Soledad Gloria Ortega Maíz
Expediente 1386/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1386/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/11/2023
Partes del expediente
- Soledad Gloria Ortega Maíz
Actuaciones
- Principal
MESA VI TESTIMONIO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico, el firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de seis de noviembre de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de queja 302/2023, en la cual se determinó: "ÚNICO: Es infundado el recurso de queja a que este toca se refiere." ACUSE. En consecuencia, acúsese recibo a la superioridad y háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio del dos mil veintitrés, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó (artículo 20, fracción IV, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa de conformidad en el artículo 20 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. COLEGIADO ADMITE QUEJA. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio remitido por duplicado, firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa *, en contra del proveído de uno de septiembre de dos mil veintitrés; de lo anterior, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA VI Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese el escrito mediante el cual la quejosa ********************, interpone recurso de queja contra el proveído de uno de septiembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido y de conformidad con el numeral 101 de la legislación invocada ríndase el informe respectivo. Con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original y copia del escrito de interposición del recurso de queja, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; uno de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Soledad G********************, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México y otras autoridades. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1386/2023-VI. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, este juzgador interpreta que el acto reclamado es: El decreto cuatrocientos cuarenta y dos, publicado el tres de mayo de dos mil doce, en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, mediante el cual se instauró la regulación de la figura "Divorcio Incausado" en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Y como primer acto de aplicación, el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, en el que el Juez responsable, inadmitió el recurso de revocación interpuesto por la demandada -aquí actora- en contra del diverso de dos de agosto anterior, en el que se admitió la demanda de divorcio incausado promovida por ********************, cónyuge de la impetrante. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." DESECHAMIENTO Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Hecha tal precisión, quien resuelve advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto que se tilda de inconstitucional no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los citados artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. .". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De acuerdo con las porciones normativas transcritas, el juicio de amparo contra actos dentro de un asunto, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, en el que el Juez responsable, inadmitió el recurso de revocación interpuesto por la demandada -aquí actora- en contra del diverso de dos de agosto anterior, en el que se admitió la demanda de divorcio incausado promovida por ********************, cónyuge de la impetrante; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de un aspecto procesal que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Así lo estableció el máximo Tribunal de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, que preceptúa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". Lo anterior, pues por un acto de ejecución de imposible reparación debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales. Con base en lo anterior, se llega a la conclusión de que el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, en el que el Juez responsable, inadmitió el recurso de revocación interpuesto por la demandada -aquí actora- en contra del diverso de dos de agosto anterior, en el que se admitió la demanda de divorcio incausado promovida por ********************, cónyuge de la impetrante, no es un acto de los considerados de imposible reparación, ya que dicho auto fue emitido dentro del procedimiento ordinario; circunstancia que tiene efectos meramente procesales, lo que no implica un perjuicio a la solicitante de amparo; de ahí que, dicha resolución afecta únicamente derechos procedimentales y no derechos sustantivos. En ese orden, respecto del diverso acto combatido consistente en El decreto cuatrocientos cuarenta y dos, publicado el tres de mayo de dos mil doce, en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, mediante el cual se instauró la regulación de la figura "Divorcio Incausado" en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México Este órgano de control constitucional advierte que si el juicio de amparo es improcedente respecto del primer acto concreto de aplicación del citado decreto señalado como acto destacado (auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, en el que el Juez responsable, inadmitió el recurso de revocación interpuesto por la demandada -aquí actora- en contra del diverso de dos de agosto anterior, en el que se admitió la demanda de divorcio incausado promovida por ********************, cónyuge de la impetrante), resulta inconcuso que sigue la misma regla de improcedencia, dada la íntima vinculación que guardan entre sí, pues uno es consecuencia del otro. Lo anterior es así, dada la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, entonces, la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento, motivo por el cual debe desecharse en el juicio, también respecto de la ley reclamada. En efecto, la improcedencia del juicio de amparo en cuanto al primer acto concreto de aplicación que se reclama, se hace extensiva al decreto que señala de inconstitucional la promovente, teniendo en consideración que tratándose de un juicio de amparo contra leyes con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la quejosa, no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne al primer acto de su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio a la parte quejosa, y no por sí sola la ley, ya que la esencial vinculación entre el ordenamiento legal y el acto concreto de su aplicación, impide examinar uno prescindiendo del otro, circunstancia que no acontecería en el caso de que la sola existencia de la norma causara perjuicio a la impetrante de amparo, como sucede en el amparo contra una ley autoaplicativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Volumen 145-150, Tercera Parte, página 169, con número de registro 818791, de rubro y texto siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación.". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Agosto de 2000, Primera Parte, página 235, con número de registro 191311, de rubro y texto siguiente:, que a la letra señalan: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". DOMICILIO Con fundamento en los artículos 26 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se menciona en el proemio de la demanda; esto es, la lista de publicaciones que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS En otro punto, atendiendo a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos estrictos del artículo 12 de la ley de la materia a los señalados por la quejosa, hasta en tanto registren cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CORREO ELECTRÓNICO De igual forma, en relación al número telefónico, si bien no puede tenerse como sitio para oír y recibir notificaciones, ya que no está establecido en la ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES Ahora, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 9,095 expedientes
- Sofia Viridiana Sanchez Guerra526/2021
- Sofia Viridiana Sanchez Guerra958/2018
- Sofia Viridiana Sanchez , Guerra721/2022
- Sofia Viridiana Sanchez Guerra53/2023
- Sofia Yanette Garduño Sanchez634/2019
- Sol Mariana Coronado Olvera823/2021
- SOLEDAD MUNGUÍA CEDILLO y Otros.133/2017
- SOLEDAD MUNGUÍA CEDILLO y Otros.238/2017
- Sonia Aurora Perez Villegas596/2021
- Sonia Barranco Monroy713/2019
- Sonia Elizabeth Hernández Martínez1671/2022
- Sonia Fonseca Reyes y Otros.1208/2022