Soledad Martínez Sánchez

Expediente 1792/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1792/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
16/12/2016

Partes del expediente

  • Soledad Martínez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Intégrese la misiva y anexo, por medio del cual el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el exhorto 630/2016 (orden 1016/2016), del índice de este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas. Por tanto, téngase por notificado a la parte quejosa, del auto de veinticuatro de noviembre pasado, en términos del artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda promovida por Nancy Berenice Regalado León, en su carácter de apoderada legal de Soledad Martínez Sánchez, personalidad que se tiene por acreditada en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo; regístrese la demanda bajo el número 1792/2016. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda se desprende que la quejosa reclama el acuerdo emitido el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral 472/2011 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por el cual le fueron desechadas diversas pruebas ofrecidas en el mismo. Ahora, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se surte la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia, interpretados de manera armónica. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior, toda vez que el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación. Ahora, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo sentencia favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante las llamadas garantías individuales o ahora, derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos. Son los que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido las jurisprudencias 189 y 175, visibles en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con los rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. " "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), 'CONSTITUCIONAL. " Sentado lo anterior, cabe recordar que la parte quejosa reclama el acuerdo emitido el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral 472/2011 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por el cual le fueron desechadas diversas pruebas ofrecidas en el mismo. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable (laudo), inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Sin embargo, en la especie no se está frente a uno de esos actos. Lo anterior, en atención a que la resolución combatida tiene su origen en el reclamo de una violación procesal, pues se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado las determinaciones vinculadas con pruebas aportadas por una de las partes, y por regla general dichas violaciones pueden hacer valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita (laudo); por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra el laudo correspondiente, si es contraria a los intereses de los hoy impetrantes del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos otorgados. En ese orden de ideas, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que, como ya se estableció, su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis de Jurisprudencia número VI.2o. J/258, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro literal siguiente: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. " Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. En efecto, los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, no queda comprendido en esa connotación (imposible reparación) el acuerdo emitido el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral 472/2011 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por el cual le fueron desechadas diversas pruebas ofrecidas en el mismo, ya que a través de dicha decisión se producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales podrían ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el dictado del acuerdo reclamado, no implica en forma alguna que el fallo deba ser contrario a los intereses del afectado. Así, ese tipo de decisiones no son susceptibles de ser sujetas a análisis constitucional mediante la vía indirecta, sino hacerla valer hasta el amparo directo para el caso de que sea adversa la sentencia y en el supuesto de que sea favorable a la jurídico colectiva quejosa, lo puede plantear en el amparo adhesivo conforme al numeral 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 182 de la ley de la materia. De tal manera que si la resolución reclamada, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, entendiéndose por estos únicamente aquellos que afecten materialmente algún derecho sustantivo, no procesal como acontece; por tanto, esa circunstancia hace a su vez que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, lo procedente es desechar la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Dado que el domicilio de la quejosa se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, envíese exhorto al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notificar de manera personal a la quejosa, en el domicilio ubicado en calle Coatepec, número 8, colonia Roma, Sur, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, corriéndole traslado con copia del presente acuerdo; asimismo, deberá requerirle en el momento de la diligencia, para que dentro del plazo de tres días señale expresamente domicilio para oír y recibir notificaciones ante este juzgado en la ciudad de Toluca o en su zona conurbada (Metepec), apercibido que de no hacerlo las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para habilitar a quien habrá de llevar a cabo lo encomendado en días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, la comunicación oficial derivada del presente pronunciamiento, así como sus anexos deberán remitirse a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados a las personas que refieren en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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