Sonia Abigail Rodríguez Juárez
Expediente 1212/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 29 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1212/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Sonia Abigail Rodríguez Juárez
- SONIA ABIGAIL RODRÍGUEZ JUÁREZ y Otros.
- Gabriel Ivan López Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Escrito. Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos el escrito signado el autorizado del tercero interesado, para que obre como legalmente corresponda. Copias. Atento a lo solicitado, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, expídasele copia de lo que solicita, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal de la persona que designa para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Escrito. Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos el escrito signado el tercero interesado, para que obre como legalmente corresponda. Copias. Atento a lo solicitado, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, expídasele copia de lo que solicita, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal de la persona que designa para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Se notifica al asesor jurídico del menor, el auto. Torreón, Coahuila, once de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, deriva que la parte quejosa no desahogó la vista relativa al cumplimiento del fallo protector, por tanto, es procedente examinar y determinar si las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo, lo cual se realiza en los términos siguientes. En principio, conviene citar el contenido del artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". El precitado numeral señala que, para determinar si en el caso las autoridades responsables cumplieron o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas y complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Es aplicable la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, visible en el la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, cuyo texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". En veintisiete de junio de dos mil dieciocho, este juzgado, concedió el amparo y la protección a la quejosa Sonia Abigail Rodríguez Juárez, por sí y en representación de su menor hijo G. I. L. R., en los términos siguientes: "SEXTO. CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, sus efectos serán que la autoridad responsable, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el auto de seis de septiembre de dos mil diecisiete y, hecho lo anterior. b) Reiterando las consideraciones que no fueron objeto de esta sentencia, dicte otro en el que gozando de libertad de jurisdicción, resuelva lo relativo al régimen de convivencias entre la madre y el menor -ambos quejosos-, exponiendo los motivos y fundamentos que tome en consideración para ello. (.) Ello, en la inteligencia de que de autos se advierte que el juez responsable ordenó que el menor quejoso fuera valorado por especialista en la materia a efecto de determinar si su opinión podía ser tomada en consideración en la controversia de origen. Por tanto, en caso de que de dicha consulta derive que el menor es apto para comparecer al procedimiento, deberá tomar en consideración la opinión del menor a efecto de decretar el régimen de convivencias; atendiendo siempre al interés superior del menor. Lo que deberá acreditar con las constancias respectivas". Resolución que fue impugnada mediante recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado Julio Iván López Moreno, la cual fue confirmada por el tribunal de alzada; por ello, mediante auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (foja 789 a 791). Ahora bien, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Tercero Familiar y Auxiliar en Materia Mercantil y Civil del Tercer Distrito Judicial, con sede en Gómez Palacio, Durango, aparece que dicha autoridad emitió el acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio de origen 981/2016, por el cual dejó sin efecto el acuerdo reclamado de seis de septiembre de dos mil diecisiete, y emitió un nuevo régimen de convivencias entre la aquí quejosa y su menor hijo G. I. L. R., empezando los días viernes de cada semana desde las quince horas y hasta el domingo a las dieciocho horas, lo cual determinó de manera fundada y motivada, ya que señaló claramente los elementos y razones que tomó en consideración para fijar ese régimen, es decir, precisó de manera pormenorizada las condiciones que concurrían en el caso particular, analizando las manifestaciones de la quejosa al contestar la demanda del juicio de origen, así como la declaración del propio menor que realizó en diligencia de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en la que manifestó su voluntad de estar su madre; consideró los resultados de laboratorio ofrecidos por la peticionara de amparo y la recomendación manifestada por la psicóloga Ivonne Aracely Rivera Espinoza, en el sentido de que se modificarán gradualmente las convivencias del menor con su madre, a fin de que pudiese dormir con ella y se pueda valorar el sentir del menor respecto al cambio de convivencia. Así pues, en la nueva resolución se patentizan las razones que se tomaron en consideración a efecto de decretar la convivencia en los términos señalados, pues incluso, el Juez responsable señaló que no existe argumento o prueba que determine que la convivencia del menor con su madre pudiera ser perjudicial por la orientación sexual de dicha demandada, ya que sería más grave dejar de propiciar la convivencia en aras del normal desarrollo del menor y vinculación de los lazos familiares; de ahí que fijó el régimen de convivencia anteriormente mencionado. Consecuentemente, es claro que la autoridad responsable cumplió en sus términos con la ejecutoria de amparo, pues reiterando las consideraciones que no fueron objeto del fallo protector, dictó una nueva resolución con libertad de jurisdicción, en la que fijó un régimen de convivencias entre los aquí quejosos, exponiendo los motivos y fundamentos que consideró para ello. Lo que incluso se comparte por el licenciado Juan Carlos Góngora López, en su carácter de representante especial del menor G.I.L.R., quien mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil dieciocho, manifestó que la autoridad cumplió con la ejecutoria de amparo, según las constancias que exhibió para demostrar ese hecho (foja 857). Ahora bien, no son inadvertidas las manifestaciones del tercero interesado Julio Iván López Moreno, en el sentido de que no está conforme con el cumplimiento del fallo protector; sin embargo, tales alegaciones son infundadas porque se enderezan a controvertir el régimen de convivencias por la orientación sexual de la peticionaria de amparo, es decir, se refieren a cuestiones ajenas a la litis del presente juicio de amparo, ya que la protección constitucional se otorgó exclusivamente para remediar vicios de forma de la resolución combatida, lo que implica que la autoridad responsable quedó en libertad de jurisdicción para resolver sobre las convivencias de la quejosa y su menor hijo. De ahí que, son infundadas las manifestaciones del tercero interesado, porque en realidad atañen a la legalidad del régimen de convivencias decretado por la autoridad responsable, lo cual no fue materia del presente juicio de amparo. Consecuentemente, al quedar acreditado que el agravio sufrido por la solicitante del amparo fue reparado conforme al fallo protector en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo, ha quedado cumplida. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, otorgó la protección constitucional y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Finalmente, agréguese sin mayor proveído el escrito de la licenciada Guadalupe Garza Piñera, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, toda vez que en párrafos precedentes se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa Sonia Abigail Rodríguez Juárez, por sí y en representación de su menor hijo G.I.L.R.; al tercero interesado Julio Iván López Moreno, y al licenciado Juan Carlos Góngora López, en su carácter de representante especial del menor G.I.L.R.; mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Trejo Veloz, secretario del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, encargado del despacho en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia concedida a la titular, asistido del secretario licenciado Jesús Omar López Coronado, que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
- Principal
Se notifica al tercero interesado Julio Ivan Lopez Moreno. Se notifica al asesor jurídico del menor, el auto. Torreón, Coahuila, once de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, deriva que la parte quejosa no desahogó la vista relativa al cumplimiento del fallo protector, por tanto, es procedente examinar y determinar si las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo, lo cual se realiza en los términos siguientes. En principio, conviene citar el contenido del artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". El precitado numeral señala que, para determinar si en el caso las autoridades responsables cumplieron o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas y complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Es aplicable la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, visible en el la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, cuyo texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". En veintisiete de junio de dos mil dieciocho, este juzgado, concedió el amparo y la protección a la quejosa Sonia Abigail Rodríguez Juárez, por sí y en representación de su menor hijo G. I. L. R., en los términos siguientes: "SEXTO. CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, sus efectos serán que la autoridad responsable, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el auto de seis de septiembre de dos mil diecisiete y, hecho lo anterior. b) Reiterando las consideraciones que no fueron objeto de esta sentencia, dicte otro en el que gozando de libertad de jurisdicción, resuelva lo relativo al régimen de convivencias entre la madre y el menor -ambos quejosos-, exponiendo los motivos y fundamentos que tome en consideración para ello. (.) Ello, en la inteligencia de que de autos se advierte que el juez responsable ordenó que el menor quejoso fuera valorado por especialista en la materia a efecto de determinar si su opinión podía ser tomada en consideración en la controversia de origen. Por tanto, en caso de que de dicha consulta derive que el menor es apto para comparecer al procedimiento, deberá tomar en consideración la opinión del menor a efecto de decretar el régimen de convivencias; atendiendo siempre al interés superior del menor. Lo que deberá acreditar con las constancias respectivas". Resolución que fue impugnada mediante recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado Julio Iván López Moreno, la cual fue confirmada por el tribunal de alzada; por ello, mediante auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (foja 789 a 791). Ahora bien, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Tercero Familiar y Auxiliar en Materia Mercantil y Civil del Tercer Distrito Judicial, con sede en Gómez Palacio, Durango, aparece que dicha autoridad emitió el acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio de origen 981/2016, por el cual dejó sin efecto el acuerdo reclamado de seis de septiembre de dos mil diecisiete, y emitió un nuevo régimen de convivencias entre la aquí quejosa y su menor hijo G. I. L. R., empezando los días viernes de cada semana desde las quince horas y hasta el domingo a las dieciocho horas, lo cual determinó de manera fundada y motivada, ya que señaló claramente los elementos y razones que tomó en consideración para fijar ese régimen, es decir, precisó de manera pormenorizada las condiciones que concurrían en el caso particular, analizando las manifestaciones de la quejosa al contestar la demanda del juicio de origen, así como la declaración del propio menor que realizó en diligencia de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en la que manifestó su voluntad de estar su madre; consideró los resultados de laboratorio ofrecidos por la peticionara de amparo y la recomendación manifestada por la psicóloga Ivonne Aracely Rivera Espinoza, en el sentido de que se modificarán gradualmente las convivencias del menor con su madre, a fin de que pudiese dormir con ella y se pueda valorar el sentir del menor respecto al cambio de convivencia. Así pues, en la nueva resolución se patentizan las razones que se tomaron en consideración a efecto de decretar la convivencia en los términos señalados, pues incluso, el Juez responsable señaló que no existe argumento o prueba que determine que la convivencia del menor con su madre pudiera ser perjudicial por la orientación sexual de dicha demandada, ya que sería más grave dejar de propiciar la convivencia en aras del normal desarrollo del menor y vinculación de los lazos familiares; de ahí que fijó el régimen de convivencia anteriormente mencionado. Consecuentemente, es claro que la autoridad responsable cumplió en sus términos con la ejecutoria de amparo, pues reiterando las consideraciones que no fueron objeto del fallo protector, dictó una nueva resolución con libertad de jurisdicción, en la que fijó un régimen de convivencias entre los aquí quejosos, exponiendo los motivos y fundamentos que consideró para ello. Lo que incluso se comparte por el licenciado Juan Carlos Góngora López, en su carácter de representante especial del menor G.I.L.R., quien mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil dieciocho, manifestó que la autoridad cumplió con la ejecutoria de amparo, según las constancias que exhibió para demostrar ese hecho (foja 857). Ahora bien, no son inadvertidas las manifestaciones del tercero interesado Julio Iván López Moreno, en el sentido de que no está conforme con el cumplimiento del fallo protector; sin embargo, tales alegaciones son infundadas porque se enderezan a controvertir el régimen de convivencias por la orientación sexual de la peticionaria de amparo, es decir, se refieren a cuestiones ajenas a la litis del presente juicio de amparo, ya que la protección constitucional se otorgó exclusivamente para remediar vicios de forma de la resolución combatida, lo que implica que la autoridad responsable quedó en libertad de jurisdicción para resolver sobre las convivencias de la quejosa y su menor hijo. De ahí que, son infundadas las manifestaciones del tercero interesado, porque en realidad atañen a la legalidad del régimen de convivencias decretado por la autoridad responsable, lo cual no fue materia del presente juicio de amparo. Consecuentemente, al quedar acreditado que el agravio sufrido por la solicitante del amparo fue reparado conforme al fallo protector en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo, ha quedado cumplida. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, otorgó la protección constitucional y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Finalmente, agréguese sin mayor proveído el escrito de la licenciada Guadalupe Garza Piñera, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, toda vez que en párrafos precedentes se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa Sonia Abigail Rodríguez Juárez, por sí y en representación de su menor hijo G.I.L.R.; al tercero interesado Julio Iván López Moreno, y al licenciado Juan Carlos Góngora López, en su carácter de representante especial del menor G.I.L.R.; mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Trejo Veloz, secretario del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, encargado del despacho en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia concedida a la titular, asistido del secretario licenciado Jesús Omar López Coronado, que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
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