Sonia Beatriz Salazar Cabrera

Expediente 732/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
732/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Sonia Beatriz Salazar Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, fracción I), inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiuno de abril de dos mil veintidós. Calificación del cumplimiento al fallo protector. Ahora, Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de siete de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables, para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a 1) Sonia Beatriz Salazar Cabrera, para los siguientes efectos: Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables el Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar lo siguiente: 1. Llevar a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la parte quejosa *****. 2. Dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación, presentada por la promovente del amparo el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, la cual deberá ser emitida por escrito. 3. En breve término, esto es, en un plazo no mayor a quince días, de conformidad con la Ley y el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Asegurados, que rige al citado Instituto. 4. Ser congruente con el escrito que contiene la petición respectiva, al igual que con el trámite previsto en la normatividad aplicable, específicamente, para la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación formulada por la parte quejosa. 5. Notificarle la contestación respectiva dentro del plazo legal y en el domicilio que proporcionó en dicho formato, porque únicamente así, se restituirá a la inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa. A mayor abundamiento, conforme al punto cuatro, las autoridades responsables deberán vigilar que la respuesta que otorguen a la parte quejosa en cumplimiento al presente fallo protector, se fundamente en la normatividad vigente y aplicable al caso concreto, debiéndose ceñir a lo previsto en la Ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California (ISSSTECALI) y, en su caso, al Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados de dicho instituto, siempre y cuando éste no contemple supuestos distintos a los previstos en la ley, y no la contradiga o vaya más allá; es decir, las autoridades responsables no deberán introducir requisitos extralegales previstos en normas secundarias que no correspondan al trámite respectivo contemplado en la ley que rige la materia para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones. Lo anterior es así pues, conforme a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, cuando se reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, ésta no puede regularse por otras normas secundarias, y por otro lado, en el reglamento únicamente se desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 30/2007 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1515, tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 172521, que establece: "FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La facultad reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición". De igual forma, por las razones que la sustentan, la tesis 2a. I/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1770, libro 15, febrero de 2015, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2008434, del tenor siguiente: "PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. SE VULNERA CUANDO UN REGLAMENTO CONTRARÍA UNA LEY DISTINTA A LA QUE DESARROLLA, COMPLEMENTA O DETALLA, PERO CON LA CUAL GUARDA VINCULACIÓN. La importancia de los reglamentos radica en que posibilitan proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, donde el principio de legalidad preceptúa que no puede existir un reglamento independiente en el ordenamiento jurídico, al ser necesaria una ley previa; así, en atención a dicho principio, los reglamentos no pueden contener cuestiones que son exclusivas de la ley, cobrando relevancia el concepto de reserva de la ley. Ahora bien, el principio de subordinación jerárquica al que se encuentra sujeta la facultad reglamentaria, consiste en la exigencia de que al reglamento lo preceda necesariamente una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente, o detalle y en las que encuentra su justificación y medida. Sin embargo puede darse el caso en que un reglamento viole una ley distinta de las que reglamenta en forma específica y con ello puede infringir el principio en comento; de ahí que para hacer valer su inconstitucionalidad, debe argumentarse que excede el alcance de la Ley, y para ello puede partirse de aquella que el reglamento desarrolla complementa o detalla, o bien, de aquella otra con la que tenga vinculación por la materia regulada." En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, podrá vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. [.] Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 551/2021. Ejecutoria del Quinto Tribunal Colegiado y se requiere cumplimiento. Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que confirmó la sentencia que concedió el amparo a la parte quejosa. En consecuencia, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: 1. Llevar a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la parte quejosa 1) Sonia Beatriz Salazar Cabrera. 2. Dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación, presentada por la promovente del amparo el cinco de noviembre de dos mil diecinueve la cual debería ser emitida por escrito; 3. Dar dicha respuesta en breve término, esto es, en un plazo no mayor a quince días, de conformidad con la Ley y el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Asegurados, que rige al citado Instituto. 4. Que dicha respuesta fuere congruente con el escrito que contenía la petición respectiva, al igual que con el trámite previsto en la normatividad aplicable, específicamente, para la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación formulada por la parte quejosa. 5. Notificarle la contestación respectiva dentro del plazo legal y en el domicilio que proporcionó en dicho formato. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el seis de abril de dos mil veintidós, la delegada de la autoridad responsable del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California, remitió constancia de la que se desprende que mediante oficio de uno de abril del año en curso, se dio contestación al escrito de la quejosa por escrito de manera congruente pues es atinente a la solicitud de jubilación en la que se le dijo que no había petición de la parte patronal para que iniciara con el trámite de jubilación -sin que se prejuzgue sobre la legalidad de los argumentos de dicha respuesta pues ello no corresponde a la naturaleza jurídica del derecho de petición-; lo cual le fue notificado de manera personal. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Al respecto el autorizado de la parte quejosa Gabriel Eduardo Burciaga Ortiz, realizó diversas manifestaciones en el escrito del desahogo de la vista, en las que dice que no debe declararse cumplido el fallo protector, toda vez que la Jefa del Departamento, señala a la ligera que no cuenta con el "comunicado por parte de la patronal que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados", aun cuando renglones arriba de su informe señaló que la quejosa presentó solicitud y que se formó expediente en donde obraba la información anexa a la solicitud, el tiempo cotizado y la edad, siendo incongruente que la responsable pretenda sorprender al señalar que el patrón no la ha propuesto, ya que dicha respuesta es evasiva, pues -afirma- al ISSSTECALI y la Junta Directiva es a quien corresponde emitir respuesta a la solicitud de jubilación, sin incursionar en supuestos requisitos que no tienen relación con lo solicitado, al señalar un manual consultable en una página electrónica del Instituto, que de ninguna manera puede estar por encima de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Se declara cumplido el fallo protector. Ahora, del examen de las constancias remitidas por las autoridades responsables de que se trata, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del numeral 2° de la ley de la materia, así como atendiendo lo manifestado por la parte quejosa, se colige que fueron cumplidos a cabalidad los lineamientos señalados en el fallo protector, según se explica a continuación. Lo anterior, dado que la respuesta emitida por las autoridades responsables cumple con los lineamientos del fallo protector, pues es congruente con el trámite previsto en la normatividad aplicable, específicamente, se dio respuesta y se notificó la misma a la parte quejosa; no obstante el que se haya determinado improcedente la jubilación porque de los registros existentes no se cuenta con el comunicado por parte del patrón, en el que se indique la respuesta o pronunciamiento para que la quejosa se incorpore a la nómina de pensionados del citado instituto, conforme lo establece el apartado "Políticas de Operación", puto 9, del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones, que forma parte del Manual General de Procedimiento de ISSSTECALI, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete; lo cual, respuesta que es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa a la peticionaria qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001. Dichas consideraciones son las que sustentó el Pleno del Decimoquinto Circuito, en la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2024038 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa Tesis: PC.XV. J/6 A (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo III, página 2141 Tipo: Jurisprudencia DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al determinar, uno de ellos, que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emita una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión, la negativa a continuar con el trámite ante la falta de un requisito, torna incongruente la respuesta por sustentarla en motivos que no se desprenden de los preceptos legales que se invocaron, mientras que el otro sostuvo que era suficiente la coherencia de lo contestado en relación con la petición para satisfacer esa exigencia, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expresado. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada." Vista con la presente determinación. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibida para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a once de abril de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por la parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación a lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a su contenido, téngase al ocursante haciendo las manifestaciones que alude en relación al cumplimiento del fallo protector, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a seis de abril de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a los autos para que obre como legalmente correspondan, el oficio y anexo remitidos por la (i) delegada de la autoridad responsable; por medio del cual informa diversas cuestiones en relación al cumplimiento dado al fallo protector. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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