Sonia Leticia Gómez Acosta
Expediente 732/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Sonia Leticia Gómez Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintiuno En atención a la certificación que antecede, se advierte que el cuatro de noviembre del año en curso, feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada ley, en contra del auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, por el que se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a todas las autoridades foráneas; lo anterior, ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable carece de legitimación para interponer recurso de revisión, y sólo podrán interponerlo contra la sentencia que afecte directamente el acto que de ellas se hayan reclamado; sin embargo, el presente asunto al haberse sobreseído es obvio que no les afecta y por tal motivo resultaría ociosa la interposición del recurso. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el capítulo tercero, punto décimo primero, último párrafo, así como en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II; y punto vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se provee lo siguiente: a) El presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse sobreseído fuera de audiencia en el juicio. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el presente juicio de amparo al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el término de más de cinco años, contados a partir de la emisión de este acuerdo, el Centro de Documentación y Análisis proceda a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula del expediente, respecto de la fecha del proveído por el que se ordena su archivo; el destino final de éste (depurable, destruible o conservable) y si es o no de relevancia documental. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios signados por el Director Jurídico de Servicios de la Secretaría de Gobierno, en representación del Secretario de Salud y el Gobernador del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; por medio de los cuales informa a este juzgado la actualización de causales de improcedencia y por otro lado rinde su informe justificado. En atención a su contenido, estese a lo acordado en proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, en donde se sobreseyó el presente juicio de amparo, por lo que resultaría ocioso realizar mayor pronunciamiento sobre los oficios de cuenta. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el telegrama remitido por la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del 1. Presidente de la República, con sede en la Ciudad de México; atento a su contenido, téngansele rindiendo su informe sobre la suspensión de plano y con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su interés legal convenga.Por otro lado, glósese el diverso telegrama remitido por el Director de Procesos y Amparos de la 4. Secretaría de Bienestar, con residencia en la Ciudad de México; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, con relación al domicilio para oír y recibir notificaciones que señala y los delegados que designa, estese a lo acordado en proveído de veinte de septiembre del año en curso, en donde se proveyó al respecto.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 227/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveídos de cinco y veinticuatro de agosto del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó, y por otra, la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a la parte quejosa Mireya Elisa Zárate Herrera, para los efectos siguientes: ".para el efecto que el 2. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, en Xalapa, Veracruz: 1). Deje insubsistente la resolución de orden de aprehensión dictada en el proceso penal 116/2020 de su índice, exclusivamente por lo que hace a la aquí quejosa Mireya Elisa Zárate Herrera. 2). Realizado lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente respecto a la solicitud de orden de aprehensión solicitada en contra de Mireya Elisa Zárate Herrera, sin incurrir en los vicios de forma señalados con anterioridad, pudiendo resolver en el mismo sentido al anterior o en uno diverso, pero fundando y motivando su decisión. Concesión de amparo que se hace extensiva a la ejecución del acto reclamado, que atribuye a las autoridades ejecutoras, por ser consecuencia directa de la orden de aprehensión reclamada." En auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de referencia y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, en proveídos de cinco y veinticuatro de agosto del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Así, mediante oficio 7187 el 1. Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial, con sede en Xalapa, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada en el proceso penal 116/2020 de su índice, exclusivamente por lo que hace a la aquí quejosa Mireya Elisa Zárate Herrera. Seguidamente, el juez del proceso señala que el delito de fraude especifico, en agravio del Organismo Público descentralizado SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ, fue la actuación que se le pretende imputar a manera de posibilidad a Mireya Elisa Zárate Herrera, derivada de la clasificación jurídica que realizó el Ministerio Público especificando los hechos que la ley señala como delitos atribuidos a diversos investigados, exponiendo el juez responsable, que deberá ser a través de la ejecución de una orden de aprehensión, toda vez que de otra forma de conducción, no va a garantizar su comparecencia para la continuar con el proceso, esto porque no existe plena certeza jurídica de donde puedan ser localizada, ya que ella como otros investigados fueron citados en primer término en calidad de testigos, compareciendo y otorgando domicilio para notificaciones, posteriormente al ser citados en calidad de imputados, ya no comparecieron ante la autoridad, sin justificar causa o motivo de su incomparecencia, de ahí entonces que exista la probabilidad de que se encuentre sustraída de la acción, desconociendo su paradero, incluso se puede establecer el contenido del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación a los hechos se tiene la denuncia de Javier Marín Atristan, Director Administrativo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, señalando para los fines de individualización de las conductas y formulación de la imputación que en el momento procesal oportuno corresponda señaló que en el lapso que ocurrieron los hechos que en este documento denuncio ocuparon cargos en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en el ejercicio de sus atribuciones como Director Administrativo del DIF cargo que ocupo desde el seis de diciembre de dos mil dieciséis, conoció los hechos que hizo del conocimiento de la Fiscalía General, ya que pueden ser hechos constitutivos de delito que tuvieron lugar en el período del años dos mil once al dos mil doce, durante los cuales fueron Juan Antonio Neimi Did, y Tarek Abdala Saad, se desempeñaban como Director General y Director de Finanzas y administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, y del que refiriere que el trece de diciembre de dos mil once se celebró contrato de compraventa para la adquisición de material deportivo entre el Sistema Integral de la Familia y la moral denominada Grupo Balcano, S.A de C.V., instrumento signado por Tarek Abdala Saad, en su carácter de Presidente del Subcomité de Adquisiciones y Director de Finanzas y Administración en representación del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, y Mireya Zárate Herrera, como representante de la empresa Grupo Balcano, S.A de C.V., y como testigos Pedro Manuel Solís, Director de Asuntos Jurídicos, Astrid Elías Mansur, Directora de Atención a población vulnerable, y Área solicitante, Víctor Manuel Carrizo Yocal, Jefe del Departamento de Adquisiciones, almacén e inventarios y Joaquín Roque Flores Castro, subdirector de Recurso Materiales, todos servidores públicos del DIF. Por otra parte, expone que el Grupo Balcano, S.A de C.V., fue constituida el cinco de agosto de dos mil once, ante la fe del notario público Jorge Monreal Montes de Oca, Titular de la notaría Veintinueve de Veracruz, Veracruz, teniendo como objeto social dar mantenimiento a toda clase de estructuras, la adquisición, enajenación, edificación, explotación y arrendamiento de toda clase de inmuebles, la realización de todo tipo de proyectos, estudioso asesorías y constructoras para toda clase de obras y reparación, así como supervisión, giros comerciales completamente opuestos a los vinculados a la producción y/o comercialización de los productos presuntamente adquiridos por el DIF. Por ello, el juez responsable procedió a abordar a estudio los datos de prueba en su caso acrediten el hecho que la ley señala como delito de fraude especifico, seguidamente estableció los elementos que integran el cuerpo del delito de fraude especifico previsto y sancionado por los artículos 216 fracción IV, en relación al arábigo 217 V, del Código Penal para el Estado de Veracruz: a) A quien engañando a alguien o aprovechándose del error en que se halle, obtenga para sí o para otro alguna cosa parcial totalmente ajena como ánimo de dominio, lucro o uso, causa u otro perjuicio patrimonial se le sancionara con el .IV.- prisión de cinco a doce años y multa hasta de setecientos días de salario, si el valor de lo defraudado excede de setecientos cincuenta días de salario. 217.- Las penas previstas en el artículo anterior se aplicaran a quien: .V. Simule un acto jurídico con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio económico indebido. Por otra parte, el juez informó que el mismo se acredita con los medios de prueba aportados por la representación social, que obran agregados en los autos de la causa penal 116/2020, valoradas en términos de lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley Fundamental, así como de los artículos 259, 260, 261 y 265 del Código Nacional de los Procedimientos Penales, los cuales se estiman pertinentes para establecer la existencia de una simulación de un acto jurídico para obtener beneficio económico indebido, esto mediante la creación de la empresa Balcano, S.A de C.V., la cual fue detectada por la auditoria Superior de la Federación como una empresa fachada o fantasma misma que obtuvo un lucro económico de $16,890,572.00 (dieciséis millones ochocientos noventa mil quinientos setenta y dos pesos 80/100 moneda nacional, en perjuicio del patrimonio del DIF estatal, esto a través de la celebración de diversos contratos, respecto de la aquí quejosa haya cometido o participado en su comisión, esos antecedentes permiten establecer que al haber participado Mireya Elisa Zárate Herrera, en la creación de esa persona moral, que a la postre recibió contratos de manera indebida, pero sobre todo al haber ayudado a la conformación de esa empresa mediante la cantidad de veinte mil pesos, permite al menos de manera indiciaria demostrar que ella era sabedora de las irregularidades en la conformación del Grupo Balcano, S.A de C.V., y de manera conjunta con los demás socios intervino en la simulación de esos contratos que redundaron en el perjuicio de la paraestatal DIF, por lo que su conducta se encuadra en el hipótesis del artículo 37 del Código Penal, de manera directa y personal intervino en el hecho delictuoso. En relación al primer elemento consistente en quien engañando a alguien o aprovechándose del error en que se halle, obtenga para sí o para otro alguna cosa parcial totalmente ajena como ánimo de dominio, lucro o uso, causa u otro perjuicio patrimonial, el juez responsable la consideró acreditada con los testimonios de: 1. ANTONIO JIMÉNEZ GUERRA, que pasaron a su domicilio unos policías ministeriales realizando una investigación sobre su domicilio, si mi domicilio de trataba de una empresa, o que ahí hubiera estado formada, por tal motivo acudió a la fiscalía a declarar que en ese domicilio en calle Camelias, número 413, entre Diego de Ordaz y 20 de Noviembre, colonia Remes en Boca del Río, Veracruz, vive desde aproximadamente veintitrés años como saca habitación, junto con su familia, en ningún momento ha existido alguna empresa ANZARA, como se le hizo saber, de esa empresa nunca ha escuchado nada, que en esos lugares solo hay tienditas y misceláneas, ya que es zona habitacional, que si conoce a Moíses Jiménes García, porque es su hijo, que ha Pedro Francisco Corona no lo conoce, que con su hijo ha perdido comunicación por problemas familiares, sin saber a qué se dedica, que platica con su esposa porque el declarante tiene una enfermedad, que conoce a Mireya Elisa Zárate Herrera porque es su nuera está casada con su hijo Moíses Jiménes García, que las últimas veces que vio a su hijo lo vio normal, no tenía aspecto de ser empresario, muchos menos de tener dinero. 2. JUANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, que es propietario del inmueble ubicado en calle Violetas, número 276, colonia Remes en Boca del río, Veracruz, desde el año mil novecientos setenta y ocho, que ahí vive con su familia, que nunca ha existido ninguna empresa o negocio en su domicilio, que tiene dos cuartos en su caso que los alquila a unos estudiantes, reitera que nunca ha existido alguna empresa en ese domicilio, mucho menos la empresa BALCANO, S.A. de C.V., desconoce a Mireya Elisa Zárate Herrera, Fabiola Jacqueline Mundio González y Rosalía González Rivera, aclarando que Fabiola Jacqueline Mundo González vive a un costado de su casa, el problema que ambas casas tiene el mismo número 276 , este fue un error del ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, que este error es desde el año dos mil cuatro. 3. MIREYA ELISA ZÁRATE HERRERA, niega haber sido representante legal de la empresa GRUPO BALCANO, S.A. de C.V., puesto que ella trabajaba en el despacho Servicios Financieros Profesionales y Asesorías, ubicado en el fraccionamiento el Hípico de Boca del Río, Veracruz, su jefa de nombre licenciada Martha Arreola que tenía buena comunicación con la licenciada, lo cual en una ocasión le dijo que tenía un conocido que necesitaba apoyo para hacerles unos trámites en el SAT que sí podía apoyarlo, diciéndoles la interrogada que sí, le llevaron unos documentos para lo cual le dijo Martha Arreola que tenía que firmarlos para hacer los trámites de su conocido, los firmó y que el documento la acreditaba que iba en representación de esa persona sin recordar el nombre, ya que no lo conoció, que solo firmó una hoja, y entregó copia de su credencial de elector a Martha Arreola, después de firmar le dijo Martha Arreola que después la contactaba para hacer los trámites, después ella ya no trabaja en ese lugar, y le llamó Martha Arreola que necesitaba una vacante y entró a trabajar ahora el despacho denominado LG Asesores, en el cual únicamente laboró un tiempo, respecto al documento que le pone a la vista la fiscalía, consistente en el instrumento notaria número cincuenta y cinco mil trescientos diez, de fecha cinco de agosto de dos mil once, pasada ante la fe del licenciado Julio Alejandro Hernández Gallardo notario público número Veintinueve de Veracruz, Veracruz, en donde supuestamente es apoderada de la empresa GRUPO BALCANO, S.A. de C.V., no sabe porque asentaron eso, refiriendo la testigo que nunca acudió a ninguna notaría, ni tampoco que a Fabiola Jacqueline Mundo González y a Rosalía Rivera González, le hayan conferido dicho poder ante dicha notaría, ya que no las conoce, y tampoco conoce a Susana Pablo Santiago, ni conozco al notario que hizo ese instrumento notarial, seguidamente la fiscalía le pone diversos documentos consistentes en contratos de compra del DIF en donde aparece su firma, la interrogada niega rotundamente que esa sea su firma, que nunca ha acudido al DIF ubicado en Xalapa, dando su consentimiento para que se le haga la prueba pericial sobre su firma, ya que dice que solo firmó algunos documentos y no sabe que contienen porque no le permitieron que los leyera. 4. FABIOLA JACQUELINE MUNDO GONZÁLEZ, que estuvo trabajando en el año dos mil doce, en el despacho GLG Asesores, en el área de facturación y cobranzas en domicilio de calle Sahagún, número 123, fraccionamiento Virginia de Boca del Río, Veracruz a cargo del licenciado Víctor Manuel López Gachuz, como director Raúl Contreras, encargado de recurso humanos, René Zamudio, encargado del área de tesorería, Rosalía Rivera, secretaria del despacho, la contadora Cristina Contreras fue quien me contrato, el fiscal le pone a la vista el instrumento notaria número cincuenta y cinco mil trescientos diez, de fecha cinco de agosto de dos mil once, pasada ante la fe del licenciado Julio Alejandro Hernández Gallardo notario público número Veintinueve de Veracruz, Veracruz, manifiesta la testigo que sí acudió con Rosalía Rivera González a la notaría, a fin de constituir una empresa, sin recordar si se trababa de GRUPO BALCANO, S.A. de C.V., cuando llegó a la notaría ahí se encontraba Rosalía Rivera González y firmó dicho documento como en cuatro ocasiones, habían más personas desconoce quiénes eran, que firmábamos un poder para ser socias, que todo eso se derivó de la amistad que tenía con VERÓNICA, que no conoce sus apellidos, que se conocieron en un gimnasio y salían a tomar un café, que en una ocasión le comento ROSALÍA RIVERA que se quería independizar y crear una comercializadora que si querían entrarle, puesto que necesitaba socias, porque quería hacer unas empresas, pero manifestó la testigo que se tuvo que ir a la Ciudad de México por motivos personales, pero dijo que si fue a firmar a la notaría, después se fue y que VERÓNICA ya no la volvió a buscar, que se enteró que la andaban localizando porque Rosalía Rivera González, la localizó por las redes sociales y le comento que la fiscalía la andaba buscando, por la empresa que había constituido hace años, acudiendo voluntariamente a la fiscalía, que no conoce a MIREYA ELIZA ZÁRATE HERRERA, desconoce si ella estuvo en la notaría, la fiscalía le pone diversos documentos consistente en un contrato que supuestamente GRUPO BALCANO, S.A. de C.V celebró con DIF Estatal, el cual los desconoció porque no sabe si se constituyó esa empresa por no sabe si se hicieron los trámites ante el SAT, desconoce a los señores TAREK ABDALA SAAD, ASTRID ELÍAS MANSUR, JOAQUÍN EROQUE FLORES CASTRO, PEDRO MANUEL SOLÍS GARCÍA, VÍCTOR MANUEL CARRIZO YOVAL, JULIÁN RUBÍN SANDOVAL, LUZ ELEBNA VEGA MARTINEZ, con los cuales la representante legal de GRUPO BALCANO celebró estos contratos que obran en la carpeta de investigación, que ellos eran funcionarios del DIF Estatal; que de VERÓNICA, no volvió a saber nada, manifestando la interrogada, consideró que esto o fue un engaño puesto que se trataba de una proyecto, que no le di el seguimiento, deslindándose de lo que hayan hecho relacionado con esa empresa, desconoce si se aperturaron cuenta para esa empresa, que desconoce si falsificaron después su firma para darle seguimiento a esa empresa, dando su consentimiento para que se le haga una prueba pericial en relación a su firma. 5. ROSALÍA GONZÁLEZ RIVERA, que una persona de nombre NOÉ sin recordar sus apellidos, que sabía que era contador le pidió que firmara ante un notario para le entregaran un poder notarial, a efecto de que le entregaran un documento en el SAT o del IMSS que el mismo contador le había presentado a una amistad de nombre VERÓNICA sin recordar su apellido, le había comentado que iban a constituir una empresa para que ellos trabajaran por su cuenta, invitándola a participar, puesto que no tenían el giro comercial definido que no desconfiara, que no había problema, que llegando a la notaría sin recordar cómo se llama ese lugar se encontraba Fabiola Jacqueline Mundo González, a la que conoce porque tomaron un curso de belleza juntas en la secundaria técnica número 01, después trabajaron en un despacho, la interrogada informó que recuerda que solo plasmo de dos a tres firmas, que solo una persona que dijo que era de la notaría, dijo su nombre y pidió que firmáramos, que en ese momento solo se encontraba Fabiola Jacqueline Mundo González y la persona de la notaría VERÓNICA X, poniéndole a la vista el instrumento notarial cincuenta y cinco mil trescientos diez, de fecha cinco de agosto de dos mil once, pasada ante la fe del licenciado Julio Alejandro Hernández Gallardo notario público número Veintinueve de Veracruz, Veracruz, pero sin saber que para que firmaba dicho documento, al imponerse del contenido del instrumento notarial, se dio cuenta que era lo que había firmado era para ser socia del Grupo Balcano, S.A de C.V., ya que VERÓNICA le había comentado que dicho poder era para que hiciera unos trámites ante el SAT y el IMSS, sin que hiciera algún trámite, sin que recibiera algún pago de VERÓNICA o de FABIOLA JACQUELINE, sin saber nada de lo sucedido, que nunca aportó dinero para ser socia del citado Grupo Balcano, que Fabiola Jacqueline Mundo González aportó supuestamente la cantidad de veinte mil pesos, que nunca volvió a tener comunicación con ellas, reiterando que en ese momento que firmó únicamente se encontraba ella, VERÓNICA y Fabiola Jacqueline Mundo González, que la testigo trabajaba como secretaria en el despacho del licenciado Víctor Manuel López Gachuz en el despacho LG Asesores Empresariales también conocida como GLG Asesores Empresariales, que se dio cuenta que en ese despacho también trabajaba Fabiola Jacqueline Mundo González como trabajadora en el área administrativa, que nunca le preguntó a Fabiola Jacqueline que iba a pasar con el documento que había firmado, que nunca la llamaron, que nunca ha tenido relación laboral con el gobierno del estado, muchos menos de la empresa GRUPO BALCANO, S.A. de C.V., de los contratos que le puso a la vista la fiscalía, en la que participa GRUPO BALCANO, S.A. de C.V., representada por MIREYA ELIZA ZÁRATE HERRERA, lo que si recuerda la persona interrogada es que le dijeron que firmara rápido el documento, dando su consentimiento para que se le haga la prueba pericial sobre su firma, ya que dice que solo firmó algunos documentos y no sabe que contienen porque no le permitieron que los leyera. Asimismo, tomó en consideración el dictamen pericial contable, de trece de abril de dos mil veinte, signado por contador GASTÓN QUEZALCOATL ACOSTA MARTÍNEZ, perito de la Dirección de los Servicios Periciales, realizado a la persona moral GRUPO BALCANO, S.A. de C.V., en el que asentó, ÚNICO, se determina el acuerdo de apartado de observación y razonamiento que la afectación al patrimonio del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, por la cantidad de $16,890,572.80 (dieciséis millones ochocientos noventa mil quinientos setenta y dos pesos 80/100 moneda nacional). De igual forma, se tiene el dictamen de data cuatro de abril de dos mil veintiuno, de la Doctora María Guadalupe Muñoz Rodríguez, perito de la Dirección de los Servicios Periciales, dictamen pericial en materia de grafoscopia, realizado a favor de Mireya Eliza Zárate Herrera, de quien se tiene documentado ser la apoderada de GRUPO BALCANO, S.A. de C.V., en el cual concluyó que, LAS DIFERENCIAS MORGOLOGICAS ENTRE LOS DOCUMENTOS, EN ESCRITURA Y FIRMA, SE ENCONTRARON RASGOS QUE PERMITEN DEFINIR QUE NO CORRESPONDE AL MISMO ESCRIBIENTE, ES DECIR NO FUERON PLASMADAS POR LA MISMA PERSONA. Por todo ello, el juez responsable estableció que existen datos de prueba, mismos que fueron analizados y valorados, en términos de lo previsto por los artículos 16 y 19 de la Ley Fundamental, así como los artículos 259, 260, y 265 del Código Nacional de los Procedimientos Penales, por su enlace jurídico y natural, estimó idóneos para entablar la existencia de una simulación de un acto jurídico, para obtener beneficio económico indebido, esto mediante la creación de la empresa GRUPO BALCANO, S.A. de C.V., la cual fue detectada por la auditoria Superior de la Federación, como una empresa fachada o fantasma, respecto de la aquí quejosa Mireya Eliza Zárate Herrera, los antecedentes permiten establecer que el haber participado en la creación de esa persona moral, recibiendo contratos de manera indebida, permite al menos de manera indiciaria demostrar que ella era sabedora de las irregularidades en la conformación de GRUPO BALCANO, S.A. de C.V., y de manera conjunta con los demás socios, intervino en la simulación de ese contrato que redundaron en el perjuicio de la paraestatal DIF, por lo que su conducta encuadra en la hipótesis del artículo 37 del Código Penal de manera directa y que intervino en el hecho delictuoso. Para lo cual, el juez apoyado en los artículos 16 de la Constitución General de la República, 7.2 de la convención Americana sobre Derechos Humanos, decretó girar la correspondiente orden de aprehensión en contra de Mireya Eliza Zárate Herrera, por la probable partición en el delito que se señala como fraude especifico, previsto por el artículo 216, fracción IV, en relación con el arábigo 217, fracción V, del Código Penal del estado de Veracruz. Por otra parte, las autoridades responsables ejecutoras Director General de la Policía Ministerial, Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial zona centro Xalapa, con sede en Xalapa, Veracruz, Fiscal General de Justicia, Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia, Fiscal General de la República, Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, Director General de Investigación Policial en Apoyo de Mandamientos de la Fiscalía General de la República, todos residentes en la Ciudad de México, Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial, Comandante de Grupo de Tarea de Policía Naval en Apoyo de Seguridad Pública, ambos con residencia en Veracruz, Veracruz, Jefatura de Grupo de la Policía Ministerial y Comandante de la Policía Municipal de Boca del Río, Veracruz, Base Sub Centro, residentes en Boca del Río, Veracruz, informaron que procedieron a realizar las anotaciones correspondientes, dando de baja la orden de aprehensión reclamada, en cumplimiento al fallo amparador. En relatadas condiciones, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a lo especificado en la ejecutoria de amparo, esto es, el Juez responsable dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva, en la que subsano los vicios formales apuntados, explicando con qué datos, obtenidos de que pruebas, se demostraron los elementos del cuerpo del delito de fraude especifico. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que negó y se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe". En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su archivo junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
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