Soledad Guadalupe Acacia Hernández Díaz
Expediente 274/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/03/2017
Partes del expediente
- Soledad Guadalupe Acacia Hernández Díaz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete (fojas 29 a 38), a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Soledad Guadalupe Acacia Hernández Díaz, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Finalmente, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio y anexo remitidos por el Juez Civil de Cuantía Menor de Santiago Tianguistenco, Estado de México, por el que devuelve sin diligenciar el exhorto 151/2017 (orden 163/2017), por los motivos que expone; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y acúsese recibo. En ese sentido, ante la imposibilidad que manifiesta la autoridad exhortante de notificar al promovente de amparo en el domicilio que señaló para tal efecto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como la determinación de veinticuatro de febrero de este año (fojas 29 a 38), y las subsecuentes, aun las que deban ser personales, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. AUTO DE 24 DE FEBRERO DE 2017, QUE EN SÍNTESIS DICE: Por recibida la demanda de amparo promovida por Soledad Guadalupe Acacia Hernández Díaz, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo Civil de Tenango del Valle con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 274/2017. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado en el presente asunto, consiste esencialmente en lo siguiente: El auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Segundo Civil de Tenango del Valle con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 1047/2014 de su índice, mediante el cual requiere a la demandada aquí quejosa a efecto de que en el término de ocho días dé cumplimiento voluntario a la sentencia definitiva de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, y haga la entrega del inmueble ubicado en: Colonia Libertad, en Santa Cruz Atizapán, Estado de México. Hecho lo anterior, este Juzgado considera, que respecto del citado acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo; ello, en razón de las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." Así las cosas, la cesación de efectos del acto reclamado de manera abstracta consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón justificatoria de la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: 1. Cuando la propia responsable deja sin efectos el acto reclamado y emite uno nuevo que lo substituye procesalmente. 2. Al interponer recurso ordinario contra el acto reclamado, al cual recae nueva resolución, que de igual manera lo substituye. Precisado lo anterior, el acto reclamado en estudio encuadra en el supuesto señalado en el numeral dos, pues de acuerdo a lo manifestado por la quejosa en su escrito de demanda, precisó que contra el auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Segundo Civil de Tenango del Valle con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 1047/2014 de su índice (que constituye el acto reclamado en esta instancia), el siete de febrero de dos mil diecisiete, interpuso recurso de apelación, el cual fue inadmitido por el citado juez. Manifestación que debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Por tanto, es evidente que el auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Segundo Civil de Tenango del Valle con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 1047/2014 de su índice, cesó en sus efectos; esto es, dejó de tener fuerza vinculativa entre lo determinado por la autoridad responsable y la posible afectación de que se duele la quejosa, pues sus efectos quedaron destruidos en forma total e incondicional, al haber sido sustituida procesalmente por una nueva determinación, esto es, por la determinación mediante la cual el citado Juez inadmitió dicho medio de impugnación; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. En abundamiento, respecto del acto reclamado, el suscrito estima que también se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. - - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. - - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." En ese contexto, por última resolución del procedimiento de ejecución, debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la resolución o bien que declare la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Hecha tal precisión, del capítulo de antecedentes se advierte que el acto reclamado se dictó en etapa de ejecución de sentencia, en razón a que de dichos antecedentes se observa que el dieciocho de enero de dos mil dieciséis, el Juez Segundo Civil de Tenango del Valle con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, dictó sentencia definitiva en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 1047/2014, en la que se condenó a la parte demandada aquí quejosa a entregar a la actora el inmueble objeto de la litis de origen. Manifestaciones que constituyen una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales han quedado establecidos en párrafos que anteceden. En este orden de ideas, es inconcuso que la determinación que en esta instancia se reclama, a saber, el auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Segundo Civil de Tenango del Valle con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 1047/2014 de su índice, mediante el cual requiere a la demandada aquí quejosa a efecto de que en el término de ocho días dé cumplimiento voluntario a la sentencia definitiva de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, y haga la entrega del inmueble ubicado en: Colonia Libertad, en Santa Cruz Atizapán, Estado de México; no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia emitido en el juicio de origen, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni tampoco la que ordena el archivo definitivo del expediente. Por ende, se concluye que la resolución reclamada, sólo constituyen una determinación de trámite dictada en ese procedimiento de ejecución y/o cumplimiento de la sentencia definitiva de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, emitida en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión 1047/2014, por el Juez Segundo Civil de Tenango del Valle con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México. En abundamiento, si bien es cierto en la resolución reclamada se ordena dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio natural, lo cierto es que se trata de una determinación de trámite dictada en ese procedimiento de ejecución de sentencia; de ahí que solo se traduzca en una violación en el procedimiento de ejecución que solo puede ser reclamado en el amparo que se promueva contra la resolución que declare cumplida la ejecutoria dictada en el juicio natural, o bien, declare la imposibilidad material para darle cumplimiento. Por tanto, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, al no constituir el acto reclamado el último acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues en la resolución reclamada que se analiza no se aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la resolución, ni tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento; máxime que no se trata de actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, ésta última en relación con lo dispuesto en el diverso artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Soledad Guadalupe Acacia Hernández Díaz, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Tenango del Valle con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México y otras autoridades, por notoriamente improcedente. Acorde con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada en términos amplios a la persona que señala la parte quejosa en su escrito de demanda, en virtud de que cuenta con registro de éstas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. Por otro lado, toda vez que el domicilio señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, sito: Paraje "Zacamol", Avenida Libertad, sin número, Colonia Libertad, Santa Cruz Atizapán, Atizapán, Estado de México, con apoyo en lo establecido en los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto al Juez Civil de Cuantía Menor de Santiago Tianguistenco, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, incluso en días y horas inhábiles tal y como el establece el artículo 21 de la ley de la materia, se constituya en el citado domicilio, y notifique la presente determinación a la parte quejosa, de igual modo, la requiera para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta ciudad (Toluca, Estado de México), en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se harán por lista que se fija en lugar visible de este juzgado, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de la autoridad exhortada que en caso de que el domicilio que se proporciona no sea el correcto, pero si le fuese informado que es uno distinto, se le faculta para que practique la diligencia encomendada en ese nuevo domicilio, siempre que éste se encuentre dentro de su jurisdicción. La autoridad exhortada deberá acusar recibo vía telegráfica y remitir las constancias respectivas en el plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, apercibida que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.
- Principal
III.- Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Secretario de la Defensa Nacional, no ha rendido su informe justificado respecto a la ampliación de la demanda, asimismo, se evidencia que no obra constancia de notificación de dicho requerimiento. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2°, requiérase a la Administradora Postal Módulo de Servicios Postales Palacio de Justicia Federal, para que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación de la presente determinación, remita el acuse correspondiente o la forma SPM-78 de la pieza postal MA066100959MX consigna al oficio 35542/2016; apercibida que de no dar cumplimiento en los términos indicados, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días, de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, a fin de dar oportunidad que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional cuya celebración estaba prevista para esta fecha se difiere, y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de abril de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la misma. Finalmente, para evitar dilaciones procesales en el presente asunto gírese telegrama, a fin de que dicha autoridad esté en condiciones de rendir su informe justificado, relativo a la orden y/o ejecución encaminada a privar al quejoso de su derecho de posesión de los terrenos comunales ubicados en la comunidad de San Jerónimo Acazulco, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México
- Principal
iv. Visto el estado procesal del presente sumario, del cual se advierte que se encuentra pendiente de resolverse el incidente de nulidad de notificación promovido por el quejoso en el presente sumario, pues por auto de diecisiete de febrero actual (fojas 2300 a la 2301, tomo III), se fijaron las diez horas con quince minutos del dos de marzo de dos mil diecisiete, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida en éste. Ahora, toda vez que la resolución del citado incidente, se estima indispensable previo a la emisión de la sentencia atinente al juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se ordena su diferimiento y se fija como nueva fecha las once horas con treinta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil diecisiete, para su celebración.
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