Sonia Lizbeth Rios Lizárraga

Expediente 189/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 20 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
189/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • SONIA LIZBETH RIOS LIZÁRRAGA y Otros.
  • L.M.M.R, E.L.M.R y M.G.M.R . .
  • L.M.M.R, E.L.M.R y M.G.M.R . . y Otros.
  • Sonia Lizbeth Rios Lizárraga
  • Jose Tomas Muñoz Quiñonez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de los que se obtiene que se ordenó el archivo del juicio de amparo 189/2022, del que deriva el incidente en que se actúa y, que en dichos cuadernos incidentales, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, el cuaderno original del incidente de suspensión es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo. De igual forma, en atención al diverso numeral 20, fracción II, inciso a), del citado ordenamiento, el duplicado del incidente en mención deberá ser destruido, una vez que cuente con más de seis meses de haberse ordenado el archivo del juicio de amparo indirecto del que éste deriva.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la promovente y tercero interesado recurrió el auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia, dentro del término previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo, considerando que éste fue notificado el dieciséis de los citados mes y año, quedando comprendido dicho plazo de veintiséis siguiente al dieciséis de los cursantes; en consecuencia, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, el sumario en que se actúa es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, al haberse concedido el amparo solicitado. Por otro lado, advirtiéndose que el cuaderno relativo a la suspensión del acto reclamado en este asunto se ubica en la hipótesis contenida en el inciso a) de la fracción I del artículo 18 del ordenamiento invocado en el párrafo anterior, realícese su valoración documental conforme a los lineamientos contenidos en dicho cuerpo normativo. Finalmente, téngase recibido el oficio 3284/2022, signado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido y a lo acordado en proveído de ocho de agosto del año en curso, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda.

  3. Principal

    Téngase recibido el escrito signado por el tercero interesado José Tomas Muñoz Quiñonez; a través del cual solicita se apliquen diversas medidas de apremio contra la quejosa en virtud de su oposición para permitirle la convivencia con sus menores hijas. En atención a su contenido, hágase saber al ocursante que este juzgado carece de facultades para imponer las sanciones que refiere, en virtud de que se trata de acciones derivadas de la causa familiar de origen y es potestad exclusiva del juez primario establecer las condiciones que estime pertinentes sobre el particular; a lo que se suma el hecho de que la suspensión concedida en el incidente derivado de este juicio ya no está surtiendo sus efectos.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, de los que se advierte que el treinta de junio de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual concluyó con sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Sonia Lizbeth Ríos Lizárraga y las menores de edad de iniciales L.M.M.R., E.L.M.R. y M.G.M.R. Mediante oficio 2616/2022, signado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, recibido en proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, comunicó la manera en que dio cumplimiento al aludido fallo. En auto de veinte de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se dio vista a las partes para que en el término de tres días formularan las manifestaciones pertinentes, quienes realizaron diversos argumentos de inconformidad sobre el particular. Ahora bien, se aprecia que los efectos del fallo protector y la manera en que la responsable dio cumplimiento a éste, se realizó de la siguiente manera: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Consecuentemente, al haber quedado evidenciada la violación cometida en perjuicio de las menores de edad de iniciales L.M.M.R., E.L.M.R. y M.G.M.R., en términos de lo previsto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es restituirlas en el pleno goce de sus derechos violados; por ende, la protección constitucional tendrá por efecto que la autoridad responsable deje sin efectos el acuerdo dictado el tres de marzo del año en curso, en los autos del juicio sumario familiar de custodia 2126/2021 y sus acumulados 2275/2021 y 2464/2021, de su índice y: a) Garantizando todos los protocolos sanitarios, y apoyada por el equipo profesional en la materia, psicólogo, secretario del juzgado y el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito, señale fecha y hora en un plazo que no exceda de diez días para que escuche en audiencia privada el sentir de las menores de edad involucradas. b) Con base en ello, evalúe su particular situación dentro de la dinámica familiar que enfrentan ante la separación de sus padres, y descubra si en su entorno familiar existen circunstancias que las pongan en peligro por el posible consumo de drogas en el hogar de su progenitor. c) Una vez que obtenga el resultado de dicha evaluación, concatenado con las circunstancias de hecho que obran en autos, deberá emitir una resolución debidamente fundada y motivada, donde decrete objetivamente si la convivencia provisional de las menores con su progenitor deber ser amplia, supervisada o restringida." De igual manera, en la parte toral de la ejecutoria constitucional en cita, se estableció lo siguiente: "Todo lo anterior, revela que la responsable no fue exhaustiva al momento de decretar la medida provisional de convivencia en los términos en que lo hizo, ya que previo a ordenar la convivencia de las menores de edad en cuestión con su progenitor, es decir, los días sábado de las dieciséis a las dieciocho horas, debió agotar los mecanismos que imponen los artículos 187 y 354 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. Esto es, apoyada por el equipo profesional en la materia, psicólogo, secretario del juzgado y el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito, escuchar el sentir de las menores de edad involucradas y, con base en ello, evaluar su particular situación dentro de la dinámica familiar que enfrentan ante la separación de sus padres, descubrir si en su entorno familiar existen circunstancias que las pongan en peligro por el posible consumo de drogas en el hogar de su progenitor. Lo anterior, a fin de establecer de manera objetiva si el desarrollo de dicha convivencia sin supervisión podría ser nocivo para dichas infantes. Más aún, si en el caso no se aprecia la existencia de elementos veraces y objetivos que hagan suponer que la medida de convivencia provisional no pueda resultar perjudicial a las menores de edad involucradas, por la existencia de causas de adicciones en su entorno que pongan en peligro su integridad física o emocional, caso este último en el que podría justificarse en cierta forma la restricción al expresado derecho. Aunado a ello, no debe perderse de vista que en autos existe una manifestación expresa del progenitor de las niñas en el sentido de que decidió quitarle a la quejosa Sonia Lizbeth Ríos Lizárraga a sus hijas y tenerlas a su lado; lo que dio lugar incluso a ordenar una diligencia de restitución con la intervención de las autoridades competentes. De manera que, la juzgadora debe evaluar todas esas circunstancias de hecho al momento de determinar los mecanismos idóneos sobre los cuales habrá de desarrollarse la convivencia de las menores de edad de iniciales L.M.M.R., E.L.M.R. y M.G.M.R. con su progenitor José Tomas Muños Quiñonez." Y en cumplimiento a la sentencia de amparo, el juez de la causa emitió un proveído el doce de julio de dos mil veintidós, en la que: a) Dejó sin efectos el acuerdo dictado el tres de marzo del año en curso, en los autos del juicio sumario familiar de custodia 2126/2021 y sus acumulados 2275/2021 y 2464/2021, de su índice. b) Precisó que en diligencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, escuchó el sentir de las menores, de la que obtuvo que no existe ningún indicio que ponga en peligro a las menores de edad para convivir con su progenitor y, por el contrario, pondera el derecho de las citadas infantes para tal efecto. c) Por consiguiente, decretó que la convivencia entre L.M.M.R., E.L.M.R. y M.G.M.R. con su progenitor José Tomas Muños Quiñonez, debe realizarse de las dieciséis horas del sábado a las dieciocho horas del domingo, de cada semana, quienes deberán ser entregadas y devueltas en el domicilio señalado por la madre custodia Sonia Lizbeth Ríos Cárdenas (sic). Cabe precisar que, si bien este juzgado no tuvo conocimiento de la existencia de la audiencia privada de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, porque no se comunicó dicha circunstancia en el informe justificado, ni el juzgador responsable apoyó la resolución materia de reclamo en la citada diligencia y menos aún acompañó constancia que revelara dicha circunstancia; es suficiente para quien esto emite el hecho de que en el auto de doce de julio de dos mil veintidós, el citado juzgador obtuvo de manera objetiva los datos necesarios para establecer la procedencia de la convivencia provisional de las menores de edad con su progenitor, en los términos en que lo hizo. Ello es así, considerando que en la ejecutoria de amparo, este órgano fue puntual al establecer que la convivencia de los menores de edad con sus padres permite su sano desarrollo, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con éstos a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen, favoreciendo así su desarrollo normal dentro de su entorno en atención a sus capacidades físicas y emocionales. Y si se considera que la sociedad ha manifestado su permanente interés en que se proporcionen a los niños los satisfactores, cuidados y la asistencia necesarios para lograr su crecimiento y desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, por lo que, si el interés superior tutelado por distintas normas jurídicas de orden público radica en dirigir todas las acciones, programas y decisiones de las autoridades y de los gobernados inclusive, en pro del bienestar y mejor desarrollo familiar y social de la niñez, es inconcuso que el suscrito para conocer y decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados en el presente juicio de amparo, debe obrar en igual sentido. De manera que, se depositó en el juez familiar la plenitud de jurisdicción para apreciar el sentir de las menores previo a emitir la resolución de convivencia provisional, lo que en la especie ya ocurrió. Ahora bien, no es inadvertido al suscrito el hecho de que en la resolución de referencia el juez responsable incurrió en diversas incongruencia al referirse a la madre custodia como Sonia Lizbeth Ríos Cárdenas (sic) y al padre de las menores como Marcial Aaron Hubard Rentería (sic), siendo sus nombres correctos Sonia Lizbeth Ríos Lizárraga y José Tomás Muñoz Quiñonez; sin embargo, ello no constituye una circunstancia que amerite declarar incumplido el fallo protector, en la medida de que las partes pueden solicitar ante el juez del conocimiento que clarifique dicha circunstancia sin invalidar lo ahí determinado. Por consiguiente, se declara cumplida la sentencia acorde a lo establecido en el numeral 196 de la Ley de Amparo, sin exceso ni defecto.

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