Soledad Ruth Mendoza Pérez
Expediente 1089/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1089/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Soledad Ruth Mendoza Pérez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; y d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. e) No existen documentos originales a que se refiere el artículo 3, fracción XVIII, del referido Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio de cuenta y anexo que acompaña, signado por el magistrado titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en la ciudad de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado; para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la documental que anexa la citada responsable, en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, el estado que guardan los presentes autos, permite advertir que se actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Lo anterior, pues en la demanda de amparo la quejosa Soledad Ruth Mendoza Pérez, reclama del magistrado de la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, lo siguiente: "La omisión por parte del Magistrado de la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, para remitir a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución el recurso de revisión 116/2021 interpuesto en contra de los acuerdos de 10 de marzo de 2020 y 16 de marzo de 2021dictadas en el juicio de nulidad 35/2020.". Ahora bien, de las documentales que remitió el magistrado de la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, como justificación a su informe, se advierte que mediante oficio número TJAO/2°.SU/1218/2021, de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dirigido al secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia administrativa del Estado de Oaxaca, envió para su tramitación el recurso de revisión 116/2021, promovido por el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Estado, así como el expediente 35/2020 de su índice. Luego, al haberse enviado para su tramitación el citado el recurso de revisión 116/2021, así como el expediente 35/2020, del índice de la responsable, presentado el siete de octubre del año en curso en la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, el siete de octubre de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recepción, lo que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda (cinco de octubre de dos mil veintiuno); por lo tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Ante tales circunstancias, resulta evidente que al dejar de subsistir el acto y de producir efectos, se constituye una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado cesó en sus efectos. Lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de junio de 1999, visible en la página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (catorce horas con veinte minutos del nueve de noviembre del año en curso), pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.- No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera e audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
PREVIO CITATORIO QUE SE DEJÓ A LA PARTE QUEJOSA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio de cuenta y anexo que acompaña, signado por el magistrado titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en la ciudad de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado; para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la documental que anexa la citada responsable, en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, el estado que guardan los presentes autos, permite advertir que se actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Lo anterior, pues en la demanda de amparo la quejosa Soledad Ruth Mendoza Pérez, reclama del magistrado de la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, lo siguiente: "La omisión por parte del Magistrado de la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, para remitir a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución el recurso de revisión 116/2021 interpuesto en contra de los acuerdos de 10 de marzo de 2020 y 16 de marzo de 2021dictadas en el juicio de nulidad 35/2020.". Ahora bien, de las documentales que remitió el magistrado de la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, como justificación a su informe, se advierte que mediante oficio número TJAO/2°.SU/1218/2021, de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dirigido al secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia administrativa del Estado de Oaxaca, envió para su tramitación el recurso de revisión 116/2021, promovido por el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Estado, así como el expediente 35/2020 de su índice. Luego, al haberse enviado para su tramitación el citado el recurso de revisión 116/2021, así como el expediente 35/2020, del índice de la responsable, presentado el siete de octubre del año en curso en la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, el siete de octubre de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recepción, lo que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda (cinco de octubre de dos mil veintiuno); por lo tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Ante tales circunstancias, resulta evidente que al dejar de subsistir el acto y de producir efectos, se constituye una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado cesó en sus efectos. Lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de junio de 1999, visible en la página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (catorce horas con veinte minutos del nueve de noviembre del año en curso), pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.- No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera e audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por SOLEDAD RUTH MENDOZA PÉREZ; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 1089/2021. Con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por SOLEDAD RUTH MENDOZA PÉREZ, contra actos del magistrado de la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo; apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100, moneda nacional ($8,962.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cien (100), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden vía correo electrónico, ya no es necesario rendirlo vía postal, salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado, para ello, si desean rendir su informe justificado vía correo electrónico, podrán hacerlo a la siguiente dirección 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Así también, las autoridades, sean responsables o terceras interesadas, deberán informar en la siguiente promoción, correo electrónico en el que se les harán las subsecuentes notificaciones vía electrónica. En caso de que las constancias a remitir en apoyo a su informe justificado resulten voluminosas y sea imposible su correcto envío por correo electrónico, en términos del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte), reformado en cuanto a su vigencia (del 3 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021), por el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de marzo de dos mil veintiuno), podrá presentarlas de manera física a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), que se instala en la entrada del edificio que alberga a este órgano jurisdiccional. Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100, moneda nacional ($2,688.60), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por treinta (30); en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional ($4,481.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Se señalan las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a la autoridad responsable por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a las autoridades responsables, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, les será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estarán en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Téngase como domicilio para recibir notificaciones el que indica, y por autorizados únicamente para tales efectos a las personas que menciona, sin gozar de las facultades a que se refiere el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, o proporcionen el número de cédula o de número de registro único, registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Ahora, en atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa, dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, para que, solicite además del acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Dése a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras se prorrogue la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.
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