Sonia Liliana Millán Delgado

Expediente 1840/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1840/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
19/01/2023

Partes del expediente

  • Sonia Liliana Millán Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso a) y d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el diverso 8.1.2 apartado 1 y 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental; asimismo, es susceptible de destrucción el original del incidente de suspensión, en el que se declaró sin materia dicho incidente. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable, el anexo certificado que remitió al rendir su informe justificado, sin que resulte necesario solicitar acuse de recibo en virtud de que son copias certificadas.

  2. Principal

    Sentencia: Mediante la que se resuelve el juicio de amparo 1840/2022-IV-A; promovido por Sonia Liliana Millán Delgado, por conducto de su apoderado legal Enrique León Garcés; y, Resultando: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México; Sonia Liliana Millán Delgado, por conducto de su apoderado legal Enrique León Garcés, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad responsable siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (.). IV.- ACTOS RECLAMADOS: Lo constituye el acuerdo dictado de fecha 28 de Octubre de 2022 por el Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales con sede en la Ciudad de Toluca Estado de México en el Procedimiento Laboral 836/2022-II-C, donde acepta la competencia declinada de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México." SEGUNDO. Admisión. El Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, al que por turno correspondió conocer del asunto lo radicó bajo el expediente 1840/2022-IV-A; por auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, admitió a trámite la demanda de amparo; requirió el informe justificado a la autoridad responsable; y, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado de Distrito. Por lo que, seguido el juicio en sus etapas, celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, Considerando: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que la parte quejosa se duele de actos de molestia, provenientes de un juicio de orden civil, emitidos por un órgano jurisdiccional residente dentro del ámbito territorial donde este órgano de control ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, ante de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde a la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De conformidad con el análisis contextual señalado, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa Sonia Liliana Millán Delgado, por conducto de su apoderado legal Enrique León Garcés, reclama del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con residencia en Toluca, Estado de Mexico: El acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 836/2022 por el cual el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en Toluca, Estado de México, aceptó la competencia declinada por la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el diverso 276/2021. Al respecto resulta aplicable el criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con residencia en Toluca, Estado de México, debido a que aceptó la existencia del acto que se le reclama al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente laboral 836/2022, del índice del tribunal señalado como responsable, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, párrafo segundo. Es aplicable al caso, la tesis sin número, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causales de improcedencia. Por técnica de amparo, previo al estudio del fondo del asunto, es pertinente analizar las causas de improcedencia que propongan las partes o que se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el apéndice de 1985, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías". Sentado lo anterior, este juzgador considera actualizada de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." Del dispositivo transcrito se aprecia que el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causal de improcedencia citada debe entenderse en dos supuestos, a saber: a) Por revocación o derogación; y, b) Por sustitución. La primera hipótesis se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se da por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Se invoca en apoyo, la tesis I.2o.P.4 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, registro electrónico 2013461, de título, subtítulo y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Precisado lo anterior, se verifica la actualización de los requisitos de la hipótesis de improcedencia en estudio al caso concreto. En ese sentido, se obtiene que el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, por el que el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en Toluca, Estado de México, aceptó la competencia para conocer del diverso juicio 276/2021, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, tiene su origen en el expediente laboral 836/2022. Asimismo, que después del acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en Toluca, Estado de México, dictó un diverso proveído el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que tuvo por no presentada la demanda que originó el juicio, debido a que la parte actora no agotó la instancia de conciliación. Por tanto, si en el caso la parte quejosa reclamó el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 836/2022, por el que el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en Toluca, Estado de México, aceptó la competencia para conocer del diverso juicio 276/2021, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; es inconcuso que con motivo del dictado del proveído el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que tuvo por no presentada la demanda que originó el juicio, genera que este órgano jurisdiccional no pueda analizar el conocimiento de dicho asunto que tuvo la autoridad responsable, porque a quedado sustituido procesalmente, teniendo como consecuencia que el primer acuerdo emitido ya no surta efectos, ya que los efectos del acuerdo que tuvo por no presentada la demanda implican que dicho órgano no tramite el juicio de origen, debiendo prevalecer dicha determinación. En efecto, derivado de las cesación de los efectos del acuerdo reclamado a partir de la emisión del diverso proveído que tuvo por no presentada la demanada, no es posible analizar de manera aislada la constitucionalidad de la aceptación de la competencia para conocer el asunto, en razón de que en el supuesto de que se declararla inconstitucional, se afectaría el auto que tuvo por no presentada la demanda, transgrediendo las formalidades esenciales del procedimiento y de certeza jurídica relativas al análisis de procedencia de los asuntos. De ahí que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia III.2o.C. J/22, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1579, tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En consecuencia, habiéndose actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos antes expuestos, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la misma ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se; Resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Sonia Liliana Millán Delgado, contra los actos que reclamó a la autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso considerando cuarto de la presente sentencia.

  3. Incidental

    Toluca, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Secretario Instructor adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Toluca, por medio del cual acusa recibo del oficio 41435/2022, de ocho de los cursantes, por el cual se le hizo de su conocimiento la interlocutoria dictada en el presente incidente de suspensión.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Cedula II-3, Toluca, Estado de México, a través del cual solicita información respecto al juicio de amparo 1879/2017. Al respecto, se informa que en el índice de este Juzgado se encuentra radicado el juicio 1879/2017 promovido por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por conducto de su apoderado legal Alfredo Kuri Monterrubio; en tanto, no se tiene conocimiento de alguna anomalía o conducta que constituyera algún tipo de delito o que fuera atribuible a un procedimiento administrativo, en el juicio de amparo en el que se actúa.

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