Soledad Monterrubio Antonio
Expediente 871/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 27/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Soledad Monterrubio Antonio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que las partes quejosa y tercera interesada no hicieron manifestación alguna respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, por sentencia de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se negó a la parte quejosa el amparo impetrado, por lo que interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. Derivado de lo anterior, se radicó el amparo en revisión 510/2019, de la estadística del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en el cual, mediante ejecutoria pronunciada el once de marzo de dos mil veintiuno, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado por la quejosa, para los efectos siguientes: "I.- El Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, deje insubsistente el auto de formal prisión de ocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 62/2010 de su índice; II.- En su lugar emita resolución en la que ordene reponer el procedimiento a partir de la diligencia que antecede al auto de bien preso reclamado, con el fin de que cumpla con el deber de cerciorarse de que la persona que compareció como defensora era profesional en derecho al momento en que ejerció su cargo, lo anterior dentro del plazo restante para dictar el nuevo auto de término constitucional. En ese sentido es de puntualizarse: Primero, que para lo anterior, el juez de instancia podrá decretar la práctica de cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no violación al derecho de defensa técnica, tal como por ejemplo, requerir al abogado para que acredite que cuenta con cédula o título profesional, o requerir información de las autoridades competentes como lo es el Registro Nacional de Profesionistas. Segundo, que en caso de que no pueda acreditarse que el defensor era licenciado en derecho, entonces, debe estimarse que se violó el derecho del inculpado a tener una defensa técnica y profesional, por lo que el juez deberá declarar nulas las actuaciones correspondientes. III.- Una vez hecho lo anterior, al emitir la resolución que resuelva la situación jurídica de la quejosa, deberá excluir del material probatorio: a).- La declaración ministerial de la ofendida Natividad Adela García Audelo, de veintiséis de marzo de dos mil diez; b).- Las pruebas ilícitas derivadas del inconstitucional arraigo decretado en contra de la aquí quejosa y de los entonces coinculpados, el veintisiete de marzo de dos mil diez; es decir, las pruebas que se encuentren directa e inmediatamente vinculadas con el arraigo; entendiéndose por esto último aquellos medios de convicción que no hubieran podido obtenerse a menos que la persona fuera privada de su libertad personal mediante el arraigo, lo cual comprenderá todas las pruebas realizadas sobre la persona o personas arraigadas, así como todas aquellas en las que ellas hayan participado o hayan aportado información sobre los hechos que se le imputan a la quejosa estando arraigada; IV.- Hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, deberá establecer si el restante material convictivo que no se encuentra afectado de ilicitud, e idóneo y suficiente para acreditar el delito de secuestro agravado; así como la probable responsabilidad penal de la quejosa en su comisión; V.- Efectúe el estudio de homologación y traslación del tipo penal de secuestro agravado, con base en las legislaciones aplicables, atendiendo a lo más benéfico a la quejosa. En el caso de que el Juez responsable considere aplicable, por ser más benéfica la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal, deberá tener en cuenta que dicho ordenamiento en su artículo 2, establece que para la investigación, persecución y todo lo referente al procedimiento tocante a los delitos ahí contemplados, serán aplicable el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados; y Una vez hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda. Cabe precisar que los efectos de la concesión del amparo implican únicamente la emisión de una nueva resolución que determine la situación jurídica en que debe quedar la inculpada, aquí quejosa, pero de ninguna manera tales efectos se traducen en su liberación, pues las violaciones que se estimaron actualizadas en el caso, tienen que ver con aspectos de índole procesal y formal y no de fondo. [.]" En ese contexto, del examen de las constancias acompañadas por la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte el acatamiento del fallo protector. Lo anterior, pues mediante oficio 1211/2021 (R.E. 6743), la Secretaria de Acuerdos encargada del despacho del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por ministerio de ley, remitió copia certificada del acuerdo dictado el siete de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente penal 62/2010 de esa estadística, del que se advierte lo siguiente: a) Dejó sin efectos el auto de formal prisión de ocho de agosto de dos mil dieciocho; b) Ordenó la reposición de procedimiento a partir de la diligencia que antecede al auto de bien preso reclamado, consistente en la diligencia de careos procesales entre la aquí quejosa y Francisco Simón Reyes o Francisco Reyes Simón, desahogada el doce de marzo de dos mil dieciocho; c) Decretó la suspensión del plazo constitucional y señaló las nueve horas del quince de junio del año en curso, para que la defensora pública Ligia Santiago Ayala, compareciera y exhibiera su cédula o título profesional de licenciada en Derecho, expedida por la Dirección General de Profesiones. Asimismo, mediante diverso comunicado 1711/2021 (R.E. 8619), el Juez Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, remitió copia certificada de la diligencia desahogada el quince de junio de dos mil veintiuno, advirtiéndose la comparecencia, entre otros, de la defensora pública Ligia Santiago Ayala, quien se identificó con su cédula profesional -de la cual se dejó la correspondiente copia-, asimismo, se levantó la suspensión del plazo constitucional decretada, dictándose en esa propia fecha auto de plazo constitucional a la aquí quejosa, SOLEDAD MONTERRUBIO ANTONIO. No obstante, en proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, dictado en este asunto, se decretó que estaba parcialmente cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que cumplió con el punto I, y parte del punto II, pero omitió razonarlo en la nueva resolución que dictó en virtud de que de acuerdo con lo establecido por el tribunal debe explicar en qué supuesto va a reponer el procedimiento, pues dio dos, el primero si se demostraba que la defensora tiene o no cédula o título profesional o, en caso de que no, debe excluir diversos medios de prueba. En razón a ello, se requirió nuevamente a la autoridad responsable a fin de que se pronuncie respecto a saber si tomará en cuenta o no todo el material probatorio existente en la causa penal, como lo refiere la Superioridad en el punto III, incisos a) y b) y punto IV; asimismo, realizar el estudio que se exige en el punto V, para saber por qué se dicta la resolución correspondiente y qué legislación será la que se aplique. Así, a través del oficio 2711 (R.E. 11033), el Juez Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de plazo constitucional de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la que: I. Dejó sin efectos el auto de plazo constitucional de quince de junio del año en curso; II. Tomó en consideración las declaraciones ministerial de la inculpada SOLEDAD MONTERRUBIO ANTONIO (emitida el veintiséis de marzo de dos mil diez), la diligencia de confrontación entre la aludida víctima y los inculpados SOLEDAD MONTERRUBIO ANTONIO, TIRZO JOSÉ MARTÍNEZ JUAN, JOSÉ MARTÍNEZ VÁSQUEZ, FRANCISCO SIMÓN REYES, BERNARDINO JOSÉ y LIDIA CARREÑO CRUZ (efectuada el catorce de abril de dos mil diez), bajo el argumento de que Lidia Santiago Ayala, con fecha quince de junio de dos mil veintiuno, acreditó con su cédula profesional ser licenciada en Derecho, con lo que estima se cumplió lo dispuesto por los artículos 250, 251 y 252 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, en relación con el ordinal 20, apartado b, fracción VIII, de la Constitución Federal; III. Decretó inconstitucional el arraigo decretado contra la aquí quejosa y los entonces coinculpados, el veintisiete de marzo de dos mil diez, atendiendo a que fue emitido con posterioridad a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, donde el artículo 16 Constitucional reguló el arraigo domiciliario, exclusivamente para los delitos de delincuencia organizada; por lo que excluyó las pruebas obtenidas durante la ejecución del aludido arraigo y las diversas relacionadas al mismo, esto es, realizadas sobre la persona de la inculpada SOLEDAD MONTERRUBIO ANTONIO, asimismo, las actuaciones ministeriales desahogadas bajo los efectos del arraigo; IV. Determinó que, atendiendo a que el hecho punible ocurrió el uno de marzo de dos mil diez y el auto de plazo constitucional se emite el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se encuentra vigente la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal, por ser la más benéfica, por consecuencia, efectuó la homologación conforme al ordenamiento punitivo actual y no a la ley vigente en la época de los hechos (diez de marzo de dos mil diez); V. Decretó que, al no existir una modificación sustancial en la descripción típica entre la codificación vigente en la época de los hechos y la actual, para estar en condiciones de reubicar con precisión la conducta de la inculpada SOLEDAD MONTERRUBIO ANTONIO, en la norma actual, hizo la homologación y traslación del tipo penal resolviendo bajo la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, por ser la más benéfica a la aludida procesada; y, VI. Determinó que se encuentra acreditado el cuerpo y la probable responsabilidad de la inculpada SOLEDAD MONTERRUBIO ANTONIO por el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de Natividad Adela García Audelo, previsto en el artículo 9, inciso a) y 10, inciso b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en relación con el 8º, fracción I y 10, fracción I, 9, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, y en términos del artículo 25 del Código de Procedimientos Penales del Estado, por lo que dictó auto de formal prisión en su contra. Por tanto, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, al atenderse sus efectos, sin excesos ni defectos. En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente a) cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales; b) este asunto se tramitó sin incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito, c) tampoco falta firma alguna y el expediente está foliado, rubricado y entresellado, archívese el presente asunto como concluido. Por ello, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo solicitado en el juicio de garantías, empero, el Tribunal de alzada revocó la sentencia dictada y concedió el amparo impetrado, este expediente es depurable, después de tres años. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA. EL PRESENTE PROVEÍDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que las partes quejosa y tercera interesada no hicieron manifestación alguna respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, por sentencia de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se negó a la parte quejosa el amparo impetrado, por lo que interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. Derivado de lo anterior, se radicó el amparo en revisión 510/2019, de la estadística del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en el cual, mediante ejecutoria pronunciada el once de marzo de dos mil veintiuno, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado por la quejosa, para los efectos siguientes: "I.- El Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, deje insubsistente el auto de formal prisión de ocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 62/2010 de su índice; II.- En su lugar emita resolución en la que ordene reponer el procedimiento a partir de la diligencia que antecede al auto de bien preso reclamado, con el fin de que cumpla con el deber de cerciorarse de que la persona que compareció como defensora era profesional en derecho al momento en que ejerció su cargo, lo anterior dentro del plazo restante para dictar el nuevo auto de término constitucional. En ese sentido es de puntualizarse: Primero, que para lo anterior, el juez de instancia podrá decretar la práctica de cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no violación al derecho de defensa técnica, tal como por ejemplo, requerir al abogado para que acredite que cuenta con cédula o título profesional, o requerir información de las autoridades competentes como lo es el Registro Nacional de Profesionistas. Segundo, que en caso de que no pueda acreditarse que el defensor era licenciado en derecho, entonces, debe estimarse que se violó el derecho del inculpado a tener una defensa técnica y profesional, por lo que el juez deberá declarar nulas las actuaciones correspondientes. III.- Una vez hecho lo anterior, al emitir la resolución que resuelva la situación jurídica de la quejosa, deberá excluir del material probatorio: a).- La declaración ministerial de la ofendida Natividad Adela García Audelo, de veintiséis de marzo de dos mil diez; b).- Las pruebas ilícitas derivadas del inconstitucional arraigo decretado en contra de la aquí quejosa y de los entonces coinculpados, el veintisiete de marzo de dos mil diez; es decir, las pruebas que se encuentren directa e inmediatamente vinculadas con el arraigo; entendiéndose por esto último aquellos medios de convicción que no hubieran podido obtenerse a menos que la persona fuera privada de su libertad personal mediante el arraigo, lo cual comprenderá todas las pruebas realizadas sobre la persona o personas arraigadas, así como todas aquellas en las que ellas hayan participado o hayan aportado información sobre los hechos que se le imputan a la quejosa estando arraigada; IV.- Hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, deberá establecer si el restante material convictivo que no se encuentra afectado de ilicitud, e idóneo y suficiente para acreditar el delito de secuestro agravado; así como la probable responsabilidad penal de la quejosa en su comisión; V.- Efectúe el estudio de homologación y traslación del tipo penal de secuestro agravado, con base en las legislaciones aplicables, atendiendo a lo más benéfico a la quejosa. En el caso de que el Juez responsable considere aplicable, por ser más benéfica la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal, deberá tener en cuenta que dicho ordenamiento en su artículo 2, establece que para la investigación, persecución y todo lo referente al procedimiento tocante a los delitos ahí contemplados, serán aplicable el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados; y Una vez hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda. Cabe precisar que los efectos de la concesión del amparo implican únicamente la emisión de una nueva resolución que determine la situación jurídica en que debe quedar la inculpada, aquí quejosa, pero de ninguna manera tales efectos se traducen en su liberación, pues las violaciones que se estimaron actualizadas en el caso, tienen que ver con aspectos de índole procesal y formal y no de fondo. [.]" En ese contexto, del examen de las constancias acompañadas por la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte el acatamiento del fallo protector. Lo anterior, pues mediante oficio 1211/2021 (R.E. 6743), la Secretaria de Acuerdos encargada del despacho del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por ministerio de ley, remitió copia certificada del acuerdo dictado el siete de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente penal 62/2010 de esa estadística, del que se advierte lo siguiente: a) Dejó sin efectos el auto de formal prisión de ocho de agosto de dos mil dieciocho; b) Ordenó la reposición de procedimiento a partir de la diligencia que antecede al auto de bien preso reclamado, consistente en la diligencia de careos procesales entre la aquí quejosa y Francisco Simón Reyes o Francisco Reyes Simón, desahogada el doce de marzo de dos mil dieciocho; c) Decretó la suspensión del plazo constitucional y señaló las nueve horas del quince de junio del año en curso, para que la defensora pública Ligia Santiago Ayala, compareciera y exhibiera su cédula o título profesional de licenciada en Derecho, expedida por la Dirección General de Profesiones. Asimismo, mediante diverso comunicado 1711/2021 (R.E. 8619), el Juez Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, remitió copia certificada de la diligencia desahogada el quince de junio de dos mil veintiuno, advirtiéndose la comparecencia, entre otros, de la defensora pública Ligia Santiago Ayala, quien se identificó con su cédula profesional -de la cual se dejó la correspondiente copia-, asimismo, se levantó la suspensión del plazo constitucional decretada, dictándose en esa propia fecha auto de plazo constitucional a la aquí quejosa, SOLEDAD MONTERRUBIO ANTONIO. No obstante, en proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, dictado en este asunto, se decretó que estaba parcialmente cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que cumplió con el punto I, y parte del punto II, pero omitió razonarlo en la nueva resolución que dictó en virtud de que de acuerdo con lo establecido por el tribunal debe explicar en qué supuesto va a reponer el procedimiento, pues dio dos, el primero si se demostraba que la defensora tiene o no cédula o título profesional o, en caso de que no, debe excluir diversos medios de prueba. En razón a ello, se requirió nuevamente a la autoridad responsable a fin de que se pronuncie respecto a saber si tomará en cuenta o no todo el material probatorio existente en la causa penal, como lo refiere la Superioridad en el punto III, incisos a) y b) y punto IV; asimismo, realizar el estudio que se exige en el punto V, para saber por qué se dicta la resolución correspondiente y qué legislación será la que se aplique. Así, a través del oficio 2711 (R.E. 11033), el Juez Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de plazo constitucional de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la que: I. Dejó sin efectos el auto de plazo constitucional de quince de junio del año en curso; II. Tomó en consideración las declaraciones ministerial de la inculpada SOLEDAD MONTERRUBIO ANTONIO (emitida el veintiséis de marzo de dos mil diez), la diligencia de confrontación entre la aludida víctima y los inculpados SOLEDAD MONTERRUBIO ANTONIO, TIRZO JOSÉ MARTÍNEZ JUAN, JOSÉ MARTÍNEZ VÁSQUEZ, FRANCISCO SIMÓN REYES, BERNARDINO JOSÉ y LIDIA CARREÑO CRUZ (efectuada el catorce de abril de dos mil diez), bajo el argumento de que Lidia Santiago Ayala, con fecha quince de junio de dos mil veintiuno, acreditó con su cédula profesional ser licenciada en Derecho, con lo que estima se cumplió lo dispuesto por los artículos 250, 251 y 252 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, en relación con el ordinal 20, apartado b, fracción VIII, de la Constitución Federal; III. Decretó inconstitucional el arraigo decretado contra la aquí quejosa y los entonces coinculpados, el veintisiete de marzo de dos mil diez, atendiendo a que fue emitido con posterioridad a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, donde el artículo 16 Constitucional reguló el arraigo domiciliario, exclusivamente para los delitos de delincuencia organizada; por lo que excluyó las pruebas obtenidas durante la ejecución del aludido arraigo y las diversas relacionadas al mismo, esto es, realizadas sobre la persona de la inculpada SOLEDAD MONTERRUBIO ANTONIO, asimismo, las actuaciones ministeriales desahogadas bajo los efectos del arraigo; IV. Determinó que, atendiendo a que el hecho punible ocurrió el uno de marzo de dos mil diez y el auto de plazo constitucional se emite el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se encuentra vigente la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal, por ser la más benéfica, por consecuencia, efectuó la homologación conforme al ordenamiento punitivo actual y no a la ley vigente en la época de los hechos (diez de marzo de dos mil diez); V. Decretó que, al no existir una modificación sustancial en la descripción típica entre la codificación vigente en la época de los hechos y la actual, para estar en condiciones de reubicar con precisión la conducta de la inculpada SOLEDAD MONTERRUBIO ANTONIO, en la norma actual, hizo la homologación y traslación del tipo penal resolviendo bajo la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, por ser la más benéfica a la aludida procesada; y, VI. Determinó que se encuentra acreditado el cuerpo y la probable responsabilidad de la inculpada SOLEDAD MONTERRUBIO ANTONIO por el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de Natividad Adela García Audelo, previsto en el artículo 9, inciso a) y 10, inciso b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en relación con el 8º, fracción I y 10, fracción I, 9, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, y en términos del artículo 25 del Código de Procedimientos Penales del Estado, por lo que dictó auto de formal prisión en su contra. Por tanto, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, al atenderse sus efectos, sin excesos ni defectos. En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente a) cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales; b) este asunto se tramitó sin incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito, c) tampoco falta firma alguna y el expediente está foliado, rubricado y entresellado, archívese el presente asunto como concluido. Por ello, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo solicitado en el juicio de garantías, empero, el Tribunal de alzada revocó la sentencia dictada y concedió el amparo impetrado, este expediente es depurable, después de tres años. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que conste como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, toda vez que en proveído de diez del mes actual, se acordó lo conducente, al haberse recibido las constancias a que hace referencia. CÚMPLASE.
- Principal
MESA I.B....San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, remite copia certificada de la constancia con la que manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector. En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada con el oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de este acuerdo, expresen lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a las partes, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR ESTRADOS A LA TERCERA INTERESADA.
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