Soledad Moreno Carteño

Expediente 992/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
992/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
04/02/2021

Partes del expediente

  • Soledad Moreno Carteño

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos que reclama del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Ahora bien, en la especie lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en esencia la omisión de integrar la carpeta de investigación ********************, instaurada mediante denuncia realizada por el aquí quejoso el veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Pues bien, a criterio de quien esto acuerda es improcedente el juicio de amparo respecto al acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, mismo que ha sido detallado en líneas que anteceden, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia. En el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, en relación con los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió impugnar ante la autoridad judicial (Juez de Control), la omisión reclamada a la autoridad responsable, respecto que no se han realizado las diligencias necesarias para la integración de la carpeta de investigación de origen, a fin de que proceda a la judicialización o no de la misma. En efecto, el artículo 61, en la fracción XXIII de la Ley de Amparo, y el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "Ley de Amparo (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (.) "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Del primero de los numerales antes transcritos se advierte, que el juicio de amparo es improcedente, cuando así lo establezca la Constitución Federal o la propia Ley de Amparo. Por su parte, el numeral 20 de la Ley Fundamental establece que la víctima u ofendido puede impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, de los numerales antes mencionados se desprende que el Constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido de impugnar ante la autoridad judicial, esto es, ante el Juez de Control, entre otras cosas, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Asimismo, para una mayor comprensión en necesario citar lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, orden jurídico que rige el acto reclamado, se dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir, en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Del citado transcrito precepto legal se advierte que las determinaciones del Agente del Ministerio Público, entre ellas, la abstención de dicha autoridad en la investigación de los delitos, son susceptibles de ser impugnadas ante el Juez de Control. Es decir, el control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido pueden ocasionar la revocación de la determinación del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal, mismo que deberá agotarse antes de acudir al juicio de derechos fundamentales. En efecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se considera un auténtico recurso ordinario, toda vez que contiene elementos suficientes para someter a control judicial, entre otras cosas, las abstenciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, pues regula: a) La autoridad ante quien debe promoverse -el Juez de control-; b) En quién recae la legitimación para impugnar - víctima u ofendido-; c) El plazo para su interposición -dentro de los diez días posteriores a su notificación-; d) La instancia que la conocerá -el Juez de control-; e) Su substanciación -mediante una audiencia a la que serán citadas previamente las partes-; y, f) Un supuesto para declararla sin materia -la inasistencia de la víctima u ofendido-, a pesar de haber sido debidamente citados. Bajo esa óptica, y tomando en consideración que en el presente asunto se reclama en esencia la denegación de justicia del Ministerio Público respecto a la debida integración de la carpeta de investigación ********************, es evidente que contra el acto reclamado, no es procedente el juicio de amparo indirecto, dado que en su caso, sólo será reclamable en la vía constitucional, aquella que emita el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se dice lo anterior, toda vez que cuando la víctima, el ofendido o el representante legal de estos, reclamen las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, previo a acudir al juicio de amparo, deberán interponer los medios ordinarios de defensa (Control Judicial, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es decir, estarán obligados a agotar el principio de definitividad. Dicho principio que rige al juicio de amparo en materia penal, y encuentra su justificación en el hecho de que al conocerse de un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, lo cual no acontece en el presente asunto. Además, que sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario -control judicial-, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, dejando sin eficacia la intención del legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión, abstención o resolución del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.118/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, marzo de 2011, visible en la página 17, con número de registro 162669, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." Sirve de apoyo la tesis XIX.1o.1 P (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, con número de registro 2016388, que dice lo siguiente: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONSTITUYE UN AUTÉNTICO RECURSO ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece un mecanismo para impugnar, entre otras, la determinación del no ejercicio de la acción penal. Dicha impugnación constituye un auténtico recurso ordinario que debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo, toda vez que ese numeral contiene elementos suficientes para someter a control judicial esa clase de resoluciones, al regular: a) La autoridad ante quien debe promoverse -el Juez de control-; b) en quién recae la legitimación para impugnar - víctima u ofendido-; c) el plazo para su interposición -dentro de los diez días posteriores a su notificación-; d) la instancia que la conocerá - el Juez de control-; e) su sustanciación -mediante una audiencia a la que serán citadas previamente las partes-; y, f) un supuesto para declararla sin materia -la inasistencia de la víctima u ofendido-, a pesar de haber sido debidamente citados". De ahí que si la parte quejosa no agotó el principio de definitividad a que se encuentra obligada, debiendo ejercer el control judicial en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser este el medio de defensa idóneo contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en autos de la carpeta de investigación ********************, lo cual constituye el acto reclamado en el presente juicio, entonces, es notoriamente improcedente, según lo anotado en párrafos que anteceden, máxime que el sentido del control judicial previsto en el citado numeral, permite mediante la figura del Juez de Control y las audiencias a su cargo judicializar los actos ministeriales ejerciendo precisamente un control que además de velar la legalidad, garantice las formalidades esenciales del procedimiento, según lo dispone el artículo 14 Constitucional y lo dispuesto en la normativa en derechos humanos aplicable, pues mediante este control se garantiza también el control constitucional y convencional pero en forma difusa. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos que reclama del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en vigor en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda y por autorizados en los términos amplios que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Peralta Padilla y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las demás personas que menciona por no contar con su registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ente los Órganos Jurisdiccionales. Por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; hágase del conocimiento de la parte quejosa que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    QUE TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE LA PARTE QUEJOSA, COMPARECIERA EN LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN CONSECUENCIA, SE LE NOTIFICA LA DETERMINACIÓN ALUDIDA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, ASÍ COMO EN LA LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29, DE LA LEY DE AMPARO, LA QUE SE TRANSCRIBE: Cuernavaca, Morelos, a doce de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos que reclama del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Ahora bien, en la especie lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en esencia la omisión de integrar la carpeta de investigación ********************, instaurada mediante denuncia realizada por el aquí quejoso el veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Pues bien, a criterio de quien esto acuerda es improcedente el juicio de amparo respecto al acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, mismo que ha sido detallado en líneas que anteceden, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia. En el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, en relación con los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió impugnar ante la autoridad judicial (Juez de Control), la omisión reclamada a la autoridad responsable, respecto que no se han realizado las diligencias necesarias para la integración de la carpeta de investigación de origen, a fin de que proceda a la judicialización o no de la misma. En efecto, el artículo 61, en la fracción XXIII de la Ley de Amparo, y el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "Ley de Amparo (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (.) "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Del primero de los numerales antes transcritos se advierte, que el juicio de amparo es improcedente, cuando así lo establezca la Constitución Federal o la propia Ley de Amparo. Por su parte, el numeral 20 de la Ley Fundamental establece que la víctima u ofendido puede impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, de los numerales antes mencionados se desprende que el Constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido de impugnar ante la autoridad judicial, esto es, ante el Juez de Control, entre otras cosas, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Asimismo, para una mayor comprensión en necesario citar lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, orden jurídico que rige el acto reclamado, se dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir, en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Del citado transcrito precepto legal se advierte que las determinaciones del Agente del Ministerio Público, entre ellas, la abstención de dicha autoridad en la investigación de los delitos, son susceptibles de ser impugnadas ante el Juez de Control. Es decir, el control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido pueden ocasionar la revocación de la determinación del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal, mismo que deberá agotarse antes de acudir al juicio de derechos fundamentales. En efecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se considera un auténtico recurso ordinario, toda vez que contiene elementos suficientes para someter a control judicial, entre otras cosas, las abstenciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, pues regula: a) La autoridad ante quien debe promoverse -el Juez de control-; b) En quién recae la legitimación para impugnar - víctima u ofendido-; c) El plazo para su interposición -dentro de los diez días posteriores a su notificación-; d) La instancia que la conocerá -el Juez de control-; e) Su substanciación -mediante una audiencia a la que serán citadas previamente las partes-; y, f) Un supuesto para declararla sin materia -la inasistencia de la víctima u ofendido-, a pesar de haber sido debidamente citados. Bajo esa óptica, y tomando en consideración que en el presente asunto se reclama en esencia la denegación de justicia del Ministerio Público respecto a la debida integración de la carpeta de investigación ********************, es evidente que contra el acto reclamado, no es procedente el juicio de amparo indirecto, dado que en su caso, sólo será reclamable en la vía constitucional, aquella que emita el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se dice lo anterior, toda vez que cuando la víctima, el ofendido o el representante legal de estos, reclamen las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, previo a acudir al juicio de amparo, deberán interponer los medios ordinarios de defensa (Control Judicial, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es decir, estarán obligados a agotar el principio de definitividad. Dicho principio que rige al juicio de amparo en materia penal, y encuentra su justificación en el hecho de que al conocerse de un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, lo cual no acontece en el presente asunto. Además, que sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario -control judicial-, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, dejando sin eficacia la intención del legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión, abstención o resolución del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.118/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, marzo de 2011, visible en la página 17, con número de registro 162669, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." Sirve de apoyo la tesis XIX.1o.1 P (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, con número de registro 2016388, que dice lo siguiente: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONSTITUYE UN AUTÉNTICO RECURSO ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece un mecanismo para impugnar, entre otras, la determinación del no ejercicio de la acción penal. Dicha impugnación constituye un auténtico recurso ordinario que debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo, toda vez que ese numeral contiene elementos suficientes para someter a control judicial esa clase de resoluciones, al regular: a) La autoridad ante quien debe promoverse -el Juez de control-; b) en quién recae la legitimación para impugnar - víctima u ofendido-; c) el plazo para su interposición -dentro de los diez días posteriores a su notificación-; d) la instancia que la conocerá - el Juez de control-; e) su sustanciación -mediante una audiencia a la que serán citadas previamente las partes-; y, f) un supuesto para declararla sin materia -la inasistencia de la víctima u ofendido-, a pesar de haber sido debidamente citados". De ahí que si la parte quejosa no agotó el principio de definitividad a que se encuentra obligada, debiendo ejercer el control judicial en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser este el medio de defensa idóneo contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en autos de la carpeta de investigación ********************, lo cual constituye el acto reclamado en el presente juicio, entonces, es notoriamente improcedente, según lo anotado en párrafos que anteceden, máxime que el sentido del control judicial previsto en el citado numeral, permite mediante la figura del Juez de Control y las audiencias a su cargo judicializar los actos ministeriales ejerciendo precisamente un control que además de velar la legalidad, garantice las formalidades esenciales del procedimiento, según lo dispone el artículo 14 Constitucional y lo dispuesto en la normativa en derechos humanos aplicable, pues mediante este control se garantiza también el control constitucional y convencional pero en forma difusa. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos que reclama del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en vigor en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda y por autorizados en los términos amplios que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Peralta Padilla y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las demás personas que menciona por no contar con su registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ente los Órganos Jurisdiccionales. Por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; hágase del conocimiento de la parte quejosa que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

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