Sonia Márquez Santos y Otros.
Expediente 1443/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1443/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sonia Márquez Santos y Otros.
- Sonia Márquez Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación precitada; como no se interpuso recurso de revisión dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho proveído ha quedado firme. Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta; archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
...Visto el estado de autos, así como, de la lectura integral de la demanda de garantías, se obtiene que los quejosos 1.- ***; 2.- ***; 3.- **+; 4.- *** y 5.- ***, reclaman lo siguiente: La resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 50/2021 del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la que se declaró la caducidad de la segunda instancia contra el proveído apelado de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve dictado por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por inactividad procesal. Ahora bien, una vez analizado el contenido íntegro de las constancias que integran el presente juicio de amparo, este juzgador advierte que respecto a la resolución reclamada se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En relación con el principio de definitividad existen los criterios siguientes, que no contravienen a la nueva Ley de Amparo: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procésales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". (Tesis XIX.2º.13K, publicada a página 340, Tomo III, Enero 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por autoridades de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda recurso alguno o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados; y que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios cuando el acto que se reclame, se trate de aquellos que: a) Importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, c) Se trate de persona extraña al procedimiento. El principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia civil encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Al respecto, los artículos 127 Bis, fracción X, y 668 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, establecen lo siguiente: "Artículo 127 Bis.- La caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde el emplazamiento hasta antes de la citación para sentencia, si transcurridos ciento ochenta días, incluyendo los inhábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del último acuerdo judicial, no hubiere promoción por escrito de cualquiera de las partes, necesaria para impulsar el procedimiento, los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las siguientes normas: (.). X. Contra la declaración de caducidad se da solo el recurso de revocación en los juicios que no admiten apelación. En los juicios que admiten la alzada cabe la apelación en ambos efectos. Si la declaratoria se hace en segunda instancia se admitirá la reposición. En estos casos se admitirá únicamente la prueba documental y la de inspección judicial. Contra la negativa a la declaración de caducidad en los juicios que igualmente admitan la alzada, cabe la apelación en el efecto devolutivo. (.)". "Artículo 668. De los decretos y autos dictado por el Presidente de la Sala, aún de aquéllos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición que se interpondrá y substanciará en el mismo plazo y forma que la revocación. (.)". De la interpertración del primer precepto transcrito, en la parte relativa que nos interesa, se obtiene que en contra de la declaratoria de la caducidad de la segunda instancia, procede el recurso de reposición. A su vez, el segundo ordenamiento dispone que contra los decretos y autos dictados por el Presidente de la Sala del Tribunal Superior de Justicia, podrá pedirse la reposición, la cual se interpondrá y sustanciará en el mismo plazo y forma que el recurso de revocación. Como se indicó al inicio del presente proveído, los impetrantes se duelen de la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 50/2021 del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la que se declaró la caducidad de la segunda instancia contra el proveído apelado de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve dictado por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por inactividad procesal. En este caso, si los solicitantes de amparo están disconformes con la determinación de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno en la que los integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, declararon la caducidad de la segunda instancia contra el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve dictado por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el juicio de origen 11/2018; se encuentran en aptitud de hacer valer el recurso de reposición previsto en los artículos 127 Bis, fracción X, y 668 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de garantías los peticionarios de amparo tienen la obligación procesal de interponer el recurso de que se trata contra la determinación emitida en segunda instancia, pues con ese medio ordinario de defensa podrían obtener resolución favorable a sus intereses. Al caso cobra aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 85/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "REPOSICIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DECLARA DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/2002). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decide interrumpir la tesis jurisprudencial 1a./J. 14/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 357, de rubro: "REPOSICIÓN. ES IMPROCEDENTE ESTE RECURSO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR DESIERTO EL DIVERSO DE APELACIÓN Y, POR TANTO EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).", toda vez que de la interpretación literal del artículo 662 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, de similar contenido al artículo 668 del Código adjetivo civil del Estado de Oaxaca, se advierte que el recurso de reposición procede contra cualquier decreto o auto dictado por el tribunal superior, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia; por lo que si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales sin establecer excepciones basadas en la clase o efectos de los combatidos, aquélla no puede interpretarse en contrario. En congruencia con lo anterior, se concluye que contra el auto que tiene por desierto el recurso de apelación procede el de reposición previsto en el mencionado artículo 662, ya que la legislación procesal en cita no establece expresamente la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual puedan combatirse, ni mucho menos que tal resolución no sea recurrible, sino que el citado numeral dispone en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente a la determinación que declara desierta la apelación, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo". A mayor abundamiento, se estima que la determinación reclamada en esta instancia constitucional, no afecta los derechos sustantivos de quejosos, pues a través de la determinación reclamada la autoridad responsable declaró la caducidad de la segunda instancia relativo al recurso de apelación interpuesto por imperantes de amparo, que a su vez hicieron valer contra el proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve dictado por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el que dicho órgano procedió a realizar la calificación de diversas pruebas ofrecidas en el expediente de origen. De ahí que, la Ley de Amparo limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". Lo anterior, conforme al contenido de las tesis siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo" (Tesis P. LVII/2004, página 9, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época). "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio". (Tesis P. LVIII/2004, página 10, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época). Ahora bien, no es impedimento para resolver en el juicio, el hecho de que a la presente data, no se haya emplazado a juicio a la tercera interesada Margarita Antonia Ramírez Mendoza, habida razón que la presente determinación no le causa perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 349, Tomo VI, Parte SCJN, del Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, del rubro y contenido siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada". Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia analizada; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia. Tiene aplicación, por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación)." Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta, para los efectos conducentes. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Incidental
"... S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a 1.- ******; 2.- *******; 3.- *******; 4.- ****** y 5.- *****, la suspensión definitiva solicitada, en términos de las consideraciones tercera y cuarta de esta interlocutoria. SEGUNDO..."
- Incidental
"... Agréguese el oficio del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con el cual, rinde informe previo, negando el acto que se le reclama; por tanto, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Finalmente, se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta, para los efectos conducentes..."
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