Sonia Genis Rosales
Expediente 1532/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1532/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Sonia Genis Rosales
- Director de Licencias Y Reglamentos del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
CEDULA DE NOTIFICACION." Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, sin que se hiciera valer el citado medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo General, una vez que se remita al archivo, se deberá asentar en la carátula del expediente la valoración correspondiente y el Secretario hará constar que el expediente físico coincide con el electrónico en su totalidad. Por otra parte, se hace constar que obran glosados documentos exhibidos por la parte quejosa; por tanto, póngase a disposición de la misma, en la inteligencia, de que dichos documentos quedarán a su disposición por un plazo de noventa días más, a fin de que comparezca a recogerlo; sin embargo, para el caso de que no comparezca dentro del plazo indicado, se hace de su conocimiento, que dichos documentos correrán la misma suerte que los autos del juicio en que se actúa. Para lo cual, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo del Judicatura Federal, tendrá que generar su cita correspondiente a través del proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR para ingresar al órgano jurisdiccional, acceso que estará condicionado a un máximo de dos personas cada media hora en la secretaría de acuerdos por órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos, por lo que las condiciones sanitarias impuestas no permiten la deambulación de los justiciables o funcionarios públicos por las diversas áreas del recinto judicial. En la inteligencia, que deberá de informar en el plazo de veinticuatro horas, la hora y fecha marcadas en el código QR, generado para su comparecencia en este órgano jurisdiccional, a fin de recoger dichas documentales. Lo anterior, a efecto de que el personal adscrito al Juzgado Federal esté en condiciones de atender la diligencia de referencia, pues, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el horario y personal que tiene autorizado el acceso a las instalaciones de este recinto, se encuentra limitado, por lo que, es menester, tener conocimiento con anticipación de las diligencias que se deberán realizar dentro del horario de atención al público, a efecto de atender a los justiciables con la probidad adecuada. Con el apercibimiento que de no informar sobre su comparecencia a esta potestad judicial con la antelación solicitada, no se atenderá la diligencia planteada hasta en tanto, se realice de nueva cuenta la solicitud correspondiente.
- Principal
agréguense a los autos las cédulas de notificación elaboradas a la parte quejosa y Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, relativas al auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, a fin que surtan los efectos legales conducentes. Finalmente, la presente determinación se guarda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el nombre de: "PRINCIPAL. CEDULA DE NOTIFICACION." Cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio en que se actúa, se accede a la convicción de que resulta pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en: La omisión de entregar la licencia de funcionamiento del negocio de la quejosa, con giro de restaurante y jardín de eventos, con denominación "Los Fresnos", ubicado en Calle Allende S/N, Barrio San Pedro, del Municipio de Zacualpan de Amilpas, Estado de Morelos; así como la molestia e intimidación en dicha negociación. Aserto que se vierte en virtud de que previo a la promoción de este juicio constitucional, la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Para mayor claridad de lo aquí señalado, conviene reproducir el contenido del invocado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". Del artículo trascrito se advierte la obligación de agotar los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por los órganos competentes. El agotar los recursos ordinarios previos a la promoción del juicio de amparo implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción constitucional. Además, al gobernado se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios antes de acceder al juicio de amparo porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente los derechos que se hayan vulnerado en el acto o resolución combatida. Si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos para que su exigencia sea legítima y deba acatarse. Esos requisitos tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los recursos y, con ellos, deberá analizarse la conducta procesal tanto de las autoridades como de las partes en los procedimientos judiciales ordinarios. El recurso previo debe existir, esto es, tendrá que estar contemplado y regulado por la ley ordinaria. Además, deberá ser adecuado y eficaz. Un recurso es adecuado si su función dentro del sistema del derecho interno es idónea para proteger la situación jurídica infringida; esto es, debe ser aplicable en la circunstancia específica; es eficaz si tiene la capacidad de producir el resultado para el que ha sido concebido. Además, las autoridades deberán permitir que los justiciables impugnen ante los órganos superiores las decisiones que les afecten, así como garantizar que dichos recursos sean capaces de producir una decisión dentro de un plazo razonable y que se desahoguen con la debida diligencia. Como se vio, en el caso, la parte quejosa acude a solicitar la protección constitucional señalando como acto reclamado: La omisión de entregar la licencia de funcionamiento del negocio de la quejosa, con giro de restaurante y jardín de eventos, con denominación "Los Fresnos", ubicado en Calle Allende S/N, Barrio San Pedro, del Municipio de Zacualpan de Amilpas, Estado de Morelos; así como la molestia e intimidación en dicha negociación. Sin embargo, antes de acudir al juicio de amparo debió agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, previsto en los artículos 1, 2, 3 y 4, de la Ley de Justicia Administrativa de esta entidad; medio de impugnación que tiene el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto combatido; dichos numerales establecen: "1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley.--- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo.--- En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "2. Las autoridades de la Administración Pública estatal o municipal o de sus organismos descentralizados, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular o los poderes del Estado o los municipios, cuando estimen que es contraria a la ley.". "3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.". "4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados:--- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: --- I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado (sic) el procedimiento del que deriva dicha resolución;--- II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; --- III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; --- IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y --- V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.". Los numerales transcritos ponen de relieve que en el Estado de Morelos es factible impugnar los actos u omisiones y resoluciones de carácter administrativos producidos por las autoridades municipales; para lo cual, es competente el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Sobre esa base, al tratarse lo reclamado de un acto (omisión) atribuido a una autoridad de la Administración Pública Municipal, relacionado con la emisión de una licencia de funcionamiento de un establecimiento comercial, resulta válido afirmar que, previo a promover demanda de amparo que nos ocupa, era obligatorio que la quejosa acudiera al juicio de nulidad previsto en la citada ley, para con ello observar el principio de definitividad, pues dicho juicio es adecuado y eficaz para proteger la situación jurídica que estiman infringida y con él se puede modificar, revocar o nulificar lo combatido. Máxime que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos vigente a partir del diecinueve de julio de dos mil diecisiete, no prevé mayores requisitos para la suspensión del acto que la Ley de Amparo vigente, pues de los numerales 109 y 110, de la legislación mencionada en primer término, dispone que para obtener la medida cautelar es necesario cubrir los siguientes aspectos: a) Que lo solicite el particular actor; b) Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y, d) Que no se deje sin materia el juicio. Ello demuestra que la suspensión se concede con esas cuatro condiciones y de manera semejante en los artículos 128 y 135 de la Ley de Amparo. A lo anterior, se suma el hecho que tanto la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos como la Ley de Amparo prevén que se podrá conceder la suspensión de los actos impugnados en el mismo auto admisorio, es decir, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha de la presentación de la demanda. Tampoco se está en el caso de excepción que alude el artículo 61 fracción XX, párrafo segundo de la Ley de Amparo, consistente en que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, pues si bien es cierto que la quejosa acude al presente juicio constitucional, aduciendo violación a los artículos 14 y 16 constitucionales; también resulta verídico que dicha manifestación ha quedado desvirtuada con las documentales que anexó la quejosa a su escrito inicial de demanda, consistentes en el escrito de solicitud de licencia de funcionamiento, constancia de revisión expedida por la coordinación de protección civil y un recibo de pago expedido por la tesorería, ambos del Ayuntamiento municipal de Zacualpan de Amilpas, mismas que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o., de la Ley de Amparo, y con las cuales se acredita que la aquí quejosa, , con conocimiento de la existencia de ciertos requisitos establecidos en ordenamientos municipales, pretendió la expedición de una licencia de funcionamiento, la que solicitó a las autoridades competentes. Es decir que al denotarse el conocimiento por parte de la quejosa de la normatividad aplicable al caso, no se puede estimar actualizada la excepción prevista para eximirla de la obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, ni afirmarse que el acto reclamado carece de fundamentación, máxime que se reclama una omisión. Así también se hace notar que no se actualizan los diversos supuestos de excepción que establece el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo de la Ley de la Materia, relativos a que no es necesario agotar el principio de definitividad cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, ni cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, ya que, como se vio, el juicio contencioso administrativo está previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En las relatadas condiciones, al no agotar la quejosa el juicio contencioso administrativo que se abordó en esta resolución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por otra parte, este Juzgado Federal advierte que en relación a la diversa autoridad Director de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas; se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Aserto que se vierte en atención a que al rendir su informe con justificación negó la existencia del acto que se le reclama, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar esa negativa; no obstante que se le dio vista con el mismos mediante autos de treinta y uno de marzo y seis de abril de dos mil veintidós. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a la aludida autoridad responsable antes señalada, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo a su respecto. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 310, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, sexta época, tomo VI, parte SCJN, página 209, que indica: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia y sobreseimiento referidas, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del ordenamiento reglamentario preinvocado. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada en autos.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · 16,208 expedientes
- Sonia Cristina Alvarado de la Paza887/2018
- Sonia Elizabeth Ortiz Meda455/2020
- Sonia Esmeralda Vazquez Mejia233/2018
- Sonia Garcia Moreno1760/2016
- Sonia Garcia Padron1025/2019
- Sonia García Padrón559/2015
- Sonia Hernández Castillo570/2015
- Sonia Herrera Torralba452/2015
- Sonia Itzel Perez Amaro1363/2016
- Sonia Luz Figueroa Elizalde1678/2014
- Sonia Morales Peralta1166/2020
- Sonia Perez Santamaria1947/2016