Sonia Flores Olvera
Expediente 1043/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1043/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sonia Flores Olvera
- Juez de Primera Instancia en Materia Civil, Tacámbaro, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos para que surtan los efectos legales procedentes, el comunicado signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán, por el cual acusa recibo del comunicado 32463, por el que se le devolvieron las constancias que adjuntó a su informe de ley; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee. Devolución de constancias. De la certificación que antecede y del estado de autos se aprecia que al informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán, adjuntó copias certificadas en un tomo para respaldar su contenido y ya que resulta innecesaria su retención, se ordena la devolución de ellas a su lugar de origen, en el entendido de que como certeza de su recepción se tendrá el acuse que para tal efecto se obtenga.
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de destrucción. 3. Incidente de suspensión. Mediante resolución de veinticuatro de noviembre dedos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.2. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta y tres minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Nubia Miranda Ramírez, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1043/2021, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Acto continuo, la Secretaria relaciona como principales constancias, la demanda, emplazamiento del tercero interesado e informe justificado de la autoridad responsable. Al respecto el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales que allegó la autoridad responsable; y sobre el particular el Juez determina: téngase por hecha la relación de las pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza; con lo cual se cierra esta fase de la audiencia. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, acordando el Juez lo siguiente: ténganse formulados los alegatos de cuenta, para el efecto legal conducente. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, ni más alegatos que reproducir, se cierra esta fase y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo 1043/2021, promovido por Sonia Flores Olvera, por propio derecho, por alegada violación de los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa reclama lo siguiente: El auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio sucesorio intestamentario expediente 582/2013, a bienes de Jesús Andrés o Andrés Flores García, en el que se impuso multa a la quejosa por la cantidad de $7,085.00 (siete mil ochenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y ´60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto tiene ejecución dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó demostrada. El Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán, aceptó la existencia del acto que se le reclama, por tanto, se tiene por cierto. Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable, relativas al expediente de origen; con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto de la Ley de Amparo citado consagra el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y este principio establece la improcedencia del juicio cuando el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Así, para actualizar la causal de improcedencia en estudio, se deben satisfacer los requisitos siguientes: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley establezca algún recurso o medio de defensa contra ese acto; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Que en la especie no se surta alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. En el caso, la quejosa reclama el auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, por el cual, el juez responsable le impuso multa por no cumplir con diversos requerimientos relativos al reparto de las utilidades generadas con motivo de la cuenta mensual de administración. Los artículos 127, 131, y 132 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán establecen: "Artículo 127. Si la providencia de que hablan los artículos anteriores fuere dictada por un Juez de Primera Instancia, admitirá el recurso de queja. Artículo 131. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio: I. La multa hasta de veinticinco días de salario mínimo general vigente en el Estado, que podrá duplicarse en caso de reincidencia; II. El auxilio de la fuerza pública; III. El cateo por orden escrita; y, IV. Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia. Artículo 132. Son aplicables a los medios de apremio las disposiciones de los artículos 126 a 129 de este Código." De lo transcrito se advierte que la legislación procesal de la materia prevé diversos medios de apremio a fin de que las autoridades judiciales de la materia puedan hacer cumplir sus determinaciones, entre las que se encuentra la imposición de multas; asimismo, que respecto a dichas medidas, son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 129 a 129 de la referida codificación; finalmente, que el artículo 127 prevé que la imposición de medidas de apremio por parte de un juez de primera instancia, es impugnable a través del recurso de queja -por ser aplicable las disposiciones previstas para las providencias precautorias en términos del artículo 132 transcrito. De ahí que, contra el auto reclamado en que se impuso multa a la quejosa, por desatender los diversos requerimientos formulados por el juez responsable, procede el recurso de queja; por lo que, previo a acudir a esta instancia jurisdiccional, debió agotar el medio ordinario de impugnación, el cual es susceptible de modificar, revocar o nulificar la decisión combatida. Lo cual es acorde al fin exigido en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, antes citado, de manera que se trata del medio idóneo para cuestionar la legalidad del acto reclamado. Máxime, que la quejosa no es extraña al procedimiento natural y el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es determinante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así, se advierte que la inconforme no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos. De igual forma, aun cuando se considere que el acto reclamado es de imposible reparación, tal circunstancia tampoco exime de la obligación de que antes de acudir al juicio de amparo se agote el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige su emisión, en el caso, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Es decir, la circunstancia de que se considere que un acto puede tener efectos de imposible reparación, a propósito de la resolución reclamada, no tiene el alcance de relevar al promovente de la obligación de agotar el medio ordinario de defensa que prevé la ley que rige el acto reclamado, en tanto que se trata de cuestiones de índole diversa. De tal manera, si el caso particular no se ubica en un supuesto de excepción a la procedencia del juicio de amparo, surge la obligación para el gobernado de controvertirlo previamente a través del recurso establecido por el legislador y que resulta idóneo para cuestionarlo; y, únicamente en el supuesto de que el resultado de tal impugnación le sea adverso, podría reclamarlo mediante el juicio de amparo. Entonces, la cuestión relativa a que un acto sea de imposible reparación ninguna relevancia tiene para concluir que sólo por ello inexiste la obligación a cargo del particular de agotar el recurso que procede en contra del acto de autoridad que, en el caso, fue emitido en un procedimiento de orden civill, esto es, por una autoridad jurisdiccional, de ahí que únicamente estará relevado de hacerlo si se surte una excepción prevista en la Ley de Amparo, lo cual, como se explicó, no se surte en la especie. Lo anterior, porque no debe confundirse ni hermanarse el concepto de imposible reparación con el principio de definitividad, de ahí que aun cuando se esté en presencia de algún acto con aquella característica, es necesario que previo a reclamarlo a través del juicio de amparo, se agote el recurso o medio ordinario de defensa que contempla en su contra la ley que lo rige. Apoya tal consideración la tesis de rubro: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el diverso 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sonia Flores Olvera contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo.
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