Sonia Herlinda Maldonado Martinez
Expediente 923/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sonia Herlinda Maldonado Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por ****, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual formula alegatos y ofrece pruebas; lo anterior, en virtud, de que por acuerdo de treinta de septiembre de la presente anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que *****, por conducto de su apoderado legal, señaló como autoridades y actos reclamados siguientes: I.- De la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos: La omisión de desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral ****, consistentes en el informe de autoridad y cotejo a cargo de la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje. II.- De la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje: La omisión de cumplimentar los oficios *****, girados por Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se aprecia que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI, del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, en atención a que la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, por oficio ****rindió el informe de autoridad solicitado mediante los oficios ****, remitidos por la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, asimismo, informó que en el módulo de archivo no advirtió la existencia del juicio laboral 55/1998, ni algún otro entablado por la aquí quejosa. Asimismo, en relación con el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, por acuerdo de veintinueve de agosto de la presente anualidad, se tuvo por desahogado el informe de autoridad solicitado a la Presidenta de la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, y respecto al cotejo, de la copia del convenio celebrado el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, se tuvo por no perfeccionada dicha documental. En consecuencia, es inconcuso que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento; por tanto, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticuatro minutos del uno de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, a través del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, remite copia certificada de lo solicitado; en tales condiciones, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito, dejándose sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Además, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que adjunta la autoridad oficiante, la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma al momento de celebrar la audiencia constitucional, asimismo, dese vista a las partes con dicha constancia para que manifiesten lo a que su interés convenga. Finalmente, se advierte que mediante el presente acuerdo, se dio vista a las partes con la constancia remitida por la autoridad oficiante; por tanto, a fin de que transcurra el plazo de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que deben mediar entre la fecha de notificación a las partes de dichas constancias y la de celebración de la audiencia constitucional, a efecto de que se impongan de su contenido, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, señalándose de nueva cuenta las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Al respecto es aplicable la tesis 1.5º.C.2 K, Tomo II, Agosto de 1995, Materia Común, visible en la página 594, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Notifíquese.
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