Sonia Cristina Alvarado de la Paz

Expediente 592/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
592/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
15/05/2018

Partes del expediente

  • Sonia Cristina Alvarado de la Paz

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que el auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se ordenó desechar de plano por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE CITA: agréguese el escrito signado por ***. En atención a su contenido, y en atención a la prevención que le fue formulada en auto de trece de abril de dos mil dieciocho, manifiesta que ratifica que señala como acto reclamado el que se cita. Sin embargo, de la lectura integra de su escrito inicial de demanda, así como de su presente escrito aclaratorio, se desprende que los actos reclamados se hacen consistir en los siguientes: La falta de emplazamiento de la parte demanda dentro del juicio laboral de origen ***. La fijación de fecha lejana para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62 de la Ley de la Materia. Sin embargo, por cuanto el primer acto reclamado cabe decir que no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, tomando en consideración que en la demanda de amparo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, así como violaciones a los artículos 1 y 17 de la Ley Suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la parte quejosa, sino que se da justamente dentro del mismo, al no dictar la autoridad responsable, el cierre de instrucción en el juicio laboral de origen. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 Constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, más aun que con motivo de la omisión de emplazar a la parte demandad al juicio de origen, no puede considerarse que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, toda vez que apenas el catorce de marzo de dos mil dieciocho se ordenó el emplazamiento de cuya omisión en su realización pretende reclamar, mismo que en términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que la autoridad responsable debe realizarlo cuando menos con diez días de anticipación al de la fecha que se fije para la celebración audiencia de ley, que en el caso son las trece horas del dieciocho de mayo del año en curso, por lo que la autoridad responsable tiene cuando menos hasta el cuatro de mayo de dos mil dieciocho para llevar a cabo dicha formalidad procesal, por lo que se colige que la quejosa no se encuentra en condiciones actualmente de solicitar la protección de la justicia federal. Ahora, respecto del segundo acto reclamado que se hace consistir en el señalamiento de fecha lejana para la celebración de la audiencia de Ley, tampoco es procedente la demanda de amparo, tomando en consideración que la naturaleza del acto reclamado es de carácter positivo, por lo que en caso de admitirse la demanda, tramitarse el juicio de amparo, celebrarse la audiencia constitucional y de resultar fundado algún concepto de violación el efecto del amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, sería restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, dejando insubsistente el referido acto reclamado, lo que impediría concretar en favor de la quejosa los efectos de la protección federal en los términos del artículo citado. En efecto, debe precisarse que el efecto de la concesión del amparo podría consistir en que se dictara un nuevo proveído, dejando sin efectos la parte considerativa del auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho, única y exclusivamente por cuanto se refiere al señalamiento remoto de la fecha para el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del trabajo; y, en su lugar emitiera otro tomando en consideración lo que al efecto dispone dicho numeral, respecto del término señalado para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Sin embargo, el efecto del amparo no podría consistir en lo que pretende la parte quejosa, esto es, que se señale nueva hora y fecha para que se desahogue la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que en la hipótesis de que en este día se admitiera la demanda de amparo, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se fijara el veinticinco de mayo para que tuviera verificativo la audiencia constitucional del presente asunto, y se llevará a cabo la celebración de la misma, en la que se otorgara el amparo para el fin solicitado, en caso de no ser recurrida, de conformidad con el dispositivo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 86 de la propia ley de la materia, causaría ejecutoria en diez días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación que se practique a las partes, es decir, que se notificara el veintiocho de mayo, surtiría efectos al otro día, empezando a correr dicho término el treinta de mayo de dos mil dieciocho, tenemos que el trece de junio siguiente causaría ejecutoria la sentencia, por lo que no obstante que se requiriera el cumplimiento con anticipación, la junta del conocimiento estaría dando cumplimiento a mediados de junio, señalando posiblemente una fecha de desahogo de la audiencia de ley hasta los últimos días del mes de junio de dos mil dieciocho. Contrario a esto, en caso de ser recurrida la sentencia concesoria que se llegara a dictar, podría tardar en resolverse uno o dos meses más, según la carga de trabajo que llegara a tener el Tribunal Colegiado de este Circuito. De lo anterior, podemos observar que el fin del amparo (señalar nuevo día y hora para que se desahogue la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo), no se podría concretar, puesto que la nueva fecha que se señalara sería mucho más lejana de la que ya se encuentra establecida (trece horas del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho); por tanto, por fines prácticos es que este juzgado estima pertinente que debe desecharse en el presente asunto; en tanto que el juicio de amparo debe tener un beneficio práctico, y no constituir un análisis teórico en perjuicio del quejoso. En consecuencia, como la parte quejosa reclama en su escrito inicial actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo, pues no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente.

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