Sonia Brindis Roque

Expediente 1001/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1001/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Sonia Brindis Roque

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio firmado electrónicamente por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y anexo que acompaña, a través del cual comunica que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa Sonia Brindis Roque, mismo que quedó registrado bajo el número 327/2023. En ese contexto, se toma nota de lo comunicado, para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el correo electrónico proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través del cual remite la boleta de turno relativa al medio de impugnación interpuesto en el presente juicio, de la cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en esas materias. En tal virtud, hágase esto del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio y anexos que remite el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 188/2023, con número de orden 321/2023, del índice de este juzgado, enviado para notificar a la quejosa Sonia Brindis Roque. Sin que sea necesario acusar de recibo, pues el sistema lo genera de manera automática. Dese de baja dicha comunicación y háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, para los efectos administrativos a que haya lugar. QUEJOSA PROMUEVE RECURSO DE QUEJA Ahora bien, se tiene por recibido el escrito firmado por la quejosa Sonia Brindis Roque con el que interpone recurso de queja en contra del proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo origen del presente expediente. En atención a ello, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98 y 101 de la Ley de Amparo, en su momento procesal oportuno, remítase este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la substanciación de la impugnación interpuesta. Asimismo, con sustento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la impugnación, en el sentido de que: ES CIERTO que en proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, esta juzgadora desechó la demanda de amparo interpuesta por Sonia Brindis Roque, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, con residencia en Tonalá, Chiapas, y de otra autoridad, por los motivos precisados en esa pieza. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y fórmese cuaderno de antecedentes respectivo.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio firmado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través del cual remite el auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el amparo directo 582/2023, así como el original y copias de la demanda de amparo promovida por Sonia Brindis Roque, y diversos anexos, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, con residencia en Tonalá, Chiapas, y de otra autoridad; en ello en virtud de haberse declarado incompetente para conocer del juicio de amparo de mérito. En ese sentido, con fundamento en primer y segundo párrafos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se acata la competencia declinada, y este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, se avoca al conocimiento del asunto planteado. Acúsese recibo de estilo al Tribunal Colegiado oficiante. En consecuencia, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1001/2023-III-A. DESECHAMIENTO 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 3 Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el citado numeral 113 de la Ley de la materia, textualmente establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos datos de localización son: Registro digital: 196196, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: I.1o.A. J/4, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, y con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es pertinente precisar que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: El auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 597/2021, por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, con residencia en Tonalá, Chiapas, en el que se ordenó llevar a cabo la diligencia de lanzamiento del inmueble materia de la Litis y giró oficio al Comandante Regional de la Policía de Investigación del Distrito Istmo Costa, con sede en Tonalá, Chiapas, para que brinde apoyo en tal diligencia; esto, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de treinta de enero de dos mil veintitrés. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo así como de los diversos anexos que la acompañan, se desprende lo siguiente: 1. El acto reclamado deriva del juicio ordinario civil "Reivindicatorio", promovido por Raymundo González González en contra de la aquí promovente Sonia Brindis Cabrera, en el expediente 597/2021 del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, con residencia en Tonalá, Chiapas. 2. Seguido el juicio de origen en sus etapas procesales el juez natural dictó sentencia definitiva el treinta de enero de dos mil veintitrés. 3. Sentencia que fue recurrida por la aquí promovente Sonia Brindis Cabrera, mediante recurso de apelación, y que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través de resolución de trece de abril de dos mil veintitrés confirmó dicha sentencia. 4. A lo que el Juez natural procedió a dar cumplimiento a la sentencia de treinta de enero de dos mil veintitrés, esto es, le otorgó el término de cinco días a los demandados (Sonia Brindis Cabrera, y otro) para que hicieran entrega y desocupación del bien inmueble en litigio, con el apercibimiento que de no hacerlo, serían lazados a su costa, pese a estar notificados, los demandados hicieron caso omiso. 5. Por lo tanto, el Juez natural procedió a dar cabal cumplimiento a la sentencia mencionada y por auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, ordenó turnar los autos al actuario judicial de su adscripción para efecto de llevar a cabo la diligencia de lanzamiento, haciendo uso de la fuerza pública para mantener el orden. 6. Finalmente, por auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, por solicitud de la parte actora Raymundo González González, el Juez natural ordenó se girara oficio al Comandante Regional de la Policía de Investigación del Distrito Istmo Costa, con sede en Tonalá, Chiapas, para que éste brindara apoyo en la diligencia de lanzamiento. Debe precisarse que el juicio del cual emana el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y la aquí promovente tiene el carácter de parte demandada, señalando como acto reclamado el auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 597/2021, por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, con residencia en Tonalá, Chiapas, en el que se ordenó llevar a cabo la diligencia de lanzamiento del inmueble materia de la Litis y giró oficio al Comandante Regional de la Policía de Investigación del Distrito Istmo Costa, con sede en Tonalá, Chiapas, para que brinde apoyo en tal diligencia; esto, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de treinta de enero de dos mil veintitrés, por lo que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, toda vez que no se ha tenido por cumplida la sentencia definitiva ni declarado la imposibilidad para ello; y por ende, se trata de un acto parcial de ejecución que por su naturaleza no es impugnable en amparo indirecto, porque entorpecería la ejecución, y sólo hasta que se tenga por cumplida la sentencia definitiva o se declare la imposibilidad para ello, serán reclamables las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo si trascienden al resultado de la ejecución. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional advierte que, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" El precepto transcrito en segundo término, en lo que nos ocupa, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos ejecutados por autoridades judiciales después de concluido un juicio. Respecto de dichos actos cabe distinguir entre los que se refieren a la ejecución de sentencia y los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. En torno a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, que es aquella en la que se declare cumplida la sentencia definitiva o se manifieste la imposibilidad para ello. En cuanto a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. El artículo 107, fracción IV, de la Ley de la Materia, establece claramente la procedencia del amparo indirecto únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia respectivo, siguiendo el principio de economía procesal, pues lo que se pretende es evitar la demora en la conclusión del procedimiento de ejecución con la constante interposición de juicios de amparo. En el caso concreto, como se ha hecho alusión se reclama el auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 597/2021, por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, con residencia en Tonalá, Chiapas, en el que se ordenó llevar a cabo la diligencia de lanzamiento del inmueble materia de la Litis y giró oficio al Comandante Regional de la Policía de Investigación del Distrito Istmo Costa, con sede en Tonalá, Chiapas, para que brinde apoyo en tal diligencia; esto, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de treinta de enero de dos mil veintitrés; sin embargo, de acuerdo al artículo 107, fracción IV, de la Ley de la Materia, dispone que procede el amparo indirecto en contra de los actos ejecutados después de concluido el juicio pero que cuando se trate de actos en ejecución de sentencia, como en el caso acontece, sólo procederá el amparo en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento, que puede ser aquella en la que se declare cumplida la sentencia o se manifieste la imposibilidad para ello. En ese sentido, respecto de aludido acto reclamado, este órgano jurisdiccional estima que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, ya que no se ha tenido por cumplida la sentencia definitiva o declarado la imposibilidad para ello; en consecuencia, se trata de actos parciales de ejecución que por su naturaleza no son impugnables en amparo indirecto porque entorpecerían la ejecución, por lo que, las violaciones que aduce se cometieron en la etapa de ejecución, podrá reclamarlas sólo hasta que se declare cumplida la sentencia o en su caso la imposibilidad para ello. Apoya a lo anterior, la tesis II.2o.C.389 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyos datos de localización son: Registro digital: 185268, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: II.2o.C.389 C, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, página 1721, Tipo: Aislada, del rubro y texto siguientes. AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última. Igualmente sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/253, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyos datos de localización son: Registro digital: 178405, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: VI.2o.C. J/253, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1331, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Por lo anterior, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Sonia Brindis Roque, por propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyos datos de localización son: Registro digital: 174737, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: VII.2o.C. J/23, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. SE GIRA EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA QUEJOSA Por otra parte, ya que el domicilio del promovente de amparo Sonia Brindis Roque, es en Finca ubicada en la Calle Villaflores, número 501, Colonia Plan de Ayala Ampliación Norte, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, gírese atento exhorto vía SISE al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, realice lo siguiente: Comisione al actuario de su adscripción, para que se constituya en el domicilio antes apuntado, y notifique a la quejosa Sonia Brindis Roque el presente proveído. Asimismo, deberá requerirla para que dentro en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibiéndola que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicaran por medio de la lista de acuerdos, conforme a los artículos 26, fracción III y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Para alcanzar ese cometido, se habilita a la potestad comisionada, para que lleve a cabo todas las actuaciones y emita las determinaciones que estime pertinentes y estén a su alcance para realizar la diligenciación del medio de comunicación oficial de trato. De igual manera, se le faculta para que habilite los días y horas inhábiles a fin de llevar a cabo el desahogo de la diligencia de trato. Asimismo, se solicita al Juez señalado, faculte al actuario de su adscripción para que en el caso de que al constituirse en el citado domicilio y no sea el correcto y fuere informado de que la parte quejosa de mérito puede ser notificada en uno diverso que se le proporcione, practique en dicho domicilio la notificación ordenada, debiendo asentar en cualquier caso la razón que correspondiere. Una vez diligenciado en sus términos el exhorto que se gira, lo devuelva a la brevedad posible, con las actuaciones que haya practicado. AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a Luis Rogelio Figueroa Toledo, por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a los demás profesionistas. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1 , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. Se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona la promovente, a fin de que en caso de ser necesario se establezca como medio de contacto -no procesal- con ellos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia.

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