Sonia Diana Pérez Hernández
Expediente 1682/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1682/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Sonia Diana Pérez Hernández
Actuaciones
- Principal
Agréguense los oficios suscritos por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuals informa entre otras cuestiones, la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a Paulino Rodríguez López, Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias con las que acredite lo siguiente: Se apercibe que en caso de no cumplir con el mandato de este órgano jurisdiccional sin causa justificada, se le impondrá una, una multa de cien veces de Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 en relación con el diverso 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual transcribe la literalidad de la ejecutoria dictada el once de octubre de dos mil veintitrés, en el toca Q.A. 302/2023, en la que resolvió: "ÚNICO. Son infundados los recursos de queja". Acúsese recibo de estilo por así solicitarlo la Superioridad; realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se levanta la reserva decretada en proveído de trece de septiembre y se reanuda el procedimiento. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, en específico de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, de la que se advierte que reclama diversas disposiciones del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación dos de marzo del dos mil veintitrés. Ahora bien, constituye un hecho notorio para este órgano judicial, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2 de la Ley de Amparo, que en sesión pública del veintidós de junio del dos mil veintitrés, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023 y, por mayoría de nueve votos, declaró la invalidez, precisamente, del mencionado Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación dos de marzo del dos mil veintitrés. En efecto, de la consulta a la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7408), del expediente correspondiente a la acción de constitucionalidad mencionada y sus acumuladas, este Tribunal Colegiado advierte que quedó invalidado el decreto impugnado porque existieron múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, las que la Corte hizo consistir en las siguientes. 1) Las iniciativas del denominado Plan B fueron presentadas a discusión y aprobación sin que fueran publicadas previo al inicio de la sesión, para que todos los legisladores tuvieran oportunidad de conocerlas, tal como lo señala el Reglamento de la Cámara de Diputados. 2) Esas iniciativas comprenden seis leyes y más de quinientos diez artículos adicionados, reformados o modificados. 3) Las iniciativas fueron clasificadas como urgentes por la mayoría sin dar razón alguna, lo que significa que ni siquiera fueron dictaminadas en comisiones, por lo que se procedió a su discusión y aprobación inmediata, a pesar de su extensión y complejidad, a pesar de las reiteradas peticiones de las minorías para permitir previamente conocer el contenido de los decretos y así proceder a un debate serio. 4) Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas cámaras. Una de las reglas constitucionales específicas del procedimiento legislativo prohíbe tajantemente a las Cámaras del Congreso de la Unión alterar en modo alguno los artículos o disposiciones de los proyectos de ley o decreto que ya hubieran sido aprobados previamente por ambas. 5) Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron sesionar y aprobar su dictamen de manera conjunta. Tampoco cumplieron con las reglas de votación previamente establecidas. Los puntos resolutivos de la resolución emitida en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, establecen. "PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas. - - - SEGUNDO. Se declara la invalidez del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de esos puntos resolutivos al Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados VI y VII de esta decisión. - - - TERCERO. Publíquese esta resolución". De la referencia que antecede, es de advertir que la declaratoria de invalidez surtió sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de la Unión, lo que ocurrió el veintitrés de junio del año en curso. Asimismo, se advierte que al declarar la invalidez del decreto impugnado, el Pleno determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho decreto recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquél, es decir, al dos de marzo del dos mil veintitrés. Lo anterior pone en evidencia que los efectos y consecuencias del decreto del cual forman parte las normas aquí reclamadas, cesaron en sus efectos de forma total e incondicional, como si fuera otorgado el amparo y las normas no hubieran invadido la esfera jurídica de la quejosa; máxime cuando no se mencionad ni se observa la existencia de algún acto concreto de aplicación de aquéllas, que pudiera subsistir para justificar con la continuación de este juicio, por lo que este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Así, se patentiza que han cesado los efectos del acto reclamado, lo que motiva el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo; ya que la causa de improcedencia invocada es manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, por lo que es innecesario esperar la data de audiencia para decretar el sobreseimiento de mérito. Consecuentemente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico. Por último, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos, así como cualquier requerimiento que se hubiere formulado en el presente juicio, tanto a la parte quejosa como a las autoridades responsables. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa -o en forma electrónica, de así haberse acordado-, por oficio a las autoridades y al Fiscal Ejecutivo de manera electrónica.
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