Soluciones Corporativas Frost S.C.
Expediente 1300/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1300/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/08/2023
Partes del expediente
- Soluciones Corporativas Frost S.C.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio de Lorena Domínguez Hernández perita en Documentos Cuestionados, dado que por auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se designó como perito oficial a Leonardo Díaz Flores, en materia de grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopia, el cual aceptó y protestó el cargo conferido el veintiocho de julio siguiente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Huachinango, Puebla, por medio del cual rinde su informe justificado; en tales condiciones, con el contenido del mismo, dese vista a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas y desahogadas las documentales que anexa al oficio de cuenta, mismas que serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional.
- Principal
CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que ***************** representante de la moral quejosa denominada ***************, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de veinticuatro de julio del año en curso; en consecuencia, se procede a acordar el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: DESECHAMIENTO En primer término, cabe señalar que de la lectura integral al escrito de demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio de demanda, se advierte que Soluciones Corporativas Frost, Sociedad Civil, por conducto de su representante legal, señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo siguiente: Escrito de demanda: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Constituyendo los actos reclamados, la ilegal notificación del oficio SPF-SI-CGENyASF-DR-1890/2023, de fecha 14 de abril de 2023, mismo que me es desconocido en su totalidad, así como, todo lo actuado con posterioridad a ello." -Escrito aclaratorio de demanda: "a) La falta de notificación del oficio SPF-SI-CGENyASF-DR-1890/2023, de fecha 14 de abril de 2023, emitido por el C. Director de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. b) El oficio SPF-SI-CGENyASF-DR-1890/2023, de fecha 14 de abril de 2023, emitido por el C. Director de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, por el cual se requirió a la moral que promueve, para que en el término de 15 días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, cumpliera los requisitos obligatorios para garantizar el interés fiscal, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento, esa autoridad no aceptaría la garantía ofrecida y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad a ello." Esto es, señala como actos reclamados: a) La falta de notificación del oficio SPF-SI-CGENyASF-DR-1890/2023, emitido el catorce de abril del año en curso, por el Director de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. b) El oficio SPF-SI-CGENyASF-DR-1890/2023, emitido el catorce de abril del año en curso, por el Director de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, por el cual se requirió a la moral promovente para que en el término de quince días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, cumpliera los requisitos obligatorios para garantizar el interés fiscal, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento, esa autoridad no aceptaría la garantía ofrecida y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad a ello. Precisado lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Del precepto legal en cita, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rigen, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a dichas leyes, se suspendan los efectos de los actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa de que se trate, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República, para que en el caso de serle adversos los resultados, hasta entonces acudir a la Justicia Federal a demandar el amparo y protección. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Ahora bien, los artículos 3 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, en su orden, establecen: "ARTÍCULO 3. El juicio contencioso administrativo procede contra las resoluciones administrativas definitivas, actos administrativos y procedimientos que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública del Estado, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." "ARTÍCULO 68. El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá competencia para conocer, de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, nulidad de juicios concluidos, además de lo dispuesto por la normativa aplicable; (.)." De los preceptos en cita se desprende que, entre otros supuestos, el juicio contencioso administrativo procede en contra de las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares y los actos y resoluciones jurídico-administrativas que el Estado y municipios dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares. En ese orden, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional son susceptibles de ser combatidas mediante el juicio contencioso administrativo estatal. Lo anterior, habida cuenta que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional, tal como se evidencia: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla Ley de Amparo El plazo para proveer sobre la suspensión provisional es de veinticuatro horas, de conformidad con el artículo 55, fracción III, inciso c). El plazo para proveer sobre la suspensión provisional es de veinticuatro horas, de conformidad con el artículo 112. Como requisitos impone: -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 55, fracción I). Como requisitos impone: -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 128). El plazo para rendir informe previo es de cuarenta y ocho horas (artículo 55, fracción III, inciso d) El plazo para rendir informe previo es de cuarenta y ocho horas (artículo 138, fracción III) Se pude solicitar en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva (artículo 55, fracción III, inciso a). Se pude solicitar en cualquier momento mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). Aunado a que los actos reclamados son de naturaleza administrativa, no penal y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales; no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza está excepción. Además, los actos que se impugnan no son de los contenidos en el artículo 22 constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos 112 y 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Soluciones Corporativas Frost, Sociedad Civil, por conducto de su representante legal. PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO En observancia al artículo 14 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se ordena que el presente acuerdo se publique a través de la lista electrónica que se genera de manera automática vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual podrá ser consultado por a partes en la página: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el director de Archivos de Notarías del Gobierno de Puebla, mediante el cual aduce la imposibilidad de dar cumplimiento al requerimiento de seis de julio de dos mil veintitrés, toda vez que dentro de sus archivos no se encuentran los Instrumentos notariales ********************. Sin embargo, REQUIÉRASE nuevamente al Titular del Archivo General de Notarias del Estado de Puebla, toda vez que el requerimiento de seis de julio del año en curso, es para que el perito oficial ********************, tenga acceso a las firmas y sellos que obren dentro de los Libros y/o Actas de los instrumentos notariales diversos a los señalados en líneas que anteceden que se encuentren en resguardo del Archivo General de Notarias del Estado de Puebla. Con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tengan para tal efecto, se impondrá a cada uno equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese en términos de ley.
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