Sonia Itzel Pérez Amaro

Expediente 323/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
323/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
16/06/2017

Partes del expediente

  • Sonia Itzel Pérez Amaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 323/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia terminada de engrosar en el juicio de amparo el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. En ese orden de ideas, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concede. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDA. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ...PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo. SEGUNDO. Dese cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Notifíquese personalmente...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio que signa la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, mediante el cual manifiesta apersonarse al presente asunto, señala domicilio y autorizados para recibir notificaciones, revocando los designados con anterioridad; el que únicamente se agrega a los autos para que obre como corresponda, en virtud de que no tiene reconocida personalidad alguna en el asunto en que se actúa. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. ISA*

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 323/2017-III y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de este año, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, compareció SONIA ITZEL PÉREZ AMARO, por su propio derecho, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS FEMENIL, y otras autoridades, de quien reclama: Reubicación consistente en reubicación de modulo pabellón 1. II.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 323/2017-III, se desprende que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. III.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Las autoridades responsables DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS FEMENIL, SUBDIRECTORA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA, COMANDANTE DE CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL NUMERO 16 CPS MORELOS, TITULAR DEL AREA MEDICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL NUMERO 16 CPS MORELOS, al rendir su informe previo niegan el acto reclamado, pues refieren que la impetrante se encuentra actualmente ubicada de acuerdo a lo estipulado en los artículos 5 fracción ll, 18 fracción l y 31 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de salvaguardar la integridad física, moral y psíquica de la quejosa, así como la seguridad y orden de la Unidad Administrativa. Además, por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se tuvieron por inexistentes a las autoridades señaladas como responsables TITULAR DEL ÁREA DE CRIMINOLOGÍA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL CPS 16 y TITULAR EL ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL CPS 16. REUBICACIÓN. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando la solicite el agraviado; cuando con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme al artículo invocado, tenemos que una de las exigencias legales que debe colmarse para el otorgamiento de la suspensión, es que su otorgamiento no contravenga disposiciones de orden público o perjudique el interés social. El orden público y el interés social son nociones vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. Así, el concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo, tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación, que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. Con base en los citados razonamientos, tenemos que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo anterior encuentra apoyo en las siguientes tesis: Tesis: I.4o.A.11 K (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2002421 5 de 19 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XV, Diciembre de 2012 Tomo 2 Pág. 1575 Tesis Aislada(Común) Libro XV, Diciembre de 2012 Tomo 2 "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga." Tesis: 8 Informes Séptima Época 805484 1 de 1 Segunda Sala Informe 1973, Parte II Pág. 44 Jurisprudencia(Común) Informe 1973, Parte II "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." En este caso, otorgar la suspensión no privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o le causaría perjuicio alguno. Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de la Materia uno de los efectos de la suspensión será el de conservar la materia del juicio. Sentado lo anterior, toda vez que concurren los requisitos para la suspensión a instancia de parte previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo con fundamento en ese artículo y, además, en términos del diverso 138 de esa ley, se concede la suspensión definitiva en estos términos: Para que si la reglamentación vigente del Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, la Ley Nacional de Ejecución Penal y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 18 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo permite, SONIA ITZEL PEREZ AMARO, sea reubicada al módulo, pabellón y sección que le permita su pleno desarrollo y reinserción social. Los efectos de esta suspensión deben prevalecer hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia de amparo que se dicte en el juicio principal 323/2017-III, sin embargo, no surtirá efectos si la ubicación en la que se encuentra actualmente la quejosa tiene como finalidad inmediata la seguridad de misma o de las demás internas; caso éste que deberá ser probado fehacientemente por las autoridades responsables. Esta suspensión tiene por objeto garantizar los derechos que posee la quejosa, aun estando interna en el Centro Federal de Readaptación Social 16 CPS Femenil Morelos, sin constituirle en su favor derecho especial alguno. Se indica a las autoridades responsables que esta suspensión no veda sus facultades para sancionar las conductas de la impetrante que atenten o infrinjan las medidas de seguridad, orden, disciplina y demás que imperen en ese centro de reclusión. En efecto, este juzgador considera que lo anterior es así, pues se toma en cuenta la naturaleza de la violación alegada para el otorgamiento de la medida suspensional, estimando la esencia y propiedades características, tanto del acto de autoridad materia de impugnación, como del derecho subjetivo que se dice conculcado con dicho acto, para lo cual y atendiendo a probabilidad y veracidad del derecho de los solicitantes, se llega a la conclusión de que con la suspensión no se perjudica el interés social ni el orden público. Sirve de apoyo a la anterior consideración por similitud, la tesis I.5o.P.5 P, del rubro "ORDEN DE TRASLADO. ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, AUN CUANDO OBEDEZCA A RAZONES DE SEGURIDAD EN LAS PRISIONES.", de la Novena Época, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Septiembre de 2000, página 781. ATENCIÓN MÉDICA. Ahora bien, tomando en consideración que el acto reclamado se encuentra relacionado con el derecho a la salud, consagrado por la Constitución Federal, pues la impetrante aduce que, del módulo y pabellón en el que se encuentre depende su estabilidad emocional, psicológica, mental, física y moral; en esas condiciones, tenemos que el derecho a la protección de la salud se encuentra regulado en el tercer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone [.] esta Constitución". Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 26, establece la obligatoriedad de los Estados de buscar su cumplimiento progresivo, y señala que es el Estado quien debe hacer uso del máximo de sus recursos disponibles para garantizar el derecho a la protección de la salud. Asimismo, se destaca la obligación de observar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relativas a la prestación del servicio de salud, en su calidad de instrumentos legales que contienen criterios fundamentales, cuyo propósito es mejorar la calidad de los servicios de salud que prestan las instituciones del país, entre otras las relativas a la prestación de servicios médicos y de trato adecuado a los usuarios de los servicios de salud. De igual forma, el derecho humano a la salud está consagrado en el artículo 4º de la Constitución Federal, cuyo texto es el siguiente: "Art. 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia." Luego, el derecho humano a la salud consagrado en el precepto 4º de la Carta Magna, en relación con los numerales 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es indispensable para el ejercicio de los demás reconocidos en los pactos internacionales y en nuestro orden jurídico, ya que no puede circunscribirse al significado del vocablo, pues contiene un sin número de derechos y obligaciones, tanto internos como externos, es decir, a nivel nacional e internacional, cuyas obligaciones cobran especial importancia en cuanto a proporcionar los medios necesarios para que el ser humano tenga acceso efectivo a la salud. A mayor razón, conforme a los artículos 1º, párrafos primero y tercero, 4º, párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, imponen la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas privadas de su libertad personal, quienes siguen gozando de ese derecho. Además, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad. En lo conducente, es aplicable por analogía, la siguiente tesis: Tesis: VII.2o.P. J/2 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011012 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III Pag. 1966 Jurisprudencia(Constitucional) Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO. El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos respectivos, el estado de salud de aquél, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso el trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Ahora, en virtud que la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada y, por tanto, sólo tiene por objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, ante el aparente riesgo en la salud de la quejosa, en términos de los numerales 125, 128, 136, 131 y 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a SONIA ITZEL PEREZ AMARO para los siguientes efectos: I.- Se otorgue a la impetrante de garantías la atención médica y psicológica, que en su caso sea necesaria estrictamente a sus padecimientos, incluso especializada si se estima necesario, así como los medicamentos que deba de suministrársele, sea que la otorgue el centro penitenciario o la derive a una institución de salud pública, si el caso lo amerita, determinación que obedece a la condición especifica de la quejosa, que pone en peligro su vida, salud e integridad física, lo que obliga al suscrito a intervenir de forma inmediata para la preservación de su salud. En la inteligencia de que la atención médica y en su caso psicológica deberá ser la estrictamente necesaria para los padecimientos que sufre la quejosa, conforme al expediente clínico que obre en el centro penitenciario o resultado de los estudios que se le realice; hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia de amparo que se dicte en el juicio principal 323/2017-III. Este Juzgado de Distrito hace del conocimiento de las autoridades responsables que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización -esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por SONIA ITZEL PÉREZ AMARO, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto tercero de la presente resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así determinada por oficio CCJ/ST/0506/2017 signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

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