Sonia Medrano Moncada
Expediente 1257/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1257/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sonia Medrano Moncada
- Agente del Ministerio Público Federal Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1257/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta con el pedimento registrado bajo el número 20022 formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. El juez provee: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, con éste dése cuenta en la etapa respectiva del desarrollo de la presente audiencia constitucional. Por otro lado, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia, una vez dictada entréguesele la misma. Enseguida el secretario da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con las documentales que adjuntó a su informe de ley el Presidente de la Junta responsable. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas antes referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos el secretario da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Se tiene por reproducidos los alegatos vertidos por la representante social; asimismo, se tiene por precluido el derecho de las demás partes para formularlos, por lo que se cierra esta etapa. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia, compareció ******************** por conducto de su apoderado ********************, a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, contra el siguiente acto reclamado: - La omisión de dictar laudo dentro el juicio laboral número ********************. Segundo. Por razón de turno, inicialmente, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés ordenó su registro con el número 1252/2023 y en el propio auto, el homólogo en cita planteó el returno del asunto a este juzgado, al estimar actualizado el supuesto previsto en el artículo 46, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -conocimiento previo- atendiendo a que este juzgado conoció del diverso juicio de amparo 243/2020, en el que también se reclamaron actos derivados del expediente laboral ********************. Tercero. En razón de lo expuesto, mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés este órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del asunto, ordenó su registro con el número 1257/2023, lo admitió a trámite, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional y otorgó a la Representación Social de la adscripción la intervención que legalmente le corresponde y se fijó fecha para la audiencia constitucional. Asimismo, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: Primero. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues se reclama un acto omisivo proveniente de una autoridad laboral con sede en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: - La omisión de dictar laudo dentro el juicio laboral número ********************. Tercero. De las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierte que es cierto el acto reclamado las cuales adquieren valor probatorio pleno respecto de los hechos enumerados en su contenido, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, en razón de su naturaleza de públicas. Cuarto. Sin que se haya hecho valer por las partes, ni este juzgado advertir de oficio alguna causa de improcedencia del juicio, se procede al análisis del concepto de violación que hizo valer la parte quejosa, el cual consta en su escrito inicial de demanda, mismo que no se transcribe por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios de amparo, ni por existir precepto legal alguno que establezca dicha obligación, además, de que con esa omisión, no se deja en estado de indefensión a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del Tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2010, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Quinto. La parte peticionaria de amparo en el planteamiento formulado básicamente argumentó que la Junta responsable vulnera el contenido del artículo 17 Constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es esencialmente fundado el concepto de violación. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que desde el catorce de octubre de dos mil veintidós, se dejaron los autos para emitir el laudo correspondiente, sin que a la fecha se haya emitido el mismo. Lo anterior revela que, como lo sostiene la parte quejosa, la omisión de la junta responsable vulnera en su perjuicio el artículo 17 Constitucional, pues al no dictar el laudo respectivo generó un retardo o dilación en el dictado del laudo. En efecto, el artículo 17 Constitucional consagra la seguridad jurídica, al disponer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Conforme a dicho precepto, las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales están obligadas a impartir justicia pronta, lo cual implica resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la prontitud en la impartición de justicia comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva que dirima la controversia y que tales principios generales, aplicados a la materia laboral, se deben entender referidos al juicio laboral y al laudo. Asimismo, el máximo tribunal del país se ha pronunciado en el sentido de que en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. En la especie, el acto reclamado deriva de un juicio laboral, por lo que a efecto de determinar si la omisión de la autoridad responsable origina un retardo o dilación en el procedimiento se debe analizar lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo respecto de los términos y plazos para que la junta realice determinados actos procesales. Al respecto, los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo disponen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar de oficio declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo que deberá contener: (.) ". Artículo 886. Del proyecto del laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta con citación a las partes, señalará en su caso, día y hora para el desahogo, dentro del término de ocho días, (.)" Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior (.) el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan transcurrido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Por su parte, el artículo 889 de la Ley Federal del Trabajo establece: Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." En esas condiciones, resulta indudable que la autoridad responsable vulnera los derechos de la parte quejosa, dado que en su calidad de junta responsable de la administración de justicia en materia laboral, debe acatar lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo; pues si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado en la solución de las controversias sometidas a su conocimiento; y de actualizarse dicho retardo, se configura la violación al derecho previsto en el citado precepto constitucional. Ello, aun cuando en el fondo del asunto llegare a emitirse laudo favorable a los intereses de la quejosa, pues aun así, no podrá remediarse la violación del derecho ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. En consecuencia, al estar demostrada la violación de garantías aducida, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sexto. Efectos de la concesión de amparo. En función de lo anterior, de conformidad con el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia o ésta sea confirmada por un tribunal superior, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dé cumplimiento con lo siguiente: a) De acuerdo los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, ordene entregar copia del proyecto de laudo a los miembros de la junta responsable; b) De no solicitar la práctica de otras diligencias dentro del plazo de cinco días, citar a los miembros de la junta para la discusión y votación del proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes; y, c) Una vez aprobado el proyecto, elevarlo a la categoría de laudo y firmarlo de inmediato, mandando notificar a las partes. Sin que pase desapercibido, para este órgano jurisdiccional que la reforma publicada el uno de mayo de dos mil diecinueve, derogó entre otros los artículos 885, 886, 887 y 889, pues en términos del artículo 7° transitorio los procedimientos que a la fecha se encuentren en trámite ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán resueltos de conformidad a las disposiciones vigentes al momento de que iniciaron. Lo anterior, tomando en cuenta que la concesión del amparo abarca únicamente la dilación a estudio en el presente juicio y no respecto de aquellas futuras o inciertas que lleguen a surgir en el procedimiento, toda vez que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, existe jurisprudencia obligatoria aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. Por las razones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que no acepta la competencia planteada por este juzgado y remite los autos originales del juicio de amparo 706/2023, así como un tomo de pruebas. Ahora bien, de la resolución de veintisiete de septiembre del presente año, este Juzgado Federal, declaró carecer de competencia legal para seguir conociendo del juicio de amparo 730/2023, promovido por Dulce Iveth Verduzco López, por su propio derecho y en su carácter de representante de sus menores hijos Heriberto y Emmanuel de apellidos Fernández Verduzco, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán. Por su parte, la autoridad remitente no aceptó la competencia declinada en su favor, pues al efecto argumentó medularmente que no acepta la competencia planteada, y que corresponde a este juzgado por razón de territorio, por tener su residencia la autoridad responsable en la ciudad de Zamora, Michoacán, y por lo tanto, el acto reclamado no conlleva ejecución material, en tanto, no trasciende a la esfera materia, ni al mundo factico, pues su impacto es meramente declarativo, dado que tiene únicamente como finalidad allegarse de información para con ello estar en condiciones de decretar las convivencias que fueron solicitadas por la quejosa (demandada en juicio de origen). Por las razones que preceden, este juzgado de Distrito no comparte los argumentos expuestos por la Jueza requerida para rehusar la declinatoria, pues se insiste en que este Órgano de Control Constitucional carece de competencia para conocer del juicio de garantías y que ello corresponde al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, Michoacán, que por razón de turno le correspondió, por las razones que sostuvo este juzgado mediante resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, las que se dan por reproducidas como si a la letra se insertaran en obvio de incurrir en repeticiones innecesarias. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, tercer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el punto quinto, fracción II, del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorga facultades a los Tribunales Colegiados de Circuito, para resolver asuntos que versen sobre la competencia originaria de esa Suprema Corte, remítanse los autos del presente juicio de amparo al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que tenga a bien resolver lo conducente, en relación con la incompetencia planteada por este juzgado. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a foja 1722, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES DE DISTINTA JURISDICCIÓN ORDINARIA. LA COMPETENCIA PARA RESOLVERLO RADICA EN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE EL ÓRGANO QUE PREVINO". Déjese copia certificada del presente proveído en el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase a la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, informando las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de diez días, contado a partir de su legal notificación, remita las constancias de las que se advierta que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto. Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado, informa que efectuó la compensación de cargas en el sistema de turno relativo al juicio de amparo en que se actúa, quedando asentada en dicho sistema con el número 20230869031907659 rubro de Amparo indirecto y contabilizada a favor de este órgano jurisdiccional, lo que acredita con la papeleta de turno que anexa al ocurso de cuenta, la cual se ordena glosar al inicio del presente expediente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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