceptos invocados se desprende que en el juicio de amparo, la demanda o ampliación de ésta que se promueva debe enderezarse en contra de una autoridad, pero sólo será responsable del acto que viola derecho humanos aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por consiguiente, sólo tienen el carácter de autoridades responsables las que directamente tengan una vinculación con el acto que se les reclama, por lo que si no tienen esa relación es evidente que no pueden ostentarse como responsables y, por ende, el juicio será improcedente. Es importante destacar que, en el juicio de amparo, para que las autoridades, que se señalan como responsables asuman ese carácter, es necesario que tengan imperio, es decir, cuenten con facultades que la ley positiva les otorgue, para poder ordenar y ejecutar actos en el ámbito de sus atribuciones y, por esas funciones encomendadas, violen derechos humanos. De lo anterior, se colige que para que una autoridad tenga el carácter de responsable debe existir una relación de supra a subordinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, registro 161133, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, en el caso concreto el acto reclamado se hace consistir en la negativa ordenada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mexicali, de darle intervención y ejercer su voto en las elecciones de los dirigentes de dicha Cámara, de la cual forma parte al ser comerciante. Se considera que los actos que se reclaman en el presente juicio de garantías no deben ser considerados como actos de autoridad para efectos del amparo, toda vez que la relación entre "CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE MEXICALI CONFEDERADA" y la quejosa se da en un plano de igualdad, de ahí que no puedan ser considerados como de autoridad para la procedencia del juicio de amparo; lo anterior se desprende tanto de los artículos 4 y 9º de la Ley de las Cámaras de Comercio y de la Industria, pues ésta, constituye organismos públicos autónomos, así como una defensa de los intereses comunes de un grupo determinado de comerciantes e industriales y su patrimonio proviene no del Estado, sino de fuentes diversas, entre otras de las aportaciones obligatorias de sus miembros y no encuadran en la estructura orgánica de la administración pública descentralizada, sino que pertenecen al ámbito de los organismos públicos no estatales. Al respecto, los artículos 4 y 9º de la Ley de las Cámaras de Comercio y de la Industria establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 4. Las Cámaras y sus Confederaciones son instituciones de interés público, autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituidas conforme a lo dispuesto en esta Ley y para los fines que ella establece. Las Cámaras estarán conformadas por Comerciantes o Industriales, según lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 2; sus Confederaciones estarán conformadas sólo por Cámaras. Las Cámaras y sus Confederaciones representan, promueven y defienden nacional e internacionalmente las actividades de la industria, el comercio, los servicios y el turismo y colaboran con el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la generación y distribución de la riqueza. Son órganos de consulta y colaboración del Estado. El gobierno deberá consultarlas en todos aquellos asuntos vinculados con las actividades que representan. La actividad de las Cámaras y sus Confederaciones será la propia de su objeto; no tendrán fines de lucro y se abstendrán de realizar actividades religiosas o partidistas. Las entidades extranjeras o binacionales que tengan por objeto igual o semejante al de las Cámaras que se regulan en esta Ley, requerirán autorización de la Secretaría para operar en el territorio nacional y actuarán como asociaciones sujetas al derecho común. "ARTÍCULO 9. Las Confederaciones tendrán por objeto: 1.- Representar los intereses generales de la actividad comercial o industrial, según corresponda; 2.- Agrupar y coordinar los intereses de las Cámaras que las integran coadyuvando a la unión y desarrollo de las mismas; 3.- Desempeñar la función de árbitro en las controversias de sus confederadas, mediante un órgano constituido expresamente para el efecto; 4.- Establecer relaciones de colaboración con instituciones afines del extranjero; 5.- Diseñar conjuntamente con sus confederadas los procedimientos para la autorregulación de niveles de calidad de los servicios que presten las Cámaras, y aplicarlos; 6.- Promover el sano desarrollo de las actividades que representan, procurando elevar la ética empresarial en los negocios; 7.- Proponer a la Secretaría la creación de nuevas Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y de Industria, y 8.- Cumplir con el objeto que esta Ley establece para las Cámaras." En estas condiciones, como se dijo en líneas que anteceden podemos advertir, que en contra del acto negativo atribuido a la CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE MEXICALI CONFEDERADA, no procede el juicio de amparo, pues no se trata de actos de autoridad para efectos del amparo, ya que no actúo investido con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades o particulares, ni en un plano de supra o subordinación, entre gobernante y gobernado, sin corresponder a actos de imperio, sino de un vínculo entre particulares existente entre la peticionaria como comerciante y dicha Cámara como un organismo público autónomo, por cuanto ejerce una función de defensa, coordinación, representación y promoción de los intereses de los sectores económicos determinantes para el comercio; debiendo en todo caso acudir las partes involucradas a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel. Resulta aplicable al caso, la tesis XV.5º.3 K (10ª.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 1500, del tomo II, correspondiente al mes marzo de 2014, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo". Bajo este contexto, al no tener el carácter de responsable la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mexicali, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Sonia Morales Martínez, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5 fracción II, de la Ley de Amparo. También cobra puntual aplicación al caso la tesis PC.III.L. J/5 L (10a)., sostenida por el Pleno en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007580, libro 11, octubre de 2014, tomo II, página 1224, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento". Por otro lado, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones el despacho jurídico ubicado en Avenida de la Patria, 868-C del Centro Cívico y Comercial de esta ciudad; por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ARLETTE ILIANA FUENTES ABASCAL, IVÁN G. FUENTES ABASCAL, EDUARDO MEZA MOLINA y RAMÓN ISAAC CASTRO AGUILAR; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Gabriela Fuentes García. Tomando en consideración el volumen de los anexos que exhibió la promovente con la demanda de amparo; fórmese con ellos el tomo I de pruebas por separado, para un mejor manejo del expediente. De conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, y 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en nueve de mayo de dos mil dieciséis y reformada en veintisiete de enero de dos mil diecisiete; además con las disposiciones aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que, se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicada el seis de febrero de dos mil catorce, en el diario oficial de la federación. Por último, dígase a las partes y sus representantes que en el presente asunto podrán acceder electrónicamente para consultar, presentar recursos y promociones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el -nombre del usuario y surtirá efectos únicamente en el presente expediente, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015.

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