Sonia Esther Caballero Pérez
Expediente 134/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Sonia Esther Caballero Pérez
- Juez Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguense el escrito electrónico de ...; sin que haya lugar a proveer de conformidad, pues con base en la certificación de cuenta, se advierte que carece de firma autógrafa o de la evidencia criptográfica de la promovente a que se refiere el Acuerdo 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin perjuicio de lo anterior, se hace del conocimiento de las promoventes, que el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en la siguiente liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea /Home/SolicitaFirel, contiene los lineamientos a seguir para obtener el certificado de la firma electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio, sin que se haya hecho valer; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación CAUSÓ EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que el juez responsable remitió un legajo de constancias en justificación de sus actos; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ...o, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. Conforme a lo dispuesto por el Acuerdo Plenario citado, requiérase a la parte quejosa para que acuda al local de este Juzgado, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibió, apercibido de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. NOTIFÍQUESE, POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, y como se ordena en el diverso amparo 133/2020, se hace del conocimiento de la sucesión de ..., la existencia del juicio de amparo 133/2020 de este índice, donde se señaló como autoridades responsables al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuarto Civil de la Ciudad de México, contra actos derivados del juicio ordinario civil 235/2016, amparo en el que se señaló como tercera interesada. En esas condiciones, se le requiere para que se apersone al asunto 133/2020 y esté en condiciones de hacer valer lo que en derecho corresponda. Apercibida de multa en caso de no comparecer, pues la celeridad en la impartición de justicia no puede quedar a disposición de las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguense la razones de cuenta, a través de las cuales el actuario adscrito a este Juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte quejosa y tercera interesada, la sentencia dictada en autos; en consecuencia, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA la resolución aludida, éste proveído y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS SEÑALA: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 134/2020, promovido por ... contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuarto Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda. El once de febrero de dos mil veinte, la quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal por violación de sus derechos fundamentales, tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que hizo consistir en: "(.) la omisión de haber sido llamado al juicio ordinario civil (.)." Segundo. Admisión. El dos de marzo pasado, previo desahogo, se admitió la acción de amparo, se dio intervención al representante social adscrito; se requirieron los informes justificados; y se señaló parte tercera interesada. Tercero. Trámite. El fiscal adscrito no formuló intervención; se rindieron los informes de ley, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción VI de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este juzgado de control constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, la precisión del acto reclamado es: La falta de llamamiento al juicio ordinario civil 235/2016 del índice del Juzgado Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como la orden de desocupación del inmueble ubicado en ... Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, lo cual se corrobora con las constancias del proceso natural remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Cuarto. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador, antes de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, conforme al último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. Consideración previa. En principio es conveniente precisar que la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación al juicio de origen sino auténtica, en virtud de los siguientes razonamientos. El tercero extraño a un juicio es aquella persona moral o física distinta de los sujetos de la controversia que se ventila, por lo tanto la idea de tercero extraño es opuesta a la de parte procesal, es decir, es aquella persona que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. El evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que desconocen las actuaciones del juicio, lo que les impidió acudir al mismo en defensa de sus intereses. Tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Entonces, para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, la parte que no fue llamada o que fue emplazada incorrectamente. Como apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia número P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En la especie, de las constancias del juicio de origen, previamente valoradas, se advierte que: El proceso se inició contra ... El trece de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por desistida a la parte actora respecto de los demandados ... El catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva. El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se revocó el fallo definitivo, para en su lugar, condenar a .. a la entrega del bien materia del juicio. De ahí que, al no estar formal o materialmente relacionada al proceso, no le recaiga el carácter de tercera extraña a juicio por equiparación, por lo que es dable que el estudio de la procedencia del juicio deba efectuarse al tenor de los requisitos que la ley de amparo exige para las personas que tienen el carácter de extrañas auténticas. Ello es así, porque aun cuando originalmente se le pretendió demandar, luego la actora dejo de perseguir una pretensión en su contra, de modo que sin una vinculación procesal, ni llamamiento, la quejosa se ubica en el supuesto del tercero extraño auténtico, esto es, como persona completamente ajeno al proceso; ello, además, conforme lo previsto en el artículo 1° del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. En el particular, el presente juicio es improcedente, por falta de interés jurídico de la parte promovente, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Conforme al precepto transcrito, para la procedencia del juicio de amparo proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del quejoso; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así como la tesis jurisprudencial de la otrora Sala Auxiliar de la suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción Constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En el caso, la parte quejosa al tener el carácter de tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil 235/2016 del índice del Juzgado Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y manifestar tener derechos sobre el inmueble ubicado en ..., en su carácter de propietaria, es indispensable que acredite la afectación de los derechos que invoca con motivo de los actos reclamados. En efecto, la parte impetrante de amparo debió demostrar fehacientemente, ser titular de los derechos que litiga; pues la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que este derecho derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y que, además, sea oponible a terceros. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1/2002; que a la letra se transcribe: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." De este modo, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. En esta lógica, la parte accionante de amparo no allegó elemento de convicción idóneo con el que acredite de forma fehaciente tener algún derecho sobre el inmueble materia de la litis, en su carácter de propietaria, como lo afirma, sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal, y tampoco probó que lo posee materialmente; por lo cual se estima que no existe afectación a su interés jurídico. No es impedimento para el sentido de esta determinación, que haya exhibido las documentales siguientes: 1. Cédula de notificación de dieciséis de enero de dos mil diecinueve. 2. Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. Lo anterior es así, pues de la primera documental, sólo demuestra la notificación que se realizó de diversos acuerdos emitidos en el juicio natural; sin que constituya un medio para acreditar la posesión de hecho o de derecho del bien ahí identificado; máxime que dicho juicio no se sigue en su contra con motivo del desistimiento. Por lo que, como se indicó, al no ser parte formal en el proceso tenía la obligación de acreditar que se le debió de llamar a éste, para lo cual debió de acreditar la afectación al derecho de propiedad que aduce tiene sobre el bien materia del juicio, lo que en el caso no acontece. Respecto de la documental descrita en el punto dos, dada su confección, no pueden surtir efectos ni generar algún indicio, al no encontrarse adminiculada con otros medios de prueba que acrediten la existencia de algún derecho en favor de la quejosa respecto del bien que pretende defender en esta instancia, pues como se dijo, fueron ofrecidas en copia simple. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COPIAS FOTOSTATICAS. CONSTITUYEN UN MEDIO DE PRUEBA DIVERSO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129, 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las copias fotostáticas no pueden considerarse documentos privados, quedando en cambio comprendidas dentro de los medios de prueba a que se refiere el artículo 93, fracción VII, del aludido código. En consecuencia, para determinar su valor probatorio debe aplicarse el numeral 217 del mismo ordenamiento legal, y no los artículos 205 a 210 que se refieren a la apreciación de los documentos privados, pues de acuerdo con el primero de dichos dispositivos, las copias fotostáticas carecen de valor probatorio pleno si no se encuentran debidamente certificadas, por lo que su valor probatorio es el de un simple indicio, con independencia de que no hayan sido objetadas." No es obstáculo para lo considerado, que en el caso se haya probado la existencia del acto reclamado con la propia manifestación de las autoridades responsables y con las constancias remitidas con su informe justificado, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. ... ." Consecuentemente, al no acreditarse el interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XII, ambos de la ley de la materia, debe sobreseerse en el juicio de amparo. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos que se reclaman de la autoridad responsable ejecutora, dado que no se combate por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizable en la página 339, Tomo VI, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial 1917-1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento lo impide. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente."9 Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo 134/2020, promovido por ... contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuarto Civil de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- SOLEDAD MENDOZA SEPULVEDA y Otros.891/2016
- Solly Jessie Álvarez Santiago556/2019
- Solyelis Josefina Rodríguez Galindez167/2018
- Sonia Alfaro Hermosillo64/2019
- Sonia Delgado Olguin199/2015
- Sonia Edith de Coss Carrasco1046/2022
- SONIA FIDELINA ORTÍZ NUILA y Otros.937/2019
- Sonia González Cortes401/2022
- Sonia Moreno Velazquez776/2014
- SOTERO FLORENTINO CHÁVEZ SORIA y Otros.435/2015
- SOTERO FLORENTINO CHÁVEZ SORIA y Otros.907/2015
- Stadler Anlagenbau Gmbh1057/2021