Soledad Orea Valencia
Expediente 306/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 306/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/03/2021
Partes del expediente
- Soledad Orea Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Autoridad acusa de recibo. Téngase a la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, acusando de recibo de las copias certificadas del juicio ordinario mercantil... de su índice. Se ordena glosar cuadernos incidentales. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se acordó que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó el presente juico y se ordenó el archivo, sin que se haya proveído sobre el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se provee: "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
Se reanuda procedimiento Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se desprende que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales, salvo atención de casos urgentes; así como que por circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, la referida Comisión declaró como días inhábiles pero laborales el dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y levantó la suspensión a partir del dieciocho del mismo mes y año. En consecuencia, se reanuda el procedimiento y atendiendo al estado procesal que guardan los presentes autos, se acuerda: Declaración de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de garantías, por lo que se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó y negó el amparo, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó y negó el amparo en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devuélvanse a su lugar de origen las copias certificadas del juicio ordinario mercantil... del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, que remitió como apoyo de su informe justificado, el cual obra en un cuaderno auxiliar marcado con el número I del presente expediente. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Sin que haya lugar a ordenar notificar personalmente el presente acuerdo a las partes, toda vez que en el presente asunto no se exhibieron documentos originales, por lo que no es necesario que se otorgue el termino de los noventa días a que se refiere el citado artículo. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
V I S T O para resolver el juicio de amparo 306/2020, promovido por..., por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla..., por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se indican: III. AUTORIDADES RESPONSABLES. A) Como Autoridades Responsables ordenadoras señalo las siguientes: La Ciudadana Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. B) Como Responsables Ejecutoras señalo las siguientes: I) El Ciudadano Actuario Judicial del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. III) El Ciudadano Registrador Publico de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial. IV. ACTO RECLAMADO A. De la ordenara reclamo: 1. Todo el procedimiento seguido a espaldas de la suscrita, esto por falta de emplazamiento dentro del Expediente Número... de los tramitados ante la responsable, respecto al Emplazamiento, Embargo decretado, así como todo el procedimiento seguido dentro del expediente del cual emana el acto reclamado, procedimiento donde no se cumplieron todas y cada una de las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que dentro del mismo no fui debidamente llamada, por lo tanto no tuvo la oportunidad (sic) de oponer las excepciones que ha su derecho asistieron, ofrecer pruebas y por lo tanto alegar lo que a su derecho procede. 2. El ilegal embargo realizado sobre el cincuenta por ciento que me corresponde respecto de la sociedad conyugal que tengo celebrada con el señor... del inmueble... 3. El ilegal remate, adjudicación, y firma en rebeldía de escritura del cincuenta por ciento antes descrito a favor de la Institución Bancaria..., dentro del Expediente número..., de los tramitados ante la responsable en el que se tramita Juicio Ordinario Mercantil en contra de mi esposo..., juicio en el que no soy ni parte y en el que jamás he sido emplazada y por lo tanto oída y vencida. 4. El posible Lanzamiento que puede ser objeto la suscrita de la posesión que hasta el día de hoy tengo respecto del inmueble... B. De la ejecutora Ciudadano Actuario Judicial del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla le reclamo: 1. La falta de emplazamiento dentro del expediente antes mencionado, así como todas las subsecuentes notificaciones realizadas dentro del expediente..., por lo que respecta a la suscrita. 2. El ilegal embargo realizado sobre el cincuenta por ciento que me corresponde respecto de la sociedad conyugal que tengo celebrada con el señor... del inmueble... 3. EI ilegal remate y adjudicación del cincuenta por ciento antes descrito a favor de la Institución Bancaria..., dentro del Expediente numero... 4. El posible Lanzamiento que puede ser objeto la suscrita de la posesión que hasta el día de hoy tengo respecto del inmueble... D. De la Ejecutora Ciudadano Registrador Publico de la Propiedad de esta Ciudad la inscripción de la Escritura a favor de la Institución Bancaria..., respecto del cien por ciento del inmueble... SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. TERCERO. Se radicó, registro la demanda de amparo como 306/2020, se desechó respecto del acto reclamado a la autoridad responsable denominada Notario Público número cincuenta y dos del Distrito Judicial de Puebla, y se admitió respecto del resto de las autoridades y actos reclamadas a ellas; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. A causa de la emergencia sanitaria derivada por el brote del virus COVID-19, el Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general, por lo que por Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó la suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del miércoles dieciocho de marzo levantándose la suspensión a partir del tres de agosto de dos mil veinte, por lo que en proveído de seis de agosto del año en curso, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, pues se reclama un acto de naturaleza civil emitido por autoridades con residencia en el territorio sobre el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Es necesario precisar los actos reclamados que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda y sus anexos, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que el quejoso reclama: 1. Del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. La falta de llamamiento al juicio ordinario mercantil... de su índice, y como consecuencia de ello, todo lo actuado en dicho procedimiento, en específico el embargo, adjudicación y lanzamiento respecto del inmueble... II. Del Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla: La inscripción de la mencionada adjudicación. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ya que al rendir su informe el citado juzgador reconoció la existencia de los actos reclamados. Mientras que el actuario de su adscripción se adhirió al informe de su superior jerárquico. La Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, reconoció la existencia del acto que se le reclama. CUARTO. De las constancias remitidas por el Juez responsable, a las cuales se concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato de su artículo 2o, párrafo segundo, se advierten los antecedentes siguientes: 1. Mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil quince... a través de su apoderado legal..., promovió juicio ordinario mercantil contra..., de quien demandó el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria que consta en la escritura pública..., respecto de la vivienda... y diversas prestaciones (fojas 1 a 13 tomo anexo). 2. Por auto de once de diciembre siguiente, se radicó el juicio como..., se realizó prevención a la parte actora, por lo cual una vez que se desahogó, el diecisiete de diciembre de dos mil quince, se admitió la demanda y ser ordenó el emplazamiento de la parte demandada (fojas 66 a 68 y 72, 73 cuaderno auxiliar). 3. Por auto de catorce de enero de dos mil dieciséis, se tuvo a la parte demandada contestando la demanda promovida en su contra (foja 93 tomo anexo). 4. El veintidós de noviembre siguiente, el juez de origen dictó la sentencia respectiva, en la que declaró el vencimiento anticipado del plazo del crédito otorgado al demandado..., así como al pago de diversas prestaciones (fojas 128 a 144 tomo anexo). Determinación que causó ejecutoria el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis (foja 149 cuaderno auxiliar). 5. Por interlocutoria de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se aprobó la planilla de liquidación que promovió la parte actora por la cantidad de... (fojas 216 a 220 tomo anexo). 6. Inconforme con dicha determinación, la parte demandada interpuso recurso de apelación del cual conoció el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, autoridad que por resolución de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el toca... confirmó la interlocutoria impugnada (fojas 238 a 246 anexo). 7. El doce de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó requerir de pago a la parte demanda y se le apercibió que en caso de no hacerlo, se embargarían bienes suficientes para garantizar el adeudo (fojas 265 y 266 cuaderno auxiliar). Diligencia que se llevo a cabo el diecisiete de enero de dos mil diecinueve (fojas 277 y 278 tomo anexo). 8. En auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte actora señalando como bien para trabar embargo, el identificado como vivienda..., por lo que se ordenó la inscripción correspondiente (fojas 280 y 281 anexo). 9. El tres de enero de dos mil veinte, se desahogó la audiencia de remate respecto del bien inmueble materia del juicio de origen, en la cual se decretó la adjudicación del mismo en favor de la parte actora (fojas 358 a 363 cuaderno auxiliar). 10. Por resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, causó estado la mencionada adjudicación y a petición de la parte actora se ordenó el envío de los autos a la Notaría Pública número... de la Ciudad de Puebla, a fin de que se tirara la escritura pública correspondiente, además se ordenó requerir a la parte demandada, para que, dentro del término de días hábiles contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva entregara el bien adjudicado en favor de la parte actora (fojas 368 a 372 cuaderno auxiliar). 11. En auto de catorce de febrero de dos mil veinte, a petición de la parte actora, para fines administrativos se hizo la aclaración que el bien inmueble adjudicado también se identifica como la vivienda..., además se ordenó requerir nuevamente a la parte demandada la entrega del citado bien inmueble (fojas 385 y 386 cuaderno auxiliar). QUINTO. Previo al estudio de fondo del acto reclamado, se debe analizar la procedencia del juicio constitucional por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Con relación al reclamado consistente en la falta de llamamiento a juicio, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Del citado precepto, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del impetrante; y, por el contrario, el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de una ley. El interés jurídico al que se refiere el citado numeral, representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, entonces no tendrá legitimación para promoverlo. En consecuencia, al instaurar la demanda de amparo, el promovente debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica; o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal suerte que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. La procedencia de la acción constitucional requiere que el interés de la parte promovente se sustente en un derecho del gobernado derivado de la ley a exigir determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Por eso, se afirma que existe interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal para exigir de la autoridad determinada conducta en reparación de un perjuicio causado por su actuar; dicho de otra forma, se debe acreditar la titularidad del derecho cuestionado, así como la afectación por parte del acto de autoridad. Sirve de apoyo la tesis..., que dice: PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos. En conclusión, el ejercicio del juicio de amparo está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley. Por tanto, quienes litigan en un juicio tienen la calidad de parte procesal en éste, titulares de una prerrogativa a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente. En otras palabras, parte procesal es todo aquél que pide o contra el cual se solicita en juicio una declaración de derecho; por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de toda facultad que en relación con el procedimiento consigne la ley, ya para demostrar los elementos constitutivos de su acción, ya para comprobar sus excepciones, así como de impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravien, a través de los recursos correspondientes. Así, cuando por la actuación de la autoridad le son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos procesales, los participantes en el contencioso son los únicos facultados para acudir ante el juez de amparo demandando el cese de esa violación. En tal sentido, aplica la jurisprudencia..., que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4° de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial. En ese orden, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. Ahora bien, con base en los antecedentes reseñados con anterioridad, se advierte que... a través de su apoderado legal..., promovió juicio ordinario mercantil contra..., de quien demandó el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria que consta en la escritura pública..., respecto de la vivienda... y diversas prestaciones. De lo que se obtiene que la quejosa..., carece de interés jurídico para promover juicio de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en la falta de llamamiento al juicio ordinario mercantil... y como consecuencia de ello, todo lo actuado en el mismo, pues la quejosa no es parte dentro del referido juicio y por ende, tal omisión, no le causa afectación alguna. Ello, pues el citado juicio ordinario mercantil fue promovido por... a través de su apoderado legal... contra..., en su carácter de deudor, de ahí que, la relación jurídico procesal en el referido juicio sea únicamente entre la referida parte actora y demandada. En tales condiciones, debe decirse que la mencionada quejosa que se ostenta como extraña al juicio de origen carece de interés jurídico para reclamar la falta de llamamiento al citado juicio ordinario mercantil de referencia, porque lo resuelto en ese juicio no le causa algún agravió personal y directo a sus derechos, por ser ajeno a la relación procesal establecida en el juicio de origen. Se cita en apoyo, la jurisprudencia... que establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado de referencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, en relación con los numerales 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a las autoridad ejecutoras, al no reclamarse por vicios propios, de conformidad con la jurisprudencia..., de rubro: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. No existiendo una diversa causal de improcedencia, se procede al estudio de los motivos de inconformidad que planteó la parte quejosa, referentes a la inconstitucionalidad del acto reclamado, consistentes en el embargo adjudicación y lanzamiento decretado respecto del bien inmueble que el quejoso afirma es de su propiedad. SEXTO. Los conceptos de violación formulados por la quejosa en su escrito de demanda resultan infundados, tal y como se demostrará a continuación. Como ya se precisó, los actos reclamados en el presente juicio, lo constituyen todo el procedimiento llevado a cabo dentro del juicio ordinario mercantil de origen y específico el embargo trabado respecto de la vivienda..., así como la determinación en la cual se adjudicó a favor de la parte actora el bien inmueble controvertido; la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la adjudicación de ese inmueble en favor de la parte actora, así como su lanzamiento. De igual forma, la quejosa se ostenta como tercera extraña al juicio natural, y adujo que comparecía al presente juicio a defender el cincuenta por ciento que le corresponde respecto a los derechos de propiedad del citado inmueble, pues afirmó que dicho inmueble es parte del acervo de la sociedad conyugal que formó con el demandado... Para acreditar su interés jurídico exhibió copia certificada del acta de matrimonio celebrada entre... y..., documental con la que el aquí quejoso probó la existencia del vínculo matrimonial que tiene con la demandada en el juicio de origen y que su matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal (foja 16 de autos). Asimismo, acreditó que el bien inmueble controvertido fue adquirido durante la vigencia de aquél matrimonio, lo que se advierte del testimonio..., expedido por el Notario Público número... de la ciudad de Puebla, de veintitrés de mayo de dos mil once (fojas 30 a 39 tomo anexo; y en el cual se hizo constar la compraventa celebrada entre... y... como vendedor y... como comprador. En consecuencia, la quejosa demostró tener un derecho sobre el cincuenta por ciento del inmueble que defiende, derivado de la sociedad conyugal que formó con...; sin embargo, éste no es oponible frente al derecho que detenta la tercera interesada adjudicatante... Ello, pues tal y como se señaló en el considerando anterior, con motivo de la determinación emitida en el juicio ordinario mercantil de origen, el Juez responsable, adjudicó a favor de... la vivienda... De lo que se advierte que... en el procedimiento natural, aquí tercera interesada, patentiza un derecho real sobre el bien inmueble al que se ha hecho referencia. Ahora bien, de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 333/2012, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que la materia de dicha contradicción consistió en: Determinar si el derecho real de propiedad del cónyuge que no fue oído en un juicio ejecutivo mercantil, respecto de un inmueble adquirido con motivo de la sociedad conyugal que no se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad, es oponible, o no, mediante el juicio de amparo en contra del derecho que adquirió mediante remate el adjudicatario en el juicio ejecutivo mercantil natural sobre el mismo inmueble. Así, la referida Primera Sala determinó la existencia de la contradicción de los respectivos órganos jurisdiccionales; luego, en el considerando QUINTO, externó los argumentos siguientes: Esta Suprema Corte ha sostenido en jurisprudencia que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno solo de los cónyuges, si bien provoca que el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real sobre ese mismo bien; no impide que el derecho real del cónyuge que no aparece en la inscripción sí pueda oponerse frente un embargo trabado en el mismo con motivo de un juicio seguido por obligación de tipo personal. Tal criterio se aprecia en la tesis de jurisprudencia 3a./J. 7/93, cuyos rubro y texto son los siguientes: SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. Tomando en cuenta la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal; que la disposición sustantiva aplicable señala que los cónyuges tienen el dominio de los bienes de dicha sociedad y que cada uno en ejercicio del derecho real de que es titular, puede disponer de la parte alícuota que le corresponde, siempre y cuando el otro cónyuge otorgue su consentimiento; que el Registro Público de la Propiedad, por su propia naturaleza, sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos de derechos; y que la falta de inscripción registral de los bienes inmuebles de la sociedad conyugal, en los términos de la disposición aplicable, sólo produce como consecuencia que el derecho respectivo no pueda ser oponible frente a terceros titulares también de derechos reales, debe concluirse que la falta de inscripción registral de los bienes que constituyen la sociedad conyugal, adquiridos durante ella, no impide que exista legitimación para hacer valer por el cónyuge no demandado en un juicio ejecutivo mercantil, derivado del ejercicio de la acción cambiaria directa y como consecuencia de una obligación quirografaria, la tercería excluyente de dominio respecto de la parte alícuota que le corresponde del bien embargado, ya que el derecho real de que es titular le confiere esa calidad frente al derecho personal o de crédito que corresponde al embargante. Sobre esa base, conviene señalar que se define al derecho real como la relación jurídica que se crea entre la persona titular de una cosa y cualquiera que pretenda hacer valer un interés contrapuesto al interés del titular de la cosa; que los derechos reales son ejercitables contra todo el mundo, pues imponen la obligación negativa de respetar su actividad; y que los derechos reales tienen las características de preferencia y persecución y generan la obligación de no hacer. Además, los derechos reales están contemplados en la legislación civil, entre los cuales figura con innegable importancia el derecho de propiedad. En esa tesitura destaca para el caso, que en el Código de Comercio el legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara haber lugar a la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará el remate de los mismos, y que una vez enajenado el bien por remate o adjudicación, el Juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público tratándose de inmuebles. Lo anterior permite afirmar que mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario que haya cubierto el precio fijado para la venta, adquiere un derecho de propiedad sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta judicial, lo que implica que adquiera coetáneamente un auténtico derecho real sobre ese bien raíz, en forma análoga a como sucedería en el caso de una compraventa privada. No obsta a lo anterior, el origen remoto del derecho de propiedad del adquirente mediante venta judicial ocurrida en un juicio ejecutivo mercantil, consistente en un derecho personal que se ejerció judicialmente. Pues no puede confundirse la existencia del derecho personal que dio origen al juicio ejecutivo mercantil, con el derecho real que adquiere quien cubre el precio fijado para la venta judicial del inmueble secuestrado en el juicio, dado que este último es completamente independiente del primero, a partir de que la venta judicial constituye por sí misma un acto traslativo de dominio que importa necesariamente la concurrencia de un derecho real. Dicho en otras palabras, el derecho de propiedad tiene un mismo valor y peso jurídico como derecho real, sin importar a través de cuál acto traslativo de dominio contemplado por la legislación aplicable se haya adquirido dicho derecho. Por lo anterior, se estima que no existen categorías o clasificaciones del derecho de propiedad como derecho real, pues no se puede sostener válidamente que un derecho de propiedad tiene distinta jerarquía o valor jurídico de real que otro. Así las cosas, si la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno solo de los cónyuges, provoca que el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real sobre ese mismo bien; y si mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario que ha cubierto el precio fijado para la venta judicial, adquiere un derecho de propiedad sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta judicial, lo que implica que adquiera coetáneamente un auténtico derecho real sobre ese bien, es inconcuso que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno solo de los cónyuges, provoca que el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, no pueda oponerse al derecho real adquirido mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil, por el postor o el adjudicatario que ha cubierto el precio fijado para la venta judicial. Lo anterior sobre la base de que el postor o adjudicatario adquirió el bien inmueble de buena fe. Los referidos argumentos dieron origen a la jurisprudencia..., que dice: SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia..., de rubro: SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, sostuvo que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de uno de los cónyuges, provoca que el derecho del otro que no aparece en la inscripción no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real respecto del mismo bien. Ahora bien, en el Código de Comercio el legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara procedente la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará su remate, y que enajenado el bien, ya sea por remate o adjudicación tratándose de inmuebles, el juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público; lo cual permite afirmar que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario adquiere un derecho real de propiedad sobre el inmueble rematado. Consecuentemente, cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil. Por tanto, para que el derecho que ostenta la parte quejosa sobre el cincuenta por ciento del inmueble referido pueda ser oponible frente a terceros es necesario que el inmueble de que se trata esté inscrito a nombre de la sociedad conyugal; lo que no acontece en el presente caso. Pues la quejosa no probó que dicho inmueble estuviera inscrito a nombre de la sociedad conyugal que formó con..., por el contrario, de constancias de autos se advierte que aquel inmueble se inscribió en el Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción territorial de Puebla únicamente a nombre del demandado dentro del juicio de origen..., tal y como se advierte de las constancias que remitió la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla que obra en los autos de este juicio de amparo (fojas 87, 91 a 94, 97 y 99). En consecuencia, como el derecho de propiedad que pertenecía a la sociedad conyugal formada por... y la aquí quejosa, no se encontraba inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial, Puebla, sino únicamente en favor del primero de los mencionados, el derecho que defiende la quejosa, no es oponible al de propiedad del actual dueño, que adquirió de buena fe. Por tanto, debe decirse que las pruebas aportadas por la quejoso si bien son idóneas para acreditar su interés jurídico, no son suficientes para considerar que en su perjuicio se vulneraron los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. En la inteligencia que el pronunciamiento efectuado tiene efectos exclusivos en este juicio de amparo, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión y propiedad del bien inmueble controvertido, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. En atención a las consideraciones narradas, se estima que en el caso, la quejosa, quien se ostenta como tercera extraña al juicio de donde emana el acto reclamado, al no tener inscrita en el Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla la sociedad conyugal que formó con..., no puede considerarse oponible frente al derecho real de propiedad con el que cuenta la aquí tercera interesada..., quien adquirió de buena fe, a través de la adjudicación el inmueble correspondiente. Por tanto, la responsable no vulnera en perjuicio de la quejosa, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; y lo procedente es negar la protección de la justicia federal solicitada. Negativa que se hace extensiva en cuanto a los actos de ejecución atribuidos al Diligenciario adscrito al Juzgado responsable y Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, dado que no se les atribuyen vicios propios, si no que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados el juez responsable. Tiene aplicación la jurisprudencia de rubro y texto: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, sino se les atribuyen por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo en que se actúa promovido por..., contra el acto reclamado al Juez y actuario adscritos al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, consistente en la falta de emplazamiento al juicio ordinario mercantil... y lo actuado en ese procedimiento, en términos del considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a..., contra los actos reclamados al Juez, actuario adscritos al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, consistentes en el embargo, adjudicación, inscripción y lanzamiento ordenados en el expediente..., en los términos que quedaron precisados en el considerando último de esta resolución. NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA.
- Principal
Visto el estado procesal de autos se hace del conocimiento de las partes que por acuerdo de sesión ordinaria celebrada el once de noviembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la readscripción del Juez... a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en sustitución de la entonces Juez..., a partir del uno de diciembre de dos mil veinte; lo anterior para los efectos legales conducentes. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Difiérase la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para dar oportunidad a lo anterior. Se fijan, de nueva cuenta, para su celebración las once horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES. Sirve de apoyo por identidad de razón y en virtud de que no se opone a la Ley vigente, la tesis número 2ª. /J.176/2012 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: " NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS".
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,777 expedientes
- Soledad Gloria Castillo Hernández256/2023
- Soledad González Casco648/2016
- Soledad Margarita Calderón Ochoa1773/2021
- Soledad Medel Rosales1482/2016
- Soledad Medel Rosales664/2017
- Soledad Medel Rosales42/2016
- Soledad Ortiz España797/2017
- Soluna Araceli Fabiana Dominguez769/2019
- Soluna Araceli Fabiani Dominguez1676/2015
- Sonia Cantalapiedra Malpica1185/2018
- Sonia Muñoz Cortés585/2016
- Sonia Muñoz Cortez1153/2020