Soledad Olmedo Vásquez
Expediente 229/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Soledad Olmedo Vásquez
Actuaciones
- Principal
PRAL 229/2021 mesa San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de ocho de marzo del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso d) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 3.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 4. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario(a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 5. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el cinco de marzo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada en este Juzgado en esta fecha, promovida Juan Carlos Ramos Dávila a favor de Soledad Olmedo Vázquez, contra actos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca, y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 229/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes que, a) respecto a las cuestiones relativas a la atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos los siguientes: Ordenadoras: a) Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca. b) Presidente Municipal de Santa María Atzompa, Oaxaca. c) Síndico Municipal de Santa María Atzompa, Oaxaca. d) Juez Calificador Municipal de Santa María Atzompa, Oaxaca. Ejecutoras: e) Agentes de Policía Municipal de Santa María Atzompa, Oaxaca. De las ordenadoras: La orden verbal de detención de Soledad Olmedo Vázquez. La orden o autorización para sacar las pertenencias de Soledad Olmedo Vázquez del domicilio ubicado en Manzana Diez (10), lote 295-A, Privada Nochixtlán, conjunto habitacional "Riveras de San Jerónimo", San Jerónimo Yahuiche, Santa María Atzompa, Oaxaca. De la ejecutora: La ejecución de dichos actos. En tanto que en el capítulo de "antecedentes" de los actos reclamados el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, manifestó que: En diversas ocasiones miembros del Ayuntamiento de Santa María Atzompa, Oaxaca, se han presentado en el domicilio de Soledad Olmedo Vázquez a intimidarla, además, adujo que tienen la intención de detenerla. Recibió una llamada de Soledad Olmedo Vázquez y aquélla le solicitó ayuda, pues le refirió que la autoridad municipal de Santa María Atzompa, Oaxaca, pretende detenerla y encarcelarla sin orden judicial; además, de que quieren sacarle sus cosas del domicilio ubicado en Manzana Diez (10), lote 295-A, Privada Nochixtlán, conjunto habitacional "Riveras de San Jerónimo", San Jerónimo Yahuiche, Santa María Atzompa, Oaxaca, por lo cual se encuentra encerrada con llave, por temor; por ello, refirió, no tiene la posibilidad de dar trámite a esta demanda. Como se ve, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6 y 15, todos de la Ley de Amparo. De la lectura de los dos últimos preceptos citados se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, que rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el que establece una regla general a seguir para la procedencia del juicio constitucional, consistente en que éste únicamente puede promoverse por la persona física o jurídica a quien afecte la norma general o el acto reclamado; este principio puede cumplirse a través del representante legal del agraviado, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, de una intelección armónica entre lo establecido en los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo se advierte que el principio de instancia de parte agraviada puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, cuando se reúnan los siguientes supuestos de procedibilidad, a saber: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, caso en el que podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En el caso, se advierte que Soledad Olmedo Vázquez no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados en la demanda de amparo no se ubican en los casos que expresamente contempla el segundo de los preceptos legales mencionados, toda vez que combate en esta instancia constitucional la orden verbal de detención de Soledad Olmedo Vázquez y desalojo de sus pertenencias de su domicilio; así como su ejecución; actos que, evidentemente, no son de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, dictadas por autoridades municipales, ya que no se encuentra detenida o incomunicada por las autoridades municipales. Aunado a que dentro de los postulados básicos del juicio de amparo están el de la iniciativa o instancia de parte agraviada y el de la existencia del agravio personal y directo; este último contenido en el artículo 6 de la Ley de Amparo, que consiste en que sólo puede promoverse por quien resulte directamente perjudicado con un acto de autoridad, esto es, aquel que resiente el agravio de manera directa y personal. Además, se reitera, de la lectura íntegra de la demanda de amparo que se atiende no se aprecia que Soledad Olmedo Vázquez se encuentre imposibilitada de promover la demanda de manera directa, pues no se encuentra sujeta a incomunicación alguna (para efectos del amparo indirecto), por tal razón, estaba en aptitud de promover este juicio, por propio derecho; tan es así que en la demanda de amparo se precisa que Soledad Olmedo Vázquez se ha comunicado vía telefónica con el promovente Juan Carlos Ramos Dávila y se encuentra encerrada en su domicilio particular. Lo determinado con antelación encuentra sustento en la circunstancia de que no basta la sola afirmación de que la persona a favor de la que se promueve el amparo, se encuentra encerrada por temor a que se ejecuten los actos reclamados, por lo cual no tiene la posibilidad para instar directamente el juicio de amparo, y ello haga factible que la demanda se promueva por conducto de Juan Carlos Ramos Dávila, pues nada impide que aquélla suscribiera la demanda de amparo. Luego, si, en el caso, los actos reclamados no se ubican en las hipótesis que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni se advierte que la agraviada se encuentre imposibilitado para promover por sí la demanda de amparo, entonces, no se cumple con el principio de acción por parte agraviada que rige el juicio de amparo, ya que no se está en alguno de los supuestos de excepción para que Juan Carlos Ramos Dávila promoviera la demanda en representación de Soledad Olmedo Vázquez. Máxime que de los antecedentes de la demanda, expuestos bajo protesta de decir verdad, no se advierte que Juan Carlos Ramos Dávila tenga, hasta este momento, reconocida personalidad alguna, ni tampoco es defensor de la quejosa directa. En consecuencia, procede desechar de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Ramos Dávila a favor de Soledad Olmedo Vázquez. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia penal, tomo LXXIII, página 2076, registro 308286, del texto siguiente: "AMPARO PROMOVIDO A NOMBRE DE OTRO. El artículo 17 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, previene que cuando se trata de actos que importen ataques a la libertad individual, fuera de procedimiento judicial, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona a su nombre, pero si se reclama un auto de formal prisión, esto hace presumir que existe un procedimiento judicial abierto en contra del quejoso, por lo que no se está en el caso del precepto citado, y si el que promueve el amparo no alega tener el carácter de defensor, debe desecharse la demanda que promueva". Criterio que se sustenta en la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el recurso de queja 63/2020; en el cual precisó que solo en la hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo, que establece que respecto de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y el particular afectado está imposibilitado para promover el amparo por sí mismo, puede hacerlo cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad; sólo que la tramitación del juicio está condicionada a que el quejoso ratifique la demanda presentada en su nombre. 5. No ha lugar a proveer respecto a la suspensión de plano. Por otro lado, con motivo del desechamiento decretado en líneas precedentes, no ha lugar a proveer de plano respecto a la suspensión de oficio que solicita la parte quejosa; máxime que, como ya se estableció, los actos que reclama no se encuentran en la hipótesis prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni en el diverso numeral 22 de la Constitución Federal. 6. Autorización para la consulta y notificación vía electrónica. Con fundamento en los artículos 35, 36 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el nombre de usuario "LIC.RAMOS", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, se ordena realizar las notificaciones que le correspondan vía electrónica, a través del usuario proporcionado; ello, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 ya citado. 7. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Seguridad (actuario -a-). Para el caso del desahogo de alguna actuación personal, y dado que ello implicaría contacto personal, indíquese al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo general 21/2020 ya multicitado. 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 11. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 12. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese electrónicamente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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