Sonia Libertad Leal López
Expediente 227/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Delegado en el Estado de Sonora del Instituto de Seguridd y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ciudad
- Sonia Libertad Leal López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto, pues la responsable, remitió el oficio UJ-1372/2023 recibido en este juzgado el día veintisiete de abril del año en curso, mediante el cual informó las gestiones encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria, y envió copia del oficio SP/149/2023, de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, expedido por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a la quejosa, tal y como se advierte de la cédula de notificación de veintisiete de febrero del año en curso, en el que emitió la respuesta a la petición formulada por la quejosa, como se desprende de la mencionada documental
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Auto. En Hermosillo, Sonora, dos de mayo de dos mil veintitrés. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexos remitidos por el titular de la Unidad Jurídica de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y exhibe las constancias correspondientes. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés legal convenga; bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo indicado, este juzgador se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elemento existentes en autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Certificación. El catorce de abril de dos mil veintitrés, María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió, del veintiocho de marzo al trece de abril de dos mil veintitrés, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado; lo anterior se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El catorce de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, catorce de abril de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, informe las gestiones y trámites efectuados para tal fin; en el entendido que los efectos para los cuales se emitió la sentencia concesoria, fue para lo siguiente: "a) Emita respuesta a la petición formulada por la quejosa mediante escrito el quince de diciembre de dos mil veintidós; y, b) Una vez realizado lo anterior, notifique a la quejosa la respuesta dada en el domicilio señalado en el consabido escrito." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer Auto. En Hermosillo, Sonora, catorce de abril de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, informe las gestiones y trámites efectuados para tal fin; en el entendido que los efectos para los cuales se emitió la sentencia concesoria, fue para lo siguiente: "a) Emita respuesta a la petición formulada por la quejosa mediante escrito el quince de diciembre de dos mil veintidós; y, b) Una vez realizado lo anterior, notifique a la quejosa la respuesta dada en el domicilio señalado en el consabido escrito." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 227/2023 Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las once horas con treinta y siete minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridad responsable, quejoso y repres+entación social de la adscripción-, la demanda de derechos, así como el informe justificado rendido por la titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Sonora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en esta ciudad. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse del informe justificado. Por otra parte, revisado el estado de autos, se advierte que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, la secretaria da cuenta con la documental exhibida por la parte quejosa conjuntamente con su escrito de demanda de derechos; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su triple aspecto (lógico, legal y humano) ofrecidas por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba documental de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por ********************, contra el acto atribuido al delegado en el Estado de Sonora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito recibido el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del delegado en el Estado de Sonora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede esta ciudad. Se admite demanda. Por acuerdo de veintidós de febrero siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que se combate un acto omisivo carente de ejecución, por lo que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, los siguientes: La omisión de dar respuesta a la petición realizada mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintidós. Existencia del acto combatido Es cierto el acto atribuido al delegado en el Estado de Sonora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede esta ciudad, no obstante que la titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Sonora del Instituto en cita, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, dicha certeza se corrobora con las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en la demanda de derechos, las cuales revelan que el quince de diciembre de dos mil veintidós, realizó una solicitud por escrito ante la responsable. Además, la veracidad del acto combatido se acredita con la documental que al efecto acompañó la parte quejosa a su demanda, de la cual se advierte un sello original de recibido con la insignia de la autoridad responsable; documental a la que se le asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. El concepto de violación que hace valer la parte quejosa resulta sustancialmente fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, ya que las responsables vulneran en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio, resulta necesario establecer que el derecho de petición que consagra el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cumple íntegramente cuando la autoridad observa dos requisitos, a saber: Ante una petición por parte del gobernado, debe dictar en breve término el acuerdo correspondiente por escrito, el cual deberá ser congruente con lo solicitado; y, La autoridad debe notificar ese proveído al peticionario. Como se ve, el precepto 8° constitucional constriñe a la autoridad a que, ante una solicitud o instancia hecha por escrito, de manera respetuosa dé respuesta mediante un acuerdo por escrito, emitido en breve término, que deberá notificar en el domicilio del solicitante. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/20018, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Aunado a lo expuesto, es inconcuso que lo previsto en el numeral en comento no se agota con sólo dar respuesta a la petición que formule el gobernado, sino además, ésta debe atender de manera coherente y completa lo que se solicita, pronunciándose la autoridad como en derecho proceda, ya sea en sentido positivo o negativo, pero resolviendo lo que se plantea. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio la tesis XXI.1o.P.A.36 A, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." Asimismo, en términos del artículo 8° constitucional, las autoridades responsables deberán considerar que, si dentro del cúmulo de facultades que les confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 183/2006, de rubro y texto: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido." Con base en lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que la responsable incurre en violación de garantías en perjuicio de la parte quejosa, toda vez que desde el quince de diciembre de dos mil veintidós, la parte quejosa formuló por escrito la petición y, a la fecha en que se emite esta sentencia, transcurrieron más de tres meses; plazo que excede del necesario para que la autoridad estudie, acuerde y notifique la petición formulada por la quejosa de manera escrita, pacífica y respetuosa. En ese contexto, si la responsable omitió emitir y notificar respuesta en relación a la solicitud que en forma escrita formuló la parte quejosa, resulta incuestionable que incurrió en violación del artículo 8º. Constitucional. Sirve de apoyo al anterior criterio, la tesis I.4o.A.68 K, que dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Asimismo, resultan aplicables, en lo conducente, las tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PETICIÓN, DERECHO DE. El hecho de que una dependencia no resuelva una solicitud y comunique a los peticionarios que la remitió a otra para que resuelva lo conducente, "por ser asunto de su competencia", no implica violación del artículo 8o. constitucional, porque es obvio que el proveído a que alude este precepto debe ser dictado por la autoridad competente relativa; y no hay tal violación, aunque el oficio en que se hizo la comunicación no se haya entregado a los peticionarios, si fue devuelto por no ser conocidos estos, en el domicilio que señalaron." "PETICIÓN, DERECHO DE. Que la responsable turnara a otra autoridad los diversos escritos presentados por el quejoso, por considerar de su competencia el negocio, no es acordar la solicitud que le fue formulada; y si conforme a la ley aplicable, el propio quejoso tenía que haber remitido determinados documentos para que se pudiera acordar en forma definitiva la concesión o negativa de dicha solicitud, con requerirlo por escrito para que los exhibiera, era bastante para satisfacer el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal, y al no haber hecho así, es notoria la violación de dicho precepto." Bajo ese orden de ideas, al haberse demostrado que, en relación con la solicitud presentada por la parte quejosa ante la autoridad responsable, no se ha emitido respuesta alguna ni tampoco le ha sido notificada, resulta incuestionable la violación en su perjuicio del derecho de petición previsto en el artículo 8° de la Constitución Federal. Decisión De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: a) Emita respuesta a la petición formulada por la quejosa mediante escrito el quince de diciembre de dos mil veintidós; y, b) Una vez realizado lo anterior, notifique a la quejosa la respuesta dada en el domicilio señalado en el consabido escrito. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado identificado en el apartado II, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados IV y V de este fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.
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