Soledad Jiménez Robles
Expediente 441/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/06/2021
Partes del expediente
- Soledad Jiménez Robles
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, vista la segunda certificación que antecede, de la que se advierte que las partes dentro del término de tres días que se les concedió mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, no hicieron manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, aun cuando se les apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JOSÉ MANUEL CRUZ BARBA para el efecto de que la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, una vez de que causará ejecutoria la sentencia, procediera de inmediato a dictar el laudo correspondiente en los autos del juicio laboral 286/2018 de su índice y ordenará notificarlo a las partes. En cumplimiento a ello, el Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito el veintisiete de enero de dos mil veinte, remitió copia certificada del proveído de quince de enero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 286/2018 del que se advierte que el aquí quejoso JOSÉ MANUEL CRUZ BARBA se desistió de la demanda interpuesta en contra de la Comisión Federal de Electricidad y se ordenó el archivo definitivo de ese expediente. De lo narrado con antelación, se advierte la imposibilidad jurídica que tiene la autoridad responsable de dar cumplimiento conforme a los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en el presente juicio. De ahí, que para este órgano jurisdiccional existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo se cumpla, pues con las manifestaciones vertidas por la multicitada autoridad laboral es incuestionable que existe imposibilidad jurídica para que cumpla con la sentencia de amparo en los términos y para los efectos que en ella se precisan. Por tanto, con fundamento en el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, una vez que se notifique el presente proveído, remítase los autos originales del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Cuarto Circuito, para que ésta a su vez turne el asunto al Tribunal Colegiado en turno, para los efectos de la calificación de imposibilidad jurídica para tener por cumplido el fallo protector pronunciado en autos; para lo cual, fórmese cuaderno de antecedentes, con copias fotostáticas certificadas de las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, y en atención a su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones que expresa en su oficio de cuenta en relación al cumplimiento del fallo protector concedido en autos. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que hasta la fecha la parte quejosa no ha dado cumplimiento a lo ordenado por auto de veinte de febrero de dos mil veinte; consecuentemente, requiérase de nueva cuenta al quejoso RODOLFO RUIZ DÍAZ, para que proporcione a la citada Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON HOMOCLAVE EXPEDIDA POR EL SAT, ESTADO DE CUENTA CON CLABE INTERBANCARIA DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA NACIONAL, COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR y COMPROBANTE DE SU DOMICILIO, a efecto de que le sea depositada la cantidad que le será devuelta. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días justifique ante este Juzgado de Distrito, que compareció ante la autoridad que se indica en el oficio de cuenta, y proporcionó los datos solicitados a efecto de que, como se dijo con antelación, la citada autoridad esté en condiciones de acatar la ejecutoria de amparo pronunciada en autos; ello es así, toda vez que la observancia de las sentencias de amparo son de orden público, por tanto, deberán cumplirse inmediatamente por las autoridades, pero como en este caso, ese cumplimiento depende en parte, de la parte quejosa, entonces, ante esa vinculación, también debe sujetarse al procedimiento que señala la Ley de la Materia para ese efecto; apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por cumplido el fallo protector pronunciado en autos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de garantías, tramítese por separado y en duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2276/2019, promovido por JOSÉ DE JESUS REYNOSO BAÑUELOS, en su carácter de Director de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit, contra actos de los Integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic. Con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole para tal efecto, copia simple de la demanda de amparo; se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe previo, será sancionada con una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo. Se señalan las TRECE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se exhorta a las partes para que en el caso de formular alegatos, lo realicen por escrito, con la debida anticipación a la fecha señalada para la audiencia incidental. Asimismo, y en el supuesto de que deseen hacerlo en forma verbal el día y hora de la audiencia incidental, lo deberán informar a este Juzgado de Distrito a fin de realizar las gestiones necesarias para que dicha audiencia sea diligenciada a través de videoconferencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Acuerdo General en cita, para lo cual deberán atenderse las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo se niega a la parte quejosa la suspensión provisional respecto del acto reclamado consistente en la falta de notificación del laudo dictado en el expediente laboral 321/2011, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, toda vez que a dicho acto le reviste el carácter de omisivo, el cual se caracteriza porque la autoridad se abstiene de actuar. De ahí que al ser de esta naturaleza el acto reclamado, es improcedente la concesión de la suspensión solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio de donde emana el presente sumario. Es aplicable en lo conducente, la tesis en Materia Común, publicada en la página 1912, Libro XXV, Octubre de dos mil trece, Tomo 3, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS". Asimismo, resulta procedente NEGAR LA suspensión provisional solicitada, por lo que puede ejecutarse el laudo emitido en el procedimiento natural a favor de los terceros interesados trabajadores, exclusivamente por la cantidad de $25,506.00 (veinticinco mil quinientos seis pesos moneda nacional), que equivale a seis meses de salario mínimo general vigente para el año dos mil veintiuno, que es el tiempo que se estima durará la tramitación del juicio principal de donde emanan los presentes cuadernos incidentales; lo anterior, tomando como base de salario diario la cantidad de $141.70 (ciento cuarenta y un pesos con setenta centavos moneda nacional), toda vez que del análisis de la demanda de amparo, no se advierte si la quejosa ya fue condenada en el juicio laboral y en su caso a qué prestaciones a favor de los trabajadores aquí terceros interesados; lo anterior con el objeto de no poner en peligro su subsistencia, situación en la que obviamente está interesada la sociedad (interés social), y por tal motivo no se colman los extremos que prevé el artículo 128 del ordenamiento legal en cita, cuenta habida que la parte agraviada no exhibió prueba alguna para justificar que en la especie no se corre aquel riesgo. Cantidad anterior que resultó al realizar una operación aritmética, al multiplicar treinta días que tiene cada mes en promedio por seis meses que es el tiempo que se estima durará la tramitación del juicio principal de donde emanan los presentes cuadernos incidentales, cuyo resultado se multiplica por el salario diario de mérito. Se cita por analogía la Jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4 (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común-Laboral, Décima Época, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra se transcribe: "PROCURADURÍA AGRARIA. AUN CUANDO ES UNA PERSONA MORAL OFICIAL NO ESTÁ EXENTA DE OTORGAR LAS GARANTÍAS PARA ASEGURAR LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO SE OCASIONEN AL TERCERO PERJUDICADO, CUANDO ÉSTE SEA UN TRABAJADOR Y AQUÉLLA SE HAYA CONCEDIDO RESPECTO DE LO QUE EXCEDA LO NECESARIO PARA ASEGURAR SU SUBSISTENCIA. La Procuraduría Agraria, de conformidad con los artículos 134 y 135 de la Ley Agraria, es un organismo descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas funciones son de servicio social y defensa de la clase campesina, por lo que debe considerarse con el carácter de persona moral oficial y, por consiguiente, está exenta de prestar las garantías que la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, exige a las partes, en términos de su numeral 9o. Sin embargo, tal excepción no la exime de asegurar la subsistencia del trabajador, en virtud de que el numeral 174 de la última legislación citada establece que tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión de su ejecución se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga al trabajador en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, pero podrá suspenderse la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia y, en este último caso, la medida cautelar surtirá efectos si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al tercero perjudicado; supuesto éste en el que se ubica la dispensa citada, lo que obedece a que la persona moral oficial tiene reconocidas capacidad y solvencia económica para hacer frente a dichos daños y perjuicios que pudieran provocarse con la medida cautelar, pero ello no implica relevarla de la obligación de garantizar la subsistencia del obrero". No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 128 y 138 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional con la finalidad de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que la autoridad responsable se abstenga de ejecutar la condena restante del laudo en el juicio laboral 321/2011 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic; hasta que la autoridad señalada como responsable reciba notificación de la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva y según el sentido de la misma. En la inteligencia de que la presente medida suspensional surte sus efectos siempre y cuando los actos sobre los cuales se concede no se encuentren consumados. Tiene aplicación al respecto la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 191903, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la interpretación literal, causal y teleológica de lo dispuesto en el citado precepto legal, el sistema que rige la suspensión de los laudos favorables a los trabajadores constituye un régimen que incorpora principios que tienden a ser tutelares de éstos, así como otros de aplicación general a todo juicio de garantías. En ese contexto, si en una demanda de amparo directo se controvierte un laudo favorable al trabajador que establece una condena líquida o de fácil liquidación, y el patrón solicita la suspensión de su ejecución, para resolver sobre ello, el presidente de la respectiva Junta de Conciliación y Arbitraje debe, indefectiblemente, negar la suspensión de la ejecución del laudo por el monto necesario para que el trabajador subsista mientras se resuelve el juicio de garantías, con arreglo al criterio que establece la jurisprudencia 12/95 de esta Segunda Sala, que lleva por rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CÁLCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTÍAS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES." Por otra parte, debe conceder la suspensión respecto de la ejecución de la condena restante, condicionando sus efectos al otorgamiento de la caución que sea bastante para responder de los daños y perjuicios que con ella se puedan causar al trabajador. La citada caución comprenderá dos partidas, a saber: a) La primera, cuya estimación queda al prudente arbitrio de la autoridad mencionada, que responda por los daños que con tal medida se puedan causar a la parte obrera, es decir, a la pérdida o menoscabo que jurídicamente acarrea a esta última no disponer, 1 Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. Mientras se resuelve el juicio de amparo, de la suma que le corresponde conforme al laudo, tomando en cuenta que como la suspensión obra únicamente sobre la ejecución de este último, no afecta su validez, no lo socava ni trasciende a su existencia o a la posibilidad jurídica de que lo determinado en él llegue a concretarse, de donde se sigue que esta partida debe ser inferior al importe de la condena, puesto que solamente tiende a resarcir el daño o menoscabo de su poder adquisitivo por el diferimiento de su pago hasta que se resuelva el amparo; y b) La segunda partida, relativa a los perjuicios que la medida cautelar pueda provocar, que garantice la privación de las ganancias lícitas que obtendría el trabajador de tener bajo su dominio, durante el citado lapso, la respectiva prestación pecuniaria, suma equivalente al rendimiento que en el mismo lapso produciría tal prestación, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, como puede ser la "Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio" o algún otro indicador similar que, por su publicación en el Diario Oficial de la Federación, genere certeza a las partes y a la mencionada autoridad responsable ". Medida que es susceptible de concederse en los términos precisados, en virtud de que en la especie se satisfacen los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, dado que la solicita la parte quejosa quien es parte demandada en el juicio natural y, de acuerdo a la naturaleza del acto que se atribuye a la responsable, con el otorgamiento de la suspensión: 1) No se contravienen disposiciones de orden público; y, 2) Tampoco se afecta el interés social, pues no concurre en el caso alguno de los supuestos que a manera ejemplificativa especifica el numeral 129 de la citada ley, ni algún otro que pudiera considerarse análogo. Lo anterior, porque con la presente medida no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, en cambio, de negarla, se ocasionaría a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con la ejecución del acto reclamado contra el cual se le concede la suspensión provisional en el presente incidente. Asimismo, es aplicable al caso por las razones que la informan, la jurisprudencia 2ª./J.204/2009, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, materia común, visible en la página 315, del Tomo XX, diciembre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". Se exime a la parte quejosa de otorgar garantía alguna por garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar a la parte tercera interesada por el total del laudo, toda vez que conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales se encuentran exentas de prestar las garantías que en dicha ley se exige a las partes. Hágase del conocimiento el presente proveído de los terceros interesados JOSÉ LUIS PÉREZ ALANÍS, MARÍA ELENA RODRÍGUEZ LÓPEZ, JESÚS ANTONIO DÍAZ INDA, TOMÁS JIMÉNEZ ISIORDIA y LUIS OLIVER CARRILLO MORÁN, en el domicilio ubicado en calle Sevilla número 31 del Fraccionamiento Ciudad del Valle, en esta ciudad de Tepic, Nayarit; por conducto de uno de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que deberá requerirlos para que dentro del presente incidente de suspensión señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes, se les harán por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, aun cuando sean de carácter personal. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizado en términos de la primera parte del párrafo segundo, del artículo 12, de la Ley de Amparo, únicamente a José Félix González Ríos, y en términos del párrafo segundo, del artículo 24, de la Ley de Amparo, a las restantes personas que señala, toda vez que no tienen inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que los faculte para ejercer la profesión de Abogados o Licenciados en Derecho. Para efectos de mejorar la comunicación entre las partes y este órgano jurisdiccional, y atento a las condiciones de salud que actualmente imperan en el país, se les exhorta para que se sirvan proporcionar un correo electrónico oficial en el que se les puedan realizar las notificaciones correspondientes al presente juicio, previo el acuse respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. Luego en atención a lo que solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de esta última, expídase la copia certificada del presente proveído, por conducto de las personas que para tal efecto autoriza, previa toma de razón y recibo que de su entrega se deje en autos. En la inteligencia de que para poder comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger las copias solicitadas, tendrán que agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea, específicamente en el micrositio "Agenda OJ", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo dela Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Registro Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Por último, cabe precisar que las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros interesados respecto de acuerdos de mero trámite que no se consideren trascendentales, les serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo y la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.
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