Sonia Gabriela Muñoz Barrera
Expediente 798/2015 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 32 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 798/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 12/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Sonia Gabriela Muñoz Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con lo cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 378), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 383). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. En sesión de once de octubre de dos mil diecisiete, este Órgano Colegiado en su anterior denominación, resolvió conceder a Sonia Gabriela Muñoz Barrera, la protección constitucional, para el efecto de que la Sala responsable: ".1) Deje insubsistente la sentencia "reclamada; "2) Dicte otra en la que revoque la sentencia "de primera instancia, y ordene al juez de la causa: "a) Reponer el procedimiento a partir de la "diligencia inmediata anterior al auto que declaró cerrada "la instrucción; "b) Realice la investigación correspondiente "respecto de la tortura denunciada, mediante la "realización de exámenes psicológicos y médicos "pertinentes a dicha procesada, a manera de ejemplo, "conforme al Protocolo de Estambul; "c) Se allegue de cualquier probanza que "estime necesaria para el esclarecimiento de dicha "denuncia, únicamente desde el punto de vista de "violación de derechos humanos dentro del proceso "penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha "trasgresión para los efectos probatorios "correspondientes al dictar sentencia; y, "d) Dé vista al Agente del Ministerio Público "para que, de oficio e inmediatamente se inicie una "investigación de manera independiente al proceso "penal, imparcial y meticulosa, cuya finalidad sea "determinar si existió la tortura aducida por la hoy "quejosa, y en su caso identificar y procesar a las "personas responsables de la misma. "3. Haga saber al juez de la causa que, una "vez seguido el procedimiento correspondiente, en la "nueva sentencia que dicte deberá prescindir de la "ampliación de declaración rendida por el entonces "menor de edad Armando Martínez López, recabada el "diez de diciembre de dos mil trece, al haber sido "obtenida sin las formalidades correspondientes" (fojas 102 vuelta y 103 vuelta). II. Del examen de las constancias remitidas por la Sala responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el seis de noviembre de dos mil diecisiete, dictó una nueva resolución dentro del toca penal 59/2015, en la que, siguiendo los lineamientos del fallo protector, dejó insubsistente la sentencia reclamada, revocó el fallo de primer grado y ordenó al juez de la causa (fojas 114 y 129): a) Reponer el procedimiento a partir de la diligencia inmediata anterior al auto que declaró cerrada la instrucción. b) Realizar la investigación correspondiente respecto de la tortura denunciada, mediante la realización de exámenes psicológicos y médicos pertinentes a dicha procesada, a manera de ejemplo, conforme al Protocolo de Estambul; c) Se allegue de cualquier probanza que estime necesaria para el esclarecimiento de dicha denuncia, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha trasgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar sentencia; y, d) Dar vista al Agente del Ministerio Público para que, de oficio e inmediatamente se inicie una investigación de manera independiente al proceso penal, imparcial y meticulosa, cuya finalidad sea determinar si existió la tortura aducida por la hoy quejosa, y en su caso identificar y procesar a las personas responsables de la misma. e) Una vez seguido el procedimiento correspondiente, emitir una nueva sentencia en la que prescindiera de la ampliación de declaración rendida por el entonces menor de edad Armando Martínez López, recabada el diez de diciembre de dos mil trece, al haber sido obtenida sin las formalidades correspondientes. Por su parte, la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, como autoridad involucrada en el cumplimiento, por auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, ordenó la reposición del procedimiento a partir de la diligencia anterior al auto que declaró cerrada la instrucción. En el mismo proveído, ordenó realizar la investigación correspondiente, respecto de la tortura denunciada por la quejosa Sonia Gabriela Muñoz Barrera, en su vertiente de delito y como violación a derechos humanos dentro del proceso penal, ya que, por un lado, dio vista al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para el efecto que se procediera a la investigación correspondiente de dicho ilícito; mientras que por otro, ordenó realizar dentro del proceso los exámenes psicológicos y médicos pertinentes a la ahora quejosa, de conformidad con el Protocolo de Estambul, así como con el Manual para la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y otros Tratados o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Para la realización de tales exámenes, nombró a los expertos en medicina forense y psicología, Carlos Nasser Cano y María Reyna Rivera Sosa, respectivamente (fojas 135 vuelta a 137), quienes presentaron sus dictámenes y los ratificaron ante la presencia judicial (fojas 174 a 185, 189, 194 a 198). Cabe mencionar que en el dictamen emitido por la perito María Reyna Rivera Sosa, se concluyó lo siguiente: "C. SONIA GABRIELA MUÑOZ BARRERA PRESENTA: DISMINUCIÓN DE LA AUTOESTIMA Y DEL SENTIDO DEL FUTURO, INCERTIDUMBRE, AFECTADAS SUS ÁREAS AFECTIVAS Y CONDUCTUAL, CONSECUENCIA DE LOS HECHOS QUE HA VIVIDO AL SER PRIVADA POR PRIMERA VEZ EN PRISIÓN, ASÍ COMO LOS MALOS TRATOS Y AMENAZAS AL MOMENTO DE SU DETENCIÓN, EL CAMBIO DE SUS PRÁCTICAS HABITUALES, POR LA TENSIÓN Y EL ESTRÉS". Mientras que en su dictamen el médico Carlos Nasser Cano, concluyó: "1. En virtud del tiempo trascurrido, no existen lesiones recientes de agresión física en el cuerpo de Sonia Gabriela Muñoz Barrera, de acuerdo a la revisión médica que le fue realizada con fecha 12 de enero del 2018, por parte del suscrito perito. 2. En la revisión médica que le fue realizada con fecha 18 de septiembre del 2013, en el servicio médico forense de la Procuraduría General de Justicia, no reportaron la existencia de huellas de lesiones externas recientes en el cuerpo de Sonia Gabriela Muñoz Barrera. 3. La alteración visual del ojo derecho de Sonia Gabriela Muñoz Barrera, es a causa de una probable atrofia óptica y maculopatía de ojo derecho y no guardan relación con la cachetada de la que refiere fue objeto a nivel de la mejilla derecha. 4. En el presente caso, no existe evidencia física en el cuerpo de Sonia Gabriela Muñoz Barrera, que indique o sustente la existencia de la práctica de actos de tortura, aunque no se excluye hayan existido malos tratos por lo que se requiere su valoración psicológica". III. En cuanto a la investigación de la tortura alegada, en su vertiente de delito, mediante oficio 89/2018, el Agente del Ministerio Público de la Mesa Tres Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó a la juez del proceso que la carpeta de investigación UIAPIZ-3/856/2017 iniciada, se encontraba en trámite (foja 215) y mediante diverso oficio 1317, dicha juzgadora remitió copia certificadas de tal expediente (fojas 247 a 265). IV. Seguido los trámites respectivos, se advierte que el cinco de junio de dos mil dieciocho, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, dictó la sentencia de primera instancia, en la que prescindió de considerar la ampliación de declaración del entonces menor de edad Armando Martínez López, rendida el diez de diciembre de dos mil trece, ante la autoridad jurisdiccional, por carecer de firma del Secretario de Acuerdos (foja 369). Sentencia en la que, con libertad de jurisdicción, el juez de la causa consideró que la ahora quejosa Sonia Gabriela Muñoz Barrera, es responsable penalmente en la comisión del delito de simulación de privación de la libertad, en agravio de Armando Martínez López y Genaro Martínez Luna, e impuso las sanciones que estimó procedentes (fojas 373 vuelta y 374). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con lo cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 378), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 383). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. En sesión de once de octubre de dos mil diecisiete, este Órgano Colegiado en su anterior denominación, resolvió conceder a Sonia Gabriela Muñoz Barrera, la protección constitucional, para el efecto de que la Sala responsable: ".1) Deje insubsistente la sentencia "reclamada; "2) Dicte otra en la que revoque la sentencia "de primera instancia, y ordene al juez de la causa: "a) Reponer el procedimiento a partir de la "diligencia inmediata anterior al auto que declaró cerrada "la instrucción; "b) Realice la investigación correspondiente "respecto de la tortura denunciada, mediante la "realización de exámenes psicológicos y médicos "pertinentes a dicha procesada, a manera de ejemplo, "conforme al Protocolo de Estambul; "c) Se allegue de cualquier probanza que "estime necesaria para el esclarecimiento de dicha "denuncia, únicamente desde el punto de vista de "violación de derechos humanos dentro del proceso "penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha "trasgresión para los efectos probatorios "correspondientes al dictar sentencia; y, "d) Dé vista al Agente del Ministerio Público "para que, de oficio e inmediatamente se inicie una "investigación de manera independiente al proceso "penal, imparcial y meticulosa, cuya finalidad sea "determinar si existió la tortura aducida por la hoy "quejosa, y en su caso identificar y procesar a las "personas responsables de la misma. "3. Haga saber al juez de la causa que, una "vez seguido el procedimiento correspondiente, en la "nueva sentencia que dicte deberá prescindir de la "ampliación de declaración rendida por el entonces "menor de edad Armando Martínez López, recabada el "diez de diciembre de dos mil trece, al haber sido "obtenida sin las formalidades correspondientes" (fojas 102 vuelta y 103 vuelta). II. Del examen de las constancias remitidas por la Sala responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el seis de noviembre de dos mil diecisiete, dictó una nueva resolución dentro del toca penal 59/2015, en la que, siguiendo los lineamientos del fallo protector, dejó insubsistente la sentencia reclamada, revocó el fallo de primer grado y ordenó al juez de la causa (fojas 114 y 129): a) Reponer el procedimiento a partir de la diligencia inmediata anterior al auto que declaró cerrada la instrucción. b) Realizar la investigación correspondiente respecto de la tortura denunciada, mediante la realización de exámenes psicológicos y médicos pertinentes a dicha procesada, a manera de ejemplo, conforme al Protocolo de Estambul; c) Se allegue de cualquier probanza que estime necesaria para el esclarecimiento de dicha denuncia, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha trasgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar sentencia; y, d) Dar vista al Agente del Ministerio Público para que, de oficio e inmediatamente se inicie una investigación de manera independiente al proceso penal, imparcial y meticulosa, cuya finalidad sea determinar si existió la tortura aducida por la hoy quejosa, y en su caso identificar y procesar a las personas responsables de la misma. e) Una vez seguido el procedimiento correspondiente, emitir una nueva sentencia en la que prescindiera de la ampliación de declaración rendida por el entonces menor de edad Armando Martínez López, recabada el diez de diciembre de dos mil trece, al haber sido obtenida sin las formalidades correspondientes. Por su parte, la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, como autoridad involucrada en el cumplimiento, por auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, ordenó la reposición del procedimiento a partir de la diligencia anterior al auto que declaró cerrada la instrucción. En el mismo proveído, ordenó realizar la investigación correspondiente, respecto de la tortura denunciada por la quejosa Sonia Gabriela Muñoz Barrera, en su vertiente de delito y como violación a derechos humanos dentro del proceso penal, ya que, por un lado, dio vista al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para el efecto que se procediera a la investigación correspondiente de dicho ilícito; mientras que por otro, ordenó realizar dentro del proceso los exámenes psicológicos y médicos pertinentes a la ahora quejosa, de conformidad con el Protocolo de Estambul, así como con el Manual para la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y otros Tratados o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Para la realización de tales exámenes, nombró a los expertos en medicina forense y psicología, Carlos Nasser Cano y María Reyna Rivera Sosa, respectivamente (fojas 135 vuelta a 137), quienes presentaron sus dictámenes y los ratificaron ante la presencia judicial (fojas 174 a 185, 189, 194 a 198). Cabe mencionar que en el dictamen emitido por la perito María Reyna Rivera Sosa, se concluyó lo siguiente: "C. SONIA GABRIELA MUÑOZ BARRERA PRESENTA: DISMINUCIÓN DE LA AUTOESTIMA Y DEL SENTIDO DEL FUTURO, INCERTIDUMBRE, AFECTADAS SUS ÁREAS AFECTIVAS Y CONDUCTUAL, CONSECUENCIA DE LOS HECHOS QUE HA VIVIDO AL SER PRIVADA POR PRIMERA VEZ EN PRISIÓN, ASÍ COMO LOS MALOS TRATOS Y AMENAZAS AL MOMENTO DE SU DETENCIÓN, EL CAMBIO DE SUS PRÁCTICAS HABITUALES, POR LA TENSIÓN Y EL ESTRÉS". Mientras que en su dictamen el médico Carlos Nasser Cano, concluyó: "1. En virtud del tiempo trascurrido, no existen lesiones recientes de agresión física en el cuerpo de Sonia Gabriela Muñoz Barrera, de acuerdo a la revisión médica que le fue realizada con fecha 12 de enero del 2018, por parte del suscrito perito. 2. En la revisión médica que le fue realizada con fecha 18 de septiembre del 2013, en el servicio médico forense de la Procuraduría General de Justicia, no reportaron la existencia de huellas de lesiones externas recientes en el cuerpo de Sonia Gabriela Muñoz Barrera. 3. La alteración visual del ojo derecho de Sonia Gabriela Muñoz Barrera, es a causa de una probable atrofia óptica y maculopatía de ojo derecho y no guardan relación con la cachetada de la que refiere fue objeto a nivel de la mejilla derecha. 4. En el presente caso, no existe evidencia física en el cuerpo de Sonia Gabriela Muñoz Barrera, que indique o sustente la existencia de la práctica de actos de tortura, aunque no se excluye hayan existido malos tratos por lo que se requiere su valoración psicológica". III. En cuanto a la investigación de la tortura alegada, en su vertiente de delito, mediante oficio 89/2018, el Agente del Ministerio Público de la Mesa Tres Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó a la juez del proceso que la carpeta de investigación UIAPIZ-3/856/2017 iniciada, se encontraba en trámite (foja 215) y mediante diverso oficio 1317, dicha juzgadora remitió copia certificadas de tal expediente (fojas 247 a 265). IV. Seguido los trámites respectivos, se advierte que el cinco de junio de dos mil dieciocho, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, dictó la sentencia de primera instancia, en la que prescindió de considerar la ampliación de declaración del entonces menor de edad Armando Martínez López, rendida el diez de diciembre de dos mil trece, ante la autoridad jurisdiccional, por carecer de firma del Secretario de Acuerdos (foja 369). Sentencia en la que, con libertad de jurisdicción, el juez de la causa consideró que la ahora quejosa Sonia Gabriela Muñoz Barrera, es responsable penalmente en la comisión del delito de simulación de privación de la libertad, en agravio de Armando Martínez López y Genaro Martínez Luna, e impuso las sanciones que estimó procedentes (fojas 373 vuelta y 374). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de julio de dos mil dieciocho. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de trece de junio del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre anterior, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. Notifíquese. Lo acordó y firma la Magistrada Gabriela Esperanza Alquicira Sánchez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, secretaria de acuerdos que da fe.- Doy fe. MRA/mmz
Quedan 28 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · 6,390 expedientes
- Sofía Pérez Carrasco197/2015
- Sofía Pérez Muñoz1282/2015
- SOFÍA SÁNCHEZ MUÑOZ y Otros.93/2020
- Sofía Valverde Lemus582/2017
- Sofía Xolocotzi Romano430/2021
- Sonia Escobar Rodríguez1697/2015
- Sonia Jiménez Lozada1005/2016
- Sonia Rodriguez Medrano665/2014
- Sotero Montiel González1078/2015
- Sully Dina González Soriano951/2014
- Susana Cortes Fernández1377/2015
- Susano Ramos Pérez193/2017