Soledad Maribel García Barroso

Expediente 604/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
604/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Soledad Maribel García Barroso

Actuaciones

  1. Principal

    "... Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que, en la especie, en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo promovida por ****** a nombre de ****, contra actos de la *****, en su calidad de *****, comercialmente conocida como ***** y otra autoridad, el cual se le notificó en la misma fecha; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto causa estado. Archívese como asunto concluido..."

  2. Principal

    ".... Vista la demanda de amparo promovida por ********************a nombre de ********************, contra actos de la Dra. ********************, en su calidad de Directora Médica de CIRUGÍA Y GINECOBSTETRICIA DE OAXACA, S.A DE C.V., comercialmente conocida como Hospital Reforma y otra autoridad. Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 604/2023. Desechamiento Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama esencialmente la orden oral o escrita por la cual se ordenó la retención y/o privación de la libertad de ********************, en las instalaciones del HOSPITAL REFORMA ubicado en calle Reforma 613, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000. En efecto, en sus antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad precisó: La paciente ingreso al HOSPITAL REFORMA el día lunes 29 de mayo de 2023, por molestias severas, debido a un ********************, siendo atendida por el urólogo ********************, quien la opero el martes 30 de mayo de 2023, ********************, siendo dada de alta el viernes 02 de junio de 2023, sin que a la paciente se le administrara algún antibiótico. (.) El 07 de junio de 2023 la paciente fue trasladada y reingresada nuevamente al HOSPITAL REFORMA, donde el urólogo ********************, le practicó un ultrasonido, confirmando que tenía una fuerte infección, motivo por el que se internó nuevamente. (.) El día martes 20 de junio de 2023 la paciente fue dada de alta. Sin embargo hasta la fecha de presentación de la presente demanda no se le permite retirarse, argumentando el personal de la Administración del HOSPITAL REFORMA, que los gastos de atención médica excedió la suma asegurada, sin precisar el monto de exceso y soslayando que el trabajador oportunamente potencio la suma asegurada. Quien cuenta con una póliza se seguro ********************, con numero de certificado ********************. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (...) Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio constitucional se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí, que surge dentro de las denominadas relaciones de supra a subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Lo anterior se ve reflejado en la tesis P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página 118, que dice: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que, para distinguir a una autoridad para efectos del amparo, debe establecerse si la misma actúa unilateralmente, es decir si puede imponer su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. El anterior criterio se encuentra reflejado en la tesis 2a. XXXVI/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IX marzo de mil novecientos noventa y nueve, Página: 307, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, y que complementan lo anterior, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1.- La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2.- Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3.- Que emita actos unilaterales en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4.- Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, página 1089, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, en el estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. 1.- Supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y particulares y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destacan el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, que las caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos limita el actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad venza cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. 2.- Coordinación, son aquellas que corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de éstas se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral, siendo la nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. 3.- Supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. De manera sólo será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquél ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues desde esa posición sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales; de suerte que en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Con base en lo hasta aquí expuesto se llega a la conclusión de que la Dra. ********************, en su calidad de Directora Médica de CIRUGÍA Y GINECOBSTETRICIA DE OAXACA, S.A DE C.V., no tiene la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues el acto reclamado consistente en orden oral o escrita por la cual se ordenó la retención de ******************** en las instalaciones del HOSPITAL REFORMA ubicado en calle Reforma 613, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000., así como la privación de la libertad deriva de una relación de coordinación.. En efecto, la alegada orden oral o escrita no constituye un acto de supra a subordinación, sino de coordinación, derivado del incumplimiento de pago, debido a que la suma de gastos de atención medica excedió la suma asegurada en la póliza ********************, con numero de certificado ********************. De ahí que, la orden oral o escrita por la cual se ordenó la retención de ******************** en las instalaciones del HOSPITAL REFORMA ubicado en calle Reforma 613, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000., así como la privación de la libertad, no puede catalogarse como acto de supra a subordinación. Esto es, el acto que se señala como reclamado, encuentra su génesis en la omisión de pago por exceder la suma asegurada, que deriva de una relación de coordinación, a partir de un acuerdo de voluntades, en el que las partes actúan en un plano de igualdad. De esta forma, atendiendo al contexto en que se emitió el acto reclamado, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia referida, ya que los actos que se señaló como reclamados no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo... En ese sentido, es claro que la jurisprudencia en cita no resulta aplicable al presente caso. Lo que guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el inconforme promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Por otra parte, se destaca que la parte promovente hace énfasis en la aplicabilidad de la tesis aislada XVII.2º.P.A.8 A (11a.), de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Primera Época, Libro XI, marzo de 2022, Tomo IV, página 3520, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL REQUERIMIENTO DE PAGO DE CIERTA CANTIDAD DE DINERO POR PARTE DE UNA INSTITUCIÓN DE SALUD PRIVADA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS MÉDICOS, PARA EL EFECTO DE QUE SE ATIENDA DE URGENCIA AL QUEJOSO HASTA QUE FINALICE EL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ SU INGRESO Y SE GENERE SU EGRESO HOSPITALARIO"; donde la ratio decidendi fue que procede conceder la suspensión de oficio y de plano en el juicio de amparo indirecto contra el requerimiento de pago de cierta cantidad de dinero por parte de una institución de salud privada por concepto de servicios médicos, para el efecto de que se otorgue al quejoso la atención de urgencia, a fin de garantizar su derecho fundamental a la salud y, por ende, a la vida. Sin embargo, en el caso se estima que no es aplicable dicha tesis, toda vez que de lo narrado en la demanda se advierte, por un lado, que solicita la suspensión para que no se retenga debido a que la suma de gastos de atención medica excedió la suma asegurada en la póliza ********************, con numero de certificado ******************** y, por el otro, a la promovente ********************, ya se le otorgo la atención medica requerida. Incluso dada de alta el pasado 20 de junio de 2023, en las instalaciones del HOSPITAL REFORMA ubicado en calle Reforma 613, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000. De ahí la inaplicabilidad del criterio invocado, pues se trata de un supuesto distinto al aquí analizado. Máxime que las tesis aisladas de Tribunales Colegiados de Circuito, que refiere en su escrito de demanda con números de registros 2009613 "ACTOS DE PARTICULARES EQUIPARABLES A LOS DE AUTORIDAD. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA."; 2006034 "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO"; 2025204 "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE EXPEDIR COPIAS DE UN EXPEDIENTE CLÍNICO, DERIVADO DE UN CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA QUEJOSA Y UNA SOCIEDAD CIVIL PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE UN ADULTO MAYOR"; por un lado no son aplicables por referirse a diversos supuestos y, por el otro, en términos del artículo 217 de la Ley de amparo, no son obligatorias para este órgano jurisdiccional. Asi, tomando en consideración que la presente demanda resulta improcedente, en el caso no ha lugar a decretar la suspensión de plano del acto reclamado. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y únicamente para tales efectos a las personas que nombra, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, en términos de los artículos 3, 24 y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, así como, 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza al usuario "********************para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE]. Asimismo, como lo solicitan, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar las determinaciones que lo ameriten de manera electrónica en el usuario antes referido. Medios electrónicos De igual manera, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno citado determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, se autoriza al peticionario de amparo uso de dichos medios electrónicos en los términos descritos con antelación. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las demás partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición..."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,074 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano