Sonia Eunice Lugo Medina

Expediente 264/2020 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
264/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Sonia Eunice Lugo Medina
  • Sonia Eunice Lugo Medina y Otros.
  • Sala Penal Colegiada "C" del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ACUSE DE RECIBIDO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, POR EL QUE SE LES REMITIÓ TESTIMONIO DE LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO. AL EFECTO AGRÉGUESE PARA QUE OBRE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA; ASIMISMO, COMO EL PRESENTE ASUNTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDO SE ORDENA REMITIRLO AL ARCHIVO EN FORMA DEFINITIVA; Y A JUICIO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE QUE SUSCRIBE, ESTE ASUNTO NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. ANÓTESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y EN LA CARÁTULA DEL EXPEDIENTE.

  2. Juicio de Amparo Directo

    POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, ESTE TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ***, POR DERECHO PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE ***, CONTRA LA SENTENCIA DE DICTADA POR LA SALA PENAL COLEGIADA "C" DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE DURANGO.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTO, PARA PROVEER, LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, EN LA QUE EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE ESTE TRIBUNAL DE AMPARO, HACE CONSTAR QUE A LA FECHA YA TRANSCURRIÓ EL PLAZO DE TRES DÍAS A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO Y, A LA PARTE QUEJOSA, NO DESAHOGÓ LA VISTA ORDENADA EN PROVEÍDO DE DOCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. AL EFECTO SE PROVEE: DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA A LA PONENCIA CORRESPONDIENTE.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO POR EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO EN LA SESIÓN VIRTUAL DE ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CITADA LEGISLACIÓN DE AMPARO, DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PROYECTO DE SENTENCIA QUE REVELA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA OFICIOSAMENTE, PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y UNA VEZ TRANSCURRIDO ESE PLAZO, CON O SIN MANIFESTACIÓN ALGUNA, PROVÉASE LO QUE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA.EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO EN ACUERDO DE DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA ADHESIVA, LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA REFERIDA QUE EN SINTESÍS DICE: SEGUNDO. Improcedencia. Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte, de oficio, la actualización de la causal de improcedencia contenida en el cardinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, atento a lo dispuesto por el numeral 62 de la legislación en cita, lo que obliga a sobreseer en el presente juicio constitucional. Lo anterior es así, ya que de conformidad con los diversos preceptos 17 y 18 de la ley de la materia, el término para la promoción de la demanda de amparo será de quince días (salvo las excepciones contenidas en el primer numeral citado), y que tal plazo se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. I. Cuestiones necesarias para resolver. En el caso particular, la parte quejosa no combatió de manera oportuna en sede constitucional el acto reclamado y, para evidenciar tal afirmación, cabe traer a cuenta algunos antecedentes del caso, a saber: 1. El veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve (folios 5 a 12), el Juez Octavo de Control y de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango, dictó auto de apertura a juicio oral en la causa penal *****, instruida en contra de *****, por la probable comisión del delito de homicidio culposo previsto y sancionado por los numerales 133 con relación al diverso arábigo 79, ambos del Código Penal en el Estado de Durango, en agravio de quien en vida respondiera a *****; por lo que fueron precisadas las pruebas de la representación social y de la defensa a desahogarse, tanto para la etapa de enjuiciamiento como en la etapa de individualización de sanciones y reparación del daño, además, en el apartado respectivo a la individualización de las partes, quedó de manifiesto que compareció a juicio *****en su carácter de ofendida y ***** como asesor jurídico de aquella. 2. Una vez desahogada la etapa procesal correspondiente, el once de marzo de dos mil veinte, el Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción en el Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, emitió sentencia absolutoria en la causa penal de referencia, misma que concluyó con los siguientes puntos resolutivos (folios 45 a 70): "[.] Primero.- En la causa penal *****no quedó acreditado el delito de homicidio de naturaleza culposa previsto por el artículo 133 y sancionado en el diverso numeral 79, ambos del Código Penal, en relación con los diversos 17, fracción II, 18, párrafo segundo del mismo ordenamiento, en agravio de quien en vida respondió al nombre de *****, que la representación social le imputó en calidad de autor directo de acuerdo con el artículo 21, fracción I, todos del Código Punitivo en vigor. Segundo. En razón de lo anterior, por mayoría, se absuelve a ***** por la comisión de dicho delito, sin embargo, se deja a salvo el derecho de la parte ofendida a reclamar la reparación del daño por la vía civil en los términos de la legislación correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 44 del Código Penal aplicable. Tercero. La presente resolución es apelable, en términos del artículo 468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. Cuarto. Una vez que se cause ejecutoria se deberá comunicar a las autoridades correspondientes. Quinto. Como lo dispone el artículo 405, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable, se ordena que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares que se impusieron el acusado, en todo índice o registro público y policial en el que figuren [.]". 3. Inconforme con tal determinación, el agente del Ministerio Público acusador, adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Tránsito Terrestre, interpuso recurso de apelación, de ahí que en proveído de quince de julio de dos mil veinte (folio 89), el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial tuvo por interpuesto el medio de impugnación mencionado y notificó a las partes para efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera a través de la contestación de los agravios, o bien, para presentar la adhesión correspondiente, además, a efecto de que señalaran domicilio para recibir notificaciones en segunda instancia o el medio a través del cual debían realizarse aquellas y, en lo que destaca para las consideraciones de esta ejecutoria, al momento en que tal auto fue notificado a la parte quejosa *****, en el mismo acto, ante el actuario judicial adscrito, señaló que: "[.] Autorizo ser notificada al cel. (sic) ***** y al correo ***** [.]" (folio 89 vuelta), sin que aquella promoviera escrito alguno para adherirse al recurso de apelación interpuesto. 4. En ese tenor, en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veinte (folio 106), la Sala Penal Colegiada "C" del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, radicó el recurso de apelación bajo el expediente *****, por lo que una vez sustanciado el procedimiento en los términos de ley, el veintinueve de septiembre siguiente dictó la sentencia respectiva (folios 118 a 143), en la que confirmó la de primer grado (misma que constituye el acto aquí reclamado). II. Análisis de la hipótesis de improcedencia. Ahora bien, en la última parte de la sentencia señalada, la autoridad responsable ordenó notificar la misma a las partes y, con motivo de lo anterior, la actuaria adscrita al órgano jurisdiccional de mérito, el seis de octubre de dos mil veinte, notificó a la parte disconforme el fallo en mención, según constancia que obra glosada a folio ciento cuarenta y cuatro del expediente natural. Por tanto, si el acto reclamado fue notificado a la disconforme vía telefónica el seis de octubre de dos mil veinte, entonces, surtió efectos al día hábil siguiente, en términos del precepto 82, fracción I, inciso b) y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, normativa que rige el acto reclamado. En tales circunstancias, el término que tenía la parte quejosa para promover el presente juicio de amparo, fue del ocho al veintiocho de octubre de dos mil veinte, descontando para ello los días inhábiles correspondientes. Ante ello, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, el doce de noviembre de dos mil veinte (según se advierte del sello de recibido visible a folio seis vuelta del expediente en que se actúa), es evidente que trascurrió el término previsto en el artículo 17 de la legislación en cita y, por tanto, su promoción se estima extemporánea; sin que en el caso se actualice alguna excepción a la regla genérica prevista en el invocado numeral, ya que: a) El acto reclamado no es una norma general autoaplicativa, ni un procedimiento de extradición; b) No se combate la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; c) El acto debatido no tiene ni puede tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, d) El acto no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el arábigo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni consiste en la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Máxime que, con relación a la hipótesis señalada anteriormente en el inciso b), es decir, el caso de excepción que prevé el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo, que prevé que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años, no resulta aplicable al particular (aun cuando trate de un juicio del orden penal). Lo anterior es así, en primer término, porque al margen de que la sentencia reclamada fue absolutoria, el juicio de amparo constitucional es promovido por quien se ostenta como parte ofendida en el procedimiento de origen, de ahí que no se surta a su favor tal término, por lo que opera el genérico de quince días a que refiere el cardinal en comento, pues así lo dispuso el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 26/2014, que originó la jurisprudencia P./J. 47/2014 (10a.) de rubro: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EL PLAZO PARA QUE PRESENTE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS", misma que, aunque verse de una sentencia condenatoria (lo que no es el caso), sí resulta ilustrativa con relación al término que tiene la ofendida para la promoción del juicio de amparo directo, al referir que: "[.] En ese orden de ideas, es de señalar que a la víctima u ofendido del delito, no le es aplicable el plazo de hasta ocho años que prevé el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, para la interposición de la demanda, ya que el mismo sólo podría ser aplicable a quien resiente la afectación directa a su libertad personal; es decir, al sentenciado, porque a virtud del acto reclamado resultó plenamente responsable de la comisión delictiva y, por ende, se hizo acreedor a una pena de prisión. Además de que, si el legislador no estableció expresamente una similitud de trato entre el inculpado y la víctima del delito, el intérprete de la norma no tiene por qué hacerlo. Por ello, el plazo que se establece en la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo, sólo es aplicable al sentenciado y no a la víctima u ofendido por delito. Por tanto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que el plazo con que cuenta la víctima u ofendido del delito para la interposición de la demanda de amparo directo en contra de una sentencia definitiva condenatoria, es el genérico de quince días que se establece en el párrafo primero del citado artículo 17 de la nueva Ley de Amparo [.]". Tampoco se encuentra en el supuesto que establece la jurisprudencia 2a./J. 108/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. ES OPORTUNA SU PRESENTACIÓN EN LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA SIGUIENTE AL DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO, CUANDO CON MOTIVO DE UN HORARIO DE LABORES FIJADO EN ACUERDOS ADMINISTRATIVOS O LEYES SECUNDARIAS SE RESTRINGIERON LAS VEINTICUATRO HORAS", en tanto, la demanda no fue presentada ante la autoridad responsable a primera hora hábil del día siguiente al del vencimiento del plazo, que actualizara esa hipótesis (es decir, el veintinueve de octubre de dos mil veinte), pues según quedó visto, trascurrió el término de quince días previsto en la legislación de amparo, porque fue promovida hasta el doce de noviembre posterior. Sin que pase inadvertido que en la demanda de amparo la parte quejosa señaló que: "[.] Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el acto reclamado me fue notificado, con fecha veintidós de octubre del año dos mil veinte [.]", empero, ese dato es diverso a la fecha indicada en la notificación del acto reclamado a la peticionaria (seis de octubre de dos mil veinte), misma que fue efectuada, según quedó visto, a través de la vía electrónica (celular) señalada para tal efecto por la ofendida, en términos del citado artículo 82, fracción I, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé la posibilidad de notificar las determinaciones jurisdiccionales a través de los medios tecnológicos autorizados por las partes. Además, este Tribunal Colegiado de Circuito está impedido para analizar la legalidad de la notificación en cita, por lo que, como se dijo, deberá tomarse en cuenta la efectuada por la actuaria de la adscripción para el cómputo correspondiente, dado que no se advierte que aquella haya sido declarada nula en términos del cardinal 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que es acorde con la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, misma que aunque verse en materia laboral, resulta ilustrativa al particular, en el sentido de que debe atenderse a la notificación efectuada por la autoridad responsable, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen". Luego, debe decirse a la parte quejosa que no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, el argumento relativo a que la sentencia reclamada vulnera derechos humanos de sus menores hijas de iniciales X.C.L. y E.V.C.L (e invoca el interior superior de la niñez), empero, aunque invoque que aquellas tienen derecho a la reparación del daño y, en tratándose de menores en materia de amparo opera la suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción II, de la ley de la materia y la jurisprudencia 1a./J. 191/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE", lo cierto es que la figura jurídica de la suplencia no puede llegar al extremo de patentizar la procedencia de un juicio de amparo que, conforme a la ley de la materia no lo es, aun bajo el supuesto de que la parte disconforme estime que el acto vulnera derechos humanos, lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal Mexicano, del contenido siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental".

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