Sonia Hernández Santiago
Expediente 328/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 32 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 328/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 31/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Sonia Hernández Santiago
- Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Compostela Nayarit.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 328/2016, promovido por Sonia Hernández Santiago, contra actos del 1) Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Compostela, Nayarit, 2) Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar y 3) Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de demanda. Por escrito presentado el doce de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el cual fue turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional; Sonia Hernández Santiago, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las siguientes autoridades: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Compostela, Nayarit. Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con sede en esta ciudad. Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: Lo actuado en el juicio especial hipotecario 506/2013, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Compostela, Nayarit. Falta de emplazamiento del quejoso al citado juicio. Registro de la escritura pública 5,558, bajo la inscripción 27, Tomo 1141, Sección Primera de siete de diciembre de dos mil quince, ordenada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Compostela, Nayarit. 2. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada y dar vista al representante social de la adscripción, quien no formuló pedimento, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintitrés de octubre de dos mil catorce, siendo suspendida en razón del incidente de objeción de falsedad promovido por la anotada tercera interesada, señalándose fecha para su reanudación, a la cual se dio inicio en términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Distrito en el Estado de Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, así como con los diversos 48 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario constitucional, se deduce que los actos reclamados consisten en el emplazamiento al juicio especial hipotecario 506/2013, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Compostela, Nayarit, y todo lo actuado con posterioridad. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Compostela, Nayarit, negó el acto que se le reclama; sin embargo, de las constancias que anexó a su informe justificado se evidencia la certeza del mismo, es por ello se tienen por ciertos los actos reclamados, certeza que se corrobora con las copias certificadas del procedimiento de origen; constancias con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°. Asimismo, el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, admitió la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora, como se dijo, con las constancias del juicio de origen. Por su parte, el Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, de esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada con la admisión del acto por parte de la autoridad responsable ordenadora y como la citada autoridad tiene el carácter de ejecutora, es incuestionable que puede llevar a cabo el acto reclamado en cualquier momento. CUARTO. Objeción de falsedad. En primer término, procede resolver el incidente de objeción de falsedad de firma de la demanda de la demanda de amparo, plantado por la parte tercero interesada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo, ya que de resultar fundado, ello traería como consecuencia, en el caso de la demanda de amparo, la actualización de alguna causa de improcedencia. Al respecto, conviene señalar lo que prevén los artículos 129 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo: "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes." "Artículo 133. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129." De la interpretación gramatical de los artículos transcritos, se advierte que son documentos públicos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley a un funcionario público revestido de fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Dicha calidad se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores, que, en su caso, prevengan las leyes; también se advierte que son documentos privados los que no reúnen las condiciones anteriores. Ahora bien, la demanda de amparo no reúne los requisitos a que alude el artículo 129 trascrito, para ser considerado como un documento público, por tanto, es un documento privado y ello lo hace susceptible de ser objetado. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia que dice: "Registro No. 190657 Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Diciembre de 2000 Página: 11 Tesis: P./J. 148/2000 Jurisprudencia Materia(s): Común DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129 determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto últimamente citado". En ese orden de ideas, el artículo 122 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia." Del precepto legal transcrito puede colegirse que la materia del incidente de objeción de documentos en el juicio de amparo, es dilucidar, precisamente, si el documento objetado es auténtico, lo que el juzgador debe apreciar al momento de dictar la sentencia, a la luz de las pruebas relativas a la autenticidad del documento impugnado. En ese tenor, de las actuaciones inherentes a la incidencia que se analiza, destaca que la tercera interesada objetó de falsa la firma que calza la demanda de amparo. Ello dio lugar a que se diera trámite al incidente de falsedad y se ordenara suspender la audiencia constitucional, siendo admitida la prueba pericial ofertada por la tercera interesada, para acreditar que la firma de la demanda de amparo no correspondía a su autora. Para tal fin, en proveídos de catorce y veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis se requirió a la quejosa para que compareciera a la audiencia de estampamiento de firma, y se le apercibió que, de no hacerlo, se tendrían por ciertas las afirmaciones de la tercera interesada, en relación con la prueba pericial en grafoscopía; esto es, por acreditados los hechos que pretendía acreditar con ese medio de convicción. Luego, en acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, con motivo de que se hizo efectivo el apercibimiento reseñado a la quejosa, en virtud de no haber comparecido al desahogo de estampamiento de firma, y se tuvieron por ciertas las afirmaciones de la tercera interesada en relación con la prueba pericial en grafoscopía. Luego, si del resultado de la prueba pericial desahogada, se desprende que, por virtud de que se tuvieron por ciertas las afirmaciones de la tercera interesada, en relación con la prueba pericial, se estima que la firma que calza la demanda de amparo no corresponde a sus autora. De ahí que se llega al convencimiento de que el incidente de falsedad es fundado. QUINTO. Causa de sobreseimiento. En el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados. El artículo 61, fracción XXIII, con relación al 6º de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los artículos transcritos se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien afecte el acto reclamado. Lo anterior significa que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada; para lo cual ésta debe exteriorizar su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de amparo. A contrario sensu, si la demanda de amparo no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis que establece: "Novena Época Registro: 175910 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Común Tesis: III.2o.C.18 K Página: 1827 JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." En el caso, como se vio en el considerando cuarto del presente fallo, la objeción de falsedad hecha valer por la tercera interesada, respecto de la firma que aparece como de la quejosa en el escrito de demanda, se estimó fundada, al haberse tenido por ciertas las afirmaciones de la parte objetante, ante la incomparecencia de la quejosa a la audiencia de estampamiento de firmas, esto es, que la firma que aparece en la demanda no corresponde a su autoría. En ese contexto, si la firma de la demanda de amparo no corresponde a la quejosa, es posible establecer que ésta no manifestó su voluntad para ejercer la acción constitucional y, por ende, no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada. Consecuentemente, se estima que, en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 63, en relación a la fracción XXIII del artículo 61 y 6°, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo. El sobreseimiento se hace extensivo respecto de los actos de ejecución y que como consecuencia se reclaman, ya que su inconstitucionalidad se hace depender del emplazamiento a juicio y no por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con los datos de localización y contenido siguientes: "Séptima Época Registro: 394603 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC, Materia(s): Común Tesis: 647 Página: 434 AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide estudiarlos. SEXTO. Transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Finalmente, tomando en consideración que las partes en el presente juicio constitucional, no se opusieron a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído en el que se les hizo de su conocimiento tal circunstancia; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y como consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental en relación con los diversos numerales 6, 7, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley en comento, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin supresión de datos, salvo aquellos datos sensibles que pudiera contener. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, 61, 62, 63, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sonia Hernández Santiago, contra los actos que reclama del 1) Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Compostela, Nayarit, 2) Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar y 3) Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de la misma. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, catorce de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, que no fue posible llevar a cabo la diligencia programada para el día de hoy, toda vez que la quejosa SONIA HERNÁNDEZ SANTIAGO, no compareció para su desahogo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento a la quejosa antes citada, en relación al proveído de veintiocho de noviembre del presente año; por tanto, se tienen por ciertas las afirmaciones hechas valer por el tercero interesado en el cuestionario relativo a la prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida en autos, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Notifíquese.
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