Sonia Marisol Hernandez Moreno
Expediente 1538/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1538/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Sonia Marisol Hernandez Moreno
Actuaciones
- Principal
...Vista la constancia actuarial que antecede, de veintinueve de julio del año en curso, se advierte que las directas quejosas Sonia Marisol Hernández Moreno y Xiomara Guadalupe Cruz Hernández, manifestaron que no es su deseo ratificar la demanda promovida a su favor. Atendiendo a lo citado en el párrafo que antecede, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de garantías promovida por Claudio Cárdenas del Ángel, en favor de las antes nombradas. Hágase las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y dése noticia de ello en la estadística. Notifíquese, y personalmente al promovente.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Claudio Cárdenas del Ángel, en favor de Sonia Marisol Hernández Moreno y Xiomara Guadalupe Cruz Hernández, contra actos del Representante en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1538/2022-M, que por razón de turno le corresponde, y fórmese expediente. Ahora bien, de la demanda se advierte que la parte quejosa se encuentra en alojamiento en la Estación Migratoria en Reynosa, Tamaulipas del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta localidad, y como actos reclamados la privación de la libertad, incomunicación, negativa a que sean asistidas jurídicamente y deportación del país, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Atento a ello, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo, tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. De ahí que debe tomarse en cuenta el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que esencialmente prevé las Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención, Excepcionalidad de la detención, Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad, Verificación de las condiciones de la detención y la Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria. Asimismo, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del Estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el Estado Mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Por ello, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que el Delegado Local de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, de no existir causa legal diversa que lo impida, no ejecute en agravio de las quejosas, la privación de la libertad, deportación del país y cesen los actos de incomunicación; asimismo, instruya la inmediata libertad de Sonia Marisol Hernández Moreno y Xiomara Guadalupe Cruz Hernández, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando satisfagan los supuestos para tal medida ante la autoridad migratoria, mismos que enseguida se disponen: a) Deberán establecer domicilio o lugar en el que permanecerán y no se ausentarán sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sean requeridas para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Requisitos que deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 3551, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Materias Común y Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2016412, del rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Ello no implica que las quejosas puedan circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; luego, la medida cautelar únicamente permite a las agraviadas circular en esta localidad. Sin que se les requiera garantía alguna, dada su calidad migratoria. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si las quejosas no acreditan que iniciaron individualmente el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrán ser detenidas por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. La autoridad responsable deberá informar inmediatamente el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrá hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 899-926-5163, de lo contrario, se les requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo, además, hacer del conocimiento de las quejosas, el derecho que tienen de comunicarse de inmediato con quien estimen conveniente, y se les permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J. 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 170578, del título: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." Se comisiona a uno de los Actuarios adscritos para que se constituya en el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta localidad, con el propósito de que verifique si en dicho lugar permanecen Sonia Marisol Hernández Moreno y Xiomara Guadalupe Cruz Hernández; asimismo, les notifique personalmente el presente proveído y certifique el estado físico en que se encuentran, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, las requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado, en el caso de no estar ahí, se presenten al local de este órgano de control constitucional y manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias decretadas. En el caso de que las quejosas hubiesen sido puestas a disposición de una autoridad distinta a las señaladas como responsables, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentren, para hacerles saber la suspensión concedida en su favor; asimismo, deberán requerirles para que manifiesten si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición en su caso, se encuentren; asimismo, de ser ese supuesto, procédase a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Se instruye a los Actuarios Judiciales adscritos, para que a fin de realizar la notificación respectiva, y en caso que los quejosos no entiendan el idioma español, se auxilie de algún intérprete a efecto de que aquéllos entiendan y comprendan lo que se les está haciendo de su conocimiento. En cuanto a lo principal, se reserva fijar fecha para la audiencia constitucional y pedir informe justificado a la autoridad responsable, asimismo, respecto a la apertura del incidente de suspensión solicitado, hasta que la demanda de mérito sea ratificada. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Ello, además, acorde a la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se otorga a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico solicitado, con el nombre de usuario licClaudio y el correo electrónico c_cda@icloud.com, por lo que se comisiona al Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones administrativas tendientes a dar cumplimiento a esta determinación; en el entendido que el promovente señaló este medio para oír y recibir notificaciones, así como presentar promociones. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a la autoridad señalada como responsable, mediante el oficio que se gire, deberán verificar si la denominación con que fue señalada es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberán recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a los quejosos y no dejarlos en estado de indefensión. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado a firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, éste puede tener conocimiento de la determinación respectiva.Notifíquese, y personalmente a las directas quejosas. Así lo proveyó y firma Iris Ileana de León Martínez, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho por vacaciones del Juez, en términos del oficio CCJ/ST/2883/2022, de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario que autoriza y da fe.
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