Sonia López Soto
Expediente 1180/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1180/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Sonia López Soto
Actuaciones
- Principal
... promueve juicio de amparo contra actos del... se concluye respetuosamente que este juicio de amparo indirecto es improcedente, porque la parte quejosa antes de acudir a la instancia de amparo, debió agotar el juicio contencioso administrativo, el cual resulta idóneo para combatir la determinación reclamada, debido a que es necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes, a efecto de que ante la potestad común o federal puedan tener remedio, salvo que el acto, por su propia naturaleza, encuadre por sí mismo, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad, lo que en el presente asunto no acontece... debido a que la resolución administrativa reclamada se ubica en la hipótesis de procedencia de asuntos de competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque se trata de una determinación en materia de pensiones, donde un gobernado solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ajuste de la pensión por jubilación... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se faculta como autorizados... a... debido a que cuentan con su cédulas profesionales registradas... se autorizan para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las restantes personas por no contar con dicho registro... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos del Encargado de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese el juicio de amparo con el número 1180/2019. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, como se expone a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme con las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme con las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De acuerdo con la disposición transcrita, antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el promovente debe agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, siempre que conforme con las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley, ya que dada su naturaleza extraordinaria, el juicio de amparo solamente procede excepcionalmente contra actos revisados a través de los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos. Lo anterior, salvo los casos de excepción expresamente previstos, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución y cuando la legislación que rige el recurso o medio de defensa ordinario impone mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado. En otro aspecto, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece: Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Del artículo citado se advierte que es procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, respecto de resoluciones relativas a pensiones civiles con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por lo tanto, el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad del acto, debido a que la citada causa de improcedencia atiende la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad pueda ser modificado, revocado o nulificado, de manera que el juicio de amparo quede reservado, como un medio extraordinario de defensa, a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos judiciales de la Federación. Asimismo, debe destacarse que el establecimiento de los medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, pues el legislador secundario cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular; por tanto, será suficiente que los citados medios de defensa o recursos estén previstos en alguno de los ordenamientos legales que regulen el acto reclamado, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Tiene aplicación la tesis siguiente: Localización: No. Registro: 193141 Novena Época Tipo de tesis: Jurisprudencia Materia: Común Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Octubre de 1999 Tesis: 2a./J. 116/99 Página: 447 RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO. Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. HECHOS Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado por la promovente consiste en: El oficio *** de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, signado por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual le negó a la promovente el pago en salarios mínimos de su pensión por jubilación. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que este juicio de amparo indirecto es improcedente, porque la parte quejosa antes de acudir a la instancia de amparo, debió agotar el juicio contencioso administrativo, el cual resulta idóneo para combatir la determinación reclamada, debido a que es necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes, a efecto de que ante la potestad común o federal puedan tener remedio, salvo que el acto, por su propia naturaleza, encuadre por sí mismo, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad, lo que en el presente asunto no acontece. Lo anterior es así, debido a que la resolución administrativa reclamada se ubica en la hipótesis de procedencia de asuntos de competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque se trata de una determinación en materia de pensiones, donde un gobernado solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ajuste de la pensión por jubilación. Con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA. Resultan aplicables las tesis siguientes: Localización: Época: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia: Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Localización: Época: Décima Época Registro: 2018359 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 60, Noviembre de 2018 Materia: Común, Administrativa Tesis: XXVI. J/1 (10a) Página: 2105 RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO QUE DETERMINA EL RÉGIMEN PENSIONARIO EN QUE SE UBICA UN SERVIDOR PÚBLICO. ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, PREVIO A PROMOVER EL AMPARO. Conforme al artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este órgano está facultado legalmente para resolver los conflictos y controversias que se susciten en materia de pensiones civiles, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En esas condiciones, la resolución de ese organismo que determina el régimen pensionario en que se ubica un servidor público, es un acto de autoridad impugnable en el juicio contencioso administrativo federal, previo a promover el amparo, con la salvedad de que no será obligatorio agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad, conforme a la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, la resolución definitiva, para efectos de su impugnación en sede jurisdiccional, será aquella que recaiga a la instancia o solicitud de revisión formulada por el trabajador. Localización: Época: Novena Época Registro: 177279 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Septiembre de 2005 Materia: Administrativa Tesis: 2a./J. 111/2005 Página: 326 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones, resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN, para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones órdenes mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva. Localización: Registro No. 2017685 Décima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I Tesis: 2a./J. 84/2018 (10a) Tipo de tesis: Jurisprudencia Materia: Administrativa JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2, 3, 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 10, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, debido a que cuentan con su cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, asimismo, se autorizan para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las restantes personas por no contar con dicho registro. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo.
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