Sonia Maribel Wilson Mendez

Expediente 1091/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1091/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2017

Partes del expediente

  • Sonia Maribel Wilson Mendez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de octubre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio remitido vía fax proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Atento a su contenido, se tiene a la autoridad oficiante acusando recibo de los autos originales del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes, e informando que aceptó la competencia planteada registrándolo con el número 1651/2017. Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia por desahogar, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ***, por propio derecho, mediante el cual en cumplimiento a la prevención formulada en auto de seis de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 21 a 24), manifiesta que únicamente señala como actos reclamados y autoridades responsables a las enunciadas en su escrito inicial de demanda. Por lo anterior se provee: INCOMPETENCIA Toda vez que la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Al respecto, de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo , se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo, ello de acuerdo a la tesis 3a. XLIX/93 , sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: i. Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la orden de descuento al salario del provomente y su ejecución. El citado acto reclamado, al tratarse de un mandato de descuento salarial derivado de la compatibilidad de pensiones, compete al Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, esto es en el lugar donde se ubique el domicilio del quejoso ordenado para el cobro de la pensión cuyo descuentos se reclama, ubicado en Mapastepec, Chiapas, según se advierte de la Concesión de pensión a favor de la quejosa (foja 15) y se confirma con el código postal referido en el Comprobante de pago de pensión (foja 14) donde se advierte que el código postal del lugar de pago es el 30560, relativo al municipio de Mapastepec, Chiapas. Por consiguiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para seguir conociendo del presente asunto y resolverlo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en Turno, con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejercen competencia los órganos de control constitucional en donde el acto reclamado se haya ejecutado. Sirve de apoyo al criterio por analogía la jurisprudencia PC.V. J/9 K (10a.) emitida por el Pleno del Quinto Circuito , de rubro y texto: PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO. El artículo citado, derogado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 2015, establece que quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. Ahora bien, si en el juicio de amparo se impugna ese precepto con motivo de su aplicación, consistente en el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", efectuado por el director general de dicho instituto, ese acto se traduce en el pago reducido en la pensión, ya que tiene como consecuencia privar a los pensionados del ejercicio del derecho de disfrutar de ésta de manera completa; es decir, la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B reclamado, afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida; y esa afectación se materializa en el domicilio de éste, toda vez que, de la interpretación conjunta de los artículos 87 de la mencionada legislación; y 23 a 25, 67 y 72 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidencia que aquél es el lugar donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la aplicación del citado artículo 60 Bis B, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en que se ubique el domicilio del quejoso pensionado. Tal criterio es acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados. En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; a quien se considera competente para conocer del asunto, dado que como se adelantó, el lugar donde se trata de ejecutar el acto reclamado -orden de descuento salarial y su ejecución- , se encuentra dentro de los límites territoriales donde aquel juzgado de distrito ejerce jurisdicción, a saber, en Mapastepec, Chiapas. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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