Soledad Graciela Hernández Sáenz

Expediente 955/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
955/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
06/03/2023

Partes del expediente

  • Soledad Graciela Hernández Sáenz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de marzo de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de quince de febrero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20, del invocado Acuerdo General; mientras que, el incidente original, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del mencionado Acuerdo General, esto en un plazo de tres años. Disposiciones generales de archivo De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres nco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de febrero de dos mil veintitrés. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 955/2023-IV, promovido por *******, contra actos del Municipio de Juárez, Chihuahua y la Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado y recibido en este Juzgado el mismo día, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y actos reclamados, precisados en el considerando segundo. Segundo. Derechos que la quejosa estimó transgredidos. La quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo 955/2022-IV, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CUARTO. Notificación a las partes, de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Posteriormente, en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista y por oficio, respectivamente, el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: Del Municipio de Juárez, Chihuahua y la Tesorera del mismo: El embargo trabado sobre el bien inmueble ubicado en *******, correspondiente al lote *******, manzana *******, de la colonia *******, en esta ciudad, que dice, es de su propiedad. El procedimiento de remate de dicho bien inmueble embargado. El acto de molestia consistente en haber colocado una manta afuera de su propiedad, con la frase "embargada". Lo anterior, ostentándose tercero extraña respecto del procedimiento administrativo del cual derivan tales actos reclamados, así como propietaria del bien inmueble objeto del mismo. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. En su informe justificado, el Presidente Municipal y del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, manifestó que no son ciertos los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya ofrecido medio de convicción alguno para desvirtuar dicha negativa. Además, lo anterior se corrobora tomando en cuenta que, como se expondrá en el considerando que sigue, el procedimiento administrativo del cual derivan los actos reclamados, fue instaurado por la Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio, en relación con el Presidente Municipal y del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. En su informe justificado, la Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, manifestó que no es cierto el acto reclamado. Sin embargo, posteriormente, mediante oficio recibido en este Juzgado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, remitió copia certificada de la notificación de adeudo, a nombre del contribuyente *******, respecto del domicilio ubicado en *******, con clave catastral *******, por concepto de impuesto predial de los bimestres enero-febrero de dos mil diez a noviembre-diciembre de dos mil quince (con número de control *******); una diversa notificación de adeudo, por el mismo concepto de los bimestres enero-febrero de dos mil diez a enero-febrero de dos mil dieciséis (con número de control *******); y, una última notificación de adeudo, por igual concepto del bimestre enero-febrero de dos mil diez a mayo-junio de dos mil dieciséis (con número de control *******) Notificaciones realizadas por los notificadores *******, ******* y *******, adscritos precisamente a la Tesorería Municipal, de las que se advierte que en caso de no realizarse el pago de tales adeudos, se iniciaría procedimiento administrativo de ejecución de los créditos fiscales determinados. Luego, mediante diverso oficio recibido en este Juzgado el nueve de diciembre de dos mil veintidós, la Tesorera Municipal, remitió, entre otro, el oficio que dirigido a la Jefatura de Notificación y Cobranza de la Tesorería Municipal, mediante el cual le informó al Coordinador Jurídico de la Tesorería Municipal, lo siguiente: (.) se localizó expediente administrativo de procedimiento administrativo de ejecución relacionada con actuaciones del impuesto aquí identificado, el cual contiene las constancias de liquidación *******, mandamiento de embargo No. *******, escrito de inscripción de embargo de fecha *******, certificado de gravamen, acuerdo de designación de perito, acuerdo de presentación de avalúo, avalúo del inmueble junto con respectivas constancias de notificación, acuerdo preparatorio para remate, convocatoria de remate y acta de fecha 31 de octubre de 2022 a través de la cual se dejó sin efecto el procedimiento de remate por regularización de adeudo del impuesto predial (.). En efecto, de las constancias remitidas por la Tesorera Municipal, adjuntas al mencionado oficio recibido en este Juzgado el nueve de diciembre de dos mil veintidós, se advierten las siguientes constancias: Liquidación del crédito fiscal *******, de siete de marzo de dos mil diecinueve, al deudor *******, con domicilio en *******, en esta ciudad, respecto del bien inmueble con clave catastral *******, por concepto de adeudo de impuesto predial, impuesto universitario, derecho de alumbrado público, contribución extraordinaria y recargos, correspondiente a los bimestres enero-febrero de dos mil diez a enero-febrero de dos mil diecinueve. Notificación de dicha liquidación de crédito fiscal, de dos de abril de dos mil diecinueve, previo citatorio. El requerimiento de pago y embargo relativo, de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, previo citatorio, así como acta de embargo, donde se declaró formalmente embargado el inmueble descrito. El registro de dicho embargo, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Bravos en esta ciudad, con inscripción *******, folio *******, de la sección *******, con folio real *******. El avalúo del bien inmueble embargado. El auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, emitido por la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, mediante el cual ordena notificar al interesado, dicho avalúo y la notificación relativa de treinta de agosto de dos mil veintidós, previo citatorio. El acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, emitido por la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, mediante el cual ordena el remate del bien inmueble embargado. La convocatoria emitida el tres de octubre de dos mil veintidós, por la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, a participar en el remate y adquisición, en ******* almoneda, entre otros bienes inmuebles, del que aquí nos ocupa. Así como el acta de remate, levantada a las doce horas del treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, en la que la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, asentó que, tomando en consideración que el adeudo de impuesto predial respecto de los bienes inmuebles ahí descritos, entre ellos el que nos ocupa, se encuentra satisfecho total o parcialmente, mediante el pago de adeudos y celebración de convenios, determinó que se dejó sin efectos la celebración de remate y que, una vez satisfecha la totalidad de los adeudos, respectivamente, se liberaría el gravamen correspondiente. Constancias certificadas por la propia Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. De las que se desprende que los actos reclamados son existentes y que los llevó a cabo precisamente dicha Tesorera responsable. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 5º, fracción I, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme a dicho numeral, se advierte que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1598, del Tomo II, Libro 64, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Marzo de 2019, Materia Común, con número de registro 2019456, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado lo anterior, procede analizar si en el caso, el quejoso se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si los actos reclamados son susceptibles de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce, Décima Época, con registro 2005381, que dice: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o. (VIII Región) J/4 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en el Libro XIX, Tomo 3, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, abril de dos mil trece, Materia Común, con número de registro 2003293, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. En el caso, como se indicó en el considerando segundo, la quejosa reclamó de la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, con residencia en esta ciudad: El embargo trabado sobre el bien inmueble ubicado en *******, correspondiente al lote *******, manzana *******, de la colonia *******, en esta ciudad, que dice, es de su propiedad. El procedimiento de remate de dicho bien inmueble embargado. El acto de molestia consistente en haber colocado una manta afuera de su propiedad, con la frase "embargada". Lo anterior, ostentándose tercero extraña respecto del procedimiento administrativo del cual derivan tales actos reclamados, así como propietaria del bien inmueble objeto del mismo. Ahora bien, para demostrar que es propietaria del bien inmueble objeto del procedimiento natural, la quejosa anexó a su demanda de amparo, los siguientes documentos: 1.- Contrato privado de compra venta, original, celebrado el tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, entre ******* (vendedor) y la quejosa ******* (compradora), respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. 2.- Impresión simple del plano catastral de dicho bien inmueble, a nombre de la quejosa *******. 3.- Una serie de fotografías, al parecer, del bien inmueble de que se trata, en cuyo barandal se advierte colocado un sello que dice: PROPIEDAD EMBARGADA EN PROCESO DE REMATE. TESORERÍA MUNICIPAL. FOLIO *******", mismo sello que se advierte en la ventana de dicho bien inmueble. Sin embargo, ninguno de dichos documentos es apto para demostrar el interés jurídico de la quejosa, es decir, que es propietaria, como afirma, del bien inmueble que nos ocupa. En efecto, el contrato original de compra venta que exhibió, es privado, esto es, solo surte efectos entre los contratantes, pero no frente a terceros, para lo cual es necesario que un documento traslativo de dominio como el que nos ocupa, para demostrar la propiedad de determinado bien inmueble, adquiera fecha cierta, lo que se entiende como la fecha en que se tiene certeza de que dicha traslación de dominio efectivamente ocurrió en el mundo jurídico, y ocurre: 1) a partir del día en que se celebra ante fedatario público o funcionario autorizado, 2) es inscrito en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, 3) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 46/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 1999, página 78, materia Civil, Novena Época, con registro digital 192662, del rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Mientras que, si bien la impresión del plano catastral del bien inmueble que nos ocupa, aparece a su nombre, lo cierto es que se trata de una impresión simple; al igual que las impresiones de un inmueble, que además no son aptas para demostrar acto jurídico traslativo de dominio alguno, sino que, en todo caso, solo demuestran la existencia del bien inmueble que ahí aparece y que se desconoce si es el que fue objeto del procedimiento administrativo natural. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis II.1o.C.T.13 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, página 504, materia Común, Novena Época, con registro digital 203573, del rubro y texto siguientes: COPIA FOTOSTATICA SIMPLE, NO OBJETADA; NO SE LE PUEDE CONCEDER VALOR PROBATORIO. No por el hecho de que una copia fotostática simple no haya sido objetada particularmente por la contraparte, debe conferírsele pleno valor probatorio, pues la falta de objeción no puede llevar al extremo de que una prueba que en sí no tiene dicho valor probatorio llegue a perfeccionarse por ese motivo, pues precisamente corresponde al oferente acompañarla con los elementos suficientes para su perfeccionamiento y consiguiente valor legal, por lo que tal carga, no puede ser convalidada por una omisión de la parte contraria. Así pues, ya que la quejosa no demostró ejercer el derecho de propiedad que ostentó sobre el bien inmueble objeto del procedimiento administrativo natural, ni alguno otro, en consecuencia, no demostró su interés jurídico, lo que actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por *******, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Agrega oficio de cuenta Agréguense a los autos, para que obren como legalmente correspondan, el oficio y anexo de cuenta remitidos por la Tesorera Municipal de Ciudad Juárez, en esta ciudad. En atención a su contenido, se tiene a la oficiante informando que la misma no cuenta con facultades para realizar la liberación del gravamen respecto del inmueble ubicado con clave catastral **********0, así como remitiendo las constancias relativas a su inscripción, que según sus manifestaciones y dichas constancias, se encuentra vigente. Con lo anterior, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de dieciséis de enero del año en curso. Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.YMR/JRMG

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos Ahora bien, visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que en este asunto, la audiencia constitucional estaba señalada para el seis de enero de dos mil veintitrés, sin embargo, no se llevó a cabo, debido a la suspensión de labores decretada en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad, precisamente para ese día, mediante oficio 2/2023, de cinco de enero de dos mil veintitrés, suscrito por el Coordinador de Magistradas y Magistrados del Decimoséptimo Circuito y el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito en esta ciudad. Se señalan nuevamente fecha y hora para celebrar audiencia constitucional En consecuencia, se señalan nuevamente las nueve horas con diez minutos del quince de febrero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese en lista electrónica, PERSONALMENTE a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por OFICIO a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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