Sonia Alonso Silva

Expediente 1304/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1304/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2023

Partes del expediente

  • Sonia Alonso Silva
  • Leonardo Davila Olmedo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que ha quedado FIRME el auto que desechó la demanda de amparo promovida por Leonardo Dávila Olmedo y Sonia Alonso Silva, por propio derecho. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de trámite de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés y de conformidad con los artículos 6, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional procede hacer la valoración del archivo judicial. Notifíquese. MESA III

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por los promoventes por propio derecho, por medio del cual desahogan la prevención que les fue formulada en auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés. Consecuentemente, vista de nueva cuenta la demanda de amparo y el escrito de desahogo, se provee: ANÁLISIS DE LA DEMANDA En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo , procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, acorde al contenido de la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI (abril de dos mil), novena época, página 32, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." ACTO RECLAMADO La interlocutoria de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés que resolvió el incidente de prescripción de ejecución de sentencia relativo al expediente ******************** del índice del Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO 1.- El acto reclamado deriva del juicio especial hipotecario expediente ******************** del índice del Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovido en contra de los hoy promovente ********************y********************. 2.- Sumario que se resolvió mediante sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil once y al no haber sido recurrido dicho fallo causó ejecutoria mediante auto de tres de enero de dos mil once. 3.- Mediante escrito presentado el primero de febrero de dos mil diecisiete, la parte actora promovió incidente de liquidación de comisiones pendientes de pago e intereses moratorios y mediante proveído de tres de febrero de dos mil diecisiete el juez de origen determinó no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado. 4.- Por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, los ahora promoventes promovieron incidente de prescripción sobre la ejecución de la sentencia definitiva, mismo que fue resuelto en interlocutoria de veintiséis de septiembre del presente año, declarándolo infundado. **SENTENCIA QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO** 5.- Inconformes los impetrantes interpusieron recurso de apelación, mismo que no fue admitido mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, en virtud de la cuantía del negocio. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Visto lo anteriormente expuesto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De la citada fracción, se advierte que establece el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, como juicio excepcional que sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que la persona jurídica que estime haber sido agraviada por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa, dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos, con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se quejan los gobernados que se aducen agraviados. Ahora bien, en el caso a estudio se advierte que el acto reclamado consistente en la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, por la que se resolvió como infundado el incidente de prescripción de ejecución de sentencia definitiva, era susceptible de haber sido impugnado a través del recurso de revocación, por tanto, deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, en virtud de que dicho medio de defensa se contempla en la legislación que rige el procedimiento. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado deriva de un juicio especial hipotecario, por lo que resulta aplicable las disposiciones del Título Segundo, Capítulo I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el cual, en sus artículos 684 y 685 establecen: ". Artículo 684.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento. Artículo 685.- En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite, en los términos del artículo 79, fracción I de este código. En aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva. En todo caso, debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, pudiéndose resolver de plano por el juez, o dar vista a la contraria por un término igual y la resolución deberá pronunciarse dentro del quinto día. En contra de esta resolución no se admitirá ningún recurso." Por tanto, debió seguir las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, e interponer con sus requisitos y formalidades el recurso de revocación, que de acuerdo a la interpretación armónica de los artículos 684 y 685 del citado ordenamiento es procedente respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo; sin embargo al no haberse agotado ese medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, el acto reclamado carece de definitividad. Lo anterior, tomando en consideración que los impetrantes precisan que en contra de la interlocutoria señalada como acto reclamado interpusieron recurso de apelación, mismo que no fue admitido por razón de la cuantía del juicio de origen, por lo que atento a lo establecido al artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México el recurso de apelación no es procedente en contra de determinaciones dictadas en los juicios cuyo monto sea inferior a quinientos mil pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal. Actualizándose lo previsto en los numerales antes transcritos. Asimismo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el acto reclamado en la presente demanda de amparo, no se encuentra contemplado en alguno de los supuestos de excepción establecidos en los incisos a), b) o c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que la parte promovente se encontraba obligada a agotar dicho medio de defensa ordinario, antes de acudir a la presente vía constitucional. Es aplicable al presente caso, la tesis asilada con registro digital: 2018088 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época Materia(s): Civil Tesis: I.12o.C.60 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2488, de rubro y texto siguiente: "REVOCACIÓN EN EL PROCESO CIVIL. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LOS AUTOS E INTERLOCUTORIAS SI LA SENTENCIA NO ES APELABLE EN RAZÓN DE LA CUANTÍA DEL NEGOCIO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). En términos del artículo 691, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuera la sentencia definitiva, en cuyo caso, el recurso de revocación únicamente será procedente contra los decretos, de conformidad con el numeral 685, primer párrafo, del propio código. En cambio, si la sentencia definitiva no es apelable en razón de la cuantía del negocio, los autos e interlocutorias pueden revocarse por el Juez que los dictó mediante el recurso de revocación, pues acorde con el sentido literal del párrafo segundo del artículo 685 citado, en aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación procede contra todo tipo de resoluciones; lo que comprende decretos, autos (preparatorios, provisionales o definitivos) e interlocutorias, con excepción de la definitiva. De esta forma, si bien el artículo 683 del código procesal invocado, dispone que las sentencias no pueden ser revocadas por el Juez que las dicta, sin distinguir entre definitivas e interlocutorias, esta regla debe interpretarse armónicamente con los supuestos de procedencia de los recursos de revocación y de apelación, así como con el diverso artículo 685, que permite establecer, por exclusión, que si la sentencia no es apelable, las interlocutorias serán impugnables vía revocación, al tratarse de una resolución no definitiva e inapelable." Asimismo, robustece al presente caso por analogía de razón, la tesis asilada con registro digital: 2014557 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materia(s): Civil Tesis: I.14o.C.18 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, página 3014, de rubro y texto siguiente: "REVOCACIÓN. CUANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA ES INAPELABLE, DICHO RECURSO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE APRUEBA EL REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, ADJUDICA EL INMUEBLE REMATADO Y ORDENA LA FIRMA DE LA ESCRITURA. Conforme a los artículos 683, 684 y 685 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en torno al recurso de revocación, derivan los siguientes principios: 1) las sentencias no pueden ser revocadas por el Juez o tribunal que las dicta -se trata de una regla general, que no admite excepción, pero sólo se refiere a la sentencia definitiva-; 2) si la sentencia definitiva es apelable, la revocación únicamente procede contra determinaciones de trámite -o decretos-; y, 3) si la sentencia no es apelable y el juicio es de cuantía menor, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones, con excepción de la definitiva. Esta última regla armoniza, a su vez, con la relativa a que la revocación no es admisible contra la sentencia definitiva, pero no limita la procedencia del recurso de revocación contra acuerdos y decretos, sino que, de modo extensivo, incluye a todo tipo de resoluciones, en cuya medida también comprende sentencias interlocutorias, si la salvedad o exclusión sólo se concreta respecto a la sentencia definitiva. Por tanto, el recurso de revocación sí procede contra la resolución en la que el Juez de primera instancia aprobó el remate en primera almoneda, adjudicó el inmueble rematado y ordenó firmar la escritura correspondiente, puesto que el segundo párrafo del artículo 685 citado establece que la revocación procede contra "todo tipo de resoluciones" con excepción de la sentencia definitiva, lo que debe entenderse en todo el contexto de dicha acepción y en relación con lo preceptuado en el artículo 79 del mencionado código adjetivo civil, al disponer: "Las resoluciones son: ...V. Decisiones que resuelven un incidente promovido antes, o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias." De la misma manera, es aplicable al presente caso, la tesis de la Décima Época, con número de registro digital 2018083, Materia Civil, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2472, sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN EN EL JUICIO CIVIL. PROCEDE CONTRA TODO TIPO DE RESOLUCIONES, EXCEPTO LA DEFINITIVA, SIN DISTINCIÓN ENTRE AUTOS PREPARATORIOS, PROVISIONALES O DEFINITIVOS (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). La apelación es el recurso ordinario y vertical que, por regla general, procede contra sentencias, tanto definitivas como interlocutorias pues, por su contenido decisorio y trascendencia, pueden ser revisables por un tribunal de alzada, a fin de garantizar su legalidad mediante una decisión unitaria o colegiada. No obstante, existe una limitante a la procedencia de ese recurso en asuntos de cuantía menor que pretende que éstos culminen con una sentencia firme de forma expedita y sin dilaciones. Por otro lado, conforme al segundo párrafo del numeral 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, los autos e interlocutorias son apelables cuando lo es la sentencia definitiva; si éstos no son apelables, pueden ser revocados por el Juez en términos del artículo 684, a través del recurso de revocación, que es un medio de impugnación ordinario y horizontal cuyo efecto puede ser la confirmación, modificación parcial o revocación de la determinación judicial, por lo que constituye el medio de defensa idóneo contra los autos e interlocutorias no apelables en el juicio civil. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 685, párrafo segundo, del código citado, procede el recurso de revocación contra todo tipo de resoluciones (decretos, autos e interlocutorias), con excepción de la sentencia definitiva. Por lo anterior, del análisis armónico y sistemático de los supuestos de procedencia de los recursos de revocación y de apelación en el juicio civil, y acorde con el sentido literal del párrafo segundo del artículo 685 referido, se concluye que en los casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación procederá contra todo tipo de resoluciones, sin distinción entre autos preparatorios, provisionales o definitivos, salvo la sentencia definitiva." En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO promovida por Isidro ********************y******************** por propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que los promoventes tengan conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a las garantías del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses del solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este Juzgado federal. Sirve de apoyo a lo antes señalado la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LOS PROMOVENTES. MESA III

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, presentado físicamente, signado por el Actuario del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual remite la ejecutoria de ocho de noviembre de dos mil veintitrés dictada en el R.C. 365/2023 de su índice y devuelve los autos originales del juicio de amparo 795/2023-V, veinte legajos de constancias y un dispositivo de almacenamiento USB; por tanto como lo solicita la superioridad, acúsese el recibo de estilo vía interconexión. Hágase del conocimiento de las partes que el órgano revisor determinó: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Pedro Anton Varela, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Pedro Anton Anton, su sucesión, en contra de los actos y autoridades que han quedado precisados en el resultado primero de esta sentencia." Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Se hace la precisión que el cuaderno de antecedentes es valorado como destruible, de conformidad con el Capítulo Sexto, artículos 19, fracción I, inciso a) y el 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el cual permanecerá en el archivo de trámite de este juzgado durante el plazo de seis meses, ya que después de ese lapso contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del mismo, por lo que glósense al presente juicio de amparo, únicamente las constancias originales de lo actuado en dicho cuaderno. En ese sentido, con copia autorizada de la ejecutoria dictada por el tribunal oficiante y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de TRES DÍAS contados a partir de la legal notificación del presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en los presentes autos, en la cual se concedió el amparo al impetrante de amparo para los siguientes efectos: "1. En el plazo de tres días, deje insubsistente la resolución reclamada y lo informe al juez de Distrito. 2. En su lugar emita otra, en el plazo de diez días, en la que reitere los aspectos que no son materia de la concesión y considere que quedaron demostrados los gastos efectuados durante el periodo de rendición de cuentas referentes a los servicios de suministro de agua y energía eléctrica, respecto el inmueble materia de la controversia. 3. Hecho lo anterior, actué conforme a sus atribuciones corresponda." Por tanto, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del término al efecto concedido, se llevará a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo 193 de la Ley de Amparo. Finalmente, se ordena devolver a las autoridades responsables las constancias que acompañaron al momento de rendir su informe justificado, requiriéndoles para que a la brevedad posible se sirvan remitir el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese; vía interconexión al tribunal oficiante y por oficio a las autoridades responsables. MESA V

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