Soledad Laureano López

Expediente 257/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
257/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Soledad Laureano López
  • Constancio Mendoza Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido; al igual que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, pues se concedió la medida cautelar, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del mismo artículo. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirán a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguese al cuaderno original del incidente de suspensión una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; y vía electrónica a la quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Soledad Laureano López. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la referida sentencia, al cual se dio trámite mediante auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, recurso que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, radicándolo con el número de toca 143/2021. Finalmente, en auto de quince de marzo de este año se tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada en ese toca, en el que se revocó la sentencia recurrida y se concedió el amparo solicitado. Ahora bien, la sentencia se modificó en los términos que se precisarán en la tabla siguiente y la autoridad responsable informó sobre su actuar como igualmente se expone a continuación: EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 1.- Deje insubsistente la resolución de seis de marzo de dos mil veinte, así como el auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, emitidos en el expediente 144/2019, de su índice administrativo y en su lugar, de conformidad con el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, prevenga al tercero interesado Constancio Mendoza Silva, a fin de que aclare su escrito de tres de octubre de dos mil diecinueve, en el que reclamó la medida cautelar alimenticia decretada en su contra, en términos del artículo 210, de la mencionada ley adjetiva y mencione bajo protesta de decir verdad, cuándo tuvo conocimiento de la contrademanda y de la medida cautelar alimenticia, o bien, en qué fecha se hizo sabedor de las mismas. 2.- En la inteligencia que derivado de la mencionada prevención, el juez responsable deberá precisar si el tercero interesado Constancio Mendoza Silva contestó la demanda ejercida en su contra fuera del plazo previsto por el artículo 210, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, esto es, deberá señalar, en su caso, si se tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo con las consecuencias que ello implica al no haber contestado en tiempo la demanda reconvencional y si solamente tiene por interpuesta la reclamación." 1. El Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, en sustitución del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Papantla, Veracruz, (en virtud del cierre de dicho órgano jurisdiccional); mediante oficio recibido el veintinueve de marzo del año en curso, remitió diversas copias certificadas del expediente 492/2021-III, de su índice (anteriormente 144/2019 del índice del extinto Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Papantla, Veracruz), así como del cuaderno de amparo 98/2021-III y expediente 4094/2021-I. De dichas constancias se desprende, en lo que aquí importa, que la quejosa Soledad Laureano López y el tercero interesado Constancio Mendoza Silva, exhibieron convenio con la finalidad de dar por terminado el litigio, en el cual también se pronunciaron respecto al derecho alimentario de los excónyuges en el sentido de tener por canceladas las pensiones alimenticias decretadas. Emitiéndose resolución por el extinto Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Papantla, Veracruz, de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, aprobando en todas y cada una de sus cláusulas el convenio sometido a su potestad y seguida la secuela procesal el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, causó estado la resolución emitida. De igual forma, hace del conocimiento que en el diverso 4094/2021-I de su índice, la aquí quejosa y el tercero interesado, acudieron en la vía de jurisdicción voluntaria a solicitar se aprobara el convenio que formularon, a fin de que se giren los oficios de cancelación a las fuentes laborales de los contendientes, toda vez que en el diverso 144/2019 (anterior) actualmente 492/2021 de su índice, de donde emanan los actos reclamados, no se giraron los mismos, por lo que· una vez ratificado el convenio celebrado, seguida la secuela procesal en fecha dieciocho de marzo del año dos mil veintidós, se emitió resolución aprobando el convenio de los peticionarios, en la cual se ordenó girar, en el momento procesal oportuno, el oficio a las fuentes laborales de las citadas partes para dejar sin efecto los descuentos por concepto de alimentos se les vienen realizando. Como se puede destacar de las actuaciones remitidas por la autoridad, las partes en el juicio de origen (aquí quejosa y tercera interesada) exhibieron convenio con la finalidad de dar por terminado el litigio, mismo que fue aprobado por la responsable. En ese sentido, al existir un convenio entre las partes, calificado por la responsable, en el que se puso fin al procedimiento natural del que derivó el acto reclamado en este juicio de amparo, se evidencia que ya no existe interés de la parte quejosa en que se cumpla lo mandado en la sentencia de amparo; esto es, que ya no haya instancia de parte agraviada; y, en consecuencia, no se tenga la necesidad de iniciar un incidente de inejecución que, en el supuesto de la imposibilidad, tiene como finalidad la apertura del incidente de cumplimiento sustituto y de pago de daños y perjuicios para lograr la reparación de los derechos humanos violados, y que, en el caso de contumacia, tiene por objeto destituir a la autoridad responsable con tal de que se cumpla la ejecutoria. Ello es así, pues la imposibilidad que se presenta proviene de un cambio de situación jurídica derivada de un acuerdo de voluntades celebrado por las partes ante la autoridad responsable, con la consecuencia de poner fin al juicio natural, situación que no encuadra en la hipótesis del artículo 196 de la Ley de Amparo, en donde se ordena abrir un incidente de inejecución de sentencia para revisarla, cuyo presupuesto de procedencia se sustenta en el interés de que se cumpla la sentencia de amparo para obtener la reparación de los derechos humanos violados, situación que, se reitera, no acontece en el caso de que se ocupa. En vista de lo anterior y conforme a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, del cual se deduce que el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo puede terminar con la resolución que declara cumplida la ejecutoria o sin materia el procedimiento, al haberse dado por concluido el juicio origen de esta instancia constitucional con motivo de un acuerdo celebrado entre las partes, resulta evidente que NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR. Se invoca, en apoyo de lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2015386 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CLV/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, página 1225 Tipo: Aislada RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO. El artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo establece que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplirla u ordene el archivo definitivo del asunto, sin prever de manera expresa que también sea admisible cuando se interpone contra la resolución que declare sin materia dicho cumplimiento. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2015, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 18/2016 (10a.), estableció que el artículo 201 de la Ley de Amparo no debe interpretarse de manera literal y estricta para determinar la procedencia del recurso de inconformidad, en virtud de que algunos casos no se encuentran previstos en forma expresa, pero debe tomarse en cuenta que si sus efectos jurídicos son similares a los contenidos en sus enunciados, esos asuntos deben admitirse a trámite, privilegiando el derecho humano de acceso a la justicia. En consecuencia, esto acontece cuando en el juicio de amparo directo se declara que el cumplimiento del fallo protector ha quedado sin materia, supuesto que si bien no se encuentra descrito en la fracción II del artículo 201 mencionado, lo cierto es que es asimilable a las hipótesis que sí prevé, consistentes en la imposibilidad material o jurídica para cumplir la ejecutoria, pues la carencia de materia implica lógicamente que se tornen irrealizables las consecuencias de la protección constitucional otorgada." Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto; el oficio 1244 con sus anexos, remitidos por el Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En virtud de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que al momento de realizar la notificación personal del presente proveído, corra traslado a las partes con copia del oficio que se provee, debiendo asentar dicha recepción en la propia diligencia.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio 911 del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, al que adjunta los autos del juicio de amparo 257/2020, en que se actúa, así como el testimonio de la resolución pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, residente en Coatzacoalcos, Veracruz, el siete de enero de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 143/2021, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Soledad Laureano López, contra el acto y la autoridad que precisadas quedaron en el resultado primero de la presente ejecutoria, para los efectos señalados en el último considerando de la misma." Glósese a los autos el oficio y anexo de mérito, acúsese recibo al Tribunal oficiante, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y para un mejor manejo del presente expediente, agréguense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes, sin que se estime necesario glosar el referido cuaderno en su totalidad, en virtud que únicamente se tratan de copias certificadas del presente asunto. Ahora bien, toda vez que de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que el treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante Circular 18 signada por el Secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en sesión extraordinaria celebrada el veinticuatro de junio de la presente anualidad, determinó el cierre del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Papantla de Olarte, Veracruz, entre otros órganos jurisdiccionales, así como la redistribución entre los juzgados que continúan en sus funciones, con efectos a partir del uno de julio del año próximo pasado. Consecuentemente, en lo subsecuente y en sustitución del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Papantla de Olarte, Veracruz, se tendrá en calidad de autoridad responsable sustituta al Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz. Por lo que, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, que capture a dicha autoridad en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En esas condiciones, toda vez que del testimonio que se provee se advierte que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Soledad Laureano López para el efecto de que el juez responsable realice lo siguiente: "Deje insubsistente la resolución de seis de marzo de dos mil veinte, así como el auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, emitidos en el expediente 144/2019, de su índice administrativo y en su lugar, de conformidad con el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, prevenga al tercero interesado Constancio Mendoza Silva, a fin de que aclare su escrito de tres de octubre de dos mil diecinueve, en el que reclamó la medida cautelar alimenticia decretada en su contra, en términos del artículo 210, de la mencionada ley adjetiva y mencione bajo protesta de decir verdad, cuándo tuvo conocimiento de la contrademanda y de la medida cautelar alimenticia, o bien, en qué fecha se hizo sabedor de las mismas. En la inteligencia que derivado de la mencionada prevención, el juez responsable deberá precisar si el tercero interesado Constancio Mendoza Silva contestó la demanda ejercida en su contra fuera del plazo previsto por el artículo 210, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, esto es, deberá señalar, en su caso, si se tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo con las consecuencias que ello implica al no haber contestado en tiempo la demanda reconvencional y si solamente tiene por interpuesta la reclamación." Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, residente en Coatzacoalcos, Veracruz, requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, justifique haber dado cumplimiento al fallo protector, o las gestiones que esté realizando para lograrlo, informando las medidas que decrete, y, para tal efecto, se le remite una impresión electrónica con evidencias criptográficas de la resolución pronunciada en el toca 143/2021, del índice de la Superioridad. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para hacerlo, con fundamento en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); además de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que se estima que no se está en el supuesto de un caso urgente y de notorio perjuicio para la parte quejosa, en el que deba ordenarse el cumplimiento inmediato, por lo que el término otorgado a la autoridad responsable se estima aplicable.

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