Sonia Liddet Quintana Morales

Expediente 398/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
398/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
30/01/2017

Partes del expediente

  • Sonia Liddet Quintana Morales
  • Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de enero de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dicta en autos; agréguense al expediente principal el cuaderno de antecedentes que se formó, el citado oficio y testimonio de referencia. Acúsese recibo. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida de catorce de julio de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, en el juicio de amparo indirecto civil 398/2016. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a SONIA LIDDET QUINTANA MORALES, contra los actos reclamados a la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en Acapulco, Guerrero, consistente en el auto de quince de marzo de dos mil dieciséis en el expediente 276/2016-III, acorde a lo señalado en el último considerando de esta sentencia." En tal virtud, Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido...

  2. Principal

    el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de revisión.

  3. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero, a veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del ocurso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso.

  4. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 398/2016, y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Sonia Liddet Quintana Morales, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "1. La omisión de adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir lo ordenado en el auto de 15 de marzo de 2016, dictado en el expediente 276/2016-III, relativo al juicio de guarda y custodia que se tramita en el Juzgado Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el que se ordenó la convivencia entre la suscrita y mis hijos José Juan y Sebastián de apellidos Cisneros Quintana, en la Unidad de Servicios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia. 2. La vulneración del interés superior de la niñez, por la omisión de hacer cumplir el contenido del auto de 15 de marzo de 2016, dictado en el expediente 276/2016-III, relativo al juicio de guarda y custodia que se tramita en el Juzgado Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares. 3. De igual manera reclamo la omisión de llevar a cabo y agotar todas las medidas necesarias para cumplir lo determinado en el auto de 15 de marzo de 2016, dictado en el expediente 276/2016-III, relativo al juicio de guarda y custodia que se tramita en el Juzgado Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares. 4. El retardo en la impartición de justicia que se realizada recurrentemente en el expediente 276/2016-III, relativo al juicio de guarda y custodia que se tramita en el Juzgado Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares. 5. La vulneración de mi derecho humano como mujer y madre de mis hijos José Juan y Sebastián de apellidos Cisneros Quintana, a convivir y estar al pendiente de sus necesidades primordiales, que se materializa al ponerme obstáculos para tramitar y resolver de manera pronta y expedita la acción reclamada en el expediente 276/2016-III, relativo al juicio de guarda y custodia que se tramita en el Juzgado Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares. 6. Reclamo también los efectos que produzca o pueda producir los actos reclamados". SEGUNDO. En proveído de veinte de abril de dos mil dieciséis, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo que se registró bajo el número 398/2016; solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. El Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse una omisión dentro de un juicio del orden familiar, el cual podría causar perjuicios de ejecución irreparable a la quejosa, atribuido a una autoridad que reside en el ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se procede a hacer la precisión de los actos de autoridad reclamados en esta instancia constitucional, para lo cual se toma en cuenta el contenido integral del escrito de demanda y demás constancias que integran el expediente en que se actúa. De esas actuaciones se advierte que en acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el expediente número 276/2016-III, relativo al juicio de guarda y custodia que promovió la quejosa en contra de José Juan Cisneros Ríos, se determinó que los menores José Juan y Sebastián, de apellidos Cisneros Quintana, convivan con la peticionaria de amparo, los días sábados de diez a catorce horas en el interior de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, para lo cual se previno al demandado a fin de que los trasladara a dicho lugar, sin que a la fecha se advierta que dicha convivencia tuviese verificativo. Por tanto, no obstante que la quejosa señaló como actos reclamados el retardo en la impartición de justicia al resolver de manera pronta y expedita la acción reclamada en el juicio de origen al no precisar acto alguno que constituya un obstáculo para la continuación del juicio de guarda y custodia de origen, diversa de dictar a las providencias necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado en auto de quince de marzo del año en curso; y que la vulneración de un derecho humano, como en el caso a la convivencia con sus menores hijos, éste no es más que el argumento o razones o motivos por los cuales considera que aquél es violatorio de garantías, es decir, las consideraciones que sustentan los conceptos de violación, aspecto distinto a la identificación del acto reclamado que debe ser el objeto principal de estudio en el juicio de amparo. Se precisa que Sonia Liddet Quintana Morales, como parte actora en el juicio de guarda y custodia 276/2016-III reclama: La omisión de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares de realizar los actos necesarios para que tenga verificativo la convivencia de los menores José Juan y Sebastián, de apellidos Cisneros Quintana y la peticionaria de amparo, ordenada en acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciséis. Lo anterior es así, atento a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de inconformidad 282/2013, pues en este determinó que los alcances por los cuales se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo y tomando en consideración la etapa procedimental en la que la omisión se sitúa; criterio que obliga a replantear los alcances que debe tener la protección constitucional solicitada en asuntos de cualquier materia. TERCERO. La Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la omisión que se le reclama; sin embargo, tal manifestación se desvirtúa y se tiene por cierta, pues de las actuaciones que integran el juicio de guarda y custodia 276/2016-III, que en copia certificada remitió como justificación a dicho informe, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda diecinueve de abril de dos mil dieciséis, solo tuvo por recibido los reportes de convivencia remitidos por la Directora de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, en los cuales se hicieron constar las incidencias acontecidas en los días señalados para tal efecto y se requirió al demandado el cumplimiento a lo proveído el quince de marzo del año en curso, en el sentido de que presentara a los menores en el Centro de Convivencia Familiar. A esas documentales dada su naturaleza de públicas, se les concede valor probatorio pleno de acuerdo con los numerales 129, 197 y 202 del citado ordenamiento adjetivo aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, como a continuación se expondrá. CUARTO. Al no existir causa de improcedencia que deba analizarse de oficio o se haya invocado por las parte; procede realizar el estudio de los conceptos de violación. En esencia, la parte quejosa alega que la autoridad responsable contraviene lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional al no realizar actos tendentes a lograr el cumplimiento de lo ordenado en proveído de quince de marzo de dos mil dieciséis, lo cual es contrario a lo dispuesto por el diverso 3, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, a fin de determinar si procede o no conceder la protección constitucional solicitada, se estima necesario hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen del juicio de guarda y custodia 276/2016-III. 1. En acuerdo de nueve de marzo de dos mil dieciséis, se admitió en la vía ordinaria civil la demanda que promovió la peticionaria de amparo en contra de José Juan Cisneros Quintana, de quien demandó la guarda y custodia de los menores José Juan y Sebastián, de apellidos Cisneros Quintana (foja 51). 2. En el diverso de quince siguiente, la responsable determinó que los menores, convivieran con la peticionaria de amparo los días sábados de las diez a las catorce horas, en el interior de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, para lo cual previno al demandado a efecto de que los presentara y se llevar a cabo dicha convivencia, bajo el apercibimiento de no hacerlo así se le impondría una multa (fojas 62 y 63). 3. En acuerdos de cinco y trece de abril del dos mil dieciséis, se tuvieron por recibidos los reportes de convivencia de diecinueve y veintiséis de marzo, así como de dos de abril pasado, remitidos por la Directora de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero (fojas 69 a 72, 77 a 81). 4. Mediante auto de trece de abril del año en curso, se tuvo al demandado por dando contestación a la demanda presentada en su contra y se hizo efectiva la multa con la que se le conminó en proveído de quince de marzo pasado al no presentar a los menores para la convivencia indicada en ese acuerdo, así también se le requirió nuevamente diera cumplimiento a lo ordenado en la determinación citada en último término (fojas 100 y 101). 5. En proveído de dieciocho de abril del dos mil dieciséis, se recibió el reporte de convivencia de nueve de ese mes remitido por la Directora de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero y se requirió a José Juan Cisneros Ríos prestara a los menores en las instalaciones de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado a fin de que se llevara a cabo la convivencia de aquellos con la quejosa (fojas 102 a 104). 6. El veintiséis de abril del año en curso, se ordenó agregar los reportes de convivencia de dieciséis y veintitrés de ese mes enviados por la citada Directora (fojas 125 a 132); y el dos de mayo de esta anualidad, el juez responsable ordenó la práctica de terapias psicológicas a los menores José Juan y Sebastián, de apellidos Cisneros Quintana, a fin de lograr un acercamiento con la quejosa y en caso de existir alineación parental por parte del progenitor se lleve a cabo el tratamiento correspondiente para erradicarlo (fojas 140 y 141). 7. El cuatro de mayo siguiente, se tuvo por recibo el reporte de la Directora de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, mediante el cual hizo del conocimiento que el veintiuno de abril del año en curso, el demandado no presentó a los menores a la entrevista inicial (foja 146) y el cinco de ese mes, se tuvo por exhibido el reporte de convivencia entre los menores José Juan y Sebastián, de apellidos Cisneros Quintana, y la quejosa, llevada a cabo el treinta de abril de dos mil dieciséis, la cual de acuerdo con la anotación del trabajador social en el recuadro de observaciones se advierte que "La convivencia se desarrolló el día y horario programado" (foja 149 a 152). 8. El diez de mayo del año en curso, el juez responsable atento al contenido de lo informado por la Directora de la citada Unidad Jurídica y a efecto de lograr la entrevista inicial de los menores giró oficio a dicha funcionaria a fin de que señalara hora y fecha para ello (foja 160 y 161); y el dieciséis siguiente requirió a la referida Directora para que comisionara un profesionista quien llevará a cabo las terapias psicológicas a fin de lograr un acercamiento con la quejosa y en caso de existir alineación parental por parte del progenitor se lleve a cabo el tratamiento correspondiente para erradicarlo, lo cual fue notificado al demandado (fojas 169, 171 y 172). Precisado lo anterior, es conveniente citar el contenido del artículo 17 Constitucional, el cual prevé: "Art. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". El artículo 17 constitucional establece la garantía de la tutela jurisdiccional, definida por la Suprema Corte como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, el acceso a la justicia no es simplemente la posibilidad de acudir a un tribunal a dirimir una cuestión de derecho, sino además garantizar que la resolución dictada tenga plena eficacia; pues de nada sirve haber logrado el reconocimiento de su pretensión si no se garantiza que el derecho reconocido en la misma se hará efectivo, pero además que ello sucederá en un plazo razonable. Asimismo, los artículos 520 y 520 Bis del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, disponen. "Artículo 520.- Orden público de los asuntos del orden familiar. Todos los asuntos inherentes a la familia se considerarán de orden público por constituir la base de la integración de la sociedad, estando facultado el juzgador para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de los alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas cautelares que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros dentro de los lineamientos legales previstos en el Libro Segundo Título Primero Capítulos IV y VI de este Código. Por tanto, en todos los asuntos que verse este Título, tratándose de los menores, deberá tener intervención el Ministerio Público y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia". "Artículo 520 Bis.- Para los procedimientos previstos en el presente Título se observarán los principios siguientes: I. No discriminación y respeto a la dignidad de las personas. El juzgador en todo momento deberá evitar conductas encaminadas a impedir, limitar o negar el ejercicio de un derecho de las personas que participen a un proceso, por razón del sexo, pertenencia étnica, discapacidad, preferencia sexual o cualquier otra que atente contra la dignidad de las personas; II. Interés superior de la infancia. El juzgador tratándose de procedimientos que involucren a menores de edad, deberá garantizarles a éstas sus derechos, procurando su bienestar e integridad física y emocional; III. Igualdad entre hombres y mujeres. El Juzgador deberá garantizar la igualdad jurídica de las partes en el proceso, reconociendo las diferencias sociales, culturales y económicas existentes entre mujeres y hombres; IV. Economía procesal. El juzgador tomará de oficio las medidas tendientes a evitar la paralización de un proceso y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible, así mismo podrá concentrar las diligencias cuando lo considere conveniente; y V. Gratuidad. El trámite de cualquier procedimiento que regula este Título, no generará costas judiciales, el tribunal deberá dictar las medidas necesarias a fin de evitarle a las partes gastos innecesarios". Las disposiciones legales transcritas, prevén que son de orden público los asuntos relacionados con la familia, en los cuales el juzgador está facultado de oficio; en esos asuntos, cuando en el procedimiento involucren a menores de edad debe atenderse al principio relativo al interés superior de la infancia y en base a ello, debe garantizarle sus derechos, procurando su bienestar físico y emocional; asimismo, por economía procesal tomará de oficio las medidas tendientes a evitar la paralización de un proceso y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible, así mismo podrá concentrar las diligencias cuando lo considere conveniente. Una vez confrontados los hechos que constituyen los antecedentes del acto y el marco normativo, se estima infundado el motivo de quejosa, pues de aquellos, se advierte que el juez responsable ha proveído lo necesario para lograr la convivencia de los menores con su progenitora, tan es así que ha requerido al demandado la presentación de los menores, para que se lleve a cabo la convivencia de estos con la peticionaria de amparo, la cual se materializó el treinta de abril del año en curso-, y ha hecho efectivo los apercibimientos con los que conminó a José Juan Cisneros Quintana al no dar cumplimiento a lo requerido. Así también, el juez natural proveyó lo necesario para que los menores recibieran terapia psicológica a fin de lograr un acercamiento con la quejosa y en caso de existir alineación parental con el progenitor, se llevara a cabo el tratamiento correspondiente para erradicarlo. De lo anterior, se obtiene que la autoridad responsable ha observado lo dispuesto en los artículos 520 y 520 Bis del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero al intervenir de oficio en el juicio natural, proveyendo lo necesario para lograr la convivencia de los menores con su progenitora, observando los principios que rigen los juicios del orden familiar, procurando garantizar el interés superior de la infancia, así como la economía procesal a fin de evitar su paralización y vencer la conducta contumaz del demandado ha hecho efectivo los apercibimientos con los cuales lo conminó y con ello salvaguardó la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional. Por lo demás, en este juicio no es materia de litis constitucional el contenido y sentido de esas decisiones, porque su acato depende de la conducta que adopte el destinatario del requerimiento. Lo anterior, en estrecha relación a que el análisis del acto reclamado debe delimitarse en consideración a la etapa procedimental en la que éste se sitúa, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 79, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la Unió no ampara ni protege a Sonia Liddet Quintana Morales, contra el acto y autoridad precisados en el considerando tercero, por motivos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el catorce de julio de dos mil dieciséis, asistido por la licenciada Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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