Sonia Haas Coronel

Expediente 498/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
498/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Sonia Haas Coronel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa y tercero interesada no hicieron valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de dieciséis de agosto del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio misma que fue notificada a la tercera interesada a través de lista, no obstante se le tuvo señalado como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el usuario "SL1980"; consecuentemente, comisiónese a cualesquiera de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito, para que notifiquen el proveído de referencia a la parte tercera interesada en el domicilio de referencia. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Treinta de junio de dos mil veintitrés. Dos de agosto de dos mil veintitrés. Tres de agosto de dos mil veintitrés. Ocho de agosto de dos mil veintitrés. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: 1. La determinación interlocutoria de diez de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente 3072/2021, respecto del recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés.+ 2. Su ejecución. Previa substanciación del juicio de amparo, el seis de junio de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la determinación reclamada, de diez de marzo de dos mil veintitrés; y, 2. En su lugar dicte otra en la que, con libertad de jurisdicción, pero subsanando las deficiencias que le fueron precisadas, resuelva lo que en derecho corresponda." El treinta de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la citada sentencia y, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Ahora, en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, la Jueza Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, México, remitió copias certificadas de la sentencia interlocutoria de dos de agosto del año en curso. Documentales exhibidas, que por ser públicas tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con las directrices de la concesión del amparo, es decir, dejó insubsistente la determinación reclamada, de diez de marzo de dos mil veintitrés; y, en su lugar dictó otra el dos de agosto del año en curso, en la que, con libertad de jurisdicción, pero subsanando las deficiencias que le fueron precisadas, resolvió lo que en derecho consideró Resolución que atendió todos y cada uno de los argumentos planteados por Sonia Hass Coronel a través de su apoderado legal Sinhue Guadarrama Torres, incluidos los diversos criterios aislados y jurisprudenciales, que hizo valer en sus agravios tal y como se le requirió a la autoridad responsable por auto de veinte de julio del año en curso. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Finalmente, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual, Sinhue Guadarrama Torres apoderado legal de la quejosa Sonia Haas Coronel desahoga la vista otorgada mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, respecto del cumplimento remitido por la autoridad responsable. En ese sentido, si bien la quejosa por conducto de su apoderado, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento de la responsable, al referir que vulnera los principios de congruencia y exhaustividad, porque de manera toral, a su consideración es incongruente declarar inoperantes e infundados los agravios expresados en el recurso de revocación, porque reconoce expresamente la existencia de una violación a la tramitación de la providencia precautoria, aunado a que la autoridad insistió en dejar de aplicar la jurisprudencia "Anotación registral cautelar. Cuando debe exigirse garantía" con número de registro 2014568; no menos cierto es, que como se estableció en la propia sentencia, la concesión del amparo no implica que se debiera resolver en sentido alguno, sino que, resultaba menester que la autoridad responsable, dada su naturaleza y contenido, atendiera todos y cada uno de los argumentos planteados por la hoy quejosa en el recurso incoado por su representante legal, lo que constituyó la violación constitucional en el presente asunto y con ello cumpliera con las exigencias constitucionales de exhaustividad y congruencia que deben regir en todo acto de autoridad. Máxime que la jurisprudencia y tesis que hizo valer la parte quejosa, fueron tomadas en consideración en el cuerpo de la resolución interlocutoria de dos de agosto de dos mil veintitrés, tan es así que después de su análisis concluyó que tanto la jurisprudencia como la tesis aislada, no eran aplicables al caso justiciable, por las razones que argumentó la responsable. Por ello, el que la autoridad responsable no haya acordado favorable solicitud de la quejosa por las razones que se plasmaron en la sentencia interlocutoria de dos de agosto del año en curso, no es motivo de la concesión del amparo, pues bastaba que la responsable en el ámbito de sus facultades, dejara insubsistente la determinación reclamada, de diez de marzo de dos mil veintitrés; y, en su lugar dictara otra en la que, con libertad de jurisdicción, pero subsanando las deficiencias que le fueron precisadas en la sentencia amparante, resolviera lo que en derecho corresponda, lo cual quedó satisfecho conforme al análisis del presente auto. Toluca, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Treinta de junio de dos mil veintitrés. Dos de agosto de dos mil veintitrés. Tres de agosto de dos mil veintitrés. Ocho de agosto de dos mil veintitrés. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: 1. La determinación interlocutoria de diez de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente 3072/2021, respecto del recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. 2. Su ejecución. Previa substanciación del juicio de amparo, el seis de junio de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la determinación reclamada, de diez de marzo de dos mil veintitrés; y, 2. En su lugar dicte otra en la que, con libertad de jurisdicción, pero subsanando las deficiencias que le fueron precisadas, resuelva lo que en derecho corresponda." El treinta de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la citada sentencia y, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Ahora, en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, la Jueza Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, México, remitió copias certificadas de la sentencia interlocutoria de dos de agosto del año en curso. Documentales exhibidas, que por ser públicas tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con las directrices de la concesión del amparo, es decir, dejó insubsistente la determinación reclamada, de diez de marzo de dos mil veintitrés; y, en su lugar dictó otra el dos de agosto del año en curso, en la que, con libertad de jurisdicción, pero subsanando las deficiencias que le fueron precisadas, resolvió lo que en derecho consideró Resolución que atendió todos y cada uno de los argumentos planteados por Sonia Hass Coronel a través de su apoderado legal Sinhue Guadarrama Torres, incluidos los diversos criterios aislados y jurisprudenciales, que hizo valer en sus agravios tal y como se le requirió a la autoridad responsable por auto de veinte de julio del año en curso. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Finalmente, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual, Sinhue Guadarrama Torres apoderado legal de la quejosa Sonia Haas Coronel desahoga la vista otorgada mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, respecto del cumplimento remitido por la autoridad responsable. En ese sentido, si bien la quejosa por conducto de su apoderado, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento de la responsable, al referir que vulnera los principios de congruencia y exhaustividad, porque de manera toral, a su consideración es incongruente declarar inoperantes e infundados los agravios expresados en el recurso de revocación, porque reconoce expresamente la existencia de una violación a la tramitación de la providencia precautoria, aunado a que la autoridad insistió en dejar de aplicar la jurisprudencia "Anotación registral cautelar. Cuando debe exigirse garantía" con número de registro 2014568; no menos cierto es, que como se estableció en la propia sentencia, la concesión del amparo no implica que se debiera resolver en sentido alguno, sino que, resultaba menester que la autoridad responsable, dada su naturaleza y contenido, atendiera todos y cada uno de los argumentos planteados por la hoy quejosa en el recurso incoado por su representante legal, lo que constituyó la violación constitucional en el presente asunto y con ello cumpliera con las exigencias constitucionales de exhaustividad y congruencia que deben regir en todo acto de autoridad. Máxime que la jurisprudencia y tesis que hizo valer la parte quejosa, fueron tomadas en consideración en el cuerpo de la resolución interlocutoria de dos de agosto de dos mil veintitrés, tan es así que después de su análisis concluyó que tanto la jurisprudencia como la tesis aislada, no eran aplicables al caso justiciable, por las razones que argumentó la responsable. Por ello, el que la autoridad responsable no haya acordado favorable solicitud de la quejosa por las razones que se plasmaron en la sentencia interlocutoria de dos de agosto del año en curso, no es motivo de la concesión del amparo, pues bastaba que la responsable en el ámbito de sus facultades, dejara insubsistente la determinación reclamada, de diez de marzo de dos mil veintitrés; y, en su lugar dictara otra en la que, con libertad de jurisdicción, pero subsanando las deficiencias que le fueron precisadas en la sentencia amparante, resolviera lo que en derecho corresponda, lo cual quedó satisfecho conforme al análisis del presente auto.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Treinta de junio de dos mil veintitrés. Dos de agosto de dos mil veintitrés. Tres de agosto de dos mil veintitrés. Ocho de agosto de dos mil veintitrés. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: 1. La determinación interlocutoria de diez de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente 3072/2021, respecto del recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. 2. Su ejecución. Previa substanciación del juicio de amparo, el seis de junio de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la determinación reclamada, de diez de marzo de dos mil veintitrés; y, 2. En su lugar dicte otra en la que, con libertad de jurisdicción, pero subsanando las deficiencias que le fueron precisadas, resuelva lo que en derecho corresponda." El treinta de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la citada sentencia y, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Ahora, en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, la Jueza Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, México, remitió copias certificadas de la sentencia interlocutoria de dos de agosto del año en curso. Documentales exhibidas, que por ser públicas tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con las directrices de la concesión del amparo, es decir, dejó insubsistente la determinación reclamada, de diez de marzo de dos mil veintitrés; y, en su lugar dictó otra el dos de agosto del año en curso, en la que, con libertad de jurisdicción, pero subsanando las deficiencias que le fueron precisadas, resolvió lo que en derecho consideró Resolución que atendió todos y cada uno de los argumentos planteados por Sonia Hass Coronel a través de su apoderado legal Sinhue Guadarrama Torres, incluidos los diversos criterios aislados y jurisprudenciales, que hizo valer en sus agravios tal y como se le requirió a la autoridad responsable por auto de veinte de julio del año en curso. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Finalmente, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual, Sinhue Guadarrama Torres apoderado legal de la quejosa Sonia Haas Coronel desahoga la vista otorgada mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, respecto del cumplimento remitido por la autoridad responsable. En ese sentido, si bien la quejosa por conducto de su apoderado, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento de la responsable, al referir que vulnera los principios de congruencia y exhaustividad, porque de manera toral, a su consideración es incongruente declarar inoperantes e infundados los agravios expresados en el recurso de revocación, porque reconoce expresamente la existencia de una violación a la tramitación de la providencia precautoria, aunado a que la autoridad insistió en dejar de aplicar la jurisprudencia "Anotación registral cautelar. Cuando debe exigirse garantía" con número de registro 2014568; no menos cierto es, que como se estableció en la propia sentencia, la concesión del amparo no implica que se debiera resolver en sentido alguno, sino que, resultaba menester que la autoridad responsable, dada su naturaleza y contenido, atendiera todos y cada uno de los argumentos planteados por la hoy quejosa en el recurso incoado por su representante legal, lo que constituyó la violación constitucional en el presente asunto y con ello cumpliera con las exigencias constitucionales de exhaustividad y congruencia que deben regir en todo acto de autoridad. Máxime que la jurisprudencia y tesis que hizo valer la parte quejosa, fueron tomadas en consideración en el cuerpo de la resolución interlocutoria de dos de agosto de dos mil veintitrés, tan es así que después de su análisis concluyó que tanto la jurisprudencia como la tesis aislada, no eran aplicables al caso justiciable, por las razones que argumentó la responsable. Por ello, el que la autoridad responsable no haya acordado favorable solicitud de la quejosa por las razones que se plasmaron en la sentencia interlocutoria de dos de agosto del año en curso, no es motivo de la concesión del amparo, pues bastaba que la responsable en el ámbito de sus facultades, dejara insubsistente la determinación reclamada, de diez de marzo de dos mil veintitrés; y, en su lugar dictara otra en la que, con libertad de jurisdicción, pero subsanando las deficiencias que le fueron precisadas en la sentencia amparante, resolviera lo que en derecho corresponda, lo cual quedó satisfecho conforme al análisis del presente auto.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexos) de cuenta; mediante el cual la Jueza Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, México, remite diversas constancias a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, con relación a la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, así como con las constancias que adjunto al mismo; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

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