Sonia Blanca Benítez Zuñiga
Expediente 1014/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sonia Blanca Benítez Zuñiga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberá informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime Cesar Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio por el cual se debió notificar al tercero interesado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el Estado, la sentencia de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en autos. En consecuencia, se ordena reexpedir el oficio aludido, a fin de que el tercero interesado esté enterado del contenido de dicha determinación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tienen por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente y el Secretario de Acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, mediante el cual informa dará cumplimiento a la sentencia de amparo una vez que ésta cause ejecutoria, al respecto téngase por hecha la comunicación que alude para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de Jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1014/2022, promovido por ******************** contra actos de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable: ° Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Actos reclamados: ".acuerdo de fecha 09 de junio de 2022 en el expediente natural ******************** emitido por la autoridad responsable en el que declara: Se tiene por cumplida la sentencia definitiva dictada por esta Sala en el juicio en que se actúa, el 26 de marzo de 2018, en los términos que informó la autoridad demandada.". SEGUNDO. El nueve de agosto de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1014/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama el acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del expediente natural ********************, índice la autoridad señalada como responsable por el cual se tuvo por cumplida la sentencia definitiva. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Para una mejor comprensión del asunto, se sintetizarán las actuaciones del procedimiento de origen, a saber: 1.- Sentencia dictada el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, dentro del expediente ********************, del índice de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que se determinó: "I.- La parte actora ACREDITÓ PARCIALMENTE SU PRETENSIÓN; en consecuencia, II.- Se RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, misma que ha quedado debidamente precisada en el resultando primero de este fallo, únicamente por lo que respecta a la cuantificación de la cuota pensionaria y al incremento de los conceptos denominados "Previsión Social Múltiple" y "Bono de Despensa", conforme a las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de la presente resolución. III. Se declara la NULIDAD de la resolución impugnada, precisada en el resultando primero de este fallo, por cuanto hace a la falta de incremento anual de la cuota pensionaria asignada a la parte actora, por lo que en consecuencia: IV.- Se CONDENA A LA AUTORIDAD DEMANDADA a emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que realice los aumentos anuales de la cuota pensionaria del actor que en su caso correspondan, a partir de que se jubiló conforme a los lineamientos dados en la presente resolución y en consecuencia de lo anterior, se condena a la autoridad demandada a pagarle a la parte actora las diferencias a las que en su caso, tiene derecho, así como al pago de las diferencias que le correspondan por concepto de gratificación anual, mismo que deberá realizarse con en la cuota pensionaria actualizada; condena que deberá cumplir en la forma y términos precisados en la parte final del último considerando de la presente determinación.". 2.- Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, se dictó resolución para dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo ********************, en la que conforme su parte conducente dice lo siguiente: ".Razón por la cual, el incremento de la pensión de la parte actora deberá de realizarse por parte de la autoridad en términos de lo previsto por el artículo 8º del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Reglamento del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tomando en cuenta la constancia de evolución salarial reproducida con antelación para efectos de advertir los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, así como el incremento del índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que resulte más benefico al pensionado y cumplir con el resto de los efectos decretados en la sentencia definitiva de referencia, es decir, PAGUE LAS DIFERENCIAS que en su caso generen, con motivo de la aplicación de los incrementos correspondientes, al considerarse dichas cantidades adeudos en favor de la accionante. Con base en lo anteriormente expuesto, queda demostrado que la demanda cumplió defectuosamente la sentencia definitiva dictada por esta Sala el 26 de marzo de 2018, pues el oficio ********************, no fue emitido con apego a lo ordenado en el fallo definitivo a que se ha hecho referencia. En consecuencia, esta Sala estima que la autoridad recae en cumplimiento defectuoso de la sentencia definitiva dictada por esta Sala, por lo que se deja sin efectos el oficio número ********************, y se le otorga un término de tres días para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emita una nueva resolución en la que tomando en consideración los razonamientos expuestos con antelación realice el incremento respecto de la pensión del quejoso y cumpla cabalmente con los efectos declarados en la sentencia definitiva de 26 de marzo de 2018. ... Es procedente y FUNDADA la queja interpuesta por el actor. Se otorga al Titular de la Jefatura Delegacional Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el término de 3 días, a efecto de que dé el cumplimiento a lo ordenado, en los términos que quedaron precisados en la parte considerativa de este fallo. Mediante atento oficio que se envía el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, remítasele copia certificada del presente fallo donde se da CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ********************." 3.- Mediante acuerdo del nueve de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente de origen ********************, en lo que interesa determinó lo siguiente: ".se tiene por recibido el escrito de cuenta y por hechas las manifestaciones de la parte actora para los efectos legales a los que haya lugar, y en atención a ellas se procede a verificar si la autoridad demandada dio cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, para lo cual resulta necesario precisar que: Mediante acuerdo de fecha 14 de enero de 2022, esta Sala Regional de Morelos, requirió a la demandada para que dentro del término de tres días exhibiera constancia o copia certificada que demostrara conforme al artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Materia, el título de crédito que avalara que la cantidad de "3,493.62, le fue pagada a la parte actora. . el Instituto demandado a fin de dar cumplimiento a los efectos precisados en líneas anteriores, mediante oficio ingresado el día 12 de abril de 2022, en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional de Morelos, exhibió copia certificada del acta finiquito de fecha 05 de abril de 2022, documental en la que hizo constar la entrega del cheque 0008301, expedido por la Institución Bancaria denominada HSBC, por la cantidad de $3,493.62, cantidad que fue ordenada pagar a la hoy actora en el oficio********************. Con base en lo anteriormente expuesto, se puede presumir que la demandad cumplió con lo ordenado en la sentencia definitiva dictada por esta Sala, toda vez que acreditó haber pagado las diferencias que le fueron reconocidas en el oficio********************, aunado a que mediante dicho oficio (documental que ya fue analizada por este Órgano Jurisdiccional mediante proveído de fecha 14 de enero de 2022), logró acreditar haber: 1) desglosado los aumentos que legalmente correspondía efectuar a la cuota diaria de pensión de la actora, conforme a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, conforme a los incrementos que sufran los sueldos de los trabajadores en activo, 2) explicar las operaciones aritméticas y/o el procedimiento con el que se logró advertir incrementos que hayan sufrido los salarios de los trabajadores en activo. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se tiene por cumplida la sentencia definitiva pronunciada por esta Sala en el juicio en que se actúa el 26 de marzo de 2018, en los términos que informó la autoridad demandada.- No obstante lo anterior, se deja expedito el derecho que le asiste al demandante para promover los medios de defensa que estime oportunos en contra de la referida resolución, que se constituye como un nuevo acto administrativo, para los efectos legales a que haya lugar. .se ordena al archivista adscrito a este Ponencia, archivar el presente asunto por tratarse de un expediente totalmente concluido.". Determinación que constituye el acto reclamado. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en su escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal. Ahora refiere que la resolución reclamada vulnera el principio de legalidad que debe conceder todo acto de autoridad previsto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, pues no se encuentra debidamente motivada la declaración del cumplimiento de la sentencia definitiva de nulidad en el juicio de origen de donde emanan los actos reclamados número ********************, bajo los siguientes argumentos: ° Que la autoridad señalada como responsable debió velar por el cumplimiento de los plazos, no podía concebirse que sea la misma autoridad quien incumple en sus obligaciones. ° Que la autoridad señalada como responsable no debió ordenar el archivo del expediente, sin que el procedimiento haya culminado, ya que no se había culminado con el cabal cumplimiento de la sentencia. ° Que la autoridad responsable al realizar su análisis jamás verificó siquiera que la categoría señalada desde el escrito inicial de demanda coincida con el que sustenta la constancia de evolución salarial. ° Además que por lo anterior si la supuesta constancia de evolución salarial sustenta supuestamente el cálculo, de ninguna manera puede considerarse como fundada y motivada por dicha razón, aspecto que inclusive en la sentencia de amparo previamente citada en los antecedentes se hizo hincapié de que debía probarse adecuadamente todos y cada uno de los extremos es su pretendido cumplimiento y no simplemente una comparación como indebidamente lo realiza. ° Asimismo, refirió que como se dijo en la sentencia definitiva y sentencia interlocutoria querían probarse que si se hicieron los aumentos en los términos precisados con antelación y su aplicación al porcentaje que le generará una mayor beneficio, circunstancia además de que simplemente aluden a unas bases electrónicas en el que constan el catálogo de plazas para las dependencias federales citando una página electrónica. ° Finalmente, que atendiendo a lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, la autoridad demandada al emitir el oficio de cumplimiento debió señalar pormenorizadamente todos aquellos elementos que hubiese tomado en consideración para calcular los incrementos correctos de la cuota diaria pensionaria en términos de lo previsto por el referido artículo 8º, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado Sujetos al Reglamento del artículo Décimo Transitorio por el que se expide la Ley del ISSSTE. Son fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, pues de la lectura del auto combatido resulta evidente que carece de la debida fundamentación y motivación, por lo que resulta contraria a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Además, al tratarse del cumplimiento de una ejecutoria, la responsable se encontraba obligada a realizar un estudio contrastando lo resuelto al declarar la nulidad y lo llevado a cabo por la autoridad demandada a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria en cuestión, y al no haberlo hecho así, dejó en estado de indefensión a la parte quejosa, en violación a su derecho a recibir una justicia completa, por lo que también, resulta contrario al artículo 17 de la Carta Magna. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagran las garantías de seguridad jurídica y legalidad, según las cuales, todo acto de autoridad tendrá que observar las formalidades esenciales del procedimiento y estar fundado y motivado. "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". De la interpretación de los citados preceptos, se advierte que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como requisitos de un acto de privación o de molestia, que sea dictado por autoridad competente, por escrito, fundado y motivado. Los requisitos mencionados, tratándose de resoluciones jurisdiccionales se cumplen si los razonamientos en ellas expuestos contienen el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, siempre y cuando dentro de dicho análisis se den razonamientos que apoyen el sentido de la resolución que involucren las disposiciones en que se funda, por lo tanto, cumplen con dicha garantía, sin necesidad de invocar expresamente el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad la norma jurídica en que se basa. En este orden de ideas, tanto fundar como motivar una resolución jurisdiccional consiste en la exposición de los argumentos o razonamientos de la autoridad con los cuales se analicen exhaustivamente los puntos que integran la litis, apoyándose en los preceptos legales que permiten su emisión, exponiendo de forma concreta las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se tomaron en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número P. CXVI/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 143, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, que textualmente dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Así como la jurisprudencia número 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en la página 162, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, que textualmente establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por otra parte, se precisa que del contenido del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, se advierte como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita. "Artículo 17 (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.". El derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia consagrado a favor de los gobernados se conforma de los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. El principio de justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La justicia completa, consiste en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Por su parte la imparcialidad significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. La justicia gratuita estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si el citado derecho constitucional está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarlo lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho. Tales consideraciones se encuentran inmersas en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, número de registro 171257, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". De lo anterior se concluye que todas aquellas autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, con independencia de que se traten de autoridades desde el punto de vista formal como judiciales o administrativas con funciones de aquel tipo, están obligadas a observar los principios consagrados en el artículo 17 constitucional. Asimismo, la administración de justicia que como derecho fundamental consagra el citado precepto constitucional se debe sujetar a los plazos y términos que establezcan las leyes, lo que lleva implícito que en el desarrollo de los procesos tramitados se han de evitar dilaciones procesales innecesarias, a efecto de generar seguridad y certidumbre jurídica a los gobernados, y a su vez provocar una impartición de justicia pronta y expedita. Luego, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de la sentencia que le resultó favorable, con la certeza de que lo obtenido en la misma no quede sólo en una actuación de buena fe del tribunal, esperando la realización voluntaria del pago por parte del vencido, sino que en base a tal garantía, sea capaz el propio tribunal de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de la sentencia, ésta realmente sea materializada. Precisado el marco normativo aplicable al caso concreto, se procede al estudio del acto reclamado. En primer término, se reitera que el auto que por esta vía se impugna, es violatorio de lo previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que no se encuentra debidamente fundado ni motivado. Es así, porque la Sala responsable no fundó el auto reclamado en alguna norma jurídica aplicable al caso, ni se exponen las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para emitir dicha determinación, con el fin de establecer su configuración al caso concreto, es decir, que exista adecuación entre los preceptos legales aplicados y los motivos que tuvo para resolver en el sentido en que lo hizo. En otras palabras, la Sala responsable no expuso las razones ni los motivos que la llevaron a considerar que la autoridad demandada cumplió con la sentencia dictada dentro del juicio de nulidad de origen, con la emisión del oficio********************. Como se observa, en el auto reclamado transcrito en líneas precedentes, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de nulidad, la Sala responsable se limitó a sostener que con el oficio de cuenta, la autoridad demandada dio cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen, sin exponer motivación alguna para ello, es decir, de manera dogmática resolvió que dicha sentencia de nulidad estaba cumplida. En efecto, en el auto que por esta vía impugna, la Sala responsable no expresó los motivos, causas o circunstancias particulares, que la llevaron a proveer en el sentido de tener por cumplida la sentencia de nulidad emitida en el juicio de origen, de modo que resulta evidente que el auto aquí reclamado incumple con las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, toda vez que determina tener por cumplida la sentencia, sin adecuar el precepto legal utilizado al caso concreto ni exponer motivación para llegar a esa determinación, o expresar por qué considera que debe concluir de esa forma; además de que omitió pronunciarse en relación con las constancias exhibidas en el pretendido cumplimiento a fin de determinar si con ellas se cumplían o no los extremos de la sentencia que declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas. Esto es, no indicó la forma en cómo el actuar de la demandada es suficiente para tener por satisfecha la ejecutoria de nulidad en todos sus extremos, es decir, la Sala responsable tiene la obligación de fundar y motivar todas sus resoluciones exponiendo de forma concreta las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se tomaron en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, lo que en la especie no aconteció pues únicamente se limitó a indicar que la sentencia dictada en autos se encontraba cumplida. Lo anterior, también resulta violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en términos de dicho precepto, la autoridad se encontraba obligada a realizar un estudio contrastando lo resuelto al declarar la nulidad y lo llevado a cabo por la autoridad demandada, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria en cuestión y no limitarse a dar valor absoluto a lo manifestado por una de las partes, lo anterior con el fin de que los gobernados cuenten con un sistema de acceso efectivo a los tribunales, lo que implica que se realicen las acciones necesarias para restituir al particular en el pleno goce de los derechos que de forma indebida le fueron afectados o desconocidos, a pesar de que éstas no estén especificadas en la resolución primigenia y, de ser el caso, se realice el estudio de las constancias respectivas con el objetivo de verificar si se ha restituido al gobernado en sus derechos. De estimar lo contrario, como aconteció en el caso, se dejaría en estado de indefensión a la parte quejosa y se violaría su derecho a recibir una justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos y pruebas ofrecidas, cuyo estudio sea necesario aunado a que se violaría la figura de la cosa juzgada la cual encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Asimismo, porque en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, se encuentra no solo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En efecto, como ya se mencionó, el derecho de acceso a la justicia previsto en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, tiene como objeto, entre otros, el que quienes se encuentran encargados de la administración de justicia, no sólo dicten en determinado plazo y forma sus resoluciones, sino también los obliga a garantizar la ejecución de sus fallos, lo que implica que deberán dictar las medidas necesarias para que el derecho de quien acudió a ellos, sea restablecido, de acuerdo con lo resuelto en la sentencia; extremos que en el caso no fueron satisfechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 284, con número de registro digital 2018637, que dice: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos.". SEXTO. Efectos del amparo. En consecuencia, al haber quedado evidenciado que el auto reclamado en la presente instancia constitucional es violatorio de los derechos fundamentales de legalidad y acceso a la justicia reconocidos en los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable: 1.- Deje insubsistente el auto de nueve de junio de dos mil veintidós, por el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en los autos del juicio ********************, de su índice; y, 2.- Emita una nueva determinación con plenitud de jurisdicción, pero siguiendo los lineamientos establecidos en la presente sentencia, es decir, deberá fundar y motivar el porqué de su determinación, haciendo una comparación exhaustiva entre los términos ordenados en la sentencia de nulidad de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, así como la de siete de septiembre dos mil veinte, dictada en cumplimiento de amparo y el oficio número********************, de ocho de abril de dos mil veintidós, con el que la autoridad demandada refirió haber cumplido con la resolución de referencia. En razón de los efectos para los que se concede el amparo a la parte quejosa, es innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación que hace valer, pues no variaría el sentido de la presente resolución; aunado a que los mismos van encaminados a indicar los motivos por los cuales la parte quejosa considera que no se encuentra cumplida la sentencia dictada en el juicio de origen, por lo que, no es posible realizar su estudio, ya que dado los efectos de la concesión de amparo primero la Sala responsable deberá emitir un nuevo acuerdo en el que considere si se encuentra o no cumplida la resolución de mérito expresando los motivos y fundamentos que la lleven a tomar dicha determinación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 107, sostenida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 85, del tomo VI, materia común, de la Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo sumario reza: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el motivo de los demás motivos de queja". Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ******************** respecto del acto y autoridad responsable señalados en el primer resultando de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expresados en el penúltimo considerativo de la misma. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy ocho de febrero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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